Ante una nueva situación de desalojo que se vive en la ciudad de Montevideo, en este caso de una vecina desalojada de la cooperativa de vivienda en la que vive, consideramos importante reflexionar sobre el entramado legal que habilita estos desalojos, y también sobre el sostén cultural e ideológico que permite naturalizar estos procesos tan trágicos.

 La Comisión Derecho a la Ciudad que se formó en el barrio Ciudad Vieja lanzó el año pasado un manual de resistencia barrial contra los desalojos¹ que aporta al entendimiento y el pienso de posibles soluciones.   

Para que una persona, o una familia, sea desalojada e imposibilitada de tener una casa donde habitar, suelen operar previamente factores legales, económicos, sociales y jurídicos de gran relevancia. La mercantilización de la vivienda trae como consecuencia el hecho de que para poder acceder a este bien, tengas que tener ingresos económicos suficientes, y estables, que garanticen el funcionamiento de este negocio privado. Los sectores sociales que no tengan los ingresos suficientes y constantes durante una larga cantidad de años, quedan excluidos del acceso a la vivienda formal. No existen en nuestro país políticas reales que atiendan ese tipo de situaciones.

Las cooperativas de vivienda si bien son una herramienta para obtener tierra y techo para la clase trabajadora, requieren que se tenga la estabilidad de trabajar una larga cantidad de años previos a habitar la vivienda, y luego durante 25 años se debe pagar mes a mes al MVOT la devolución del préstamo que éste le dio para construir. Si bien existen herramientas como el subsidio para los núcleos familiares que tienen dificultad de pago, esos subsidios no siempre se aplican, no siempre la cooperativa está en condiciones de pedirlo, y no cubren tampoco las necesidades reales de muchas familias que integran el mundo cooperativo. 

No son pocos los casos de desalojos que se dan a la interna de las cooperativas de vivienda, los cuales tienen razones económicas, sociales, de salud, etc. Esto no quiere decir que el modelo no sirva, ni que el movimiento político que se construye a partir de él no tenga perspectivas solidarias, aunque muestra sí, que existen problemas latentes que se debe analizar y pensar cómo superar.

No se puede analizar los desalojos sólo a partir de situaciones particulares, de las razones específicas por la que una persona o familia no pudo cumplir con su compromiso. En este sentido el Manual de resistencia barrial contra los desalojos plantea: 

“Cuando ocurre un desalojo, se suele depositar toda la responsabilidad en las personas que enfrentan esta situación, que se ven forzadas a través de la judicialización a abandonar el lugar en el que se encuentran habitando. Estos procesos quedan reducidos a un asunto privado, pese a que son miles las personas que por diferentes razones se ven privadas de un techo y no encuentran otra solución más que ocupar una vivienda vacía o dejar de pagar el alquiler para poder afrontar otros gastos necesarios para sostener la vida (alimentación, vestimenta, medicamentos, entre otros).

Una situación de desalojo ocurre entre el campo de lo jurídico y el campo de lo político, lo social, lo económico y lo cultural. El desalojo visto desde la perspectiva del Derecho es un proceso judicial cuya estructura está diseñada contra supuestos «deudores contumaces».

Pero si lo miramos desde lo político, entenderemos que quienes transitan por esta situación se enfrentan a la vulneración sistemática de su derecho a la vivienda. La reducción del desalojo a un asunto meramente jurídico omite todas sus implicaciones, entre ellas el impacto emocional de la situación en las personas que lo padecen.

Politizar esta situación también supone desculpabilizar a las personas, reconocer la dimensión de los afectos y empatizar con el sufrimiento que esta produce. Implica además hacer circular estos malestares en una trama afectiva más amplia, a través del apoyo material, afectivo y militante.”

El jueves 16 de febrero, una mujer, embarazada, y madre de 4 hijos tiene fecha de lanzamiento de la cooperativa en la que habita. Sin querer entrar en debates de buenos y malos, consideramos de relevancia que dentro del movimiento social pensemos alternativas a una medida tan extrema como la de que esa familia quede en la calle. La forma en la que se resuelva ésta situación es una muestra también de cómo desde el movimiento popular, y en particular desde el movimiento cooperativo, se piensa y atiende este tipo de problemáticas tan trágicas y complejas.

Desde la Comisión de Derecho a la Ciudad queremos aportar para que los mecanismos legales creados para proteger la propiedad privada no sean los que imperen, y para que las soluciones vengan acompañadas de la solidaridad y la comprensión que tanto han caracterizado al movimiento cooperativo.

1.  Acceso al Manual «Contra los desalojos. Manual barrial de resistencia»