En Bolivia tiene lugar una movilización de los médicos y estudiantes de medicina, contra el Artículo 205 de la reforma al Código Penal, que establece pena de cárcel a quienes en ejercicio de sus funciones y por negligencia causen daño a la salud o integridad física de las personas. La presente nota no es una reflexión por o para la movilización, sino al respecto de las contradicciones que ésta devela, sobre todo el razonamiento penalista del gobierno del MAS a la hora de proponer soluciones a cuestiones estructurales.

De hecho, el artículo 205 no es el único que ha sido puesto en cuestión, sino también aquellos que establecen penas que afectan a otros sectores económicos, así como  los artículos 293 (pena por sedición) y 294 (atribuirse los derechos del pueblo), que establecen la posibilidad de criminalizar la protesta.

Entonces, la cuestión que se plantea es ¿La ampliación del código penal en Bolivia significa un solución real a problemas como la “negligencia médica”, o es otro paliativo más del gobierno para postergar el trabajo pendiente sobre problemáticas más profundas?

Existe una relación proporcional entre la propensión o pulsión penalista del gobierno y su incompetencia para resolver las contradicciones estructurales de la sociedad boliviana. De hecho, se puede afirmar que lo primero es prueba y razón de lo segundo. Existe también una evidencia de estas contradicciones estructurales en las aserciones cargadas de violencia simbólica, como la que espetó presidente del colegio de médicos Luis Larrea, cuando dijo «La diferencia con los movimientos sociales (es que) los médicos sabemos pensar y leer», refiriéndose a aquellos dirigentes que salieron en defensa del gobierno. Declaración por la que ahora le siguen, adivinen, un proceso penal. Ambas, es decir la incompetencia de los burócratas y las contradicciones estructurales de la sociedad, son disimuladas a través de la parafernalia de “los ofendidos”. Parafernalia, o caricatura, que tiene en burócratas como Félix Cárdenas o el propio presidente a algunos de sus máximos exponentes.

Ambas relaciones son además testimonio del carácter profundamente reaccionario del actual gobierno. Por ello es imperativo darse a la tarea de desentrañar estas relaciones, reflexionarlas y discutirlas. Comencemos por la primera. El tan mentado “Artículo 205” no es la excepción sino la regla a la manera en cómo el gobierno del MAS decidió, desde el inicio, encarar las contradicciones de orden estructural de la sociedad boliviana. Por ejemplo, hace ya algunos años, en múltiples ocasiones el funcionario García Linera expresó su deseo de ampliar híper-numéricamente los tipos penales; exhibiendo un razonamiento precoz, impensado e infantil, característico de los políticos reaccionarios. De hecho, el actual proyecto de reforma –y ampliación– del código penal no es el primer ejercicio penalista que lleva a cabo el gobierno con la pretensión de “resolver” aspectos estructurales.

Algunos de los ejemplos más notorios, tanto por su pomposidad como por su ineficacia, son: 1.- La Ley 045 contra la Discriminación y el Racismo, que más sirvió para darle un semblante caricaturesco al sistema judicial, cada vez que el Viceministro de Descolonización vocifera “¡juicio por discriminación!”, que para abordar una contradicción estructural todavía vigente. La violencia simbólica de todo discurso racista y discriminador es el correlato de violencias estructurales que no se resuelven encarcelando a los alfeñiques que enuncian estos discursos, a saber: desigualdad material, acceso desigual a la educación –no a secas, sino de calidad–, explotación y penuria, entre varias otras problemáticas vigentes e irresueltas. Contradicciones que se disipan en el simplista y vulgar razonamiento relativista de “los funcionarios” que interpretan la pantomima de “los ofendidos”.

Quizás esto se deba, en gran medida, al carácter hegemónico del discurso multicultural neoliberal. Discurso que fue consolidado, paradójicamente y con vehemencia, durante el “proceso de cambio” boliviano. De hecho, el multiculturalismo neoliberal no sólo fue consolidado por el actual gobierno, sino que fue adoptado como estrategia de despolitización de la sociedad antes y después del proceso constituyente de 2006-2008.  Este tema, más amplio y espinoso, merece atención específica, por lo que no me ocuparé del mismo en la presente reflexión.

2.- La Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia es otro gran ejemplo de ejercicio penalista ineficaz, con la pretensión de resolver otra contradicción estructural. Sobra decir que la violencia contra la mujer, no sólo física o feminicida, sino también simbólica y estructural, continúa y es fomentada muchas veces por los propios altos burócratas del gobierno. Sobra decir, también, que las contradicciones estructurales hasta acá señaladas se intersectan y complementan: desigualdad, patriarcado y racismo. Contradicciones exacerbadas en el capitalismo tardío, cuyas relaciones de producción y lógicas de explotación han sido ampliamente promovidas por el mismo entramado burocrático al que me refiero en la presente nota.

El carácter reaccionario de estos ejercicios tiene que ver con el razonamiento profundamente liberal-conservador sobre el que se fundan: para la “defensa de la sociedad” basta con desbaratarse de los sujetos anómalos e indeseables. El “Artículo 205” es, entonces, no la primera sino la más reciente evidencia de esta ineficacia intencional de los burócratas. Y, al igual que las desdichadas afirmaciones de Larrea, las precoces reacciones de Cárdenas y el contenido de las otras leyes señaladas, es el testimonio del carácter irresuelto de las contradicciones estructurales de la sociedad boliviana y, en consecuencia, de la desidia manifiesta de los intelectuales orgánicos del “proceso de cambio”.

Todos hemos sido testigos o afectados por la negligencia médica. Todos podemos contar alguna anécdota al respecto, en mayor o menor medida trágica dependiendo de la situación socioeconómica de cada uno. Se trata, pues, de una problemática que también se intersecta con las anteriores. Los pobres se mueren o quedan afectados no sólo por la negligencia de algún médico, sino también por el carácter deplorable de las infraestructuras de la salud en Bolivia, o simplemente por la ausencia de éstas. Ahora bien, no cabe duda que una parte importante de esta contradicción estructural tiene que ver con el utilitarismo que también caracteriza a la profesión médica. Al igual que con otras profesiones de servicio de alta demanda, un gran número de los profesionales de la salud prefieren la atención privada, entre otras cosas por la posibilidad de generar mayores ingresos.

Esto no quiere decir que la atención privada sea, necesariamente, de mayor calidad. En todo caso, que la salud pública es verdaderamente deplorable. Tampoco quiere decir que a la hora de analizar la problemática se deba adoptar el esquema maniqueo de [bueno-malo], que también caracteriza al razonamiento simplista de los burócratas reaccionarios. Quiere decir que la problemática de la salud en Bolivia es mucho más compleja que como es presentada, siguiendo otra lógica profundamente liberal: “Habrían algunas manzanas podridas en el árbol”. Entonces hay más de una arista en la cuestión: calidad de la formación de los médicos; calidad de la educación en general; calidad de la infraestructura de la salud pública; brecha en las condiciones materiales de los pacientes; discriminación y violencia simbólica en la atención; entre varias otras. Todas contradicciones de orden estructural que son postergadas por la solución facilista y simplista, el ejercicio penalista de la caricaturesca élite en el poder.   

Entonces, la protesta de los médicos y estudiantes adquiere un sentido porque sugiere, por lo menos al lector más avezado, cuestiones más importantes. En vez de proponer el simple o sólo encierro de racistas, machistas y negligentes, entre otros, habría que desentrañar las violencias estructurales que anteceden a la abyección. Violencias estructurales porque forman parte de las estructuras de la sociedad, la economía y la política.