En un mismo día el gobierno de Uruguay decretó el fin de la crisis hídrica, adjudicó la mayor obra de privatización del agua en la historia del país al tiempo que la fiscalía imputó a un dirigente sindical de FFOSE. Las causas profundas que produjeron 4 meses de agua no potable siguen inalteradas.

El 23 de agosto fue un día plagado de coincidencias para la situación del agua que se vive en Uruguay. O quizás fue producto de una cuidadosa planificación propia de una estrategia de marketing político.

Por un lado y luego de contundentes eventos de precipitaciones registrados en el mes de agosto, el Poder Ejecutivo decretó el fin de la emergencia hídrica que había iniciado el pasado 19 de junio a causa de la grave situación de abastecimiento de agua potable a Montevideo y su zona metropolitana[1].

Al mismo tiempo, el Directorio de Obras Sanitarias del Estado (OSE) adjudicó una licitación internacional para la construcción de una planta potabilizadora de agua de gestión privada que se instalará en la zona de Arazatí, departamento de San José, conocida como Proyecto Neptuno.  Según se supo, la obra costará más de 800 millones de dólares, que se pagarán al consorcio privado durante un período de 18 años. Esto no incluye los costos operativos de la obra, como los referidos al proceso de potabilización, lo que implicará un aumento de 50 millones de dólares por año, en promedio, cuya única fuente prevista de financiamiento es la tarifa de agua potable que pagan todas las personas usuarias del sistema.

Los gobernantes han dicho que se trata de la mayor inversión en agua potable en los últimos años, lo cual lamentablemente es cierto. No han dicho que esa inversión pública será en realidad una transferencia directa al sector privado, en una modalidad de contratación y gestión que la Constitución de la República prohíbe explícitamente para los servicios de agua potable y saneamiento desde el año 2004 (a partir de una iniciativa popular refrendada por la ciudadanía) y por la Ley 18.610 desde 2009, una Ley vigente, aprobada en el parlamento nacional con votos de legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Por si esto fuera poco, el mismo día la Fiscalía anunció que solicitará la imputación penal del presidente del sindicato de OSE, Federico Kreimerman, por atentado especialmente agravado, por incidentes ocurridos durante una movilización sindical en rechazo al proyecto Neptuno.

Esta fuerte presencia comunicacional de “noticias” ligadas al agua tratan de esconder, aunque no lo logran, la gravedad de la situación que generó la crisis de abastecimiento de agua potable en Montevideo y su zona metropolitana. La que sigue incambiada.

En lo que respecta al agua de la canilla hasta el 14 de agosto, según datos disponibles por el Observatorio de Salud Ambiental[2] el agua no cumplió con las condiciones de potabilidad de la propia regulación. Si bien los niveles de cloruro y sodio se encuentran dentro de los valores de referencia (los elementos para los cuáles OSE solicitó una ampliación excepcional de los umbrales permitidos ante el Ministerio de Salud Pública) no sucede lo mismo con compuestos como los trihalometanos, que desde el inicio de esta crisis han estado por encima de la norma que define al agua como potable. Los trihalometanos son compuestos que se producen por el agregado de cloro para la desinfección del agua y se clasifican como contaminanes de efecto crónico.

Las autoridades responsables de la gestión del agua tanto a nivel del abastecimiento de poblaciones como de la gestión integral de los territorios no han tomado medidas de preservación del ciclo hidrológico en las zonas afectadas por esta grave sequía, que agudizó las condiciones de disponibilidad en cantidad y calidad que ya venían afectada por la intensificación de las actividades extractivas vinculadas al agronegocio

¿Cómo se prepara el país para hacer frente a una crisis de esta magnitud o superior que podría suceder en el futuro? No lo sabemos, sigue sin existir un plan. El gobierno parece refugiado en el éxito de su experimento que implicó delegar la cobertura de agua potable para la población de Montevideo y el área metropolitana a las manos del mercado de agua embotellada.

El sistema público de abastecimiento de agua potable, muy por el contrario, queda afectado por una seria crisis de credibilidad técnica y política, con recursos económicos comprometidos a 20 años por la Iniciativa Neptuno que deja un componente importante del sistema en manos de gestión privada en una zona no adecuada para la potabilización.

No es sensato tratar de ocultar la gravedad de una situación que persiste con una batería de intervenciones surgidas de un manual de manipulación de la opinión pública.

Notas

[1]    Gobierno deja sin efecto emergencia hídrica en zona metropolitana. Acceso: https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/gobierno-deja-sin-efecto-emergencia-hidrica-zona-metropolitana

[2]    Plataforma del laboratorio Ecotech, Acceso: https://www.ecotech.com.uy/articulos/observatorio-salud-ambiental