Los hechos: violencia contra los Guaraní y Kaiowá y contra la madre-tierra

En la mañana del 13 de julio de 2024, en el municipio de Douradina, Mato Grosso do Sul (MS), el pueblo Guaraní y Kaiowá inició la auto demarcación de su tan ansiado territorio. La reivindicación es por un área de 12.196 hectáreas en estudio y ya identificadas. Involucra los territorios de Gua’aroka, Yvy Ajhere, Ita’y Ka’agurusu, Pikyxi’yn, Kurupay’y, Tajasu Ygua y Guyra Kambi´y, sobre los que se superponen grandes propiedades de monocultivos de soja y maíz. Mato Grosso do Sul tiene la mayor concentración de tierras de Brasil: según el Atlas Agrícola de 2017, las tierras privadas representan el 92% del territorio del estado^[1]. En las recuperaciones, las principales lideresas son las nhandesys, mujeres ancianas que rezan y conocen la ubicación de la tierra ancestral, acompañadas en la lucha por mujeres embarazadas, jóvenes y niños. Las tierras tradicionales o tekoha (el lugar donde se es) son para los Guaraní y Kaiowá los lugares donde las comunidades pueden ejercer su forma de ser en reciprocidad con la naturaleza. Allí, los grupos extensos de parentesco establecen relaciones sagradas con el territorio, lo que les permite continuar sus costumbres y su vida mediante el acceso a lo que queda de la biodiversidad de los bosques que les proporcionan alimentos sanos y variados y plantas medicinales^[2].

La reacción violenta de los grandes propietarios rurales, cuyas haciendas afectan a los territorios Guaraní y Kaiowá, fue inmediata.  Un primer momento de terror con decenas de camionetas rodeando, persiguiendo y disparándole a la comunidad dejó varios Guaraní y Kaiowá heridos. Más tarde, circuló por las redes sociales un vídeo en el que los ruralistas organizaban su propio campamento y un cerco de camionetas 4 x 4 en las proximidades de las zonas recuperadas[3]. En el vídeo difundieron frases amenazantes como: «el bambú se va a doblar y los antimotines están llegando». La confianza que los grandes propietarios depositan en el apoyo de los políticos locales de extrema derecha y de la seguridad pública revela la desigualdad de las fuerzas en juego: de un lado, los terratenientes y sus pistoleros fuertemente armados con decenas de camionetas y drones, y del otro, una comunidad liderada por mujeres nhandesys con sus mbarakas y takuaras en manos[4].

Dos lados antagónicos en esta historia. Dos proyectos de sociedad en abierta confrontación, en una clara asimetría de poder. Desfilando durante el día y sobre todo por la noche, las camionetas lanzan fuegos artificiales cerca de las zonas recuperadas, reforzando con sus faroles las amenazas y el terror. Por parte de los guaraní y Kaiowá, los mbarakas y takuaras de los cuales extraen la fuerza de su oración y el canto en las voces de las ancianas son el aliento colectivo para continuar la lucha por su tekoha. La discrepancia entre la pesada y lujosa estructura belicista de los terratenientes y las tiendas de lona negra levantadas por los guaraní y Kaiowá es gritante. Las imágenes del conflicto revelan el escenario desértico de la destrucción causada por el monocultivo de commodities para exportación, reflejando el peso del Estado en este teatro de horrores que es la producción agrícola a gran escala para la acumulación de capital.

En otro video que circula en las redes sociales, es posible escuchar disparos provenientes de las agro-milicias en sus camionetas, que constantemente pasan por encima de las barricadas formadas por los Guaraní y Kaiowá. Estos actos son muy similares a las acciones de Invasión Cero, una organización con cerca de 5.000 miembros, entre terratenientes y parlamentarios de la bancada ruralista, cuyo objetivo es atacar y criminalizar a los movimientos del campo que luchan por la tierra. El grupo se creó en marzo de 2023 y cuenta con el apoyo del Frente Parlamentario Invasión Cero y de asociaciones empresariales vinculadas al agronegocio^[5].

