En las cercanías de El Bolsón, la Lof Quemquemtreu es perseguida por la Justicia y el poder político de Río Negro. Un terrateniente sin papeles con sucesivas ayudas del Estado, operativos policiales a los tiros, una escuela militarizada y la resistencia territorial que sigue en pie.

---

La Cuesta del Ternero suele ser un paisaje silencioso. En esa zona montañosa, 15 kilómetros al noreste de El Bolsón, no hay ningún casco céntrico, no hay señal de teléfono por 20 kilómetros a la redonda y hay un solo camino vehicular que atraviesa el paraje. Los pobladores recorren los bosques de cipreses y ñires con el sonido del viento y de sus animales haciéndoles compañía. Pero el viernes 24 de septiembre, el paraje amaneció con explosiones en el aire.

Más de 50 efectivos de la Policía de Río Negro irrumpieron en la Lof Quemquemtreu, asentada en aquel territorio mapuche recuperado recientemente, disparando postas de goma. Al finalizar el operativo, hubo 4 hombres detenidos y 2 mujeres y un niño demorades con golpes.

Acompañaba a la Policía la fiscal en jefe de Bariloche, Betiana Cendón, quien aclaró que la orden para el procedimiento era para “identificación de personas”. Un integrante de la comunidad mapuche se pregunta: “¿Cómo van a identificar a alguien así? ¿Y por qué tuvieron que llevarse todas nuestras cosas? ¿Por qué tuvieron que llevarse personas detenidas? ¿Por qué tienen que entrar a los tiros? ¿Por qué tiene que pasar lo que está pasando, sabiendo que hay mujeres y niños aquí, gente grande?”. 

Horas después, en la audiencia de formulación de cargos, se deja ver otra cara de la historia. La fiscal dice que, aun sin orden de desalojo, y como en los hechos se sacó a toda la gente del predio, se lo considera restituido a su «dueño». O sea, un desalojo en cubierto.

Más allá de las detenciones y el show mediático que suele protagonizar Cendón, hubo integrantes de la Lof que pudieron escaparse por el bosque hacia la montaña. Es un territorio extensísimo lleno de cipreses y paredones de piedra en altura, no un lote urbano donde es fácil saber si quedan o no personas. “Sabemos que el territorio nunca se desalojó, lo sabemos por más que los medios digan lo que se les dé la gana”, cuenta Claudina Pilquimán, mujer mapuche que se acercó en solidaridad. 

Aunque no lo dice, la Policía también sabe que queda gente… al día siguiente regresó, esta vez sin fiscal ni orden. Llegaron disparando plomo. Fue el mismo procedimiento que utilizó Prefectura cuando asesinó a Rafael Nahuel por la espalda en la Lof Lafken Winkul Mapu, en las cercanías de Bariloche, en noviembre de 2017. Y lo mismo en enero de ese año, cuando entró la Gendarmería en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen (el escenario de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el 1 de agosto del mismo año). La secuencia represiva es similar: un día un operativo oficial violento y desmedido, y al día siguiente, la cacería sin respeto por ninguna ley.

Recuperar las tierras robadas

Cuando llegamos al territorio a las pocas horas de la balacera, ya está todo tranquilo. Un peñi (hermano) nos cuenta: “Desde donde nos habíamos replegado, vimos a uno de los policías que saca su arma reglamentaria, una 9 mm, y empieza a disparar para adentro. Ahí salimos de donde estábamos y los corrimos a piedrazos, que es con lo que nos defendemos y con lo que nos vamos a defender toda la vida”. Nos muestran las vainas servidas. Muchas grandes, de plástico verde o celeste, de las que llevan postas de goma. Y también más chicas, metálicas, que cargan munición letal. Por suerte, esta vez no hubo heridos.

Más tarde sucede algo que nunca quisimos imaginar que volvería a pasar: un estado de sitio total. Siguen llegando informes de que la Policía montada anda arriba, por el campo. Se corta el acceso al territorio, no entra ni sale nadie y quienes escaparon de la violencia del primer día, empiezan a vivirla de forma prolongada, porque les tocará andar a la intemperie y sin que ingrese comida ni ninguna provisión a la Lof Quemquemtreu.

