En tan sólo 30 días el gobierno del presidente Javier Milei ha creado un inconmensurable nivel de desorden en la vida cotidiana, social, política y económica. Los primeros pasos fueron la devaluación del peso y otras medidas impulsadas por el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Luego se agregaron iniciativas a través de un mega-DNU (decreto de necesidad y urgencia) y el proyecto de ley “Omnibus” presentado al Congreso Nacional para su tratamiento en Sesiones Extraordinarias.

De conjunto, estas iniciativas conforman un intento de reorganizar las bases del conjunto de la sociedad argentina en un sólo golpe. No sólo buscan reformular las normativas básicas que articula las relaciones sociales en el país, sino que pretenden construir una nueva autocracia, instaurando un nuevo “Proceso de Reorganización Nacional” (no hay metáforas).

En el plano económico inmediato, las medidas tomadas, las iniciativas propuestas y una conciente inacción oficial, han liberado los mercados dominados por las grandes corporaciones. Dos o tres poderosas empresas, con poder monopólico u oligopólico en cada  rama, han desplegado un duro golpe al poder de compra de las clases populares. La inaudita inflación ya vigente en el gobierno anterior se aceleró a nuevos records: en diciembre de 2023 los precios subieron entre 20 y 25% en promedio, mientras los alimentos seguramente lo hicieron por encima del 30% (ver el informe de inflación de CABA); el jueves 11 de enero tendremos el dato oficial del INDEC. El impacto de esta dinámica sobre la actividad económica ha sido brutal: el consumo masivo cayó casi 14% en el mes de diciembre de 2023 en comparación con diciembre de 2022, los salarios reales habrá caído entre 15% y 20% en un sólo mes, las jubilaciones (sin ningún incremento) aun más. Sin datos oficiales, sabemos que la pobreza por ingresos y el hambre se han multiplicado sin dudas. Miseria planificada, como decía Walsh.

El ajuste

El Ministerio de Economía lanzó un programa de ajuste casi ortodoxo. Devaluó el peso argentino de manera que el dólar oficial subió 118% en un sólo día y anunció que ese valor se mantendría casi fijo (2% mensual de aumento) en el futuro cercano, sin detalles ni precisiones.

Caputo anunció también un recorte del gasto publico del Estado nacional, que atacaría todas las partidas con excepción del gasto en deuda pública que -devaluación mediante- subirá considerablemente. La caída proyectada para el año sería de más de 5% del PBI, con fuertes reducciones en el empleo en el Estado nacional, las empresas públicas y los organismos descentralizados de la Administración Nacional, caída en los salarios reales del personal del sector público, recortes en obras públicas, gastos de funcionamiento y subsidios a los servicios públicos. Esta reducción se completa con aumentos en el impuesto PAIS, la propuestas de incrementar las retenciones a distintos sectores exportadores y la idea de reponer el impuesto “a las ganancias” sobre los salarios, entre otros.

Recientemente se anunció la propuesta de “megacanje” de la deuda pública en pesos cuyos vencimientos el gobierno pretende postergar al menos hasta 2025. El objetivo principal es apuntalar el déficit fiscal cero prometido por el Ministro Caputo al presidente Milei. Si bien no se dieron detalles, la iniciativa concitó recuerdos del megacanje del gobierno de De la Rúa, e impulsado por Federico Sturzenegger (hoy una suerte del ministro en las sombras), y no generó expectativas positivas. Los títulos que serían canjeados se desplomaron.

Casi en simultáneo, y contradiciendo el dictum ortodoxo fondomonetarista en contextos inflacionarios, se decidió una fuerte baja en la tasa de interés para el conjunto del sistema financiero. Esta medida junto con otras permitió simultáneamente liquidar el mentado “problema de las LELIQS” y comenzar un proceso de licuación acelerada de los depósitos en pesos de personas y empresas. Con instrumentos financieros, las LELIQ (Letras de Liquidez) emitidas por el Banco Central han desaparecido, siendo reemplazadas por la figura similar del Pase Pasivo (préstamos de corto plazo de los bancos al Banco Central) y la colocación de deuda del Tesoro en los Bancos. En definitiva, esencialmente se canjeó deuda del Banco Central (que puede ser resuelta emitiendo pesos) por deuda del Tesoro (que directamente sólo puede ser pagada con los escasos recursos tributarios -impuestos- o más deuda, pues el Tesoro no puede emitir dinero).

