Declaración de las Organizaciones Sociales frente al proyectado Sitio de Disposición Final de Residuos de Canelones, entregada al Poder Ejecutivo el lunes 21 de setiembre.

En las directrices de la Ley Nº 19829 para la Gestión Integral de Residuos del Estado Uruguayo, se establece que:

«Se debe priorizar la minimización de la generación en origen»

Afirma que «La alternativa de disposición final se considerará como opción de última instancia, contemplando la prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales negativos que de ella pudiera derivarse»

Sostiene que «Se debe promover la inclusión social y laboral de los clasificadores de residuos».

Y dice, además que «Los habitantes serán responsables de la clasificación y segregación de los residuos domiciliarios, así como de su disposición inicial, según la normativa aplicable».

Por otro lado, el Proyectado Sitio de Disposición Final de Canelones se comenzó a elaborar antes de que se promulgara dicha Ley pero el proceso licitatorio corrió paralelo a su debate y elaboración. Sin embargo, ni el gobierno de Canelones ni el gobierno nacional ha objetado el informe final de la empresa licitante, ni han intentado rever sus orientaciones que contravienen gravemente las directrices de la Ley citada. Por el contrario, como compartimentos estancos, por un lado se elaboró una ley que está vigente y por otro, se proyectó y mantiene la autorización de un sitio de disposición final que no cumple ninguno de los requisitos impulsados por los legisladores para la gestión integral de residuos.

En particular:

1º.- Compromete a la intendencia de Canelones a transferir una cifra millonaria a un consorcio privado  por la construcción, mantenimiento y operación del sitio de disposición final por un período de 22 años, desviando gran parte de los recursos disponibles para la gestión de los residuos hacia una opción, que por ley, debería ser la última.

2º.- A una primera determinación de un cuadrilátero en la zona de la Cuenca del Solís Chico, sin explicación científica alguna, le siguió una flagrante equivocación en la selección de los primeros predios por parte de la Empresa Licitante, coincidentes con el Reservorio de agua por parte de OSE desde 2013, tal como fue averiguado por los vecinos, y luego reafirmada por el Ente estatal, el Parlamento y la DINAMA. Lugar que, en la actualidad, está siendo licitado el estudio técnico con el objetivo de proveer de agua potable a la Costa de Oro.

3º.- En la actualidad, se ubica parte del sitio de disposición final en la Sub-cuenca de la Cañada de las Nutrias, afluente del Aº Solís Chico, aguas arriba del embalse previsto por OSE para el abastecimiento de agua potable para la población del este de Canelones.

Si bien el vuelco de los lixiviados y el tratamiento parcial de los mismos, así como el ferti-riego que propone el proyecto, se desvían hacia la zona de la Sub Cuenca de la Cañada Bellaca, de ninguna manera se eliminan los riesgos de contaminación del agua dulce superficial y subterránea, en particular debido a sustancias tóxicas tales como metales pesados y compuestos orgánicos persistentes.

4º.- La Licitación Pública organizada por la Intendencia de Canelones en conjunto con la DINAMA desde 2016 para el SDF de Residuos Sólidos de Canelones y avalada por todos los gobiernos nacionales es violatoria de los artículos 47- 72 y 332 de la Constitución de la Republica, por no tomar en cuenta el mandato constitucional y los instrumentos institucionales que garanticen la participación en la planificación, gestión y control de los bienes comunes como el agua, priorizando el uso humano. 

 Denunciamos, además, que la operación de un sitio de disposición final por parte de empresas privadas conlleva un grave conflicto de intereses pues sus objetivos son las ganancias y la atención a los riesgos ambientales exigiría un gran control ambiental del estado.

En el caso de esta concesión, prevé, incluso, la recepción de 30 ton/diarias de residuos de grandes generadores cuando no es posible asegurar su inocuidad. La gestión final de los residuos sólidos del departamento estará comprometida en monopolio y con un determinado volumen y características, lo que limita y crea una gran dificultad, sino la imposibilidad, de orientar el proceso hacia la clasificación, el reciclado y la revalorización de acuerdo a los principios de la economía circular de la mayor cantidad de residuos.

En consecuencia, este proyecto pone en riesgo la calidad ambiental de una zona rural y costera con alto valor ecológico, en el que convive la actividad agropecuaria familiar y turística, con el lugar de residencia de un miles de ciudadanos.

5º.- Las características y aptitud de los suelos presentadas por la consultora de la empresa licitante han sido cuestionadas por los vecinos que conocen el terreno, por especialistas de varias disciplinas, así como de catedráticos de la Facultad de Ciencias que afirman que los datos aportados no son suficientes para decir que los suelos son apto para el sitio de disposición final.