En su primera aparición en los medios de comunicación digitales, el grupo fue acusado de la muerte de Nega Pataxó-Hã-Hã-Hãe durante la recuperación de la Tierra Caramuru-Catarina Paraguaçu, en Bahía^[6]. Según algunos líderes indígenas, el grupo Invasión Cero funciona como una milicia que opera a través de WhatsApp. Los terratenientes se comunican entre sí sobre las «invasiones» en sus propiedades y allí organizan operaciones conjuntas y utilizando la figura legal de «desagravio inmediato en la que se apoyan para realizar con sus propias manos el desalojo ilegal y violento. Zucco, presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) contra el Movimiento de los Sin Tierra (MST), justifica la creación del grupo ante la «ausencia del Estado en la resolución de los conflictos agrarios, [que] podría llevar a una tragedia si se produce un enfrentamiento más duro entre indios (sic), sin tierra y agricultores». El primer presidente de Invasión Cero ya declaró que «la Constitución no existe en Bahía. Tampoco se detiene a nadie por invadir la propiedad. Así que tuvimos que reaccionar y organizarnos para expulsar a los invasores por nuestra cuenta»^[7]. El grupo actúa frontal y violentamente contra la demarcación de las tierras indígenas y contra la reforma agraria, propagando el odio y el racismo.  A pesar de las manifestaciones explícitas y reiteradas que indican su carácter miliciano, las autoridades públicas no toman ninguna medida para disolverlo.

Los ruralistas de Douradina vienen llevando a cabo tácticas similares a las de Invasión Cero, utilizando diversos mecanismos para proyectar su truculencia en las recuperaciones como si fuese una lucha social dentro de la ley, con manifestaciones frente al Ministerio Público, apoyadas por políticos bolsonaristas. De hecho, en los vídeos que circulan por las redes sociales, diputados federales y estatales de extrema derecha vinculados a las bancadas de la bala, la biblia y de los bancos difunden fake news y criminalizan la auto demarcación de los Guaraní y Kaiowá. Imitando al grupo Invasión Cero, piden al Estado que lleve a cabo un desalojo violento o sino actuarán ellos en su lugar. En defensa de la propiedad privada, los Guaraní y Kaiowá son criminalizados como un obstáculo para las ganancias que estos grupos privados obtienen a través de la explotación de las tierras tradicionales.

Los conflictos por la tierra en Mato Grosso do Sul reflejan un contexto más amplio de la necesidad de expansión del capital en crisis sobre los territorios. Esta expansión es sostenida y legitimada a través del estado democrático de derecho y operada por diferentes gobiernos, de izquierda o de derecha, cuyo papel ha sido crear continuamente las condiciones que permitan la producción destructiva del agronegocio para la acumulación de renta en manos de la burguesía agraria y del capital financiero internacional. Estas condiciones implican un reciclaje permanente de dispositivos legales que complementan los mecanismos violentos y de despojo perpetrados por las clases dominantes desde la época colonial.

Del mismo modo, vienen realizando el saqueo de la madre-tierra y los efectos del cambio climático se han activado de forma alarmante en la región. En el Pantanal, los incendios provocados para deforestar y expandir el agronegocio comenzaron más temprano en 2024, con un aumento de los focos de incendios del 1025% en los primeros seis meses en comparación con el año anterior. En 2023, la cuenca del río Paraguay experimentó una sequía récord, llevando al bioma a una de las peores crisis hídricas de su historia, con algunos municipios pantaneros presentando una reducción del agua superficial^[8]. En algunos lugares, los habitantes carecen de agua potable y tienen que ser asistidos por camiones cisterna. Actualmente, Mato Grosso do Sul, cuyas ciudades se cubren todos los años con el humo procedente del Pantanal, es uno de los estados brasileños más afectados por la grave sequía provocada por la deforestación y los incendios^[9]. En los últimos meses, el estado ha registrado un clima desértico, con niveles de humedad relativa entre el 10% y el 20% – niveles que se consideran críticos y tienen un gran impacto en la salud humana^[10]. Por si fuera poco, la contaminación del suelo, de las aguas fluviales y subterráneas, e incluso del agua lluvia, por el uso intensivo de plaguicidas que requiere este modelo productivo/destructivo en la agricultura, es un grave problema invisibilizado por los medios de comunicación hegemónicos, por los políticos locales y por las autoridades de salud pública. El problema se agrava cuando estos productos tóxicos, nocivos para la salud humana y el medio ambiente, son fumigados en las proximidades de comunidades campesinas e indígenas, utilizándose a menudo como arma de guerra contra las comunidades Guaraní y Kaiowá.

