Desde el pasado 28 de abril, millares de personas colman las calles colombianas para rechazar el proyecto de ley de reforma tributaria presentado por el Gobierno de Iván Duque que ataca directamente bolsillos y mesas de las clases populares colombianas aumentando el gravamen del IVA (hasta el 19 %) y extendiendo su implantación a nuevos productos de la canasta familiar.

La Reforma Tributaria

Presentada primero como Reforma Tributaria, modificó su nombre ante las primeras voces de protesta por el de “Ley de Solidaridad Sostenible”, cuyo propósito nominal parecía hasta amoroso: consolidar “una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza (…) y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”.

La mentada reforma fue socializada con un nivel de descaro y cinismo ilimitado por parte de Alberto Carrasquilla, un economista neoliberal –léase: criminal de guerra, en términos de Renán Vega Cantor– exministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ministro de la misma cartera del gobierno Duque, y por su viceministro Juan Alberto Londoño.

Entrevistado acerca del precio de una docena de huevos, Carrasquilla respondió la mitad del precio real con toda naturalidad. No es de extrañar que lo dijera la misma persona que anunció que el salario mínimo en Colombia era uno de los más altos del mundo, y traccionó para un aumento de apenas el 2 %. Por su parte, Londoño afirmó que el café no era un producto fundamental de la canasta básica de un pueblo denominado internacionalmente como “cafetero” (tampoco lo era la sal o el azúcar).

La historia de Carrasquilla y Londoño parece recordar aquella anécdota de María Antonieta, cuando en la Francia de 1789 escuchaba desde las ventanas del Palacio de Versalles que la gente reclamaba que no tenía pan y ella sólo se atrevió a decir: “Si no tienen pan que coman pasteles”. Un año después, su cabeza rodó sobre el cadalso al encuentro con la guillotina. Tal parece ser la suerte de los cargos de Carrasquilla y Londoño, quienes terminaron dimitiendo en el día de ayer, luego de que el gobierno anunciara el retiro del proyecto.

La militarización de las calles

Sin embargo, el presidente Duque (o el “sub–presidente” como suele llamársele en alusión a que el que manda es Álvaro Uribe Vélez en interpuesta persona) echó gasolina a la candela: retiró la propuesta con el propósito de presentar una nueva versión “consensuada”… con los partidos políticos tradicionales, muchos de ellos miembros de la coalición del gobierno. De esta manera, desconoció abiertamente a la oposición (negación del juego democrático liberal–burgués que pregonan) y a los pueblos: artífices principales del retiro del proyecto.

Por otro lado, en una actitud abiertamente dictatorial, Duque ordenó la militarización de las calles para reforzar la presencia de los cuerpos policiales. Así, uno de los ejércitos mejor preparados y armados del continente se suma a la barbarie y criminalidad policial (con sus motorizados y su escuadrón de muerte anti–disturbios), que dispara con plomo, perdigones, lacrimógenas y aturdidoras, y continúa deteniendo arbitrariamente, torturando dentro de los vehículos oficiales y violando todos las garantías de derechos humanos y mecanismos procesales. Los fusiles militares ya está dando sus primeros muertos en las barriadas populares (como sucede en el caleño Siloé). Todo esto, con el silencio cómplice de aparentes gobiernos locales y regionales “progresistas” (como en Bogotá, Cali o Medellín).

Pareciera que así justifican el excesivo gasto militar y represivo, uno de los puntos álgidos de esta reforma caída y de la anterior reforma tributaria. Muchos equipamientos de última generación son estrenados en el marco de esta rebelión popular.

¿Por qué el ejército en las calles? Las tropas ocupan las ciudades con la excusa de enfrentar un nuevo flagelo: el “terrorismo vandálico”, un enemigo inventado por Álvaro Uribe Vélez para justificar el Terrorismo de Estado. No es la primera vez que el uribismo edulcora la necropolítica. Unos años atrás, Uribe habló de “masacres con sentido social” y hace poco el gobierno de Duque se refirió a las masacres como “homicidios colectivos”. En el fondo, el uribismo y la ultaderecha fascista colombiana, despojada de cualquier posibilidad de consenso y con una galopante crisis de hegemonía ad portas de una contienda electoral, necesita echar mano de la carta que le permite mantener la dominación: la violencia.

Y, finalmente, como no podía ser de otra manera en Colombia: el cuadro de violencia represiva y criminal lo completa el asedio de los grupos paramilitares que controlan territorios enteros (urbanos y rurales).

Más allá de la Reforma Tributaria

Las protestas iniciales en contra de la reforma tributaria se enlazaron con la conmemoración del 1 de mayo, y al día de hoy ya completan una semana en las calles. Esto es apenas lógico, si se considera que a la reforma tributaria le siguen, dentro del paquete, las reformas a la salud, al trabajo y a las pensiones (jubilaciones).

¿Qué hay detrás? Una mezcla de malestares y broncas, y de reivindicaciones históricas contenidas. Si en Chile se protestaba no sólo contra los $30 de aumento del boleto de metro, sino contra los 30 años de la constitución pinochetista, en Colombia el alza al 19 % del IVA sólo es un reclamo más en la cadena de exigencias populares y rechazo en contra de los 19 años de uribismo. Se protesta contra la crisis económica, el manejo irregular de la pandemia, los bombardeos de niños y niñas, los asesinatos de líderes sociales, los incumplimientos de los acuerdos con los indígenas, la impunidad judicial que se intenta establecer en favor Álvaro Uribe Vélez, los bloqueos a los acuerdos de paz con las FARC, la reactivación de las fumigaciones con glifosato, la captura de los organismos de control por parte del partido de gobierno, la descarada constitución de un gobierno narco–paramilitar, la brutalidad policial y la corrupción en los cuerpos represivos, el saqueo sistemático de la Nación, la gobernabilidad para los ricos, la cada vez más evidente militarización de la democracia.

En las calles colombianas se desafía la continuidad histórica de la Modernidad/Colonialidad del poder y del neoliberalismo galopante. Por eso caen los ministros y los monumentos. La gente de a pie, que se ahoga con los gases lacrimógenos en sus casas o presencia la barbaridad armada, sigue resistiendo en las calles. No ya por un programa político, sino por el fundamento mismo de todo programa político: la materialidad de la vida. Los tapabocas anti–Covid no logran tapar las bocas de la resistencia. La guardia indígena, los movimientos sociales, la juventud y la vecindad espontánea está colmando las calles. Se bloquea una calle, se dispersa las fuerzas y se resiste a las balas (de pistola y de fusil). La gente puede estar dispuesta a quedarse en las rutas hasta que se vaya el mal gobierno.

Una semana después de iniciado el paro, hay muertos que reivindicar y victorias por conquistar. Puede ser que no se esté tomando “el cielo por asalto”, como sucediera en la Comuna de París, o no se alcance a la revolución artesanal de la Colombia decimonónica, casi en el mismo lapso de tiempo. Es un balance aún imposible de establecer y requerirá mucha audacia política colectiva, para que no pesquen en río revuelto los oportunistas, y para que no se incuben los monstruos que suelen aparecer en los intervalos donde “lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”. Puede ser que Colombia no esté tomándose “el cielo por asalto”, decíamos, pero, para los últimos tiempos de brutal represión (sistemáticamente callada por la perorata “Comunidad Internacional”: Bachelet y Almagro, por ejemplo), resulta muy importante que, al menos, el pueblo colombiano se sacuda de las sandalias “la arena del infierno”. Es posible que esta vez, se le tuerza el brazo al ídolo de barro.