El 2 de marzo, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció una obra de gran porte concerniente a aguas. Desde aquel anuncio en el pleno de la Asamblea General, sabemos un poco más sobre el tema. Por ejemplo sabemos su nombre: Proyecto Neptuno.

También Sabemos, que de llevarse a cabo –actualmente se están realizando los estudios de factibilidad– implicará la creación de una toma de agua bruta en la zona de Arazatí y Bocas del Cufré (San José) sobre el Río de la Plata, una planta potabilizadora y una cañería de 80 km que le permita abastecer al área metropolitana de Montevideo. La obra sería complementaria de Aguas Corrientes y su costo rondaría los 200 millones de dólares.

Además, sabemos que al amparo de una ley promulgada en tiempos de crisis, que buscó promover la participación privada en la realización de obra pública y prestación de servicios (Ley 17.555 del 2002), un consorcio de empresas integrado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast presentó a Presidencia el proyecto. La ley de inversiones prevé facilidades en la licitación a los proponentes, que incluso pueden verse congraciados con una asignación directa, como contrapartida por su iniciativa.

La información vertida desde el 2 de marzo a esta parte ha suscitado posicionamientos contrarios al proyecto. La gravitación del sector privado y la pertinencia técnica de la obra parecen ser los focos de crítica mayoritario por parte de los movimientos sociales, entre ellos la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) y la Comisión en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV). Un reciente informe jurídico de presidencia avivó el debate sobre el proyecto.

Los actores consideran que la propuesta es contraria al articulo número 47 de la Constitución, que consagra el acceso al agua como un derecho humano fundamental a la vez que la provisión de agua potable y el servicio de saneamiento debe ser estatal. Además, la Constitución declara que la gestión del agua debe ser sustentable y solidaria con las generaciones futuras, otro punto que para FFOSE y CNDAV no fue incluido por las autoridades en el análisis jurídico del proyecto. El informe también consigna que de llevarse a cabo el proyecto, además de la construcción; el mantenimiento y operación de la planta potabilizadora quedará a cargo del asignatario de la obra. Este último punto es una señal clara, según los actores mencionados, del afán privatizador del proyecto, que redundaría según los integrantes de FFOSE en un debilitamiento de la presencia del Estado en la provisión y potabilización de agua, en pos de operadores privados.

La posibilidad de que el Plan Neptuno contravenga las disposiciones constitucionales en la materia, lo pone en relación con el antecedente más sonante –y reciente– de reformas privatizadas sobre aguas en Uruguay: La Ley de Riego con destino Agrario, del año 2017. Los integrantes de FFOSE relacionaron ambos procesos. Por ejemplo, alertaron sobre la posibilidad de que el Estado, gracias a la obra propuesta, venda a privados sus reservas de agua haciendo uso de las disposiciones de la ley del 2017 .

A la par de la visión señalada, los integrantes del conglomerado proponente, también han apelado a relacionar ambos procesos para solventar su posición. Durante una entrevista en el programa radial En Perspectiva, Alejandro Ruibal, director de Saceem, se refirió a la posibilidad de venta de agua para riego, negocio para el cual mencionó un formato de actividad público privada. Según Ruibal, el esquema se vería potenciado por obras en la zona de Casupá, lo que permitiría a OSE tener más agua bruta disponible en el centro del país para dicho fin.

En ambas márgenes, y con diferentes usos, se pone en relación las disposiciones de la ley de riego y la obra propuesta. En este punto, podemos señalar una fenómeno que ha signado la manera en que los propulsores de la ley de riego, en su momento, defendieron públicamente la medida y que también vemos aparecer en el Proyecto Neptuno: las ficciones hídricas.

Con este concepto refiero a los discursos particulares que acompañan los proyectos o modificaciones que buscan caminos, tal vez menos explícitos que en décadas pasadas, de mercantilizar el agua por medio de aumentar la injerencia del mercado en las formas en que fluye y yace el agua en Uruguay. Ficciones, porque están basados en consignas alejadas de la realidad, lo suficientemente alejadas para soslayar sus impactos ecosociales y blindarse ante los cuestionamientos.