Todo este escenario de destrucción y violencia va en contra de la simbología desplegada en la toma de posesión presidencial de Lula en enero de 2023. En aquella ocasión, subió la rampa junto al cacique Raoni, líder de los pueblos originarios, invocando el fin de una coyuntura política anti-indígena y anunciando una agenda progresista en favor de las comunidades del campo y los trabajadores de la ciudad.  Sin embargo, la desconexión entre el plano simbólico del espectáculo mediático y la realización concreta de los derechos sociales indica la permanencia de una deuda histórica que hunde sus raíces en la austeridad fiscal. Instrumento decisivo en el control de la distribución de la riqueza social, el plan de austeridad presentado por el actual gobierno a través del marco fiscal es la continuación del proyecto de poder neoliberal que el capital viene imponiendo desde hace décadas para mantener su secular patrón de dominación.

Las migajas destinadas a los derechos sociales, ya sea la educación, la salud, la reforma agraria o la demarcación de las tierras indígenas, se presentan ideológicamente como una gran solución y como el horizonte final al que el pueblo brasileño debe adaptarse. Desempeñan un papel conciliador en la dimensión ideológica, pero en la práctica son parciales y acaban neutralizando las luchas tan necesarias para mejorar las condiciones de vida de toda la población. En este contexto de austeridad, una de las tácticas de la burguesía agraria sobre la cuestión de la demarcación de los territorios indígenas es imponer los mecanismos neoliberales del mercado y de la privatización de la tierra, flexibilizando la Constitución de 1988.

Los límites de la política conciliadora del actual gobierno y la insuficiencia de las pseudo alternativas impuestas por el capital en crisis ya han sido notados por las comunidades Guaraní y Kaiowá. Para garantizar un modo de vida digno y su propia supervivencia, no tienen más remedio que utilizar sus propias fuerzas comunitarias para la auto demarcación de los territorios. Un síntoma de ello es la reciente multiplicación de las recuperaciones de tierras en varias partes de Brasil, como expresan las luchas de los pueblos Avá-Guaraní en Paraná, Anacé en Ceará, Guaraní Mbya y Kaingang en Rio Grande do Sul, Parakanã en Pará, y los Guaraní y Kaiowá en otros municipios del propio Mato Grosso do Sul, como Caarapó, que anuncian un nuevo ciclo de resistencia.

Demarcación de tierras que nunca sale del papel

El proceso de demarcación de la Tierra Indígena Panambi-Lagoa Rica se inició en 2005 y está suspendido desde 2011 debido a una demanda presentada ante el Tribunal Regional Federal (TRF3) después de una sentencia favorable al ruralista en fase de apelación. En 2016, el proceso de demarcación fue anulado en el 1º Juzgado Federal de Dourados por un juez que basó su decisión en la tesis del marco temporal que obliga a los pueblos originarios a probar la ocupación de sus territorios el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución, como condicionante para la demarcación.

