Noticias de verano
Comienza el 2020 y con él las primeras noticias veraniegas del futuro gobierno electo sobre posibles políticas en migración.
El nuevo año que corre será de significativos cambios. El gobierno electo, una coalición formato patchwork liderada por el Partido Nacional, ha comenzado a hacer anuncios respecto a su plan de gobierno, a ejecutarse a partir del primero de Marzo. La movilidad humana, y más precisamente, la migración no ha escapado a estos anuncios.
El primero de estos anuncios remite a un tema crítico y crucial: la vivienda. En los últimos años este punto ha sido fuertemente debatido. El acceso a la vivienda es un problema estructural de Uruguay que cuestiona percepciones y nociones fuertemente arraigadas en la sociedad, que resultan muy difíciles de poner en cuestión. Con la consolidación del fenómeno de la inmigración en la última década, ha vuelto a estar en el tapete la discusión sobre qué soluciones habitacionales se pueden ofrecer.
Una característica no menor de un amplio porcentaje de población migrante que llega al país (la de menos recursos), es la imposibilidad de alcanzar los requisitos exigidos para alquilar una vivienda: documentación, estabilidad y formalidad laboral principalmente. Esto ha sido la principal causa de que pensiones, inquilinatos y otras formas irregulares de subarriendo hayan proliferado en los últimos años. Las condiciones infrahumanas, estafas, violencia racista y xenófoba son algunas de las características de estos establecimientos destinados al hospedaje, en los cuales no se necesita más que contar con el dinero para abonar la estadía. Varios han sido los casos por desalojos, abusos, violación de derechos humanos, condiciones inhumanas, hacinamiento y un largo etcétera, a los que les hemos dado seguimiento. También, varios han sido los esfuerzos desde el estado por canalizar distintas situaciones a los casos concretos, aunque sin respuestas que propongan soluciones duraderas. En esta línea, la Intendencia de Montevideo ha estado trabajando en la actualización de la ordenanza municipal respecto a las pensiones, así como en las inspecciones a los recintos. Por otro lado se ha elaborado, desde la Junta Nacional de Migración, un protocolo para los casos de desalojos y lanzamientos, a fin de evaluar alternativas y soluciones. También, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ha enviado recomendaciones a Fiscalía General de la Nación, donde indica que ante un lanzamiento se tomen las medidas correspondientes para evitar que las personas queden en situación de calle. Sobre este último punto todavía no ha habido respuesta por parte de Fiscalía.
Esfuerzos enormes que han contribuido, pero no han podido ir al meollo del asunto. ¿Por qué? Porque la problemática responde a distintas aristas que no son únicamente económicas, tiene que ver con el acceso a la documentación, con lo laboral, con la proyección del proyecto migratorio de cada persona, con cómo concebimos la vivienda y para quién pensamos las políticas de vivienda, independientemente de que sean extranjeros o nacionales.
Es así que ante este escenario, y el futuro panorama, resultan alentadoras las declaraciones del próximo presidente uruguayo, quien señala que trabajará enérgicamente en el tema. Bueno sería ponerse al corriente de cómo se ha venido trabajando en este tema en los últimos cuatro años, cuál ha sido el rol de la sociedad civil y la academia en esta problemática. Por otro lado sostener la continuidad del trabajo con el estado, como se ha llevado a cabo hasta la fecha, con aciertos y con discrepancias, pero que han permitido construir un camino en diálogo para abordar éste y otros temas vinculados a las migraciones.
El segundo punto remite a la flexibilización de la residencia legal. Sobre esto es importante destacar que el grueso del problema de las residencias en Uruguay son las que se vinculan con los países extra Mercosur y que tienen requisito de VISA para ingresar al país. El gran problema hoy, para la mayoría de las personas migrantes que llegan al país está antes del procedimiento de residencia; está en los requisitos de ingreso. Atendiendo la composición de los flujos migratorios actuales, hablamos de las personas provenientes de Cuba, quienes afrontan mayores complejidades para regularizar su situación migratoria en el país en función de la imposibilidad del acceso a la VISA. Por otro lado y no menor es el caso de República Dominicana, con quien se instauró un régimen de VISAS en el año 2014, en plena vigencia de la Ley 18.250 donde se reconoce el derecho a migrar como un derecho inalienable. Varios avances ha habido sobre este punto, la diversificación de los requisitos de la VISA para casos de reunificación familiar con personas radicadas en Uruguay, por ejemplo. En este sentido, en el 9no Encuentro de Migración y Ciudadanía en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el representante del Partido Nacional explicitó la voluntad de su partido de trabajar de cara a la eliminación del régimen de VISAS. Nuevamente señalo como positivo el compromiso a flexibilizar las residencias, ya que la VISA significa un obstáculo importante.
