Hasta marzo pasado Miguel trabajaba para una empresa de seguridad en Urufarma, lo mandaron al seguro por ser población de riesgo. Nunca más lo tomaron, tampoco lo despidieron. Desde setiembre no cobra un peso. 

Frente al desorden vital que supone la pandemia las respuestas personales y colectivas no dejan de tener relación con lo que ya éramos antes. Frente a la crisis mesas y casas extendidas, ollas y merenderos, que nadie pase hambre. Los gestos de solidaridad se multiplican en todos los barrios y pueblos. Pero estas no son las únicas respuestas, hay quienes ven en la crisis una nueva oportunidad para su beneficio, para aumentar ganancias o no perder frente a la parálisis económica. En estos meses nos hemos contado entre amigxs varios casos. Desde el arranque abusivo del precio del alcohol en gel, las avivadas de los prestadores de salud con la postergación de estudios y atención remota, hasta quienes mandaron al seguro o despidieron trabajadorxs cuando su actividad no disminuía.

Miguel trabajó toda su vida, tiene 70 años, en los últimos siete como empleado de la empresa de seguridad Néstor Rossi al servicio de Urufarma, cuyos dueños son también los del laboratorio. En marzo del año pasado, con las primeras medidas gubernamentales Miguel pasa al seguro por seis meses (cobrando la mitad del sueldo) aduciendo que era población de riesgo, por su edad y nanas varias, marcas por una vida como la de muchos. Su columna está hecha trizas producto de miles de maletas cargadas en negro en el aeropuerto de Carrasco. “En marzo me comunica la empresa que me tengo que retirar por la edad, por lo que decía el gobierno que las personas mayores de 65 años no podían trabajar”.

El tiempo en el seguro de paro no fue sencillo, la empresa decía que era él quien debía tramitarlo. Dándole largas al asunto, perdiendo casi un mes. Según el empresario “la contadora no encontraba cómo entrar el trámite en el BPS”

A partir de setiembre (cuando se vence el seguro) no lo reintegran pero tampoco efectivizan el despido. Cuando llama a la empresa para retomar las actividades, el dueño le dice que se quede tranquilo, que se tomara la parte de la licencia que le quedaba, cuando podría haberse acogido a la prórroga del seguro autorizada por el gobierno. Sin embargo la licencia nunca fue pagada, con el pasar de los días vuelve a llamar a la empresa, sus respuestas evasivas, “puro verso, uno atrás del otro y yo no generaba nada”

Al comenzar la conversación le pido que me cuente sus situación, la respuesta directa: “Mi vida está hecha un caos”. Desde entonces no tiene ingresos, no puede hacerse cargo de los gastos de su hija con discapacidad, come salteado en base a la ayuda de amigos y familiares “hace meses que estoy viviendo prácticamente del aire y el sol”.

Miguel no fue el único en esta situación. Hoy en día la mayoría dejó de reclamar, buscando otras changas y trabajos. “Uno ya cobró, el resto debido al tiempo -es entendible- familia e hijos de por medio te lleva a transar lo que sea, en mi caso es distinto yo soy solo, pese a no poder pagar la pensión de mi hija ni tener para los medicamentos”

Miguel está en juicio, patrocinado por un abogado que sostiene que es un “despido indirecto y abusivo”, y que de ganar el mismo se quedará con el 30%.

Cuando los meses pasaban y no se encontraba una solución, consultó con un conocido del sindicato del aeropuerto. Por trabajar en la empresa de seguridad le correspondía afiliarse a Fuecys, pero nunca pudieron hacerlo, “según me dio a entender el del sindicato del aeropuerto, para afiliarnos necesitábamos ser más (…) éramos unos diez los que estábamos para afiliarnos”.

Para Miguel, la empresa aprovechó la pandemia para sacárselo de arriba. “Era la piedra en el zapato que la empresa tenía. Yo le reclamé la ropa que nunca nos habían dado. Uniforme, ropa de agua, ropa de invierno. También reclamamos la prima por antigüedad que no nos pagaban”

Si bien estaba contratado como personal de seguridad las tareas eran otras, el vínculo abusivo de la empresa no es de ahora. “Más bien lo que hacíamos era mantenimiento, teníamos que controlar las calderas, bombas, equipos de incendio. Cada una hora recorríamos la planta controlando los tableros (…) En el ministerio estamos en un rubro rarísimo, el 219”.

Las tensiones fueron varias en los últimos años, luego de conseguir la ropa de invierno y los zapatos, le entregan unos pantalones de vestir muy finos y unos zapatos que se desarmaban con los días, “una tomadura de pelo”. En el desgaste de todos estos meses, se acumulan horas de espera en el juzgado de la Costa, recuerda la del 21 de diciembre “Ese día nos tuvieron de las 8 a las 4, y nos tomaron el pelo, diciendo que se caía el sistema” Ese mismo día, con la calentura de la espera se fue a la empresa y encaró al dueño, que le sugirió se comunicara con el abogado de la empresa, el mismo que no llegó al juzgado. Frente a su insistencia, el empresario le comunica que había enviado un telegrama, el que tuvo que ir a buscar a las oficinas de Antes, supuestamente no habían encontrado la dirección de su casa. «El mensaje era una pregunta: si estaba enfermo o estaba en el seguro». Asesorado por su abogado llama a la empresa y solicita que le indiquen en qué turno debía reintegrarse. Las respuestas nuevamente evasivas, “que consultaría con el abogado y la contadora de la empresa… hasta el día de hoy me están por llamar”.

Con el desalojo en puertas la angustia entrecorta su voz por primera vez en un buen rato de conversación. Cobra una pensión de 2900 de un dedo que se arrancó trabajando, “es lo único que me entra, después no tengo más nada, súmales pequeñas ayudas con las que me voy rebuscando, hoy tengo y como, mañana capaz que no, y así. Ahora me estoy quedando sin gas… y bueno, prenderé fuego, a lo indio… Es terrible, imagínate, teniendo una hija discapacitada que precisa los medicamentos y vos no se los podés dar por culpa de un señor de estos… Entendés”

El juicio laboral sigue su curso, en el mejor de los casos restan semanas o meses para que Miguel cobre lo que corresponde. Hasta entonces necesitará del apoyo y la solidaridad de amigos, familia, compañeros, de nosotros pues.

Su nombre es Miguel Savia, y lo encuentran en Paso Carrasco, frente a la parada de Camino Carrasco a una cuadra del Roosevelt (hacia Montevideo) y por el celular 099520807 (su aparato es viejito, dice que ya le festejó los 15, por tanto solo llamadas y mensajes de texto)

Busco información sobre la planta donde trabaja Miguel inaugurada en 2012, una publicación en la web de presidencia de la República titula “Nueva planta industrial empleará a 200 trabajadores calificados”, el representante de la empresa junto al presidente Mujica cortan la cinta con diseño patrio. Le siguen elogiosas declaraciones gubernamentales agradeciendo la inversión y las oportunidades de empleo para lxs uruguayxs.

Cuento esta historia seguro de que hay miles de Miguel pasándola mal en este momento. Con el tiempo de trabajo suficiente como para estar descansando, no le sirve la jubilación por los años en negro. Quien tenga o pueda hacer algo al respecto que lo haga. Tomo su voz añosa y correcta, curtida por el tabaco, para que su historia no pase al olvido detrás de los números diarios de contagios y muertes. Procuro aportar así a la trama con la que sostiene su vida mientras da las peleas legales por los derechos incumplidos. Sigo el hilo que me pasó esa amiga a la cual Miguel le pidió un tabaco, en la parada del trabajo.

¡Estamos hartxs de sus abusos cotidianos!