Los profesionales consultados por los vecinos -conocedores de los antecedentes de investigaciones sobre el terreno- han demostrado idoneidad técnica y sus afirmaciones han tenido evidencia empírica acerca de la presencia de aguas que peligran totalmente, aguas subterráneas que manan a distintas alturas del terreno y, de igual forma, aguas superficiales de cañadas que dicen “intermitentes” pero que corren hasta en época de sequía.

6º.- La empresa licitante no ha podido lograr -aunque lo haya intentado- la «licencia social» que buscaba. En primer lugar, porque la población de toda la Cuenca del Solís Chico-, luego de recibir información de la magnitud del proyecto, ha manifestado reiteradamente su rechazo, por el lugar elegido y por la forma de decidirlo. En segundo lugar, porque más de 20 colectivos organizados en localidades cercanas y a nivel nacional se han expedido en oposición. En tercer lugar porque se expresaron con argumentos fundados y asesoría técnica en una multitudinaria audiencia pública donde más de mil pobladores no escucharon respuestas que rebatieran sus fundamentos. En cuarto lugar, todos los consejeros del Municipio de Soca, en representación de todos los partidos políticos, se expidieron por unanimidad en oposición a que el SDF se instale en dicho Municipio.

Los habitantes de la zona tienen argumentos, comparten saberes, tienen memoria histórica acerca de las miles de promesas recibidas desde las fracasadas reconversiones productivas al fin de la remolacha azucarera, se recuperaron una y otra vez, pero en los últimos tiempos, se vieron obligados a estudiar centenares de páginas de licitación, se informaron y se formaron acerca de experiencias internacionales. Y en la defensa del Solís Chico y sus afluentes, se unieron al resto de los pobladores de la Cuenca que defienden el agua potable, los humedales, los cangrejales, las playas… y así, hicieron conocer su entorno, las quebradas del terreno, los manantiales que brotan hasta en la cima de los cerros, Y, sobre todo, se conocen mutuamente y allí están los vecinos de Tapia y de Soca, del pueblo y del campo, de Cerro Mosquitos, centenares de productores familiares y colonos, jóvenes y no tanto, productores de alimentos, profesionales dedicados al bienestar de los animales y de la gente. Y, de concretarse la instalación del Sitio de Disposición Final, muchos de ellos se verán obligados a abandonar el campo y las localidades cercanas, profundizando la tendencia de la expulsión de la familia rural.

Por las razones expuestas, es que le planteamos al Presidente de la República que, en el uso de sus competencias, y antes del 23 de setiembre, atienda nuestro Recurso de Revocación y Jerárquico iniciado por los vecinos/as y en bien de la población y las nuevas generaciones del departamento, defina la anulación de la resolución 327/2020

Como sociedad nos debemos la reflexión y sobre todo la oportunidad de demostrar que podemos ser parte de un cambio de paradigma y de fomentar y practicar acciones que generen bienestar en el ambiente que nos rodea y del que somos parte, porque solo así lograremos nuestro propio bienestar

Basta de ver la tierra, el suelo y el agua como algo inerte, sin vida al que podemos usar y agredir sin consecuencias, ni enterramiento, ni incineración son la solución. La tierra es vida y el AGUA ES DE TODOS.

¡¡¡NO AL MEGABASUERO!!!

COMISIONES en movilización:

• Comisión de Soca: Acciones Ambientales Soca
• Comisión en Defensa del Solís Chico y sus Afluente.
• Comisión de Vecinas /os en defensa de la Laguna del Cisne y el A° Solis Chico
• Comisión Ambiental de Las Vegas – Lomas del Solís.
• Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
• Comisión Por un Solís Chico Limpio

ADHESIONES a nivel Nacional:

• Área sector cooperativo y economía social y solidaria del CSEAM-UDELAR (Comision Sectorialde Extension y Actividades en el Medio de la UDELAR)
• SUMEFAC Grupo de Trabajo en Salud y Ambiente (Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria)
• FFOSE Federación de Funcionarios de OSE
• Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT
• UCRUS (Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos)
• Regional Toronjil de la Red de Agroecología
• Solow food Uruguay
• ASO.BA.CO. (Asociación Barrial de Consumo)
• Coordinación Nacional contra UPM
• Movimiento de Protección Ambiental de Sarandí del Yi
• Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus
• Asociación civil Nativos Punta Negra
• COENDU (Conservación de Especies Nativas del Uruguay
• Colectivo Ecofeminista Dafnias
• F.L.A.D.V. (Frente de Lucha Ambiental Delia Villalva)
• Colectivo Ñangapiré
• Centro Ecuménico Emmanuel
• Fridays For Future
• El Taller del Arte-insano
• Clan  Choñik  Charrua
• Eco Parque (Acciones Ecológicas en Parque del Plata)
• Colectivo de mujeres Hum Pampa
• COA Atlántida y alrededores
• Colectivo artistas por la tierra VIVIR CREANDO
• Vivero Atrapasueños