La Intendencia de Maldonado avanza en el realojo del Kennedy a la espera que la Junta apruebe el Fideicomiso que lo financia. Nuevamente, por razones nada claras están quedando por el camino unas 60 o 70 familias. A partir del testimonio de una vecina, cuento algunas de las infinitas violencias que están viviendo.

El barrio Kennedy se encuentra frente al Club de Golf del Cantegril Country Club de Punta del Este, es vecino de suntuosos chalets y alguna que otra mansión, en otro de sus lados lo bordea el Parque El Jagüel. Caminando unas 8 cuadras se llega a la playa brava, detrás de la zona del ex hotel San Rafael. Fue fundado en 1961, producto de una donación del gobierno de Estados Unidos como parte de las acciones de la Alianza para el Progreso, de allí su nombre: Pueblo Obrero Presidente Kennedy o como se lo conoce popularmente, El Kennedy.

En estos más de 60 años han pasado muchas cosas. Se dice que sus primerxs integrantes fueron las familias de los obreros que construyeron la cancha de Golf y el Casino San Rafael. Mucha gente del interior del país fue llegando en busca de trabajo en la construcción, limpiezas y servicios domésticos. También hay realojados de La Pastora, el barrio donde ahora está el Hotel Conrad.

Quien lo recorre transita por pasajes angostos, casas humildes y extendidas, con servicios públicos insuficientes, testigos del abandono y el desamparo. Las aguas de los baños y las cocinas desagotan directamente en las calles. Las tierras siempre fueron municipales y hace muchos años se volvieron un dulce botín para el crecimiento inmobiliario. En concordancia con el interés especulativo, la administración de Antía pretende concretar su realojo.

En 2015 se realizó un censo y quienes llegaron luego de esa fecha no tienen derecho al realojo y están siendo intimadxs a abandonar sus casas. Parte del realojo se financia con la venta del terreno, la dinámica implica demoler a medida que la gente se va mudando. Pero de las 500 familias, unas 60 o 70 quedan fuera. Por llegar luego del censo, por haberse mudado a otra casa en el barrio posterior a 2015, y una larga serie de argumentos cambiantes que se transmiten de manera prepotente y errática por parte de las autoridades de la Intendencia y su equipo social.

Las demoliciones comenzaron hace una semana en la manzana 9. Si bien el “Fideicomiso financiero con destino al Programa de Realojo del Asentamiento Kennedy” (expediente 893/2021) aún no fue aprobado por la Junta, el gobierno de Antía tendría los votos necesarios y ello es motivo suficiente para comenzar. Las primeras casas demolidas fueron acompañadas por drones que tomaron registro de lo sucedido. Pronto lo veremos en algún spot de campaña.

La Intendencia argumenta que esas primeras familias (25) son las que más necesitan, lo que contrasta con el testimonio de la vecina consultada. Sostiene que hay gente que está en peor situación y que la mayoría son de la Comisión de Vecinos próxima a Antía y su sector político. Por otra parte, “a algunes vecines les dicen que no les corresponde casa, porque no tienen hijes, pero se les adjudica a varones solos sin hijos, del sector político del Intendente”. También a comercios (supermercados), pese a que que no vive en el barrio.

Decir que el proceso de realojo del Kennedy contempla desprolijidades y desigualdades parece obvio. “No hay criterios claros, queda a la voluntad del director de vivienda, del amiguismo. Esa división, de no garantizar a todos la vivienda, hace que nos enfrentemos entre nosotros (…) En 2015 a mi se me negó censarme. Decían que me tenía que ir a la casa de mis viejos”. Sus padres fueron realojados en 2014.

Los gobiernos departamentales de todos los partidos realizaron realojos del Kennedy. Antes, eran opcionales, ahora son forzados. Se demuele y se vende el predio y 60 o 70 familias quedan sin casa. Para garantizar que otras personas no vayan ocupando las viviendas o predios vacíos, la Intendencia intercambió algunos beneficios con la Comisión de Vecinos formada en 2015. “Estos cuidan que no se vuelva a ocupar en el proceso de realojo y a cambio reciben las casas en las mejores ubicaciones en el nuevo barrio”. La vecina consultada, reitera la vinculación de esta Comisión y el sector político de Antía “incluso algunos integran sus listas”.

Pero la situación no es exclusiva del momento. Antes faltó el agua mientras los aspersores del riego del club de Golf bañaban su verde césped. Verde irritante, verde rabia. Hace varios meses, como señal decadente, cortaron todos los árboles y pusieron una montaña de tierra entre el barrio y la cancha de Golf. Tiempo atrás los chalet vecinos de la calle San Pablo dejaron de pagar los tributos municipales hasta que saquen al Kennedy. Pese a todo ello, el informe de la Intendencia culpabiliza a lxs habitantes del Kennedy por “no integrarse a la sociedad”, acusan a algunas familias de haber entrado en un “circulo vicioso”, y no asume ninguna responsabilidad por los servicios públicos inexistentes y los derechos básicos incumplidos.

De aprobarse el Fideicomiso y cumplirse los plazos que establecen, el mismo “justo termina para las próximas elecciones”, lo que no es una coincidencia para la vecina consultada.

No asombra por reiterada, pero las instituciones públicas que nos hemos dado para gestionar parte de nuestras vidas (en este caso Intendencia y Municipio), se comportan bajo exclusiva racionalidad económica, empresarial. Para la Intendencia de Antía (y quizás para todas), nunca estuvo sobre la mesa la mejora del barrio en su ubicación actual, respetando el lugar donde viven varias generaciones de familias desde hace años, con todo lo que ello implica. El terreno tiene alto valor inmobiliario y vecinos que quieren lejos de su vista a uno de los cantegriles más viejo de Uruguay. Les pobres no pueden darse el lujo de vivir frente a un club de golf y a pocas cuadras de los chalets más lujosos del balneario. Esta brutal desigualdad no se resuelve, se esconde, se potencia, llevando a quienes han construido y trabajado el balneario a un lugar tolerable a la vista de sus dueños. Pero no a todxs, para unas 60 o 70 familias, ni siquiera eso.

El proceso parece irreversible, “ahora lo mínimo que pueden hacer es garantizar una vivienda para todxs” concluye la vecina.