Uruguay, primer país del mundo en incluir por iniciativa popular el derecho humano al agua en su constitución, acaba de tomar una serie de medidas que determinan la no potabilidad del agua del sistema metropolitano.

“No es sólo sequía, es saqueo” fue la consigna que instalaron los colectivos en defensa del agua ante la grave situación del abastecimiento público de agua potable durante el pasado verano. La misma consigna es aplicable a las recientes decisiones que han tomado las autoridades de OSE (Obras Sanitarias del Estado) y que implican el aumento de la salinidad del agua que sale por las canillas de Montevideo y la zona metropolitana.

En este caso saqueo -que se suma a los graves efectos de la sequía- implica el deterioro de la calidad de agua potable para el abastecimiento humano, incluyendo agua con mayores niveles de salinidad, en un contexto de “ofertas” de iniciativas privadas que incluyen tecnologías desalinizadoras para el Río de la Plata (Proyecto Neptuno) y -eventualmente- algunos puntos de la costa Atlántica.

El mensaje de las autoridades, no sólo de las responsables del servicio de agua potable sino particularmente las del Ministerio de Salud Pública, incluye la advertencia para las personas hipertensas[1], con patologías cardíacas o renales de que “en caso de ser posible” tomen agua embotellada.

Abrir las puertas al agua salada

Basadas en los efectos de una sequía de características históricas, las autoridades de OSE tomaron una serie de decisiones que aumentan la salinidad del agua que se entrega por el sistema de cañerías, lo que la hace “apta para el consumo humano” pero pone en jaque su condición de potabilidad, ya que para serlo no podría venir acompañada de advertencias de las autoridades sanitarias sobre los eventuales efectos nocivos de su consumo para determinados grupos de personas.

La primera de estas decisiones es bombear agua del propio Río Santa Lucía desde un lugar ubicado a 50 kilómetros de su desembocadura en el Río de la Plata aguas arriba, de manera de aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema de potabilización de Aguas Corrientes.

Uruguay se había declarado en “emergencia climática” para el sector agropecuario desde el mes de octubre de 2022. Esta situación de emergencia se fue manteniendo y ampliado en extensión geográfica y gravedad a partir de decisiones de gobierno que fueron adoptada en los meses de diciembre de 2022 y posteriormente enero y abril de 2023. El déficit de precipitaciones se extiende por un área que incluye vastas regiones de Argentina y Brasil. Por ello llama la atención que las autoridades responsables del abastecimiento de agua potable del país no hayan tomado ninguna medida preventiva hasta que fuese inminente el desabastecimiento (solicitando a la población un uso “racional” del agua potable al tiempo que se anunciaba una capacidad de mantenimiento del servicio por períodos de 30 o 15 días, dependiendo de las regiones). Las zonas más afectadas fueron las dependientes del sistema metropolitano (cuya fuente es el río Santa Lucía), de la costa del departamento de Canelones (cuya fuente es la Laguna del Cisne) y de la ciudad de Minas. En ningún caso las restricciones de uso implicaron controles a los grandes usuarios de agua en el país (las empresas embotelladoras -una de las más importantes, que exporta agua embotellada está ubicada precisamente en el entorno de la ciudad de Minas-, las industriales -entre ellas el complejo celulósico- o el agronegocio intensivo en consumo de agua -arrocero, sojero y forestal-).

Tomar agua potable de una región de intromisión de agua salina en el río Santa Lucía llevó al directorio de OSE a anunciar un aumento en los niveles de salinidad del agua que se entrega en el sistema metropolitano. Primero el anuncio se hizo asociado a la supuesta inocuidad de la medida. Pero recientemente el Ministerio de Salud Pública ha lanzado una campaña en la cual recomienda que “en la medida de lo posible” se consuma agua embotellada.

