Frente a la reciente concreción del acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa de capitales trasnacionales UPM para construir una nueva mega-planta de celulosa surgen estas reflexiones que entrelazan las agendas más urticantes para el progresismo uruguayo.

En las décadas del 90 y del 2000, el movimiento indígena fue transformando la legislación de los países del continente. Cambiando radicalmente las formas de relacionamiento entre los Estados y los pueblos. En algunos países se voltearon presidentes y se construyeron constituciones de vanguardia con marcos normativos que cuestionaban el concepto de Estado Nacional. En otros países solo hubieron pequeños artículos en las constituciones, leyes y creación de secretarías.

La normativa internacional de derechos humanos también sufrió estos embates del movimiento indígena, en 1989 la OIT establece su Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, en 2007 las Naciones Unidas redactó su Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en 2016 se vota la Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas de la OEA. Cada declaración era más vanguardista, pero manteniéndose la Convención de la OIT como el centro neurálgico de la jurisprudencia indígena internacional.

Estas transformaciones normativas de avanzada coincidieron con el periodo de la expansión del relato multicultural, las luchas contra el neoliberalismo en América Latina y el advenimiento del ciclo progresista en el continente. Si bien el progresismo latinoamericano incorporó el relato multicultural y desarrollo una serie de instituciones a favor de los pueblos indígenas. Nunca cuestionó la concentración de la tierra, la economía agro-exportadora y el extractivismo. Esto llevó a una serie de conflictos, contradicciones y pérdida de hegemonía del progresismo con el movimiento indígena en la década posterior al 2010.

Un caso particular en este conflicto latente entre progresismo y movimiento indígena es el de Uruguay. En el caso uruguayo el relato multicultural no fue entendido como diversidad étnica sino como diversidad sexual, por lo cual las políticas multiculturales, la legislación y las instituciones creadas se centraron más en la comunidad LGBT+ que en los afro-descendientes, los migrantes o los indígenas. Uruguay se volvió un país gay-friendly pero no plurinacional. La complejidad de la interpretación del concepto de “diversidad” que ha hecho el progresismo sería para otro artículo. A esto se le debe agregar la imposibilidad que ha tenido el progresismo uruguayo de liberarse del relato batllista del “país modelo” y la “Suiza de América”. Esto significa que Uruguay sigue pensándose a sí mismo como un país caucásico, bajado de los barcos y que se siente superior al resto del Continente. Ese continente mestizo, indígena y afro con sus revoluciones y contrarrevoluciones que no comprende el prístino uruguayo liberal.

Ha sido tan fuerte la imposibilidad de reconocer la presencia indígena en el país que Uruguay a diferencia del resto del continente, no tiene leyes específicas para pueblos indígenas, no tiene instituciones específicas y junto con Surinam ha sido el único país de Sudamérica que no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. El mantenimiento del relato batllista y la sombra del riverismo que permean a toda la institucionalidad y la política nacional son grandes responsables del profundo negacionismo hacía lo indígena en el Uruguay. Sin embargo hay otros causantes y estos tienen que ver con la matriz económica del Uruguay. El racismo anti-indígena uruguayo tiene su raíz en la economía. Recordemos que los derechos indígenas no son solo acciones afirmativas y políticas culturales como la mayoría del multiculturalismo sino que también son las devoluciones territoriales y el derechos soberanista de la Consulta Previa, Libre e Informada.

En su trabajo de investigación sobre el proceso de ratificación del Convenio 169 de la OIT en Uruguay, Trejo, identifica 5 argumentos por los cuales el Estado todavía no lo ha ratificado. Estos son: la invisibilización de la población indígena del país, la visión de determinados académicos, el desconocimiento de los derechos indígenas, los derechos territoriales y el conflicto con la inversión extranjera. Los tres primeros argumentos se deben a la reproducción de un racismo absolutamente naturalizado en las instituciones y en la sociedad.

Pero un fenómeno que se podría combatir con campañas de sensibilización y políticas educativas. Los otros dos argumentos son de índice económico y lo que está atrás es el beneficio económico histórico y contemporáneo que han tenido los capitales nacionales y trasnacionales con el despojo territorial y de soberanía hacia los charrúas. Nadie quiere reconocer que los capitales de este país están sobre tierra indígena robada.

Entrevistado por Trejo para su investigación, Juan Mailhos de la Cámara de Comercio del Uruguay, argumenta la posición de la patronal en contra de la ratificación del Convenio 169 diciendo “nosotros pensamos que estos grupos distorsionan los procesos de radicación de inversiones en los países” (Trejo, p 37, 2019). Marcando que para la patronal es más importante la circulación de capitales globales que los derechos de un colectivo ancestral. La Cámara de Comercio ve a los descendientes de charrúas como el fantasma de Marx, aquel sujeto que si se le permite crecer puede desencadenar en una serie de conflictos que se la pondrán dura al capital. Por lo cual tienen la posición de no dejar que el Estado reconozca los derechos colectivos y amolde su legislación a la legislación internacional. El empresariado tiene un lobby más fuerte que las organizaciones charrúas.

No es casualidad que en el mismo momento histórico en que existe una fuerte legislación internacional en materia de derechos para los pueblos indígenas, hay un proceso de resurgencia indígena en Uruguay y el gobierno del FA vende una imagen de “país modelo” y “sin indios” al exterior para buscar capitales trasnacionales, la respuesta sea demorar la ratificación del Convenio 169 de la OIT. No es casualidad que el gobierno de Tabaré Vázquez que estuvo a lo largo de toda su legislatura negociando con UPM la segunda planta, sea el mismo que dejó bien en claro en una reunión con el CONACHA de que no había voluntad política de ratificar el Convenio 169.
El no reconocimiento de los derechos indígenas es lo mejor para UPM. ¿Qué pasaría si hubiera recursos legales para reclamar “El Duraznal”, la estancia donde estaba la toldería del cacique Sepé y que actualmente es un campo forestal? ¿Qué pasaría si la inversión multimillonaria de UPM dependiera de consultar a las organizaciones indígenas? ¿Qué pasaría si los “loquitos que se ponen la vincha” pudieran tener el poder legal para parar a una empresa multinacional? Este es uno de los grandes temas de la negación indígena en el Uruguay.

Si bien distintas organizaciones charrúas han venido participando de luchas socio-ambientales durante más de una década en el Uruguay. Parece ser que al movimiento ambientalista le cuesta entender el tema indígena. Le cuesta entender el derecho a la diferencia cultural. Le cuesta entender el derecho a la soberanía indígena. Si el movimiento ambientalista uruguayo entendiera que el Convenio 169 de la OIT es una gran herramienta para enfrentar al capital trasnacional, tal vez, otro sería el cantar