El lunes 27 se convoca una caravana humanitaria y se congregan numerosas comunidades mapuche, organizaciones sociales y vecines autoconvocades, con bolsones de alimento y abrigo, sobre la Ruta 40, donde empieza el camino de la Cuesta del Ternero. Unos cuarenta autos emprenden el recorrido de 15 kilómetros por el valle angosto. Al llegar al destacamento policial nos encontramos con un fuerte operativo. 

A pie y en auto, la caravana intenta avanzar. Son pocos los policías y muchísimos los autos. Un grito: “¡Vamos!”. Un estruendo de escopeta, otro, varios. Un vidrio que estalla. Piedras que vuelan cerca de las cabezas, una que pasa a centímetros del kultrun (instrumento tradicional) que carga una ñaña (abuela). “¿Cómo le van a apuntar a mis nenes?”, grita una madre que andaba entre los primeros autos. Rápidamente, se llama a parar la agresión ante la presencia de niñes y personas mayores. De nuevo, el azar quiso que no hubiera lesionados, pero sí dos vidrios rotos por piedrazos… de la Policía.

Empieza un proceso de negociación tensa. Llamadas que van y vienen de la Policía a la Fiscalía. Puede pasar un grupo de cinco con los alimentos. No, no pueden pasar. Sólo puede una comitiva oficial. Tampoco. La fiscal Cendón, quien prohibió el acceso al predio, dice que no puede autorizar entrar, que depende del juez. Parece que ella puede cerrar pero no abrir el paso. Así pasa la tarde. 

De acá no se mueve nadie

“Le propusimos al jefe del destacamento que nos íbamos a trasladar hasta el lugar, dejábamos los alimentos y nos retirábamos –explica Mauro Millán, lonko (autoridad ancestral) de la Lof Pillán Mahuiza–. Ni siquiera eso quieren aceptar. Y lo que estamos viendo es que está habiendo cada vez más fuerzas de seguridad. La decisión que hemos tomado es no salir de este lugar hasta cumplir con el objetivo, que es entregar los alimentos que se han juntado de manera solidaria”. Su postura es firme: “De acá no nos vamos a mover. No nos vamos a ir con los alimentos de vuelta a nuestros hogares sin haberlo entregado, de eso que no le quepa duda a nadie”.

Desde arriba se escuchan afafanes (gritos tradicionales mapuche), desde abajo responden las comunidades que se acercaron, emocionadas de saberlos ahí. En un momento parece que desde arriba se quiere decir algo, algún mensaje. Se llama al silencio alrededor del fogón armado a metros del control policial. Desde lejos se escucha entonces, clarito, el canto: “Las tierras robadas…” y enseguida se unen todas las voces, arriba en la montaña y abajo en el camino bloqueado… “… ¡serán recuperadas!”.

Al llegar la noche, la zona del destacamento está fuertemente militarizada, con más de 80 efectivos pertrechados con armas largas, y hasta un camión de bomberos. Aunque nadie había venido preparado para pasar la noche a la intemperie, tanto las comunidades mapuche como les vecines autoconvocades deciden permanecer en el lugar hasta poder llevar la comida que trajeron. 

La primera noche se mantienen tres fogatas. Dos del lado del improvisado acampe, la tercera en el retén policial, también improvisado, en la curva del camino donde pararon la caravana a los balazos. Se ve el fuego a través de los escudos. Dos ancianas que hicieron 200 km desde Costa de Lepá duermen en sillas reposeras. Hay quien no duerme.

Con la primera luz, las comunidades hacen una ceremonia para dar fuerza, mientras los no mapuche que acompañamos mantenemos el fuego y vamos calentando agua. Todo está recubierto de una escarcha que centellea con la luz del día. 