Desde hace décadas, la reforma agraria y la demarcación de los territorios indígenas han sido sistemáticamente archivadas en los laberintos de los rituales burocráticos, a pesar de que estos cambios estructurales son necesarios para la realización de los derechos sociales y la dignidad de los pueblos del campo y de la clase trabajadora, especialmente de los pueblos originarios. El congelamiento de las demarcaciones de tierras indígenas prevista en la Constitución de 1988 responde, por un lado, al bloqueo histórico de las reformas estructurales prometidas por la industrialización fordista y escamoteadas en el periodo neoliberal. Por otro lado, las salidas impuestas autoritariamente por las clases dominantes brasileñas e internacionales en tiempos de hegemonía financiera apuntan al sesgo neoliberal y privatizador del mercado. La flexibilización de la Constitución del 88 se está llevando a cabo a través de la Ley 14.701/23, a pesar de que todas las acciones legales basadas en el Marco temporal han sido suspendidas por orden del Supremo Tribunal Federal^[11]. Al instituir el marco temporal a través de esta ley, la bancada ruralista ha promovido un aumento significativo de la violencia y de la inseguridad física y jurídica de los pueblos originarios, implicando graves retrocesos como el cuestionamiento de territorios en proceso de demarcación o ya demarcados, la anulación de la voz de las comunidades indígenas frente a la entrada en sus territorios de proyectos extractivistas de minería y de grandes emprendimientos y la legalización de prácticas de arrendamiento destinadas a la producción de commodities agrícolas.

La ley 14.701/23 promulgada por el Congreso ignoró la decisión colegiada del STF que rechazó el marco temporal y falló a favor de su inconstitucionalidad. A pesar de esta sentencia, el STF consideró viable que los no indígenas, es decir, los grandes propietarios de tierras, recibieran una indemnización previa por la tierra desnuda. Es importante resaltar que sólo la indemnización por mejoras (y no por tierra “descubierta”) y el eventual uso de la permuta son mecanismos permitidos para la desapropiación de tierras dentro del proceso de demarcación, sobre todo para que los pequeños agricultores tengan sus derechos garantizados cuando sus propiedades se sobreponen a territorios indígenas. El Gobierno Federal está obligado a reembolsar las mejoras u ofrecer una permuta como alternativa, en nuestra opinión justa, para reasentar a los pequeños productores que no cuentan con los recursos necesarios para reiniciar sus vidas. Todo esto es factible siempre y cuando estos procedimientos estén vinculados al reconocimiento del carácter tradicional de los territorios indígenas y se cumpla con el proceso demarcatorio según la Constitución.

El entendimiento del STF, una semana después de declarar inconstitucional la tesis del marco temporal, es que la compensación previa por la tierra desnuda es un instrumento importante para la conciliación de conflictos. Sin embargo, esta sentencia, que valida la compensación monetaria anticipada por la tierra, y que se realiza al margen del proceso de demarcación establecido por ley, viola la Constitución y responde a la instauración de la lógica mercantil y neoliberal en las políticas de demarcación de territorios. Estos dispositivos cumplen dos funciones muy importantes: 1) recrean las condiciones para la acumulación y expansión del capital en la agricultura; 2) desde el punto de vista ideológico, desmantelan peligrosamente la noción de tradicionalidad de la tierra indígena, que también está prevista constitucionalmente. La ocupación por los pueblos originarios de sus tierras tradicionales y por ellos permanentemente habitadas, es considerado un derecho originario, según los artículos 231 y 232 de la Constitución de 1988. Esto significa que la ocupación es anterior a las leyes agrarias y a la división de la tierra en propiedades privadas, y anterior a cualquier norma jurídica de la sociedad brasileña. El cuestionamiento del derecho originario a través de la indemnización previa de las tierras desnudas y de la permuta realizada al margen del proceso de la demarcación administrativa cumple la función de colocar las tierras tradicionales de las comunidades en el mostrador de los mercados nacional e internacional.

