La desaparición de Julia Chuñil sacude a Chile
El 8 de noviembre Julia Chuñil Catricura salió a pie de su casa, bien temprano por la mañana junto a su perro Cholito. Como cualquier otro día se dirigió hacia las tierras recuperadas por su comunidad, donde abunda el bosque nativo y suelen extraviarse sus vacas, ovejas y cabras. Llevaba dos palos que usaba de bastón y un hacha. Saludó a su vecina, le avisó hacia dónde se dirigía y que no volvería hasta encontrar sus animales. Aún no ha vuelto.
Desde hace más de tres meses, la desaparición de Chuñil ha calado hondo en el Wallmapu, territorio histórico del pueblo mapuche. Chuñil, de 72 años, es dirigenta de la Comunidad Indígena Putreguel de Máfil, en la región de Los Ríos, que está a unos 800 km al sur de Santiago, la capital de Chile.
Ante los ojos del estado chileno, las tierras recuperadas donde desapareció Chuñil, corresponden al predio “Reserva Cora Número Uno-A”, que pertenece a Juan Carlos Morstadt Anwandter, empresario forestal e hijo de colonos alemanes terratenientes de la zona.
La familia de Chuñil denunció que desde el año 2018 ella comenzó a recibir hostigamiento, agresiones e intentos de soborno por parte del empresario Morstadt Anwandter para que su comunidad se retirara y le vendiera sus tierras, a lo cual Chuñil nunca accedió.
Hoy, para su comunidad y familia, el empresario es uno de los principales sospechosos. Antes de desaparecer, Chuñil les alertó: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”.
La tierra y una desaparición
Dos días después de su desaparición, la familia de Chuñil encontró rastros de una camioneta, inusual en un refugio abandonado, junto a las posibles huellas de ella, sus dos palos y su cojín. “La hipótesis de nosotros es que a mi mamá de aquí la sacaron”, señaló Pablo San Martín Chuñil, su hijo mayor, en un microdocumental que comenzaron a difundir para dar a conocer el caso. Chuñil es una papay, mujer mayor en mapudungún (lengua mapuche), madre de cinco hijos y abuela de diez nietos. Se dedica a las labores del campo, a la cría de animales y a la preservación del bosque nativo en las tierras recuperadas por su comunidad. En varias ciudades a lo largo de Chile y el Wallmapu se han llevado a cabo diversas manifestaciones y concentraciones para exigir la aparición con vida de Chuñil y Cholito. Con la presión en las calles se logró que al caso se aplicara el protocolo de Escazú desde mediados del mes de enero, que busca agilizar la investigación por tratarse de una defensora ambiental que lidera un proceso de lucha por la recuperación de tierras mapuche.“No vamos a cejar hasta encontrarla” señaló el presidente Gabriel Boric el 10 de diciembre pasado. El mandatario se refirió a Chuñil más de un mes después de su desaparición por la presión mediática y social. Hasta la fecha, según su familia, la Fiscalía a cargo de la investigación no les ha entregado ningún tipo de información respecto del paradero de la defensora territorial.La desaparición de Chuñil nos recuerda los nombres de defensoras mapuche como Nicolasa Quintremán, asesinada en diciembre de 2013, férrea opositora por más de una década a la construcción de la Central Ralco; Macarena Valdés, asesinada en agosto de 2016, luego de liderar la oposición a la construcción de la Central Hidroeléctrica en el río Tranquil; y Emilia Bau Herrera, asesinada en febrero de 2021, por defender tierras recuperadas en el Lago Riñihue.Con la desaparición de Chuñil queda al descubierto, una vez más, la violencia que ejerce el estado chileno y el empresariado extractivista en Wallmapu.Acción directa por las tierras
Chuñil es presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel, que reúne a diecisiete familias mapuche asentadas en el sector rural de la comuna de Máfil. Desde el año 2014, esta Comunidad cuenta con el reconocimiento del Estado a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).La CONADI nace en 1993, resultado de más de una década de fuertes movilizaciones mapuche durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1989). Con tales movilizaciones no sólo se opusieron al régimen dictatorial, sino que centralizaron su demanda en la restitución de las tierras mapuches y en su autonomía y autodeterminación como pueblo-nación. A partir de la creación de la CONADI, como parte de la ley Indígena 19.253, se estableció un procedimiento legal para la restitución de tierras, que permite a las