Dos imágenes para un solo paí­s. La  tercera parte del territorio inundado, las cosechas perdidas, casas destruidas, aldeas soterradas en el Ixil, Cobán, Polochic, Jocotán, Ixcán, Petén y cientos de comunidades más. Al interior de esa imagen las comunidades se ayudan entre sí­ para resolver asuntos puntuales de vivienda y alimentación. La otra imagen. La sesión en el Congreso de la República donde los diputados aprueban el presupuesto millonario de 99 mil 700 millones de Quetzales, sostenido en deuda pública y dos dos préstamos millonarios.

La estructuración del presupuesto no tiene como eje central el apoyo a las comunidades afectadas por los huracanes, y reduce drásticamente el presupuesto a la defensa de los Derechos Humanos.  El resultado: manifestaciones públicas en todo el país, en las cabeceras departamentales, en los municipios los Alcaldes Comunales, Junta Directiva de 48 cantones en Totonicapán, Alcaldía Indígena de Sololá (1) marcharon en los departamentos, así como varias organizaciones  sociales, de jóvenes y de mujeres llamaron a manifestaciones públicas para exigir dar marcha atrás al presupuesto y la deuda. A pesar de las inundaciones, las comunidades afectadas también protestaron. En varios lugares, las comunidades pidieron que los diputados que votaron la aprobación del presupuesto dieran una explicación por la razón de sus decisiones. Así transcurrió el 21 de noviembre en el país. 

En la ciudad de Guatemala, también se desarrolló una protesta pacífica y trascendió la quema del edificio del Congreso de la República (hasta el momento de esta nota la Bancada Une, en conferencia de prensa, acusó al Presidente del congreso de planificar la quema).  Mientras que lxs manifestantes, reiteraron que se trata de una manifestación pacífica, pues mientras el Congreso se incendiaba, la Plaza de la Constitución (a unas cuantas cuadras del congreso) estaba llena de quienes se manifestaban pacíficamente. Por la tarde, la policía antimotines reprimió con gases lacrimógenos dejando heridxs y varixs encarcelados que caminaban las calles cercanas al Palacio Nacional y el Congreso, que pasaron la noche en la carceleta la Torre de Tribunales donde la actuación del Ministerio Público ha sido desproporcionada sin respetar el debido proceso en la imputación de los delitos. 

¿Qué sucede en Guatemala? Un país en el que recién hace 20 años se finalizó formalmente la guerra interna donde los muertos, masacrados y víctimas fueron las comunidades indígenas. En Guatemala, en lo que se refiere a su estrategia de acumulación actual, el extractivismo en minería o hidroeléctrica, es su política de Estado; varias comunidades han denunciado la apropiación ilegal de tierras por parte de empresarios y militares. El colonialismo prolongado en el Estado ha moldeado la institucionalidad política y administrativa.  La contracara de ello es la lucha comunal que ha activado recursos legales y políticos para la defensa de la propiedad colectiva de las tierras. Esto mismo ha generado una serie de consecuencias, miles de comunitarias y comunitarios con órdenes de captura, cientos encarcelados y varios muertos. 

Las inundaciones, desbordes de ríos, deslizamientos y destrucción de comunidades por la  tormenta Eta coincide con los lugares donde las empresas han impuesto por la fuerza los proyectos extractivos, pues las  empresas hidroeléctricas y las mineras han trastocado el ciclo natural de los ríos y eso ha afectado al ciclo general de la vida. 

El  Gobierno de Giammattei fue electo en 2019 con un alto grado de abstencionismo donde obtuvo únicamente 1 millón 907 mil 767 votos de más de 7 millones de votantes registrados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El hoy presidente continuó la estrategia de despojar pueblos para garantizar la acumulación de la industria extractiva.  Sucedió a Morales,  que dejó la silla presidencial con protestas por acusaciones de su responsabilidad en el incendio de una casa hogar de niñas -que se conoció como “Quema del Hogar Seguro”- entre varios escándalos más. El 17 de enero, un día después de tomar posesión -Giammattei- decretó que se instalara Estado de Prevención en varios municipios del centro del país. En los meses de mayo a julio instalaron Estado de Sitio para los municipios de Sololá, Izabal y Alta Verapaz. En lo que va del año 2020 se han planificado varios desalojos de tierras en la región del Polochic y Cobán, que las comunidades han logrado detener, y aprovechó para militarizar pueblos y comunidades como estrategia para el trato del  COVID-19. 

Las manifestaciones siguen en varios pueblos y comunidades.  El presidente ha llamado a la OEA para que intervenga debido a la inestabilidad política. Grupos de diputados piden la renuncia de la directiva del Congreso. Guatemala atraviesa un momento político abierto. Por un lado las movilizaciones lograron poner un freno a la estrategia del Gobierno y el Congreso a su proyecto de presupuesto y por el otro, la comunidad internacional ha dado señales de resguardar la estabilidad. Vale la pena no perder de vista que la energía procede de las comunidades y ciudadanos organizados y que es la misma fuerza que ha sostenido el apoyo a las comunidades afectadas por los huracanes. 

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(1) Se trata de dos históricas instituciones del gobierno indígena que a lo largo de los años han generado movimientos desde sus pueblos que tienen la capacidad de alcanzar el nivel nacional.

*Gladys Tzul es socióloga maya q’iche’. Simón Antonio Ramón es periodista q’anjoba’l. Integran el Instituto Amaq’