En las últimas semanas el gobierno argentino ha comenzado a dar señales y lineamientos de lo que considera su horizonte estratégico. Cuando el discurso pandémico ya no cierra y la renegociación de la deuda con los grandes especuladores globales ha concluido, empieza a trazar el camino hacia un nuevo espiral de la dependencia. 

La crisis pandémica hundió a la economía argentina un escalón más abajo del que ya se encontraba. El primer semestre 2020 el producto bruto interno (PBI) cayó un 12,5% en relación a 2019; desde comienzos de 2018, se ha reducido 18,8%. De esta forma, se corona una década de contracción e inestabilidad. Los números muestran la insuficiencia de las políticas de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP): casi 40,9% de la población cayó por debajo de la línea de la pobreza en la primera mitad del 2020; 56,3% de les niñes menores a 15 años!

Luego del acuerdo, ¿el ajuste?

El acuerdo con los grandes capitales especulativos privados (BlackRock, PIMCO y compañía) debía sacar un lastre para la recuperación de la actividad económica. El arreglo fue (casi) sin quita de capital -¡no sea cosa de violentar “su” derecho a la propiedad!-, reducción de los intereses y postergación de pagos. El mismo debía invitar a estos acreedores “a los que les interesa el país” -y, aparentemente, no sus negocios- a sumarse a la nueva epopeya nacional desarrollista.

Pues no. En medio de las profundidades de la crisis, el saldo del comercio exterior es excepcional: las exportaciones superaron a las importaciones en más de 11562 millones de dólares en los últimos 9 meses. Y, sin embargo, continúa el drenaje de divisas del Banco Central. La lluvia de inversiones continúa siendo en realidad una fuga multimillonaria. La debacle es tal que recientemente el Ministerio de Economía anunció nuevas medidas para cambiar las expectativas de los inversores; incluyó en ellas las emisión de nueva deuda, el ya famoso “bono PIMCO” (1), pues será la puerta de salida de ese gran fondo de inversión que se había quedado atascado en la economía con inversiones en pesos luego de haber apoyado multimillonaria y fallidamente al gobierno del ex-presidente Mauricio Macri. Friends will be friends, o amigos son los amigos (en la versión Nac&Pop).

Ahora hay que esperar las palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI). Decían que había cambiado, que ahora se había olvidado de sus malas recetas. En Ecuador, en 2019, propuso el mismo paquete de siempre y el Pueblo salió a las calles para enfrentar el ajuste, pero acá, supuestamente, vendrá con otras ideas… Hace unos días una nueva misión de funcionaries del FMI nos visitó; poco es lo que trascendió tras esta visita. Sí sabemos que Kristalina Georgieva, la nueva Directora Gerente del FMI, aclaró que está esperando que el gobierno argentino presente un programa consistente (“una hoja de ruta”), pero que no se necesitarán “más ajustes” (2). Lo cual nos plantea una pregunta: ¿el ajuste ya comenzó?

En estos momentos, el proyecto de presupuesto 2021 se está debatiendo en el Congreso Nacional. Ese proyecto ya presenta un recorte en el gasto total del Estado nacional que caerá al 4 puntos porcentuales en relación al PBI (3). La decisión de eliminar el IFE y el ATP ya es un hecho, a pesar de que estos instrumentos fueron claves (aunque insuficientes) durante la crisis en 2020. También, se ha decidido reducir los subsidios a la energía y, por lo tanto, aumentar las tarifas congeladas durante este año. A la vez, la proyección es que la masa salarial en el sector público nacional aumentará apenas por encima de la inflación proyectada: luego de un caída acumulada de 30% en los últimos años (15% de reducción en 2020) en los salarios reales, la proyección no es auspiciosa; nadie en el gobierno parece preocuparse por las expectativas populares. Desde inicios de 2018, les trabajadorxs asalariades y no asalariades en todo el país perdieron ingresos equivalente a no menos de 4 puntos porcentuales en relación al PBI.

Sumemos a esto lo que han perdido jubilades y pensionades, y los programas sociales que siguen su evolución. La nueva ley de actualización de las jubilaciones y pensiones (que se votaría en breve) promete sostener el status quo: jubilaciones empobrecedoras restringidas por la sostenibilidad fiscal. El resto del aparato estatal permanece en letargo: el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -si tal cosa es posible, considerando la apuesta a profundizar el modelo extractivo- y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación continúan haciendo la plancha sin políticas reales que atiendan las demandas más urgentes expresadas en conflictos emergentes frente las violencias hacia las mujeres(4), la crisis en el sistema de Ciencia y Tecnología (5), y los incendios intencionales en todo el país (6). La última pincelada para este cuadro: el gobierno nacional acordó -con la Confederación General del Trabajo, una parte de la Central de Trabajadores de la Argentina y el sector empresarial- un aumento en el salario mínimo vital y móvil (SMVM) que no sólo no recupera lo perdido en la última etapa de la crisis, sino que lo deja por debajo de la línea de la pobreza. Con razón el FMI dice que no hay que hacer “más ajuste”.

