La semana anterior una violenta represión luego de una manifestación contra la injerencia de UPM en la educación nos provocó algunas reflexiones que queremos compartir.

El pasado 5 de setiembre la policía reprimió la movilización contra la injerencia de UPM en la educación, dejando un saldo de seis detenidos. La notoria violencia con que los cuerpos represivos actuaron generó un amplio rechazo social y político con consecuencias en distintos ámbitos.

Unos meses antes, en marzo de este año, luego de finalizada la marcha por el día mundial del Agua policías de particular, luego de infiltrarse en la movilización, detuvieron y golpearon a manifestantes, montando un importante operativo con la participación de varios móviles y efectivos.

En los dos casos las consignas de las manifestaciones, sus reclamos, fueron desplazadas, y lo que de ellas transcendió en la agenda pública  fue la violencia policial. Poco se discute sobre la injerencia de UPM en la educación uruguaya o si el modelo productivo mercantiliza y contamina el agua.

La articulación entre intereses políticos y represión es cada vez más evidente. Podríamos incluso hablar de una represión política hacia aquellas expresiones que impugnan el modelo extractivo y de despojos. No corre el argumento del policía herido o de que «se le soltó la cadena.» Se reprime cuando se quiere reprimir, cuando existe un beneficio detrás de esa acción, cuando el mando da la orden de hacerlo. Pero cuál es el sentido de utilizar tanta violencia para detener o reprimir a manifestantes. El relato del vandalismo es válido solo para la crónica amarillista. El despliegue policial con tareas de inteligencia, los medios y recursos que dispone es más que capaz de controlar cualquier manifestación popular. Cualquiera que haya participado de una manifestación sabe que la policía no responde a todos los incidentes que se puedan producir. Evalúa costos y beneficios, no solo tácticos sino también estratégicos definidos por las autoridades.

Detener y golpear a «los mismos inadaptados de siempre» es una estrategia para deslegitimar su discurso, correr el eje de su reclamo y aislar su crítica para volverla delictiva.

No es casual que la ministra Muñoz dijera al día siguiente de la represión que “Hay gente muy desinformada, sobre todo la muchachada cuando ve algo que viene del gobierno, no importa cual, y dice que no le gusta, pero eso es propio de la edad. Mientras que los adultos, algunos están desinformando a propósito y otros deben estar desinformados realmente” ¹

Los hechos marcan una continuidad: deslegitimar la movilización, criminalizando algunas protestas.

A fines de 2017, realizamos desde Zur un artículo sobre el tema para el informe anual sobre Derechos Humanos de Serpaj.

En esa oportunidad decíamos que la criminalización de la protesta «se trata de diversos modos de deslegitimación de la movilización y protesta social que pueden suponer distintos niveles de judicialización o represión policial o militar. En cualquier caso, se trata de discursos y acciones que impiden, debilitan o frenan la disidencia política y minimizan las expresiones del descontento popular. En general tales procesos se enmarcan en medidas globales de seguridad ciudadana que justifican o establecen un contexto de medidas represivas.»

Y concluíamos reflexionando que «El consenso instalado por la hegemonía progresista ha supuesto hasta ahora la estigmatización y deslegitimación de quienes lo interpelan. El ataque a aquellos que disienten con el modelo, ya sea por cuestiones ambientales, de derechos humanos o en términos de recursos económicos,  vía salarios y presupuesto nacional, también es un recurso utilizado por los gobiernos progresistas. Como toda lógica dominante, el consenso instalado marcó los límites de lo posible, siendo las demandas y protestas que los excedían apaciguadas con diversos recursos legales y con niveles variables de uso de la violencia directa, resguardo último de todo proyecto de dominio.

En nuestro país, los decretos de esencialidad y “antipiquetes” han sido los recursos más utilizados recientemente, intensificándose un proceso que ya había sido puesto en marcha mediante variados mecanismos de estigmatización y deslegitimación de la lucha social. El objetivo preferido del orden en este último tiempo son los ambientalistas, los educadores, las feministas y, en menor medida, los empleados públicos. La insuficiencia y precariedad de los recursos destinados a los servicios públicos, fundamentalmente en salud y educación; la creciente privatización de algunos sectores de las empresas públicas; la subordinación al modelo extractivista, con fuertes impactos sobre la calidad del agua; los beneficios extraordinarios a la inversión extranjera; y el aumento de la violencia contra las mujeres han despertado protestas que desafían los límites del consenso progresista. Para estos casos, la respuesta ha sido o bien incluir parcialmente las demandas, subordinándolas a los intereses del consenso, o bien intentar deslegitimarlas mediante la estigmatización.

Nos interesa señalar que este consenso está enmarcado en el paradigma extractivista, que no solo supone un modelo económico sino también una forma particular de regulación política y social. En países donde este modelo parece estar más avanzado se ha comenzado a hablar de “régimen político del extractivismo” para referirse a esta configuración que, a la vez que expropia riquezas, despoja de las capacidades políticas para incidir en los asuntos públicos. En los territorios donde este modelo se intensifica rige un estado de excepción permanente donde la criminalización se presenta de diversos modos y con distintos matices, pero siempre de manera creciente. En Uruguay no se han presentado todavía casos extremos o continuos de judicialización o represión, pero los casos aislados, la creciente estigmatización de la protesta y el reiterado uso de mecanismos de contención de la lucha social, como los que hemos presentado en estas páginas, así como la tendencia a nivel regional deben advertirnos sobre los caminos que se están pavimentando.»

Los hechos ocurridos transitan por el mismo camino de las preocupaciones expresadas dos años atrás en el artículo para Serpaj, el intento por aislar la disidencia es intrínseco a la política de Estado, que al no poder integrarla de manera subordinada la reprime y estigmatiza. El rechazo de numerosas organizaciones a estos episodios así como la solidaridad expresada es condición sine qua non para combatir la estigamtización.

1-http://www.lr21.com.uy/politica/1410195-maria-julia-munoz-upm-programas-…