Transcurren 40 días del juicio contra David Castillo como co-autor del asesinato de Berta Cáceres en 2016. En los tribunales de Teucigalpa, Honduras, terminó recientemente la evacuación de pruebas de la acusación privada. Mientras sucede el juicio, el campamento feminista ¡Berta Vive! acuerpa la búsqueda de justicia y la lucha indígena- comunitaria contra el extractivismo sigue.

Ya van más de 5 años del asesinato de Berta Cáceres, sucedido el 3 de marzo de 2016. Berta, mujer Lenca, tejedora de luchas comunitarias en defensa del Río Gualcarque, fue una de las voceras contra la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca y su lucha fue referencia de tantas otras luchas contra el extractivismo en Honduras y en toda América Latina.

Desde hace más de un mes, transcurre el juicio contra David Castillo, bajo una atenta mirada nacional e internacional. Durante esta primer etapa se ha procedido a la evacuación de pruebas desde la parte acusatoria pública y privada, que componen respectivamente el Ministerio Público y un equipo de abogados. El equipo encargado de la acusación privada ha mostrado pruebas y peritajes de expertos/as. Se han llamado a distintos testimonios, como lo de sus compañeras de lucha Indyra Mendoza, Rosalina Dominguez y Melissa Cardoza. También ha declarado una de sus hijas, Berta Zúñiga, actual coordinadora del COPINH.

El 2 de junio pasado, cuando se cumplían 63 meses de que entraran a su casa y la mataran, desde el COPINH se convocaban una vez más a sostener el proceso de justicia prendiendo altares. Su llamado y cada vela que se encendió en su nombre recuerdan que, aunque el juicio sucede puertas adentro de un tribunal, es posible porque una trama ha mantenido la lucha abierta, porque hay muchas y muchos trabajando para que se produzca justicia.

En todos estos años se han sucedido informes, acciones de difusión y un juicio previo. Lo que sucede ahora es un juicio oral y público, en la justicia hondureña. En los tribunales de Tegucigalpa, la primera parte del juicio ha sido la evacuación de pruebas de la parte acusatoria. Aún falta la prueba de la defensa, las conclusiones y la deliberación del tribunal. La prisión preventiva de David Castillo fue extendida durante el juicio hasta el 23 de septiembre de 2021. Castillo había buscado huir del país en 2018 y recientemente la defensa buscó dilatar el juicio para intentar que antes de la sentencia saliera en libertad.

Desde el COPINH se está transmitiendo diariamente cada audiencia en vivo y se emiten informes diarios de su avance [1]. En las afueras de la Suprema Corte de Justicia el campamento feminista ¡Berta Vive!, sostenido desde distintas comunidades, acuerpa la lucha.

El pedido es de justicia para Berta y al mismo tiempo para todas quienes han defendido el río, para quienes defienden cada territorio del despojo, con la fuerza de quienes lucharon antes: “Encendamos una vela por la justicia, una vela por las ancestras y ancestros que habitan en los ríos y moran en las montañas, una vela por la defensa de los bienes comunes y la naturaleza ¡#BertaVive la lucha sigue!”

Castillo, el gerente militar

El juicio en curso es contra David Castillo Mejía, al que se acusa como autor intelectual del asesinato de Berta. Se trata del gerente de Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la empresa ejecutora del proyecto Agua Zarca. Castillo era una de las principales figuras del proyecto hidroeléctrico que se buscaba instalar, pero que la lucha detuvo. El jucio actual intenta demostrar que se trató de una decisión de la empresa, como modo de desarticular la lucha e imponer el proyecto.

El pedido de justicia se aboca a construir verdad y a frenar la impunidad con la que opera el extractivismo, en complicidad entre empresas, militares y estado. Precisamente Castillo tuvo formación militar en Estados Unidos e integró órganos de inteligencia en Honduras. El pedido de justicia se expande en la acusación contra Daniel Atala Zablah, el gerente financiero de DESA -el superior de Castillo- y a otros integrantes de la familia Atala Zablah. Aún no está ese juicio en curso porque el Ministerio Público no emite requerimiento fiscal oficialmente para ese caso, pero si fue llamado a declarar a tribunales recientemente.

Antes que este, hubo un juicio anterior en 2018 en el que fueron ya condenados en calidad de autores materiales del asesinato 7 hombres. Por una parte a Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente ambiental de DESA, Douglas Geovanny Bustillo, un ex-militar y Mariano Díaz Chávez, un Mayor del Ejército y por otra, a 3 sicarios Edison Atilio Duarte Meza, Oscar Aroldo Torres Velazquez, Elvin Heriberto Rapalo Orellano y a quien señaló cual era la casa de Berta, Henrry Javier Hernandez. El anterior juicio ya había realizado la sentencia explicitando se trató de un asesinato para debilitar la resistencia al proyecto, este nuevo proceso busca mostrar qué otras responsabilidades están tras esta decisión.

