Un legislador liberal francés del siglo XVIII, en pleno proceso de consolidación de los derechos burgueses de propiedad sostenía que los hombres de estado tenían la obligación de contribuir con la “gran obra de la propiedad” [1], sacralizando como derecho una relación cuyos orígenes históricos remiten al resultado del antagonismo de clase.

En las últimas semanas, los diarios, los portales de noticias, los zócalos de los canales de televisión parecen remontarnos discursivamente a aquella epopeya de la burguesía en ascenso; pero sin epopeya y con balbuceante decadencia. ¡La propiedad privada -capitalista- está en peligro! El peligro es que se sepa su historia.

Los incendios forestales, el avance de la frontera agrícola con sus pandemias potenciales, los emprendimientos inmobiliarios, las guerras por mal habidas “herencias” consagradas por un código civil acorde con la reproducción del sistema capitalista son todas expresiones de la propiedad privada; como también lo es la esperanzadora carrera por las vacunas, movida mucho menos por la salud y la vida de la humanidad, que por la ganancia de las corporaciones farmacéuticas.

Frente a esta abrumadora ratificación de la fortaleza de esta forma de apropiación– forma triunfante, hasta ahora, entre muchas pasadas y otras posibles- aparecen los “derechos consuetudinarios de los pobres”; esos pobres sobre los que reflexionaba Marx en sus artículos de la Gaceta Renana publicados en 1842 a propósito del debate parlamentario para sancionar la ley sobre el “robo de leña”. Hay alguna continuidad con estos desposeídos actuales a los que el estado no solo les niega sus más básicos derechos de subsistencia, sino que, habiendo sido expropiados por el “monopolio de los ricos”, los criminaliza y convierte en objeto de una abyecta represión televisada.

Pero volvamos al robo de leña; porque en el origen, está el desenlace. Frente a la privatización de los amplios bosques de la Renania decimonónica, los usos ancestrales de los pobres rurales fueron brutalmente atacados. Lo que antes era costumbre, transmitida por generaciones, se convierte en el botín que se reparten los ganadores de los combates de clase. Los vencedores se hacen -y hacen- del derecho de propiedad exclusiva sobre espacios aprovechados comunalmente durante siglos.

Entrar al bosque -ahora privado-, obtener leña para calefaccionar los hogares, cortar madera para construir casas o fabricar herramientas dejaron de ser prácticas permitidas para sancionarse como delito. A tal punto llega el proceso de transformación que atraviesa Europa entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, que la misma recolección de leña suelta y seca de los suelos también se convierte en un acto ilegal. Pero las costumbres no se borran ni siquiera por esa violencia originaria; y así veremos durante largo tiempo que el campesinado no entiende este trastocamiento del mundo que les impone reglas contrarias a la satisfacción de necesidades humanas. Por eso, “el pueblo ve la pena y no ve el delito, y puesto que ve la pena donde no hay delito no verá ningún delito donde haya una pena” [2]. Frente a este escenario de insubordinación práctica, los propietarios privados acuden a sus funcionarios de estado: hay que sancionar leyes más estrictas y aplicar el terror.

La polémica parlamentaria es reveladora de la formidable operación que está en marcha a comienzos de la década de 1840. Mientras un legislador – seguramente más simpático para la sensibilidad del progresismo vernáculo- sostiene que la recolección de leña seca debería castigarse levemente “solo con una pena policial”; otro, más encendido -de esos que hay que “tragarse” porque es con todxs…- lo refuta con un profundo argumento: en los bosques “se hieren con frecuencia árboles jóvenes y cuando como consecuencia de ello se echan a perder se los trata como leña seca” [3]. ¡Fraude, fraude! Por ende, no condenar con la mayor severidad estas acciones implicaría ceder ante las artimañas de los que se niegan a aceptar que el mundo ha cambiado. Efectivamente tomar leña del suelo será un delito y quien lo haga será un delincuente.

El derecho cumple aquí una función significativa dando lugar a las numerosas disposiciones sobre los llamados delitos forestales. Pero los más pobres confían todavía en la fortaleza de sus comunidades, con sus derechos prácticos sobre los montes comunales de los que obtienen un complemento para sus vulnerables existencias.

