En las últimas horas se conoció la sentencia del juicio sobre el Plan Condor realizado en la Corte de Roma. El resultado no fue el esperado por Familiares y otras organizaciones de derechos humanos, la mayoría de los absueltos son uruguayos. A continuación compartimos el análisis de Roger Rodríguez sobre los significados y las consecuencias del juicio y la sentencia.

1 ¿Puedes pescar a Leviatán con un anzuelo, o atarle la lengua con una cuerda?

2 ¿Puedes ponerle un cordel en la nariz, o perforarle la quijada con un gancho?

3 ¿Acaso amablemente va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión?

4 ¿Acaso va a comprometerse a ser tu esclavo de por vida?

5 ¿Podrás jugar con él como juegas con los pájaros, o atarlo para que tus niñas se entretengan?

6 ¿Podrán los mercaderes ofrecerlo como mercancía, cortarlo en pedazos para venderlo?

7 ¿Puedes atravesarle la piel con lanzas, o la cabeza con arpones?

8 Si llegas a ponerle la mano encima, ¡jamás te olvidarás de esa batalla, y no querrás repetir la experiencia

(Biblia, Antiguo Testamento, Libro de Job, 41)

La sentencia de la III Corte de Asís de Roma en el juicio sobre el Plan Cóndor de las dictaduras sudamericanas ratificó la impunidad de los tiempos en que vivimos. Ante el dilema entre aplicar la justicia internacional sobre los criminales de lesa humanidad, los jueces italianos optaron por condenar únicamente a los mandos políticos (civiles o militares) de Bolivia, Perú, Chile y Uruguay, y absolver a los efectivos militares que cometieron los delitos.

Fueron condenados a cadena perpetua los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez, los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, quien cumple condena en la cárcel central. Todos los demás imputados fueron absueltos.

La mayoría de los absueltos son uruguayos: los ya procesados Ricardo Arab, José Gavazzo, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Juan Larcebeau, Luis Maurente, Ricardo Medina, José Sande y Ernesto Soca, quienes cumplen condenas en Uruguay, y los requeridos Jorge Tróccoli (fugado a Italia) y Pedro Mato (fugado a Brasil). También se absolvió a los chilenos Pedro Espinoza, Daniel Aguirre, Carlos Luco, Orlando Moreno y Manuel Vázquez, y al peruano Martín Martínez. Todos ellos son efectivos militares.

Este fallo puede interpretarse como suerte de doctrina internacional de la “obediencia debida” que constituye una traducción jurídica de la realidad política de Italia y los países de la OTAN que desde hace décadas se encuentran comprometidos en distintos tipos de intervenciones militares a nivel mundial y no pueden permitir que sus soldados puedan ser juzgados por actos aberrantes que se les pudiera ordenar realizar. De lo contrario se produciría un desacato generalizado y ellos necesitan a su can Cerbero.

El pronunciamiento del Tribunal de Roma puede implicar un golpe mortal al Estatuto de Roma cuyo articulado sigue sin ser ratificado por algunas de las principales potencias mundiales, como Estados Unidos, Israel, Irán, Japón, Kuwait, Rusia, Siria, quienes no aceptan someterse a una Corte Internacional como la que prevé el acuerdo y que, en el caso norteamericano, han sancionado a aquellos países que no aceptaron firmar tratados bilaterales de inmunidad al respecto.

También obliga a una necesaria revisión del funcionamiento y las normas procesales de este tipo de juicios internacionales, en los que no se puede aplicar un criterio “penal” de los delitos ya que luego de tantos años de ocurridos las violaciones a los derechos humanos es imposible acumular las pruebas que se necesitan en una causa criminal común. En particular, porque en estos casos la prueba del delito, los cuerpos de las víctimas, fue intencionalmente desaparecida.

Responsabilidad de Estado.

El gobierno uruguayo ya anunció su disposición a apelar el fallo de Roma, como lo harán los familiares de las víctimas y las organizaciones políticas y sociales que promovieron las denuncias desde 1999, cuando en la justicia uruguaya todas las denuncias judiciales estaban paralizadas al amparo de una Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que nunca fue anulada aunque sus efectos hayan sido eliminados por un acto administrativo del presidente José Mujica y por el único artículo de una ley interpretativa que no declaró inconstitucional la Suprema Corte de Justicia.