Los dueños de siempre, los dueños de ahora

La Lof Quemquemtreu dio a conocer el 18 de septiembre que había recuperado territorio en la Cuesta del Ternero. El predio que reivindica es de uso tradicional de las distintas comunidades mapuche de la zona. Allí pastorearon y pastorean los animales de la Lof Pichun y la familia Inalef, entre otras. Hace mucho que nadie vive allí, pero las forestaciones de pino avanzan cada año sobre el bosque nativo y la vida rural. En una reunión con organizaciones y allegados en el acampe, se aclara: “Los mapuche no recuperamos tierras pobladas, por más que el poblador no sea mapuche”.

Quien se considera “dueño” de esas tierras es Rolando Rocco, porque existe una repetición, un modo en la apropiacion, traspaso y privatización de las tierras «fiscales» en la provincia de Rio Negro (y en el país). Una realidad que no es nueva. Rocco posee un “permiso para forestar” en tierras fiscales, destinado a la plantación de pino. Este tipo de permiso mantiene en el Estado la potestad sobre la tierra. O sea, el titular es el Estado provincial.

En 2009, los hermanos Rocco (Orlando y Rolando) crearon la empresa Forestar y Ganadera SRL”, habilitada para la explotación de la actividad inmobiliaria, mandataria, construcción de inmuebles y prestación de servicios. “Forestamos en pos de una mejoría climática a nivel mundial”, se atreve a decir uno de los Rocco en una entrevista con los medios de El Bolsón. Explica que “todos los años se forestan 30, 40, 50 hectáreas”.

Según manifestó el primer abogado que lo representó en esta causa (antes de optar por Ernesto Saavedra, actual representante legal también de Diego Frutos, cara visible de la campaña anti-mapuche en Villa Mascardi), “la familia Rocco tienen la ocupación pacífica de estos predios y derechos posesorios desde hace más de 40 años, pero a la fecha aún carecen de reconocimiento de propiedad del Registro de la Provincia de Río Negro”.

Lo cierto es que el territorio es de uso tradicional y actual por parte de las comunidades indígenas, quienes se ven reducidas cada vez más por estos permisos de forestacion que avanzan con los espacios ancestrales y los bosques nativos donde se alimentan los animales del paraje.

Rocco recibe del Estado, además de tierras, subsidios y dinero en el marco de la “Promocion de inversiones para bosques cultivados” de pino que impulsa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Según certifica el Boletín Oficial del 27/8/2012, la lista de beneficiarios es compartida con empresas como Papel Prensa S.A. (Héctor Magnetto) y Tierras del Sud S.A. (Luciano Benetton). Para estos capitales y proyectos, el Estado responde entregando tierras, dinero y más privilegios.

A los pueblos originarios del territorio, en cambio, les toca la persecución, la violencia y también la muerte. La gobernadora Arabela Carreras es cultora de esa doctrina, en la misma vereda ideológica de Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y otros referentes políticos de la actualidad que defienden cierta mirada del siglo XIX, como si Julio Argentino Roca les susurrara los valores patrióticos a defender.

Repartija territorial

Los “derechos posesorios” sobre la tierra “fiscal” tambien han sido utilizados por el Estado para “permitir habitar” (como “fiscaleros”) a algunas familias originarias. Fue la respuesta a los reclamos y la lucha de muchas comunidades que sobrevivieron al genocidio indígena en la Patagonia, se reagruparon, retornaron o se fueron asentando en algún nuevo lugar, desplazados por las primeras grandes repartijas del territorio entre el flamante Estado argentino y sus aliados en la mal llamada “Campaña del Desierto”. 

Sin embargo, estos escasos e insuficientes “permisos” terminan siendo hoy igualmente avasallados por los proyectos extractivos, forestales o inmobiliarios que invaden los territorios con la connivencia del propio Estado, que carece de legislación para resguardar la propiedad indígena, pese a su reconocimiento constitucional a partir de la Reforma de 1994 y tratados internacionales ratificados por la Argentina (el derecho sobre las tierras y territorios indígenas está presente no solo en el Art. 75 Inc. 17 de la Constitución Nacional, sino también el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo–OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Originarios–DNUPO).