Campesinos urgidos por la lógica de la necesidad, igual que sus antepasados, acuden al bosque para recoger leña; pero al llegar encuentran un guardia forestal que les dice ustedes no tienen nada que hacer acá, el bosque no les pertenece. Este bosque tiene dueño. Sin siquiera mencionar que, hasta recién les había pertenecido. Y no conforme con usurparles ese derecho elemental, los amenaza. Pero ya no son solo las bravuconadas típicas de los servidores del poder; el guarda tiene ahora la ley en la mano.

Todo este proceso violento en el que se desgarra la comunidad y se aliena lo humano de su medio dará lugar a una parte importante de la historia criminal que construye la burguesía y que magistralmente analiza E. P. Thompson en su estudio sobre Los orígenes de la Ley Negra inglesa con la que se pretende erradicar la amenaza de esos cazadores furtivos “ennegrecidos” que aterrorizaban a los muy decentes propietarios: “lo que se debía castigar ahora no era un delito entre hombres (un quebrantamiento de la fidelidad o la deferencia, un estrago de los usos y valores agrarios, una ofensa contra la propia comunidad…) sino un delito contra la propiedad” y dado que “la propiedad era una cosa, se hizo posible definir las infracciones como delitos contra las cosas” [4].

Así como en el siglo XVIII y XIX, el flamante propietario forestal, sus diligentes hombres de estado y sus esbirros policiales revindican como derecho el privilegio de monopolizar los suelos y sus frutos esforzándose por ocultar el origen de ese monopolio, que no es otro que el del expolio de las comunidades que los usufructuaban; sus herederos contemporáneos, aunque también encubren el origen inmediato, insisten hasta el hartazgo en sacralizar lo ya sacralizado. Borrar su historia, naturalizar su existencia.

En las narrativas públicas, la propiedad privada capitalista -este término jamás aparece, ¿será por economía de lenguaje?- no tiene pasado y por ende, es un derecho humano… del que sin embargo, no gozan todos los humanos.

De un lado, el sacrosanto propietario privado, su gobernador y su caricaturesco teniente coronel; del otro, los pobres privados de todo; privados de todo menos de la presencia del estado. Como en los bosques de Renania o de Inglaterra, en Guernica el estado estuvo presente y con su presencia corrió el velo de la neutralidad y la imparcialidad. Mostró su sustancia.

Leyes, mandas judiciales, disposiciones administrativas, discursos mediáticos… son todas decisiones políticas que comparten -a ambos lados de “la grieta”- la defensa de la sacrosanta propiedad privada; para eso, disciplinar a los pobres, como en el siglo XIX, siempre es política de estado.

Unxs agitan fantasmagóricas amenazas, otrxs juran con férrea convicción que semejante e imperdonable amenaza no existe. Pero más allá de las sobreactuaciones, tal vez unxs y otrxs teman no poder asegurar que esa amenaza no existirá. Porque el dominio de la cosa sobre todo lo viviente un día puede llegar a su fin. Y los privados de todo por los propietarios de todo pueden construir una forma de organización social al servicio de las necesidades humanas. Parece que el fantasma sigue su recorrida por el mundo. Y que la burguesía adora la oscuridad del vampiro, pero tiene terror a las apariciones.

Por ese temor originario es que la violencia de clase siempre pretende ser aleccionadora. En Guernica se reprimió no solo para garantizar los negocios de una minoría; junto a los gases, las balas de goma, las topadoras también se procuró reconstruir el siempre frágil consenso represivo. Como los recolectores de leña del siglo XIX: “una masa de seres humanos talada del árbol verde de la moralidad y lanzada como leña menuda al infierno del delito, la infamia y la miseria” [5], pero con helicópteros, transmisión en vivo y redes sociales.

Y en toda esta operación, como cada vez que algo así sucede, se puso en marcha la crueldad.

“La crueldad es el carácter de las leyes que dicta la cobardía, porque la cobardía solo puede ser enérgica siendo cruel. El interés privado siempre es cobarde, pues su corazón, su alma, es un objeto que en cualquier momento puede ser quitado y dañado, y ¿quién no temblaría ante el peligro de perder el corazón y el alma?” [6]; no es un juicio moral el de Marx, nada más lejano a su pensamiento.

La voluntad política se plasmó en cobardía represiva y ésta se convirtió en decidida propaganda oficial. Lo que sucedió en Guernica actualiza esta pregunta cargada de respuestas “¿cómo habría de ser humano el legislador interesado si lo inhumano, un ser material extraño, es su ser supremo?” [7]. Cobardes y crueles.