El martes 31 de octubre, en Tegucigalpa, Honduras, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas –Gaipe- junto con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras -Copinh- presentaron un informe sobre el asesinato de Berta Cáceres y el atentado a Gustavo Castro ocurridos el 2 de marzo del 2016.

El Gaipe fue conformado poco tiempo después del asesinato de Cáceres cuando el Estado hondureño se negó a las exigencias de los familiares e integrantes del Copinh de crear una investigación independiente con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh-, las Naciones Unidas y otros actores nacionales e internacionales. Tal negativa evidenció la necesidad de unir expertos independientes, nacionales e internacionales, para contar con una investigación verás.

El análisis de los hechos ocurridos y sus antecedentes consistió en la unificación de una fracción de las pruebas que tiene el Estado sobre el caso junto con visitas, entrevistas, informes de diferentes organismos de derechos humanos, procesos penales por denuncias del Copinh y otras acciones legales que no se estaban teniendo en cuenta por el organismo oficial encargado.

Como resultado de este trabajo está un informe de 92 páginas titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres. Su primera conclusión es que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino que fue planificado y calculado porque hacía parte de una estrategia más amplia para aniquilar la oposición al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca de la Empresa de Desarrollos Energéticos S.A. -DESA.

Persecución al movimiento social

Todos estos hechos forman parte de un plan para eliminar a la oposición del Gobierno y de las empresas trasnacionales, que incluye el asesinato selectivo, campañas de desprestigio, seguimiento, amenazas, sabotaje, ruptura del tejido social de las comunidades, etc.

Dichas acciones se llevan a cabo entre varias manos: funcionarios gerenciales, operativos y personales directivos de DESA, empresas de seguridad privadas, funcionarios públicos y aparatos de seguridad del Estado.

“La Secretaria de Seguridad de Honduras cumplió un doble rol. Por un lado, destinó personal y recursos para la protección de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca, influenciada por las relaciones con socios y personal directivo de DESA; y, por otro lado, omitió proteger a la lideresa, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores”, denuncia el informe.

La investigación también señala a las instituciones financieras internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, el Banco de Desarrollo Holandés -FMO- y el Finnfund. Asegura que “dichas entidades tenían conocimiento previo de las estrategias empleadas por DESA, a través de reiteradas denuncias y estudios de consultores internacionales. Pese a ello, no adoptaron medidas idóneas, eficaces y oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas impactadas por la represa Agua Zarca, ni mucho menos para proteger la vida e integridad de Berta Isabel Cáceres Flores”.

Crimen muy bien pensado

Frente el asesinato como tal, el Gaipe asevera que la planificación empezó en noviembre de 2015 cuando el Copinh y las comunidades indígenas realizaron movilizaciones en oposición al proyecto Agua Zarca. Desde ese momento, algunas de las personas imputadas en el proceso y otras que aún se desconocen realizaron labores de reconocimiento y seguimiento. En febrero hubo un operativo que tenía el mismo objetivo de asesinar a Cáceres pero se abortó por cuestiones logísticas.

El informe afirma que el día 2 de marzo al menos cuatro de los presuntos autores materiales del asesinato se agruparon para desplazarse a la ciudad donde vivía Berta Cáceres (La Esperanza) donde realizaron el asesinato en horas de la mañana.

El Gaipe declara que después del crimen “los socios y directivos de DESA mantuvieron contacto con autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Preventiva para conocer los detalles de las primeras diligencias judiciales relacionadas con el asesinato, inclusive, antes de ser informada la familia de Berta Isabel Cáceres Flores o sus representantes legales”.

“Pese a la secretividad -continúa- con que se ha manejado la investigación, el Gaipe ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016. Esos hechos aún permanecen impunes”.

La forma secreta y cerrada en que el Estado lleva el caso, según asegura dicho informe, ha sido uno de los obstáculos más grandes para la investigación.

El interés del Gaipe, el Copinh, la comunidad y los y las familiares siempre ha sido en la búsqueda por los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Ese no fue un crimen aislado ni propio del contexto de Intibucá, donde Desa quiere construir su proyecto hidroeléctrico.

Desde entonces el mundo pide justicia para Berta Cáceres

Este 2 de noviembre se cumplieron 20 meses del asesinato de Berta Cáceres. Son 20 meses de impunidad y falta de voluntad real del Estado hondureño para ejercer la justicia que le corresponde al hecho. Sin embargo, el Copinh hizo un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones sociales del mundo que han acompañado el proceso a que continúen la búsqueda de justicia.

Se entregaron en las sedes de diferentes embajadas de Honduras una carta escrita por el Copinh donde exige justicia para Berta.