comunidades que poseen títulos de merced adquirir las tierras a través de un sistema complejo de compraventa. Una vez que el Estado compra las tierras, se traspasa la propiedad a la comunidad reclamante. Los títulos de merced son documentos que fueron entregados a comunidades mapuche por el Estado entre 1884 y 1929 en reconocimiento de sus tierras. Sin embargo, sólo amparan un cinco por ciento del total del territorio ancestral.En 2023, a treinta años de implementada la ley Indígena, la CONADI informó que el estado ha invertido un total de más de $730 mil millones de dólares para la adquisición de las tierras. Eso corresponde a casi 300 mil hectáreas ya restituidas a comunidades mapuche. De acuerdo a la investigación realizada por la agencia Atisba en 2022, si el Estado cumpliera su mandato dispuesto en la Ley, tendría que restituir más del doble, 644 mil hectáreas donde viven más de 400 mil personas. Gabi Marihuán, directora de la CONADI en la región de Los Ríos, donde se ubica la comunidad de Chuñil, señaló el año pasado que “la reivindicación es prácticamente por la totalidad de la región, porque muchas de las comunas tenemos títulos de merced”. El predio Reserva Cora Número Uno-A, donde desapareció Chuñil, es una de estas tierras amparadas por Título de Merced.La demanda por las tierras reclamadas ha puesto en jaque la vía institucional. No sólo porque depende de un alto nivel de financiamiento y negociación del Estado para la adquisición de las mismas, sino también por la magnitud y la extensión de las tierras amparadas, que vuelve prácticamente imposible la restitución a través de los procedimientos regulados. Militarización y criminalización
Ante las dificultades de la vía institucional, muchas comunidades deciden recuperar sus territorios de forma directa. Putreguel no fue la excepción. En 2015 las familias ingresaron al predio Reserva Cora Número Uno-A, instalaron un rewe, espacio ceremonial mapuche, y se propusieron defenderlo tanto para el uso comunitario, como para la protección de su bosque nativo. Al 2021, las recuperaciones territoriales por esta vía directa se masificaron en todo el Wallmapu. En octubre de ese año, la respuesta del gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera fue decretar bajo estado de excepción el territorio mapuche. El estado de excepción faculta la militarización del territorio, y sigue vigente hasta la fecha. El presidente Boric lo ha renovado sistemáticamente, con la aprobación del Senado de la República. Consiste, por lo menos, en el despliegue de ocho bases de avanzada de las fuerzas armadas, más de 1,400 militares y más de 100 puntos de control, dispuestos principalmente en la región de la Araucanía.Al clima de hostilidad marcado por la presencia permanente de militares en el territorio Mapuche, se suma la agenda represiva del gobierno de Boric. Desde 2022, han presentado más de cincuenta iniciativas legislativas, entre ellas se encuentran la ley “Antitomas”, que criminaliza las ocupaciones de tierras; la ley “Gatillo Fácil”, que aumenta las facultades de las policías; y la modificación a la ley Antiterrorista, que amplía el márgen de aplicación del delito de terrorismo. En su conjunto estas leyes dan cuenta del cargado acento punitivo y afán criminalizador que persiste en Chile.El panorama es recrudecido por el racismo estructural del Estado y las élites políticas y económicas que tildan a las comunidades mapuche de terroristas y violentistas rurales por sus recuperaciones territoriales.La desaparición de Chuñil ocurrió en un contexto donde los mapuche son el enemigo interno, sus vidas están amenazadas y su demanda histórica por la restitución de las tierras se encuentra sin posibilidad de resolverse. Mientras, la campaña y el llamado de solidaridad para exigir la aparición con vida de Julia Chuñil y Cholito sigue en pie. A ella se han sumado diversas concentraciones internacionales a las afueras de las embajadas de Chile, como ocurrió en Argentina, México, Suecia y España. La familia Chuñil exige acceder a la carpeta investigativa en Fiscalía y reunirse con el presidente Boric. “Sigamos buscando a mi madre, porque mi madre no puede ser una desparecida más”, señaló su hijo San Martin Chuñil.
Nacida en Santiago de Chile, descendiente mapuche con corazón de weichafe. Actualmente, investigadora militante en luchas antipatriarcales. Viviendo en Puebla, México.
Publicada originalmente en ojala.mx