Este último punto me lleva a la más reciente de las noticias de verano y que tiene como protagonista, nuevamente, al futuro presidente Lacalle Pou. Esta versa sobre la promoción orientada a captar inmigrantes, 100.000 personas provenientes de Argentina para residir en nuestro país. Este anuncio, realizado en una conferencia en la Expo Real State sobre el negocio inmobiliario y la construcción, enciende algunas alertas. Primero, un fuerte desconocimiento de la migración contemporánea en Uruguay de la cual podría extenderme, pero sólo señalaré que si bien Argentina y Brasil han sido los principales destinos de origen de la migración en Uruguay a lo largo de la historia, la inmigración contemporánea tiene como orígenes principales Venezuela, Cuba y República Dominicana, entre otros países no fronterizos de América Latina. Por otro lado, que durante el período de inmigración en Uruguay, que comienza en el 2009 y se extiende hasta la fecha, la cantidad de personas nacidas en el extranjero, según OIM en 2011, se puede estimar en 70.000 (2.3 % sobre el total de la población). Quizás a la fecha ese número alcance las 100.000 personas. Resulta notorio que la inmigración contemporánea en Uruguay representa cuantitativamente un fenómeno de menor escala. Hablar de captar 100.000 inmigrantes implica un profundo desconocimiento de la demografía uruguaya. Al mismo tiempo queda evidenciada la falta de conocimiento de las distintas problemáticas que la población migrante atraviesa al llegar a Uruguay, para algunas de las cuales todavía no se pueden avizorar respuestas claras, y que hablan de un país de avanzada en materia normativa (leyes), pero que ha incorporado tímidamente la inmigración en su agenda.
No podría pasar por alto de qué inmigración se habla en esa nota. Familias, con capitales, que busquen invertir, que se establezcan y que sean parecidos a nosotros, ese imaginado ser nacional uruguayo masculino, blanco y discreto. Quizás esto pueda hacer una asociación forzada, entonces me pregunto: si la idea es captar migración que traiga plata e invierta ¿por qué no se estimula la inmigración cubana, venezolana, dominicana y otras? ¿Por qué establecemos barreras a los países que actualmente están mayormente representados dentro de los flujos migratorios? En caso de que se busque estimular esa inmigración, ¿por qué no trabajar en mejorar las condiciones de la población actualmente radicada en Uruguay? Si la migración de los últimos diez años ha significado importantes desafíos, ¿qué pasaría si se sumara 100.000 personas más en los próximos cinco años? Puede que esto se lea como una disconformidad hacia la inmigración, o a que sigan llegando más personas a Uruguay, lo cual sería un error. Lo que intento recuperar es un sentido crítico de problematizar acerca de estas declaraciones que otras veces hemos escuchado, sin ir más lejos del ex presidente José Mujica.
Si se pretende hablar de captar población migrante para estimular, ya sea, el crecimiento demográfico, económico o el que sea, quizás debamos hacer a un lado los prejuicios por origen nacional y raciales y pensar en cómo se van a canalizar esos procesos de integración. Lo que queda claro, después de diez años de inmigración, y en lo personal, de cuatro años de trabajo e investigación en el campo de las migraciones, es que sin lineamientos claros en materia de vivienda, documentación y cuidados, entre otros, vamos a seguir afrontando las mismas dificultades.
Para finalizar, a pesar de ser crítico con los dichos respecto al tema, señalar el carácter positivo de las declaraciones, lo cual muestra una sensibilidad e interés por las migraciones que se distancia de declaraciones xenófobas realizadas por integrantes del futuro gobierno.
*Antropólogo integrante del Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población – FHCE UdelaR