Desde la parte acusatoria se presentaron varios peritajes. Uno de ellos, a cargo de Harald Waxenecker analizó la posición de poder de Castillo en el entorno empresarial–institucional, para mostrar que está vinculado con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta. Por otra parte, Andrés Arrieta realizó otro peritaje en el que a través de las frecuencias de las telecomunicaciones de los integrantes de la estructura organizativa da cuenta que se planificaron y coordinaron operativos para realizar el atentado contra Berta. En los peritajes se evidencia que Castillo y la empresa usaron informantes para conocer los movimientos del COPINH en general y de Berta en particular, y se explicita que la participación militar de Castillo fue un elemento que le permitió ocupar posiciones de poder. Asimismo se muestra un tipo de proceder militar en cómo Castillo determinó la compartimentación de las comunicaciones entre los sicarios y representantes de la empresa, un elemento característico para mantener a los asesinos sin contacto directo con los directivos y eximirlos de responsabilidades.

La comunidad Lenca contra el extractivismo

Repasar el juicio es volver a una historia larga de lucha. Desde 2006 inicia la lucha de la comunidad Lenca del Rio Blanco contra la hidroeléctrica, que se va tejiendo en conjunto con el COPINH que ya existía como organización desde 1993. Hace más de 10 años, en 2009, luego del golpe de estado sucede un aumento de mega-proyectos, en los que crecen los proyectos de hidroeléctricas para abastecer de energía barata a las mineras, no a las comunidades. Durante 2010 comienzan las acciones en Tegucigalpa y cobra cada vez mayor visibilidad el conflicto, pero el proyecto sigue, de modo que en 2013 las comunidades bloquean carreteras como medida de lucha. En medio de esa lucha se produce el asesinato del referente Lenca Tomás García, baleado por un militar frente a las instalaciones de Agua Zarca. El 2013 fue un año clave porque tras la muerte de García la firma Sinohydro retiró su participación en el proyecto, sin embargo el hostigamiento contra la comunidad no cesó. Su asesinato es el precedente para mostrar las alianzas entre empresas y ejercito, que fue mostrado en el juicio efectuado en 2015 [2]. 

Desde el testimonio de varias mujeres, incluida la hija de Berta, se muestra que Agua Zarca generó un ambiente hostil, con amenazas y ataques, especialmente contra Berta. Entre los documentos presentados en el marco de la justicia figuran registros telefónicos aparece una comunicación del grupo de seguridad de la empresa en la que se señala “Es evidente que mientras no llegue Tomas o Berta el movimiento de se debilita y hay poca convocatoria. De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones”[3].

La violencia contra las mujeres y el feminicidio territorial de Berta

Uno de los peritajes presentados fue el realizado por parte de la Dra. Gladyz Tzul. Se trata de un informe clave para dar cuenta de la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas defensoras de territorios, es decir, para mirar en contexto el caso de Berta Cáceres y la defensa del Río Gualcarque. La socióloga maya k´iche´ recupera el concepto de “feminicidio territorial” acuñado por Lorena Kab’nal, feminista comunitaria maya xinka, para argumentar que el tipo de violencia que recayó sobre Berta es parte de las violencias que recaen sobre los cuerpos- territorios de las mujeres [4]. Esto es, no es solamente un asesinato de un líder indígena, no es una violencia neutra, sino una violencia brutal contra una mujer en defensa de un territorio para amedrentar a todas aquellas que lo hacen. En el peritaje se describe que hubo hostigamiento y violencia previa, amenaza, persecución, desprestigio, especialmente hacia Berta, pero también a otras mujeres lencas que participaban de la lucha.

Tzul revisa la historia comunal de las luchas de las mujeres Lencas, para mostrar que los ataques en contra de las luchas comunales que dirigía Berta Cáceres se buscaba despojar de tierras y aguas comunales, y en este caso permitir se instale la hidroeléctrica Agua Zarca. En el informe se muestra además que desde hacia varios años Berta conjugaba la defensa de la vida y la crítica a la violencia contra las mujeres. En 2010 junto a otras mujeres Berta organizó la Corte Popular de Mujeres del COPINH en el que se revisaron asuntos sobre violencia intrafamiliar, irresponsabilidad paterna, explotación laboral, violencia contra las mujeres. Se conocieron, acusaciones, se escucharon testimonios y se dictaron sentencias. Es desde este mismo lugar donde se inició la sistematización sobre los efectos de la violencia contra las mujeres que estaban provocando los proyectos extractivos.

La fuerza del Rio Gualcarque fluyendo en su palabra

El campamento feminista, en un comunicado expresado el 11 de mayo señalaba que se pronunciaban “con alegría y esperanza porque muchas personas de las comunidades lencas, garífunas, chortís, tolupanas, mestizas se acercan a atestiguar el proceso de justicia para nuestra compañera y hermana Berta Cáceres” [5]. Desde esta coordinacion entre la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el COPINH y la organización fraternal negra hondureña (OFRANEH) se ha acompañado a quienes han tenido que ir a declarar.

La presencia de comunidades Lenca en las afueras de la Corte Suprema de Justicia fue tomado desde tribunales como una posible amenza, buscando incluso suspenedr el juicio an alguna oportunidad. Sin embargo allí se mantienen, con sus comisiones de trabajo, sus fogones y cocinas comunitarias y convocando a otres a que “traigan su fuerza, su música, sus consignas y la digna rabia”.