La sustitución del marco constitucional por estas políticas parciales y mercantilizadoras se ha ido apoderando de los operadores burocráticos del Estado y de los gobiernos de turno, independientemente de su color político partidista. Existe una convergencia unánime en torno a la compra o permuta de tierras para compensar a los terratenientes al margen de los procesos de demarcación. En un acto para oficializar las exportaciones de carne a China, celebrado en el frigorífico de la JBS en Campo Grande a principios de año, el presidente Lula anunció la compra de una hacienda para los Guaraní y Kaiowá que viven al margen de las carreteras. Al mismo tiempo, convocó al gobernador de estado, Eduardo Riedel, a crear una asociación para la compra de propiedades rurales destinadas al asentamiento de estos indígenas. Conocido empresario y ruralista, Riedel organizó la “Subasta de la Resistencia” cuando era presidente de la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul (Famasul), en 2013^[12].  Cabe destacar que hace once años, Riedel ya señalaba esta salida e incluso participó en la creación del Fondo Estatal para la Adquisición de Tierras Indígenas (FEPATI), cuyo objetivo es recaudar fondos públicos y privados para la compra de haciendas que se encuentran dentro de territorios indígenas – con el consentimiento del gobierno federal, incluidos los políticos locales vinculados al Partido de los Trabajadores. La propuesta no incluye la debida consulta a las comunidades indígenas, y pasa por alto la tradicionalidad de la tierra, siendo que ya hay tierras identificadas y reconocidas como tradicionales y originarias. Esta imposición es un proceso más de desterritorialización de las comunidades que insisten en acampar al margen de las carreteras cercanas a sus anhelados territorios.

El Ministerio de Pueblos Indígenas, a través de su gabinete de crisis, también ha estado señalando la retribución monetaria de los terratenientes por las tierras como única forma de solucionar los conflictos y efectivar la demarcación. En el fondo, continúa la política del Gobierno Federal de conciliar los intereses antagónicos entre propietarios rurales y Guaraní y Kaiowá^[13]. Sin embargo, este mecanismo abre un peligroso precedente al vincular los derechos originarios a la capacidad del Gobierno Federal de pagar los precios de mercado de las tierras exigidas por los terratenientes, sin tener en cuenta que estas son el fruto de violencias expropiatorias perpetradas contra los indígenas a lo largo de la historia republicana de Brasil, desde la cesión de 5 millones de hectáreas de tierra a la Compañía Matte Laranjeiras, pasando por la “Marcha al Oeste” durante el gobierno de Getulio Vargas en la década del ’40 del siglo pasado, hasta nuestros días. Además, en un contexto de austeridad fiscal para los derechos sociales, la lentitud en el pago a los terratenientes se convierte en un deliberado mecanismo de aplazamiento del acceso a la tierra.

La “liberalización” (léase «mercantilización”) de los territorios indígenas, efectuada a partir de la deslegitimación ideológica de la tradicionalidad a través de la compensación previa por la tierra desnuda, abre la posibilidad de que se lleven a cabo variantes distorsionadas de permuta de forma totalmente distinta a lo establecido por ley. Los grandes terratenientes pueden empezar a ofrecer tierras altamente degradadas a las comunidades que reclaman territorios, condicionando la entrega de las mismas a que las comunidades se replieguen y abandonen las zonas recuperadas. Esta situación se dio en la reciente audiencia conciliatoria entre las comunidades Guaraní e Kaiowá y los terratenientes en el Ministerio Público Federal por el conflicto de la TI Panambi-Lagoa Rica, donde estos les ofrecieron 150 hectáreas de tierra degradadas a los indígenas^[14]. En comparación con las 12.196 hectáreas reclamadas, esta permuta representó un cambalache inaceptable para los Guaraní y Kaiowá, que dignamente rechazaron la trampa. Las mismas 150 hectáreas de tierra ofrecidas como forma de negociación mediada por el MPF fueron objeto de una orden de desalojo a favor de los terratenientes. Si este tipo de «salida» se lleva a cabo en la TI Panambi Lagoa-Rica, se abre la posibilidad de un precedente que podría aplicarse en todo el país, además de promover la exención del Estado en el avance de las demarcaciones.

El paroxismo con que el agronegocio busca burlar los mecanismos institucionales que garantizan los derechos sociales y ambientales expresa una crisis estructural muy profunda, en la que el capital ya no acepta barreras contrapuestas a su proceso de expansión. Subordinada a las grandes corporaciones transnacionales y presionada por la feroz competencia en el mercado internacional de commodities, la burguesía agraria local no puede reproducir su patrón de acumulación y dominación sin un alto grado de destrucción de los seres humanos y de la naturaleza, llevando a la humanidad a los límites de la catástrofe y la mera supervivencia mediante la acumulación por desposesión. 