Estas modificaciones alteran los parámetros de calidad de agua definidos a nivel nacional por la Unidad Reguladora de los Servicios de Agua y Energía (URSEA), tomados en consonancia con parámetros establecidos en las normas UNIT y en organismos de referencia internacional (como la Agencia de Protección Ambiental -EPA- y la Agencia de Salud Pública -APHA- de Estados Unidos)

La decisión inicial (fines de abril) fue de aumentar los niveles de sodio de 200 a 280 miligramos por litro, al tiempo que el cloruro se elevó de 280 a 450 miligramos por litro. En una segunda instancia (primera semana de mayo) se anunciaron nuevos niveles: el sodio se elevó a 450 miligramos por litro y el cloruro a 700 miligramos por litro.

El sabor salado del agua de la canilla ha sido motivo de conversación y debate entre vecinos y vecinas, en espacios públicos o lugares de trabajo y en las redes sociales. Las conversaciones y preocupaciones sociales han estado centradas en las diferentes estrategias de las personas para hacer frente a la “novedad” del agua, la duda permanente sobre la afectación de la salud y aún algunas advertencias viralizadas sobre el aumento de la conducción eléctrica del agua de canilla y su riesgo para los sistemas de calentamiento de agua de los sectores populares.

La sal del agua (y sus precursores)

Al menos desde 2015, algunos actores del sistema político uruguayo han promovido las tecnologías desalinizadoras como alternativas para el “problema” del agua potable en el país. Uno de ellos ha sido el actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien en reiteradas oportunidades ha intervenido públicamente en favor de iniciativas presentadas por empresas e institutos de investigación de origen israelí en pos de la promoción de plantas desalinizadoras de agua.

En zonas desérticas sin otra fuente de agua recurrir a la tecnología de la desalinización muchas veces es la única opción de acceso al vital elemento. En territorios como el nuestro, densamente irrigado por cursos de agua dulce implementar políticas de protección de las fuentes de agua para consumo humano serían mucho más indicado.

Con la llegada al gobierno de Luis Lacalle Pou (2020) se han conocido una serie de Iniciativas Privadas vinculadas con obras de agua potable que implican, además de su gestión privada, la inclusión de mayores niveles de salinidad.

La más conocida de estas iniciativas se encuentra actualmente en proceso de licitación (Proyecto Neptuno) que viene siendo impugnada por colectivos y organizaciones sociales que luchan por el derecho al agua. Esta iniciativa consiste en la instalación de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí en el departamento de San José. Por otro lado se manejan iniciativas privadas para la instalación de plantas desalinizadoras en los departamentos de Canelones y Maldonado.

Esta flexibilización de las normas para aumentar la salinidad es sin dudas el primer paso para una medida permanente que le permita a los privados ingresar fuertemente en el “negocio” del agua potable. Una grave contradicción con los principios de la Constitución de Uruguay sobre el carácter público, sustentable y participativo de la gestión del agua en el país, incorporados a través de una iniciativa popular aprobada en 2004.

El contexto de la sequía es usado por las autoridades para esconder su inoperancia en la previsión de una situación que se mostraba como evidente desde hace al menos 8 meses y a la vez es el marco para cambiar los parámetros de calidad del agua y allanar el camino para las iniciativas privadas. Nada más favorable para los intereses de los promotores de Neptuno o de las plantas desalinizadoras que contar con un precedente en la propia gestión estatal de entregar agua con niveles de salinidad por encima de lo permitido. Este –el nivel de salinidad- es uno de los elementos críticos para determinar la viabilidad técnica de utilizar agua del Río de la Plata en la zona de Arazatí para aportar agua al sistema metropolitano. Aumentar los parámetros de salinidad es también aumentar el margen de viabilidad para los inversores privados.

La calidad del agua y la salud pública de la población son la moneda de cambio. La pasividad de la oposición política y de los sectores políticos autoidentificados como ecologistas o ambientalistas es al menos llamativa (o quizás simplemente demuestre la ausencia de alternativas también en ese plano).

La lucha en torno a la defensa de los territorios productores de agua es, una vez más, el llamamiento necesario para cumplir las aspiraciones del pueblo uruguayo consagradas en la Reforma Constitucional de 2004.

[1]    Según las estadísticas del propio Ministerio de Salud Pública, la prevalencia de la hipertensión es del 30% de la población entre 15 y 64 años de Uruguay. Acceso: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/dia-mundial-hipertension-mida-su-presion-arterial-precision-controlea-viva