En este contexto, el gobierno de Alberto Fernández comienza a mostrar sus cartas. El ajuste se consolida. Se reducen las transferencias a los sectores más empobrecidos y se establecen nuevas pautas distributivas regresivas (SMVM, nueva pauta de actualización jubilatoria, paritarias por debajo de la inflación), mientras el impuesto extraordinario a las grandes fortunas -la única propuesta fiscal medianamente progresiva- duerme plácidamente en algún cajón o en estos tiempos en alguna carpeta digital.

El nuevo modelo, que es el viejo modelo

El gobierno apuesta a la mejora en los precios internacionales de los productos de exportación y concentra recursos en el extractivismo. Si bien las exportaciones totales están por el subsuelo, hay indicios de alguna recuperación en los precios que podría mejorar el balance cambiario a mediano plazo. Si no se pierden por fuga, esos dólares podrán relajar un poco la ya famosa restricción externa que bloquea los procesos de crecimiento dependiente en Argentina, como reconoce el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Según Kulfas la cuestión, parece, no tiene que ver tanto con apuntalar la economía popular (como suponen algunxs aliades del gobierno de AF), sino crear los incentivos adecuados para que el empresario nacional pueda impulsar el desarrollo, ya que “los empresarios han hecho lo que las políticas públicas le han dejado o le han estimulado a hacer”(7). Sigue buscando bajo las piedras a la burguesía nacional que nunca parece estar a la altura de las expectativas de los proyectos desarrollistas (¿La terrateniente Dolores Etchevehere será parte de esa burguesía progresiva que tanto anhelan?¿O Hugo Sigman, el empresario farmacéutico que espera hacer grandes negocios con la vacuna contra el COVID-19?).

Tal vez por ello se entiende la defensa cerrada que hace el gobierno de la propiedad privada de la tierra y los medios de producción, como cualquier economista liberal defendería ese ‘derecho inalienable’ frente a cualquier otro derecho. Así, no resulta tan paradójico que el gobierno reniegue de la raíz popular que declama, y deje a quienes reclaman por tierra para vivir y producir sin respuestas frente a las necesidades. Claro: sin otras respuestas que no sean la represión, la criminalización o las políticas que sólo reproducen la precariedad de las vidas.

Para no perder el tiempo, el ministro presentó un documento que sintetiza su proyecto de desarrollo productivo “pospandemia”(8) y cuenta con el aval de les mismes que firmaron el acta para (no) recuperar el SMVM. El proyecto busca profundizar el extractivismo en todo el territorio nacional como base para el proyecto de recuperación productiva. El primer objetivo del proyecto lo dice claro: “Necesitamos exportar más”. En torno a este punto se articulará el resto de la estrategia de desarrollo capitalista dependiente. El proyecto de la producción de cerdos para la exportación a China, el plan Gas 4.0 en Vaca Muerta y los proyectos de extracción de litio, entre otros, son parte de la “hoja de ruta” para superar la restricción externa a toda costa, y pagar la deuda odiosa. No muy distinto del combo del Plan Estratégico Industrial 2020 y Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 del último gobierno de Cristina Fernández. ¿Volvieron mejores? Seguro que no muy diferentes.

Táctica y estrategia

La crisis transicional parece no tener fin en Argentina. Una década de estancamiento, alta inflación e inestabilidad han dejado a un pueblo trabajador fracturado y exhausto. La resistencia continúa, por cierto, a pesar de todo. La pandemia y la crisis civilizatoria nos obligó a todes a ponernos creatives. Frente a la prolongación de la crisis, las organizaciones populares en lucha ponen en el centro la reproducción de la vida. Por ello las exigencias inmediatas son por tierra para vivir y trabajar, por salarios dignos y condiciones de trabajo -más aún en la pandemia-, contra las violencias y los feminicidios, y contra los incendios intencionales y el ecocidio en marcha. Progresivamente vamos recuperando las calles como terreno privilegiado de las batallas por el cambio social. Luchar contra el saqueo cotidiano como táctica, prefigurar la revolución en nuestras prácticas como estrategia.

(1) Información sobre Bono Pimco

(2) Ver nota de Claudio

(3) Ver propuesta de Congreso

(4) Comunicado sobre movilización contra Ministerio de las Mujeres, género y diversidad

(5) Sobre crisis salaria el Conicet

(6) Sobre incendios en Argentina

(7) Entrevista a Matias Kuflas

(8) Propuesta gubernamental «El desarrollo argentino pospandemia»