Hoy se otorgan permisos de ocupación de tierras fiscales a un privado “X” para que plante pinos. Con el tiempo y el afianzamiento de la relación Estado-privado, los beneficiarios van obteniendo facilidades impositivas, financiación, inversiones conjuntas o convenios. De un día para otro, por reajustes catastrales, cambios en permisos de suelo y/o pactos espurios, se venden y traspasan los derechos de posesión a manos del privado.

El caso de EMFORSA (Empresa Forestal Rionegrina) es un ejemplo ilustrativo. Una empresa “mixta” por la que se pasaron a manos privadas grandes extensiones de tierra de la provincia, en zonas estratégicas ya sea por sus bienes naturales, biodiversidad o por ser zona de frontera. Difícilmente se encuentre la información acerca del conjunto de accionistas de esta empresa, pero cabe mencionar que José Luis Martínez Pérez, uno de sus directores, fue anteriormente representante legal de Hidden Lake (Lago Escondido), el extenso complejo que posee Joe Lewis en la zona de El Foyel.

Respecto del traspaso de tierras, en 2012 la Legislatura de Río Negro sancionó la Ley 4.744 que aprobó la creación de una Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales. El objetivo era poner claridad sobre la administración y disposición de tierras públicas en aquellos casos denunciados o informados de distintas formas. 

Entre 2012 y 2015, hubo un trabajo desarrollado junto a la Universidad Nacional de Río Negro, que arrojó una contextualización histórica aportada por antropólogos, historiadores, arqueólogos, comunicadores y otros profesionales que le otorgaron profundidad a la investigación. “Partimos desde una convicción, la tenencia de la tierra debe responder al cumplimiento de la función social y no debe entenderse como una mercancía ligada al negocio especulativo», reza el prefacio del informe final de esa Comisión.

“La distribución de la tierra en Río Negro ha sido desigual, ha generado ciudadanías diferenciadas y lo que aparece como conflicto hoy no es un problema del momento sino que viene de todo ese proceso histórico de consolidación de asimetrías y desigualdades”, afirma la investigadora de la UNRN y el Conicet Laura Kropff, una de las coordinadoras del proyecto, quien también recuerda que “el territorio fue autónomo hasta fines del siglo XIX porque no pertenecía a ningún Estado”.

La escuelita con memoria represiva

Mientras la burocracia judicial espera para resolver si se puede entrar alimentos para la gente sitiada, les niñes del paraje Cuesta del Ternero esperan para volver a la escuela. La Escuela N° 211 “Lucinda Quintupuray” está ubicada un kilómetro después del bloqueo policial, antes de llegar al territorio en conflicto. En los días anteriores al primer operativo, les niñes contaron que la Policía usaba la escuela como base de operaciones. “Mamá, la Policía se está preparando para matar mapuche”, le dijo un niño (mapuche, por supuesto) a su madre el jueves 23. Al día siguiente se suspendieron las clases.

Si bien la Fiscalía y la Policía niegan la presencia de uniformados en el establecimiento escolar, la entrevista que dio la fiscal Cendón a la prensa el mismo viernes 24, al concluir el operativo, fue en la puerta de la escuela; detrás se veían policías entrando y saliendo.

Intentamos llegar hasta la escuela un grupo de cinco periodistas de diferentes medios locales y nacionales. Íbamos sólo con nuestras cámaras, con la propuesta de llegar hasta el establecimiento y constatar el estado del mismo. La negativa fue rotunda. El jefe del destacamento manifestó: “Tengo la orden de que no pase nadie más allá de este punto”.

La Unión de Trabajdores de la Educación de Río Negro (UNTER) hizo un pedido formal para ingresar a conocer el estado de la escuela, y la fiscal lo rechazó. El estado de sitio abarca no sólo al territorio en conflicto, sino también a la escuela que, vale recordar, lleva el nombre de una anciana mapuche que fue asesinada a balazos en 1993 por un conflicto de tierras cercanas. Ese crimen hoy sigue impune.