La tasa de interés de plazos fijos ha caído fuertemente por debajo de la inflación actual y proyectada. A este ritmo, en tres meses el valor de los depósitos en pesos caerá alrededor de un 40%. Es tan brutal la licuación que difícilmente pueda sostenerse en el tiempo. De hecho, luego de unas semanas de tranquilidad financiera, la presión sobre el tipo de cambio regresó. Por un lado, casi el 25% de los plazos fijos que van venciendo no se renuevan; parte de ellos corre al dólar billete.

En paralelo, los importadores que tenían deudas comerciales (sean reales o con sus casas matrices) han sido autorizados a reingresar progresivamente al mercado cambiario para comprar los dólares que les permitan saldarlas. El intento de reemplazar esa demanda de dólares por un bono dolarizado (denominado pomposamente “Bono para la reconstrucción de una Argentina Libre”, BOPREAL) fue un fracaso. Nadie quiere un papel que vence en 4 años si puede comprar dólares reales hoy.

Finalmente, el Banco Central que estuvo comprando dólares en cantidad durante diciembre, ya no encuentra tanta oferta disponible. Los exportadores no cumplieron el “acuerdo de caballeros” y no liquidan lo previsto, esperando una nueva devaluación del dólar oficial. Para hacer frente a los pagos de deuda externa, el Tesoro tomó 3200 millones de dólares de las reservas, y la visita de una comitiva del FMI (Fondo Monetario Internacional) todavía no dió resultados positivos. En este marco, todos los dólares paralelos se dispararon (20% aproximadamente en las últimas dos semanas) y el riesgo país retomó su camino ascendente. Se abre un tiempo de incertidumbre máxima, y liquidación de la cosecha de soja a partir de abril ya parece estar en un larguísimo plazo.

¿Camino a la dólarización? ¿Qué camino?

Este clima abre la pregunta de si el otrora enterrado proyecto dolarizador resurge de sus cenizas (acá pueden escuchar a partir del minuto 53:50 una interesante reflexión de Leandro Zicarelli en este sentido). Si bien hasta el JP Morgan duda seriamente de la factibilidad y conveniencia de la alternativa, la licuación actual de los depósitos en pesos parece indicar que el gobierno de Milei está decidido a abaratar el costo de la transición del peso al dólar. Si en un par de meses o tal vez antes, el gobierno decide imponer una nueva devaluación, el canje de la moneda nacional por la extranjera sería posible -en principio- con menos dólares reales.

El proyecto original de Emilio Ocampo (¿dónde estará? ¿alguien se acuerda de él?) quedó enterrado porque supone niveles de endeudamiento imposibles de sostener. Ahora bien, con Caputo al frente del Ministerio de Economía parece abrirse una bifurcación que en los próximos meses se definirá.

El camino difícil es la dolarización “a la Ecuador”. Eso sería una dolarización de prepo de todos los activos financieros, incluyendo sobre todo, dinero circulante y depósitos. Para lograr eso se requeriría de una buena cantidad de dólares físicos para -al menos- canjear todos los pesos circulando, y una cantidad suficiente como para cubrir una porción sustancial de los depósitos totales. Esto es indispensable para enfrentar el riesgo (casi certeza) de que una gran cantidad de depositantes querrán testear la fortaleza del cambio y vayan a retirar sus “viejos/nuevos” depósitos en “pesos/dólares”. Sin dólares, en esta alternativa, hay un corralito a la vuelta de la esquina.