Fue equivocada la estrategia del Estado uruguayo en las directrices dadas a su abogado Fabio Galiani en el proceso judicial romano. El patrocinante centró su acusación en la figura del capitán de navío Jorge Tróccoli que por un “error administrativo” había logrado evitar un proceso de extradición. Para los jueces romanos, Tróccoli (ciudadano italiano) era sólo un eslabón de la cadena en cuyo mando encontraron y condenaron a cadena perpetua al ex canciller Juan Carlos Blanco, ya que los presidentes y comandantes de la dictadura habían muerto. Probablemente hubieran condenado al dictador Gregorio Álvarez, si no fallecía semanas antes de la sentencia.

La responsabilidad del Estado será uno de los temas a analizar de este largo proceso. La ex fiscal Mirtha Guianze, hoy presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ya deslizó una crítica a recordar que la Comisión para la Paz entregó al Tribunal de Roma documentos reservados que fueron negados a la justicia uruguaya. Un dato que vuelve a colocar sobre la mesa el tema de la desclasificación de documentos de la dictadura y la aplicación Ley de Acceso a la Información Pública.

Las críticas al gobierno se centran en la forma como se ha mantenido bajo reserva el llamado “Archivo Berrutti”, un voluminoso conjunto de expedientes que fueron encontrados en una dependencia militar durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y todavía se mantienen bajo reserva, pese a los temas que contienen según un índice que del mismo ha trascendido. No se termina de entender cuáles son los intereses o las presiones que existen para que esos archivos sigan en la oscuridad.

En particular, ante el espejo del “Archivo Castiglioni”, un conjunto de 65 cajas de copias y facsímiles que se incautaron en la casa de un coronel del Ejército, cuyo contenido ha trascendido en algunos medios de prensa. Incluso, más de uno se pregunta por qué no se ha ordenado el allanamiento de la casa de otros connotados represores de la dictadura, quienes en su momento evidenciaron tener documentación reservada de los años de la represión que, para colmo, llegaron a publicar en una página de Internet.

Tiempos de impunidad.

Lo que el fallo de Roma exige, ahora, es la reactivación de las causas judiciales que continúan dormidas en Uruguay que, como se indicó en el anuario de Serpaj, 30 años después de la aprobación de la Ley 15.848, solo ha permitido el proceso de 30 represores, cuando de 304 denuncias de violaciones a los derechos humanos que fueron judicializadas, el 23 % fue archivado, el 63% continúa en la etapa de presumario y sólo hubo 6 sentencias, de acuerdo a datos proporcionados por el Observatorio Luz Ibarburu.

¿Cuáles son las razones de ese enlentecimiento en los procesos? ¿Quiénes son los responsables de que las causas no progresen? ¿En cuánto es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia o de la Fiscalía de Corte, que disponen el cambio de jueces y fiscales a su antojo obligando a que los sustitutos vuelvan a empezar de cero? ¿Por qué no se ha implementado la fiscalía de derechos humanos tantas veces anunciada? ¿Por qué no se hace un tribunal al respecto, ya que es una especialidad como la del crimen organizado? ¿Por qué no se analiza judicialmente el tema derechos humanos como un todo en un proceso que permita ver el contexto y las relaciones de los casos que hoy se indagan individualmente?

¿Qué espera el Poder Ejecutivo para darle presupuesto y logística material y humana a la Comisión por la Verdad si realmente se pretende avanzar en la resolución de los casos de desaparecidos? ¿Cuándo se creará un equipo de trabajo full time para planificar y concretar las excavaciones en unidades militares así deban arar todo el Campo de Vidella? ¿Cuándo se ejercerá presión sobre los represores instruyéndoles los Tribunales de Honor que los degraden y limiten sus actuales jubilaciones? ¿Cuándo el Poder Legislativo elaborará una norma que favorezca a esos militares si colaboran en la búsqueda y aparición de los desaparecidos?

Los familiares, las organizaciones sociales, los activistas e investigadores, debemos continuar el trabajo, conscientes de que vivimos en un tiempo de impunidad local e internacional, pero con la convicción de que la verdad puede y debe ser encontrada. Para que haya memoria hasta que se logre la justicia. Para que no se olvide a la víctima de cada causa bajo impunidad, el nombre de cada impune y la responsabilidad de cada impunidor, mientras el Leviatán siga vivo y nade se atreva a ponerle la mano encima.

Publicada originalmente en el facebook del autor.