Apuntes sobre la emergencia del fascismo social en el Uruguay post-progresista

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Hay muchas metáforas para pensar las identidades nacionales. Quizás la más difundida sea la del crisol, aquel espacio en el que se funden diferentes orígenes en uno nuevo, distinto a los componentes iniciales. Alejandro Grimson en su libro Los límites de la cultura propone la idea de que las identidades se configuran a partir de algunos elementos que van sedimentando con el transcurso del tiempo, pero que en nuestra cotidianidad percibimos como elementos fijos o permanentes, a pesar de su carácter histórico o construido.

Prefiero una metáfora más simple: me gusta pensar las identidades como una cebolla. Si la vemos por fuera es uniforme, pareja, firme. Sólo cuando la cortamos vemos en su interior una multiplicidad de capas, notamos que el exterior está cubierto por una fina cáscara -sumamente frágil- y que su mayor dureza reside en su centro y en la manera en que se va montando una capa sobre la otra.

En esta metáfora el cerno de esas identidades no es otra cosa que el fascismo. Cortemos la cebolla.

Las comunidades se imaginan a sí mismas con un origen común, sostiene Benedict Anderson, y el modo en que se proyectan al futuro es precisamente el carácter de su identidad. El relato que se elabora sobre el pasado es el que enmarca el carácter político de los procesos de identificación

¿Cómo entra aquí el fascismo? Marcando, por acción u omisión, exclusiones de ese mito de origen, forjando asociaciones escencializantes sobre algunos grupos o personas, definiendo quiénes entran y quienes no en ese relato y cuál es su lugar en él. La producción antropológica contemporánea ha dado luz sobre algunas de estas exclusiones en el relato nacional uruguayo (quizás debería decir “oriental”) en particular, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las mujeres, las personas de los mundos rurales, las personas migrantes o las autodefinidas como disidencias identitarias.

El camino que empieza en esa visión del nacionalismo conduce más tarde o temprano a trazar la línea de lo que entra en la nación y lo que queda fuera de ella. Quedar encerrados en dónde marcar esa línea es la trampa fascista en la que quedan encerrados todos los nacionalismos.

Por cierto que no estamos hablando aquí del fascismo del siglo XX, el fascismo de Estado con su proyecto autoritario de base militar, sino de la clave que Boaventura de Sousa Santos ha denominado fascismo societal. Dice el sociólogo portugués que se trata de una ‘nueva forma’ de fascismo, ‘pluralista’, que constituye un ‘régimen social y civilizatorio’ y no ya uno político. El propio Antonio Gramsci había planteado en sus escritos previo a su reclusión (en las prisiones del fascismo) que no había una contradicción entre la democracia liberal y el régimen fascista, sino que se trata de una suerte de división de tareas a la hora de establecer las condiciones políticas para desplegar una economía de mercado netamente capitalista. Habiéndose garantizado esto, el momento en que vivimos en el siglo XXI pandémico se abre paso hacia la emergencia de este fascismo societal.

La segregación espacial de las personas excluidas, la privatización de todo lo público, el control de amplios territorios directamente por parte de capitales privados, la financiarización de la vida colectiva y la manipulación de la inseguridad de las personas son algunas de las características que De Sousa Santos atribuye a esta forma social del fascismo.

El ascenso electoral de las ultraderechas en la vieja Europa, en Estados Unidos, en Brasil es apenas un síntoma, un aspecto, de un fenómeno más amplio, que tiene su raíz en esta nueva forma de establecimiento categorial de diferencias entre las personas.

Y cuando empezamos a picar la cebolla es cuando generalmente empezamos a llorar.

En estos meses de 2020 se han sucedido algunos hechos dramáticos que exponen, hacen visible para todas las personas, la emergencia del fascismo social en Uruguay. A mediados de julio una persona en situación de calle fue prendida fuego intencionalmente. En los primeros días de agosto comenzaron a aparecer en la prensa crónicas de situaciones en las que personas (en uno de los casos en el que hay más información sabemos que se trata de una persona afrodescendiente) son golpeadas por grupos que se mueven en vehículos y utilizan bates de beisbol para sus agresiones.

En un contexto en el cual hay un número importante de personas en situación de calle (sobre todo en la capital Montevideo, pero no sólo allí) el discurso que conecta la inseguridad pública con el miedo como primer paso tiene al cultivo del odio como consecuencia natural.

En el plano político la sociedad uruguaya ha comenzado a transitar un cambio. Con el cierre del ciclo progresista y la instalación de un gobierno conservador que incluye en la coalición gobernante a un partido militar, que profesa un nacionalismo burdo, caricaturezco, que pretende desandar las leves fisuras que se han podido dibujar en el muro de la impunidad que existe en el país sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-1985) y que se han sostenido en el país desde entonces, a pesar de la alternancia de todos los partidos políticos en el ejercicio del poder.

¿Cómo puede explicarse que el corazón de la cebolla sea tan distinto a su cáscara exterior?

Recién estamos viendo en este experimento a cielo abierto llamado Uruguay cuáles han sido los cambios que en la vida de la sociedad implicó la experiencia del ciclo progresista. Al menos como hipótesis es necesario plantearse que los 15 años de la política de ampliación de derechos, establecimiento de políticas sociales e intervención del Estado en la economía estuvieron acompañadas en el plano social con un proceso de emergencia del fascismo como lo caracterizamos antes.