La opción dura a la Ecuador requiere amplios apoyos parlamentarios, muchos dólares, y por lo tanto, apoyo del gobierno de EE.UU.; no queda claro que exista tal apoyo estadounidense a la dolarización unilateral de una economía tan grande como la argentina. Tampoco está claro que la dupla Caputo-Milei estén en condiciones de conseguir los dólares suficientes; hoy día, nadie confía en que el “todo o nada” de la actual alianza gubernamental tenga el éxito asegurado.

Además, esta alternativa presupone una crisis brutal que opere de justificación y apriete al conjunto de la sociedad para dar este salto al vacío. El Vocero Presidencial Adorni lo dijo con claridad en días recientes. La demora o no aprobación del programa de reformas tendrá “consecuencias son impredecibles” y -según él- la actual corrida sobre el dólar es una muestra gratis de esas posibilidades.

Alternativamente, el gobierno puede avanzar en lo que el propio presidente Milei anunció en campaña: una dolarización por “competencia de monedas”. Este es el modelo de El Salvador: la reforma monetaria de 2000 habilitó la plena utilización del dólar en todas las transacciones comerciales, financieras y contables en el país. Este mecanismo, acompañado de otras acciones (como la prohibición al Banco Central de emitir moneda nacional para financiar al Estado), supone la libre circulación de la moneda nacional junto con una moneda extranjera (dólar estadounidense).

Esta opción ya está siendo alumbrada por el mega-DNU que pretende autorizar la realización de contratos en cualquier moneda, estableciendo que dichos contratos deberá cumplirse en la moneda “libremente” pactada. La circulación legal del dólar (y eventualmente otras monedas extranjeras) abriría un sendero de un proceso progresivo de desplazamiento de una moneda de “mala calidad” como el peso argentino por una moneda “buena” como el dólar. En la medida en que la inflación en pesos se mantenga elevada, el dólar podría convertirse progresivamente en un sucedaneo de la moneda nacional en un amplio rango de transacciones. Esta opción sería una versión más radical de la normativa vigente en el régimen de Convertibilidad entre 1991 y 2001, que esencialmente habilitaba la libre conversión entre pesos y dólares pero sin abandonar al peso como moneda de curso legal monopólica.

La pregunta clave es si el gobierno de Milei podrá llegar a crear las condiciones políticas básicas para pegar el salto a la dolarización. A un mes del inicio de su gobierno esto es todavía una incógnita.

Carrefour

Nos enfrentamos a una encrucijada. Como dijimos en otro lugar, en la última década los sectores dominantes han librado una batalla de desgaste contras las clases populares. Paso a paso y golpe a golpe, han dinamitado parte de los diques de contención que protegían históricas conquistas obreras. Sobre todo, han conseguido transformar una subjetividad popular que -nacida de las luchas callejeras- sostenía criterios generales de solidaridad de clase frente al capital. Decíamos que el partido del ajuste ganó, y eso es lo que se percibe en el debate parlamentario en relación al mega-DNU y la ley “omnibus”.

La fragmentación y precarización brutal de la vida cotidiana es la base material del consenso actual en torno a las reformas paleo-libertarias. Solo las luchas del presente determinarán si dichos cambios en la praxis del pueblo son un rasgo del futuro o tan sólo un pesadilla de la que colectivamente podremos salir fortalecidos para luchar por destino venturoso. Luego de las movilizaciones del 20 y 27 de diciembre, las asambleas, cacerolazos y marchas que se multiplican desde entonces en todo el país, el Paro General del 24 de Enero aparece como un nuevo punto de inflexión.

Con un sistema político mayormente convertido en un archipiélago de fuerzas políticas devaluadas, parasitarias y oportunistas (según confirman las expresiones vertidas durante el inicio del debate parlamentario sobre la “ley omnibus”), la incógnita es que cómo podremos construir una alternativa política que pueda canalizar esas ansias de un buen vivir en el marco de la profunda crisis que estamos atravesando.

Mariano Féliz

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