Si nos retrotraemos a los debates del 2017, cuando se discutió la ley de riego en ambas cámaras, encontramos argumentaciones basadas en el concepto de las aguas perdidas¹. De este se sirvieron varios referentes de lo que era en ese momento el oficialismo, entre ellos el entonces senador José Mujica, y el ex Ministro de GAP Tabaré Aguerre. Sucintamente, podríamos definirlo como la idea de que el agua dulce que cae del cielo en forma de lluvia se pierde en el Océano. El argumento, está muy reñido con cualquier visión mínimamente informada sobre las formas en que el agua fluye. Basta con observar la relación sistémica entre el espejo de agua a la vera del camino y las lluvias, aguas subterráneas, arroyos, bocas de tormenta, cañerías y océanos. Por lo que suena demasiado simplista creer que el agua que fluye en un territorio no es resultado de un ciclo hidrológico más complejo, donde el agua escurrida a la costa vuelvea regar el territorio en forma de lluvia.

La ficción de las aguas perdidas se potencia con la productividad, con usar al máximo los recursos. Donde la pulsión por acaparar el fluido va en desmedro de su calidad, que en lugar de recorrer su ciclo yace en represamientos donde el riesgo de eutrofización es muy alto. En la lógica interna de este razonamiento, no represar aguas es ver como se pierde algo que es importante para acrecentar la producción agroindustrial, por ende se debe embalsar agua para aumentar el rendimiento de los cultivos (principalmente soja transgénica y maíz). En este movimiento la ficción de las aguas perdidas deja a los suyos del lado correcto, del lado productivo, que por medio de obra quiere progresar (aunque implique grandes impactos ecosociales, aunque implique basarse en premisas dudosas).

Volviendo al presente, y al Plan Neptuno, el lubricante de los discursos es igual de reñido (tal vez más) con la sensatez intelectual. La ficción en este caso, es la del agua infinita. Tirando de la madeja encontramos las primeras menciones en los discursos de los promotores del proyecto. En la entrevista mencionada, podemos escuchar a Ruibal refiriendo a una toma de agua bruta de una fuente infinita, justificando su argumento por medio de que: “nunca se secó el Río de la Plata”. Este concepto no es ajeno a OSE, que en su Balance 2020 y dentro de la sección de Impulso de Iniciativas Privadas se puede leer: ”Nueva Captación desde la fuente infinita [énfasis agregado] del Río de La Plata”. De forma tal que, junto con el proyecto de la nueva planta, el gobierno incorporó la idea de la infinitud del agua.

Desde los años 80 la sostenibilidad entendida como satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras, ha penetrado en los discursos a escala global impulsada principalmente por las Naciones Unidas. Pese a las problemáticas que encierra este constructo teórico, y la presteza con que quienes comprometen más el futuro lo han hecho propio, es una realidad que empujó fuera de la discusión pública cualquier enfoque que niegue la finitud de los recursos naturales. En este sentido, la ficción hídrica del agua infinita parece estar dislocada incluso de los enfoques de agentes, muchas veces tan desaprensivos con los costos ecososciales, como son los organismos internacionales.

Más allá de una licencia argumental, ya que no hay dudas sobre la imposibilidad de que algo tan escaso y en crisis como el agua satisfaga la categoría de ser infinito, la búsqueda de disponibilidad de agua bruta “infinita” es un peligroso recordatorio de las posibilidades de expansión del agronegocio que encierra esta ficción hídrica. Con embalses de OSE dedicados a la venta de agua, el Estado tendría un rol fundamental en impulsar procesos privatizadores del agua.

Por medio de las ficciones hídricas, podemos encontrar una conexión entre los dos procesos. Lo que permite resaltar las cualidades discursivas que acompañan proyectos más amplios, que redundan en la privatización y mercantilización del agua. Además, los requerimientos del agronegocio aparecen como factor estructurante de ambas ficciones, lo que da cuenta del consenso en los principales partidos que suscita esa actividad económica.

En un gobierno que se fuerza por desmarcarse de su predecesor, es preocupante encontrar ciertas concordancias. La privatización del agua en en nuestro país parece ser una corriente que conecta los gobiernos pasados y presentes. Tal vez sea hora de acudir al mito, cuando ante doce dioses, Minerva derrotó a Neptuno, dandole a la civilización en lugar de artefactos de guerra, una simple rama de olivo.

1 El concepto ficción de las aguas perdidas fue desarrollado originalmente en por Carlos Santos en Zur