¿Qué tienen en común las leyes antisindicales del “derecho al trabajo”, la desinversión pública, el exceso de encarcelamiento y la prohibición del aborto? Según un informe del Instituto de Política Económica (EPI) publicado el miércoles, todas estas políticas de derechas forman parte de la guerra mortal de la élite gobernante estadounidense contra la clase trabajadora.

El asalto al acceso a la atención sanitaria reproductiva —que se intensificó después de que la mayoría reaccionaria del Tribunal Supremo de EE UU anulara el caso Roe contra Wade el verano pasado— ha sido más fuerte en los mismos estados en los que el ataque a los sindicatos y a los bienes públicos ha sido más pronunciado durante décadas, señala el EPI.

Aunque el informe no culpa a un solo partido de casi 50 años de represión salarial, los datos dejan claro que las legislaturas estatales dirigidas por los republicanos son la vanguardia de un esfuerzo múltiple y continuo para intensificar la explotación de los trabajadores mediante el debilitamiento de los sindicatos, los servicios sociales y el derecho al aborto.

No todos los demócratas han luchado sistemáticamente contra la destrucción de sindicatos, la austeridad y la expansión del Estado carcelario, pero la inmensa mayoría se opone al embarazo forzado y muchos apoyan la negociación colectiva y los programas sociales. Los legisladores del Partido Republicano están solos en la promulgación de las llamadas leyes de “derecho al trabajo” en 27 estados y las restricciones al aborto en 26 estados, aunque el gobernador demócrata de Louisiana, John Bel Edwards, firmó la prohibición del aborto en su Estado. 

“El aborto se ha enmarcado durante mucho tiempo como una cuestión cultural, religiosa o personal más que como una preocupación económica material, de las cosas de comer”, dijo en un comunicado Asha Banerjee, analista del EPI y autora del informe. “En realidad, el derecho al aborto y el progreso económico están fundamentalmente entrelazados, y la pérdida del derecho al aborto significa la pérdida de seguridad económica, independencia y movilidad para millones de personas”.

Según el informe, “los Estados que prohíben el derecho al aborto han construido intencionadamente durante décadas una arquitectura de política económica definida por normas laborales débiles, servicios públicos infrafinanciados y deliberadamente disfuncionales, y altos niveles de encarcelamiento”.

“Las restricciones al aborto”, continúa el informe, “constituyen una pieza más en un proyecto sostenido de subyugación económica y desempoderamiento”.

Basándose en su análisis del acceso al aborto a nivel estatal y en cinco indicadores de seguridad económica —salario mínimo, tasas de sindicación, seguro de desempleo, ampliación de Medicaid y tasas de encarcelamiento— Banerjee descubrió que “por lo general, los Estados que promulgan prohibiciones del aborto son los mismos que están desempoderando económicamente a los trabajadores por otras vías”.

Según el informe, los 26 estados con leyes restrictivas del aborto tienen de media salarios mínimos más bajos (8,17 dólares frente a 11,92 dólares en los estados que protegen el aborto); niveles de sindicación la mitad de altos que en los estados protegidos contra el aborto; sólo tres de cada 10 desempleados reciben seguro de desempleo (frente al 42% en otros Estados) menores tasas de expansión de Medicaid; y una tasa de encarcelamiento 1,5 veces superior a la de los Estados que protegen el aborto. El EPI compartió visualizaciones de estos resultados clave en las redes sociales.

Banerjee no es la única que señala que existe una conexión “directa” y “crítica” entre los derechos reproductivos y el bienestar económico. “El patrón consistente de prohibiciones estatales del aborto y resultados económicos negativos muestra cómo el aborto encaja en una economía y una política de control”, escribe. “Las restricciones al aborto son elementos de un régimen político de desempoderamiento y control sobre la autonomía y los medios de vida de los trabajadores, al igual que los salarios deliberadamente bajos, los servicios sociales insuficientemente financiados o el poder restringido de negociación colectiva”.

Citando una amplia gama de literatura de ciencias sociales, Banerjee señala que hay varias “consecuencias económicas negativas de la denegación del aborto, desde la prolongada angustia financiera hasta quedar atrapada en ocupaciones peor pagadas”.   

“Aunque el efecto de la denegación del aborto es abrumadoramente negativo desde el punto de vista económico, mental y físico, también hay pruebas sólidas de la otra cara de este argumento: que el acceso al aborto está asociado a resultados económicos positivos”, añade. “Es crucial que los responsables políticos reconozcan que el aborto es una cuestión económica con consecuencias económicas y restablezcan inmediatamente el acceso al aborto en todo el país”, afirma Banerjee.

“Además, los responsables políticos deben trabajar para desmantelar el paquete de políticas económicas adicionales que han perjudicado económicamente a los trabajadores durante generaciones”. “Los Estados que han prohibido o restringido el acceso al aborto son también los que han diseñado políticas económicas para que a los trabajadores les resulte cada vez más difícil mantenerse a sí mismos”, concluye Banerjee. “Junto con el apoyo a las protecciones para el acceso al aborto, los responsables políticos a nivel federal, estatal y local deben priorizar la legislación que mejore la seguridad económica, incluido el fortalecimiento de la negociación colectiva, el aumento de los salarios, la financiación de los permisos remunerados y la ampliación y mejora del acceso equitativo a los programas de la red de seguridad social, como el seguro de desempleo y la asistencia alimentaria y nutricional”.

Publicado originalmente en elsaltodiario.com