El control político se ha vuelto esencial a través de las bancadas en el Congreso Nacional, a través de los representantes ideológicos en el Supremos Tribunal Federal y a través de la ocupación de carteras en el Gobierno Federal, donde redes de burócratas, cuyos intereses están estrechamente ligados a la estabilidad del sistema, efectivizan el drenaje de la riqueza socialmente producida a través de cadenas globales de acumulación comandadas por los grandes monopolios del capital financiero internacional. Los dispositivos utilizados son los más diversos: exenciones fiscales por medio de la antigua Ley Kandir y, más recientemente, la reforma tributaria, la condonación de deudas para el sector y, en un caso notable que revela la asimetría del poder económico y político, el Plan Cosecha 2024-2025, que le destinó 600 mil millones de reales al agronegocio[15]. Las propuestas de indemnización previa de la tierra desnuda y la permuta en sus múltiples variantes, junto con la flexibilización de la constitución, son un capítulo más del saqueo en curso que refleja la crisis global en la que se encuentra actualmente el capital.

Los límites del Estado y de la gestión institucional de conflictos

Volviendo a las recuperaciones de Douradina, el 17 de julio, los terratenientes locales presentaron una demanda ante el 1º Juzgado Federal de Dourados, solicitando una medida cautelar para desalojar a la comunidad Guaraní y Kaiowá. La petición de los propietarios rurales fue aceptada y legitimada por el juez, que le dio a la comunidad un plazo de cinco días para abandonar su legítimo territorio tradicional, puesto que este ya ha sido identificado a partir del proceso demarcatorio. El juez, sin mencionarlo expresamente, utiliza la tesis del marco temporal para retirarle el carácter originario al territorio y tratar a los Guaraní e Kaiowá como invasores de su propia tierra. Al conceder la medida cautelar, el juez ignora por completo la existencia del proceso de demarcación, impidiendo que el pueblo defienda su territorio.

Desde la orden de desalojo, un helicóptero sobrevuela la zona recuperada, imponiendo el terror y trayendo a la memoria la masacre de Guapo’y de 2022, cuando un helicóptero de la policía militar literalmente cazó a los indígenas, dejando decenas de heridos y un muerto. Los hechos muestran cómo el estado democrático de derecho es funcional a los intereses del gran capital, dando un aire de legalidad y legitimidad a la concentración de la riqueza social y de la tierra, mientras recurre a la violencia directa cuando el control social se le escapa de las manos. El «desagravio inmediato» utilizado por los propios terratenientes y el uso de la seguridad pública para «apaciguar el conflicto» y «dar seguridad a los indígenas» son caras de la misma moneda de la desposesión de tierras. De hecho, según los propios Guaraní e Kaiowá, la Fuerza Nacional, convocada por el MPI, ha hecho la vista gorda ante las amenazas de los terratenientes o incluso ha agravado la tensión local.

El amplio abanico de instituciones creadas para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas: Gabinete de Crisis del MPI, Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas (GTPI), Defensoría Pública Federal (DPU), Departamento de Mediación de Conflictos del MPI, Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía (MDHC) – se ha mostrado inofensivo e ineficaz ante el juego de fuerzas en el que se apoyan los terratenientes a la hora de llevar a cabo un desalojo que anuncia un nuevo derramamiento de sangre. En la práctica, un MPI desfinanciado, despojado de sus competencias de demarcación territorial, ha sido instrumentalizado por el Gobierno Federal para intentar conciliar lo irreconciliable y retrasar la realización de un derecho fundamental e innegociable: el derecho a la tierra. Al hacer oídos sordos ante el desalojo e insistir en que se está dialogando con los terratenientes, el Gobierno Federal, en la figura de sus ministerios, está rifando los derechos originarios al mercado y desempeñando un papel subordinado a los intereses del gran capital financiero internacional.