Desde esa fuerza han declarado otras mujeres luchadoras, compañeras, amigas e hijas de Berta. Desde el COPINH llamaban a acompañar su declaración con velas y altares para que “la fuerza del Río Gualcarque fluya en su palabra”. Melissa Cardoza, en su declaración el 29 de mayo recordaba que Berta sigue sembrada en todas las rebeldías. Melissa también declaró que conoció a Castillo el 2014 y que estaba al tanto del seguimiento que él le daba a Berta, y que Berta le afirmó no confiaba en él.

Por su parte Indyra Mendoza, en su declaración recordó que desde el COPINH se oponían al proyecto por “ la afectación de las montañas y el bosque”, por la violencia que suponía para la comunidad que defendía su Rio Sagrado. Rosalina Domínguez, lideresa de la comunidad de Río Blanco, también testificó para volver a insistir en que en la visión indígena el Río Gualcarque es sagrado y para dar cuenta de las visitas que David Castillo hacía a la comunidad para intentar convencer del proyecto.

Una de sus hijas, Berta Zuniga, también testificó. En su declaración insistió en que la imposición de la represa Agua Zarca fue ilegal, que no cumplió con la consulta previa, libre e informada que debe hacerse en la comunidad, denunciando que incluso hubo firmas falsas. Reitera además que hay una ligazón entre quienes explotan la tierra y violentan a las mujeres y a las poblaciones indígenas. Habla de Berta diciendo “mi mami” y recuerda que ella había alertado a sus hijas de que si algo le sucedía era responsabilidad de la empresa.

No toda la justicia saldrá de este recinto

Desde el campamento feminista, al instalarse en el recinto de la Suprema Corte declaraban “Sabemos que no toda la justicia saldrá de este recinto, pero el juicio es un paso firme hacia la verdad para Berta y las comunidades lencas del COPINH, así como para todas y todos que somos parte de esta Causa”. Es que la búsqueda por justicia es para mostrar que existe un sicariato empresarial, es decir, además de la justicia por el asesinato de Berta, se sienta precedentes sobre “la colusión entre empresarios, funcionarios y las fuerzas de seguridad del país” según indica el abogado del Copinh Victor Fernandez. El abogado agrega que en el juicio “se ha puesto al sistema de justicia a debatir sobre sus propias corrupciones, sus propios delitos” [6].

Sobre esta mirada más amplia de la justicia, sucedieron dos hechos relevantes durante el mes de mayo, mientras el juicio acontece. A principios de ese mes aparece una noticia que se interpreta como parte del proceso de justicia: se niega el otorgamiento de un nuevo préstamo del banco holandés FMO al banco FICOHSA de Honduras por las reclamaciones acerca de su involucramiento en actos de corrupción, así como graves violaciones de Derechos Humanos. Tal banco es de Camilo Átala, la misma familia ligada a la empresa DESA.

Berta había establecido contacto con distintos financiadores extranjeros para impedir los proyectos, pero se la había desoído. Una vez que se vincula el asesinato con los fondos de inversión y los bancos quedaban ligados a violaciones de derechos humanos, las financiación internacional a proyectos como Agua Zarca se ven limitadas. Al conocer la noticia el COPINH se pronunciaba diciendo “el camino correcto es el de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que hemos sufrido del coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las élites económicas” [7]. Se exige además el esclarecimiento de las responsabilidades de otros bancos como el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.

A finales de ese mismo mes se anunció que se retiraba financiación de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, (DFC), la cual proporciona financiamiento al sector privado para el proyecto Jilamito, otra hidroeléctrica, en este caso impulsada por la empresa Inversiones de Generación Eléctricas Sociedad Anónima (INGELSA) en la zona de Arizona del departamento de Atlántida. Aunque el BID aún mantendría su financiación, esta decisión se ve como un avance para las comunidades que desde 2017 sostienen una fuerte resistencia comunitaria en la zona en defensa del río, que ha supuesto la criminalización de varias personas. Existieron entre organizaciones como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) acciones conjuntas con organizaciones no gubernamentales en Estados Unidos para para presionar el retiro de financiamiento.

El campamento en sí mismo es una forma de abrir la noción de justicia. Quienes sostienen el campamento recuerdan que así como en vida Berta nunca estuvo sola en su lucha contra la hidroeléctrica, tampoco está sola hoy mientras se busca justicia. Desde la fuerza que ella dejó y otres hoy reconocen se seguirá exigiendo justicia, porque la lucha por la justicia para Berta es para todas y todos.

[1] Acceso a resumen diario del Juicio

[2]Declaración Copinh por julio por asesinato de Tomas García

[3]Se trata de extracciones del chat corporativo número 298, denominado SEGURIDAD PHAZ, creado en 2015 que figuran en el expediente judicial. Pueden verse aquí.

[4] Entrevista a Lorena Kab´nal

[5] Declaración del campamento Viva Berta

[6] Entrevista al abogado del Copinh Victor Fernandez

[7] Comunicado Copinh por financiamiento Banco Ficohsa