‘La gente’ no pasó de ser ‘radical’ o ‘revolucionaria’ ayer a ser ‘facha’ hoy. Los binarismos no son buenos más que para dejar contentos a los analistas de lo fácil. Algunos ejemplos para abonar la discusión. Durante el ciclo progresista se realizaron consultas populares vinculantes con una agenda punitivista: una pretendió bajar la edad de inimputabilidad a 16 años y otra pretendía habilitar allanamientos nocturnos y militarizar la seguridad pública. Ninguna de las dos iniciativas fue aprobada, pero ambas tuvieron amplio apoyo popular. Ahora, lejos de configurar una grieta con claro perfil partidario, quienes trabajamos en las mesas electorales -y quienes revisen la información electoral disponible- sabemos que ambas iniciativas recibieron muchos adhesiones de electores del Frente Amplio. Este fascismo social no empezó ayer, ha existido siempre, aunque ahora se siente habilitado para prender fuego o golpear a las personas impunemente.

James Scott sostiene que los procesos de dominación establecen una circulación diferenciada de sentidos, prácticas e ideas, que operan como discursos ocultos, que en muy pocas instancias SE tornan visibles, comunicables para todos. Quizás el cierre del ciclo progresista este corriendo el límite de lo posible para la emergencia visceral del odio fascista, que ayer fue miedo y antes inseguridad.

La pandemia sirvió para exacerbar ciertos sentidos nacionalistas de corte ‘futbolero’. Mensajes publicitarios acerca del ‘combate’ al virus, al cual ‘le ganamos entre todos’ y referencias por el estilo son moneda común en el lenguaje publicitario viral. Pero no fue sólo la pandemia. Un evento en particular se ha convertido en interesante analizador del recurso del nacionalismo desplegado en torno a la forma territorial del fascismo según Boaventura de Sousa Santos. ⁽¹⁾

A inicios de agosto de 2020 se supo que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (Holanda) había desestimado una demanda que los titulares de la empresa Zamin Ferrous habían interpuesto contra el Estado uruguayo por 3.500 millones de dólares, reclamando una violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre el Reino Unido y Uruguay. El reclamo de la empresa cuestionaba la modificación del marco jurídico en el país en el medio del proceso de estudio de la instalación del proyecto Aratirí, una minera de hierro a cielo abierto en el centro de Uruguay. El hecho fue presentado en general por la prensa nacional en la clave de “Uruguay le ganó a Aratirí en La Haya”, generando una inevitable asociación futbolística con el hecho. Quizás la muestra más evidente de ello haya sido la reacción de una de las candidatas del Frente Amplio a la intendencia de Montevideo con un patriotero “Uruguay nomá!” en sus cuentas de redes sociales.

Pero al tiempo que se difundió la noticia y se generó el resultado favorable fue también inevitable la lectura en clave tanto nacionalista (de causa nacional) como político partidaria. Es así que hubo quiénes alabaron la buena estrategia de defensa planteada por el gobierno de Tabaré Vázquez tanto como quienes condenaron a uno de los funcionarios del actual gobierno por haber cometido un acto de traición a la patria. Se trata de Isaac Alfie, economista que fuera ministro de Economía durante los gobiernos neoliberales y que desde el 1º de marzo se desempeña como director de la Oficina de Planteamiento y Presupuesto. Lo que a nivel mediático y de redes se manejó como la ‘declaración’ de Alfie ‘contra’ Uruguay, fue la exposición de un informe técnico ante la Corte de Arbitraje de La Haya. Lo llamativo de la clave nacionalista en que fue leída la comparecencia del ahora funcionario de gobierno es la posición en la que fue colocada la minera Zamin Ferrous/Aratirí.

El que ahora ocupaba el lugar del gran antagonista de los intereses de la nación, había sido presentada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015) como un respetable inversor internacional, con el cual llegó a plantearse que el Estado debería asociarse para desarrollar un polo de minería metalífera en el país. Tal fue el extremo de confusión de los intereses nacionales con el interés de Aratirí que un funcionario del primer gobierno del Frente Amplio, Fernando Puntigliano (presidente de la Administración Nacional de Puertos entre 2005 y 2009) asumió la gerencia del proyecto minero, en un clásico ejemplo de ‘puerta giratoria’ ⁽²⁾. La puerta no dejó de girar, porque en 2015 Puntigliano volvería a asumir un cargo en un gobierno del Frente Amplio, esta vez en la Intendencia de Montevideo, nada menos que para ocuparse de la Dirección de Desarrollo Ambiental.

Lejos de cualquier autocrítica basada en los errores de la experiencia propia, la práctica política del progresismo queda subsumida a la lógica electoral. Barre debajo de la alfombra su propio pasado reciente y agita la bandera del ‘interés nacional’ antes que promover una reflexión crítica sobre los caminos para reconstruir un horizonte emancipatorio donde quepan todas las luchas.

Con las reacciones patrioteras que reivindican el interés nacional contra Aratirí y Alfie, de quiénes trajeron aquí a los piratas, desconocieron todas las argumentaciones sobre la inconveniencia del ‘negocio’ y sus graves impactos para el país me pasa lo mismo que con la cebolla: no puedo evitar que me haga llorar.

(1) Se trata de “cuando los actores sociales provistos de gran capital patrimonial sustraen al Estado el control del territorio en el que actúan o neutralizan ese control, cooptando u ocupando las instituciones estatales para ejercer la regulación social sobre los habitantes del territorio sin que estos participen y en contra de sus intereses. Se trata de unos territorios coloniales privados situados casi siempre en Estados post-coloniales”. Boaventura de Sousa Santos. Reinventar la democracia. Reinventar el Estado. Ediciones Abya Yala. Quito. Pág. 24.

(2) Puntigliano no fue el único, pero si el mas visible de los funcionarios frenteamplistas en vincularse laboralmente en cargos de responsabilidad dentro del Proyecto Aratirí en vínculo de dependencia con el inversor extranjero. El tema de la ‘puerta giratoria’ se trató en zur.uy en relación a la Ley de Riego. Ver aquí la nota: https://zur.uy/ley-de-riego-la-no-participacion-y-la-puerta-giratoria/