En el acampe, cada tanto, se hace ayekan (ritual de distensión). Al ritmo del kultrun, los hombres levantan palos de sauce con gritos de fuerza y las mujeres dan pasos de baile que las llevan a estar a pocos centímetros de las caras enmascaradas de quienes cortan el camino. Esto levanta la fuerza, el newen.

Miradas sobre la libertad y la justicia

El miércoles 29, a cinco días del operativo que dejó a la gente sin abrigo ni alimento en el territorio, el juez Ricardo Calcagno realiza la audiencia a raíz del pedido de ingresar con provisiones. 

Ni a los preseos se les niega la comida. Eso expresan en la audiencia, a través de la plataforma Zoom, Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro (CPM), y Nehuen Loncomán, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indigenas (CODECI) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). También argumentan que aquí hay gente que no tiene ninguna condena en su contra.

Dicen que era sumamente necesario un proceso de diálogo político para resolver el conflicto, pero nunca la militarización y la imposición del hambre. La fiscal Cendón, que sonríe mientras Carriqueo habla de derechos humanos, responde: “Aquí nadie está privado de su libertad. Cualquiera que quiera salir de allí e ir a comer y abrigarse a su casa, puede hacerlo”.

El juez, como era de esperar, coincide con la fiscal: “Los autores del delito han elegido exponerse al frío y no contar con esos insumos… Entiendo, al igual que la Fiscalía, que el ingreso de abrigo y alimento consolidaría el delito”. Con respecto a los derechos consagrados internacionalmente, considera que argumentar el derecho humano básico a tener alimento era un “eufemismo” y que “la propiedad también está en los tratados a los que hacen referencia el Sr. Carriqueo y el Sr. Loncomán”.

El magistrado se refiere al denunciante Rolando Rocco como “titular”, a pesar de tratarse de un predio fiscal. En este caso, la balanza de la Justicia se inclina claramente hacia un costado… Calcagno también rechaza el pedido de abrir una mesa de diálogo, argumentando que “no hay mesa de diálogo mientras no cese el delito”. Sonia Ivanoff, reconocida especialista en derecho indígena, dirá después ante nuestra consulta: “Eso es Derecho Penal del enemigo, presumir que ya es culpable”.

Dice el juez Calcagno: “Los derechos internacionales no se hacen valer de hecho”, aunque tampoco se hacen valer por trámite judicial. El Estado, que reniega de las vías “de hecho”, no confía en el diálogo o la vía judicial para destrabar el conflicto; en cambio, transforma el hambre y el frío en métodos válidos para torcer el brazo de la comunidad mapuche. 

Romina Jones, detenida en el operativo del 24, declara: “Ya nos abrieron causas, toda esa discusión del delito se va a dar en la Justicia, pero mientras tanto la gente tiene que comer”. ¿Y el derecho a la educación por parte de alumnos de la Escuela 211? El Estado se lo quita de hecho, y a punta de arma.

El jueves 30 , frente a lo dispuesto por el juez Calcagno, el Dr. Juan Manuel Salgado, del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, y Orlando Carriqueo presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien adhirió junto al SERPAJ a esta presentación, manifiesta: “La necesidad de urgencia del dictado de la medida cautelar que han solicitado los mencionados, dada la situación de indefención en la que se encuentran toda vez que el Juez interviniente de la Provincia de Río Negro ha rechazado la asistencia humanitaria y la mesa de diálogo que fuera solicitada (…) A su vez, desde nuestra institución le remitimos una misiva a la Sra. Gobernadora de la Provincia de Río Negro en las mismas líneas antes mencionadas y no hemos tenido respuesta alguna. Hay una clara decisión del Estado Provincial en agravar el conflicto y escalarlo a mayores niveles de violencia”.

---

Publicada originalmente en Revista Citrica