Los Guaraní y Kaiowá ya se dieron cuenta de la política de apaciguamiento de las luchas y por eso resisten y se niegan a abandonar sus territorios secularmente usurpados. A pocos días del desalojo e inminente masacre, el pueblo Guaraní Kaiowá mantiene su resistencia y demuestra que la única reconciliación posible pasa por la demarcación de las tierras indígenas.

Notas:

^[1] https://deolhonosruralistas.com.br/2017/04/11/com-92-territorio-privado-ms-tem-maior-concentracao-de-terras-particulares-pais/

^[2]En un estudio reciente de Fian Brasil entre los Guaraní y Kaiowá, hay un hallazgo importante: las condiciones nutricionales de las comunidades mejoran en las zonas de recuperación con acceso a bosques y territorios para plantar huertos tradicionales. Disponible en:  https://fianbrasil.or.br/ssangk/

[3] https://www.brasildefato.com.br/2024/07/23/ameacas-mantem-retomada-indigena-sob-tensao-no-ms-estamos-nos-organizando-para-o-grande-conflito-diz-fazendeiro

[4] Entre los Guaraní y Kaiowá hay una atribución recurrente de referencia masculina y femenina, ritualmente, a través del significado de dos instrumentos rítmicos, la takuara y el mbarakas. La takuara está hecha de bambú y el mbaraka de porongo. El primer instrumento es una referencia directa a la figura de la mujer Guaraní y Kaiowá.

^[5] Uno de sus fundadores es Luiz Uaquim y en su formación contó con la presencia de Jair Bolsonaro, siendo su primer vicepresidente Ricardo Salles, ex-Ministro del Medio Ambiente.  https://proarmasbrasil.com.br/o-movimento/#_historia

^[6] https://www.brasildefato.com.br/2024/01/30/invasao-zero-quem-esta-por-tras-do-grupo-investigado-pela-morte-de-nega-pataxo

^[7] https://www.brasildefato.com.br/2023/05/29/zucco-recebeu-lideres-de-movimento-acusado-de-atuar-como-milicia-contra-o-mst-na-bahia

^[8] https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2024/06/09/pantanal-incendios-disparam-mais-de-1000percent-e-bacia-do-rio-paraguai-tem-seca-recorde.ghtml y https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2024/07/03/ms-registra-clima-de-deserto-e-e-um-dos-estados-mais-secos-do-brasil.ghtml

^[9] https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2024/06/21/seca-extrema-transforma-rio-em-deserto-de-areia-em-cidade-de-ms-veja-antes-e-depois.ghtml

^[10] https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2024/07/03/ms-registra-clima-de-deserto-e-e-um-dos-estados-mais-secos-do-brasil.ghtml

^[11] https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=533080&ori=1

^[12] La “Subasta de la Resistencia” se inició durante las campañas que posteriormente llevaron a la elección del gobierno de Bolsonaro y fue promovida por la Asociación de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), con el apoyo y la presencia de parlamentarios vinculados a la bancada ruralista en el Congreso Nacional. Como agricultor, empresario y gobernador, Riedel fue presidente del Sindicato de Maracajú, vicepresidente de la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul y director de la Confederación Nacional de Agricultura (CNA).

^[13] https://apublica.org/2024/04/lei-do-marco-temporal-ja-trava-novas-demarcacoes-diz-sonia-guajajara/.

^[14] https://terrasindigenas.org.br/pt-br/noticia/224730; https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/07/24/justica-intima-comunidade-indigena-guaranikaiowa-a-desocupar-area-alvo-de-conflito-fundiario-no-ms.ghtml

[15] El Plano Cosecha (Plano Safra en portugués), es un programa del Gobierno Federal que destina fondos a los productores rurales para costear insumos, equipamientos, etc.

Gabriela Guillén – científica social y educadora de la Escuela Nacional Florestan Fernandes del MST

Judite Stronzake – científica social y de la naturaleza y activista del MST

Karina Pinhão – investigadora del Observatorio Kuñangue Aty Guasu (OKA)

Katiuscia Galhera – politóloga, investigadora y madre