En Desordenando Mundos conversamos con Leticia Cambre, médica que vive en la zona rural de Soca e integra el colectivo de vecinxs que se resisten a la instalación del megabasurero en Canelones.

La concepción de la gestión de los residuos que incorpora el proyecto del megabasurero es obsoleta, se está dejando de utilizar en muchos lugares del mundo. A su vez, es contradictoria con lo estipulado por la ley de residuos, el plan nacional de agroecología, ruralidades canarias, las áreas protegidas y un montón de otras iniciativas. De hecho existe un área protegida a menos de dos kilómetros del lugar donde se pretende instalar el basurero. “Va contra la lógica, las leyes y la sustentabilidad”.

Lo que se proyecta es un sitio de disposición final de residuos sólidos domésticos y de pequeñas industrias, sin clasificación previa. Durante 22 años de actividad y 15 años más de pasivo ambiental (tiempo que se estima la basura sigue generando gases). Esto es considerado por lxs vecinxs como un “ecocidio”, teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo durante el cual se impacta sobre el ambiente. Abandonando al sacrificio a toda una región.

El proyecto no incorpora clasificación previa, ni reciclaje, ni ningún otro tratamiento que permitiría reducir el volumen de basura a enterrar. Lo único que se hace es quemar el gas metano que se libera de la basura.

Lxs vecinxs insisten en que el lugar no es el adecuado debido a que allí se encuentran nacientes del arroyo Solís Chico. Este arroyo está destinado para ser usado como toma de agua para su potabilización. Abasteciendo a toda la costa de oro, ya que es uno de los arroyos más limpios que tiene el departamento.

Por las características geológicas de la zona es muy probable que el basurero impacte en las aguas subterráneas del acuífero. Lo que supondría consecuencias ambientales mucho más grandes.

En las inmediaciones de la zona en que se proyecta el basurero está la Colonia Berro del Instituto Nacional de Colonización, solo allí hay 56 pozos de agua que se usan para consumo humano, a lo que se debería sumar todo el resto de las familias rurales que viven en el lugar y se abastecen de agua de esa manera.

Todos estos elementos no fueron tenidos en cuenta en el proceso de validación ambiental del proyecto. A pocos días de terminar el gobierno anterior (21 de febrero de 2020), la ministra Eneida De León firma la aprobación del segundo permiso ambiental. A partir de allí los vecinxs interpusieron un recurso legal solicitando se suspendiera el permiso y se evaluara más profundamente la situación. Por la característica del recurso, la ministra Irene Moreira tuvo 150 para revocar la autorización y luego 50 días el presidente de la República. “Todo ese tiempo paso y ninguno de los dos lo revocó”. Un día después de haberse vencido el plazo el ministro de Ambiente firma la suspensión del permiso operativo que habilitaba a empezar las obras. Para lxs vecinxs esto es totalmente insuficiente e insisten en la revocación de las autorizaciones. Tanto por parte del gobierno nacional como del departamental se habla de que se buscará una mejor tecnología, refiriéndose a la incineración. Pero en ningún momento se valora la necesidad del reciclaje, clasificación y revalorización de los residuos. Esto es lo que promueven lxs vecinxs, como la única forma a largo plazo para que no haya consecuencias ambientales.

Se pretende quemar o enterrar la basura, para así no ver algo que nadie quiere. Pero esto llegará a nosotros por medio del agua, la tierra y el aire. También por medio de los alimentos que se producen en esa zona. Afectando la salud de la población. Con efectos que trasciende al territorio específico que se sacrifica y se destruye.

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