El presidente argentino Alberto Fernández habló a comienzos de marzo frente a la Asamblea Legislativa en apertura anual de sesiones ordinarias. En un año electoral, indicó su plan de ruta para este y los próximos años. Pagar la deuda y profundizar el extractivismo como trasfondo de su proyecto societal.

A un año de iniciadas las medidas oficiales para enfrentar la pandemia capitalista del COVID-19, el gobierno de los Fernández pretende preparar el terreno para ganar las elecciones legislativas del segundo semestre de 2021 y consolidar un gobierno que él mismo llamó de transición. Luego de una década de estancamiento, inestabilidad macroeconómica y elevada inflación, el gobierno se apresta a intentar dar por cerrada la crisis transicional de la economía argentina. Para ello pone sus esperanzas en concluir lo antes posible la renegociación de la deuda con el FMI e impulsar el crecimiento económico sobre la base de una matriz productiva crecientemente extractivista. El presupuesto del Estado nacional aprobado hace unos meses ya indicaba ese camino.

Primero, la deuda

La renegociación de la deuda con el FMI y la firma de un nuevo acuerdo avanza más lento de lo anunciado. Ahora mismo no está claro si se firmará algo antes de las elecciones nacionales de finales de año. Es claro: el acuerdo viene con un paquete de ajuste bajo el brazo y ningún sensato gobierno reformista anunciaría algo así antes de las elecciones. El gobierno pretende dos cosas fundamentalmente del Fondo. En primer lugar busca postergar los pagos de la deuda acumulada hasta al menos el próximo gobierno y, en lo posible, extender el cronograma de pagos (y, entonces, el acuerdo mismo) en el tiempo (pasar de los actuales 6 años a más de una década, incluso dos décadas). En segundo lugar, el gobierno necesita con cierta urgencia apoyo financiero para cubrir las amortizaciones e interés de deuda durante este año con el Club de París entre Abril y Mayo, y con el propio Fondo a lo largo del año. Pero, del otro lado está el Fondo, con las mismas mañas. Cualquier acuerdo exigirá que el gobierno argentino cumpla con una serie de condicionalidades, es decir ajustes y reformas estructurales. En particular, si el acuerdo tiene décadas de duración, las reformas serán de largo aliento. La reciente reforma previsional va en esa dirección. Un guiño (ahora le llaman “sweetener”).

En un giro en marco electoral, el presidente indicó que iniciarán acciones legales contra quienes aprobaron el acuerdo y crédito con el FMI en 2018. Hay numerosas evidencias que indican irregularidades y aun delitos en ese proceso. Sin embargo, notoriamente el gobierno no toma medidas para hacer cumplir el denominado “fallo Olmos” que en el año 2000 señaló una multiplicidad de ilícitos cometidos en la gestación de la deuda externa durante la última dictadura militar. La acumulación originaria que ese endeudamiento propinó al país y que profundizó el proceso de dependencia, sigue esperando en algún cajón del Congreso para hacer justicia. Claro está, tampoco se habla en el gobierno nacional de revisar el acelerado endeudamiento de los 2000 y su carácter odioso.

Subsidios para el saqueo

Sin suspender el pago e investigar en profundidad el ciclo de endeudamiento brutal de las últimas décadas será imposible tomar las riendas del país para construir una alternativa más allá del desarrollo extractivista. En efecto, consciente de eso, el presidente anunció la profundización de la estrategia del saqueo.

El presidente anunció la continuidad del programa de subsidios al fracking en Vaca Muerta. El Plan GAS tendrá el apoyo necesario para sacar los hidrocarburos del yacimiento y transportarlo a los puertos y la red de distribución. Se proyecta acelerar el saqueo del litio en el Noroeste argentino y subsidiar la electrificación del parque automotor, así como prolongar el extractivismo minero en general. También profundizar el desarrollo de los ‘corredores’ del saqueo, en particular el Corredor bioceánico NOA-Centro que permitirá vincular el puerto de Coquimbo en Chile con Porto Alegre en Brasil. Este corredor es significativo pues se están multiplicando las resistencias en distintos puntos de su traza (San Juan, La Rioja, Córdoba, Santa Fe), donde pueblos y comunidades exigen ser escuchadas.

La aceleración del desarrollo extractivista es la clave de la estrategia gubernamental. Busca multiplicar las plataformas de exportación. Esto tiene un doble objetivo. Primero intenta ampliar la oferta de divisas, fundamentales para debilitar la restricción externa que periódicamente conspira contra el crecimiento en un contexto dependiente. En segundo lugar, busca desplazar relativamente al sector agropecuario como principal proveedor de esas divisas; hoy, ‘el campo’ aporta más del 60% de las exportaciones. Con ello aspira a desarticular a un sector social concentrado y poderoso que reproduciéndose a partir de la apropiación de renta del suelo, ha sido tradicionalmente anti-desarrollista.

Detrás de todos estos proyectos están las viejas potencias hegemónicas pero, fundamentalmente, el hegemón chino que participa de manera creciente en los distintos emprendimientos y actúa como agente financiero. No es de extrañar que detrás de los acuerdos actuales para proveer vacunas para el COVID estén -como parte de la letra chica- nuevas condicionalidades impuestas por el gobierno de China y aceptadas por el gobierno nacional.

El fuego y palos son el proyecto

El avance del extractivismo, como ya es conocido, se produce sobre barrios populares, destruyendo bosques, contaminando la naturaleza y enfermando a las poblaciones. No es casual que mientras se expulsan con violencia a las poblaciones que ocupan tierras abandonadas (como en Guernica, en la provincia de Buenos Aires en 2020), simultáneamente aparecen focos de incendio intencionales que el gobierno evita prevenir y se niega a relacionar con el avance del saqueo. Sea para amedrentar y desplazar pueblos enteros que resisten el avance de la megaminería (apoyada por el Estado), como ocurre ahora mismo en los bosques del sur argentino, sea para habilitar nuevas tierras para la producción sojera o el desarrollo de emprendimientos urbanísticos cerrados (‘countries’), la destrucción planificada de la naturaleza y los bienes comunes es parte de la estrategia de desarrollo.

Las resistencias continúan a lo largo y lo ancho del país. A pesar de las restricciones que impone la pandemia capitalista y a pesar de la acción o desidia estatal, el Pueblo continúa proyectando futuro. Buscando formas sanas de producir alimentos (como ocurre en decenas de proyectos agroecológicos), o intentando nuevas formas de crear comunidades (como en los viejos y nuevos asentamientos populares). Enfrentando a la violencia patriarcal y la complicidad estatal-policial, y combatiendo la violencia institucional y el gatillo fácil en todos los terrenos. Siempre partiendo de la base de que en la autoorganización, y la construcción de poder popular y de entramados comunitarios estarán las soluciones colectivas. Siempre sabiendo que la lucha es en el (a través del) Estado, pero sobre todo contra y más allá de él.

Agradezco a Melina Deledicque por su atenta lectura del borrador de esta nota. La misma fue concluida el 13 de marzo de 2021.