Continuamos compartiendo los contenidos del libro «América Latina en tiempos revueltos. Claves y luchas renovadas frente al giro conservador» editado por Libertad Bajo Palabra (México), Excepción (Bolivia) y Zur (Uruguay). En esta oportunidad el texto de Javiera Pizarro Conte.

---

Para una lectura más cómoda puedes descargar el libro aquí

---

El neoliberalismo nace y muere en Chile

rayado de muro

Chile ocupó un rol de espectador del ciclo progresista de la región. Entre los años 2000 y 2015 diferentes gobiernos progresistas pasaron a ser considerados la nueva izquierda latinoamericana: generaron importantes expectativas de renovación política, se propusieron articular demandas emanadas desde abajo y construyeron un bloque de alianzas regional latinoamericano (Svampa, 2017). Mientras esto ocurría, Chile se mantuvo en su trayectoria neoliberal que se venía dibujando desde los años 80 y se mantuvo relativamente fiel al Consenso de Washington, quedando rezagado del movimiento regional (Cortés, 2018).

Al hacer una revisión de la literatura que caracteriza y reflexiona sobre este periodo, es claro que los aires del cambio de época no lograron cruzar el desierto de Atacama ni la Cordillera de los Andes. De hecho no se puede agregar a Chile [a los gobiernos progresistas] por el perfil neoliberal de los gobiernos de la Concertación previos al más reciente de la Nueva Mayoría^[1] encabezada por Bachelet que, al margen de su caracterización, resulta desfasado cronológicamente respecto de la temporalidad procesual y el surgimiento coyuntural del ciclo (Modonesi, 2015: 23).

A pesar de lo anterior, al observar la última década en Chile es posible identificar una trayectoria de movilizaciones sociales que han puesto en tensión el consenso neoliberal presente en el país: el año 2011 con el movimiento estudiantil, las movilizaciones medioambientales, el movimiento contra el sistema de pensiones, el movimiento feminista y el reciente estallido social.^[2] Esta trayectoria de movilizaciones que tienen por mayor demostración de fuerza y masividad el reciente estallido social, abrieron el escenario político para, por ejemplo, habilitar un proceso constituyente^[3] de carácter inédito en el país, por su apertura democrática, y en el mundo, ya que podrá contar con el primer órgano constituyente con paridad de género. La apertura de un nuevo ciclo político podría llevar a Chile a adoptar otro rol en el mapa regional menos marginado de la construcción de izquierda post fin de la hegemonía progresista. ¿Cuáles son los horizontes de lucha y límites que se vislumbran de un ciclo político que se abre desde abajo? ¿Cómo va a irradiar el 18 de octubre en las movilizaciones de carácter antineoliberal de la región?

Este escrito busca compartir elementos que ayuden a la comprensión del actual momento político chileno y sus posibles aperturas al escenario regional. Este texto se ordenará de la siguiente manera: primero, se expondrán elementos que ayuden a comprender la posición que Chile ha tenido respecto del ciclo progresista latinoamericano, argumentando su ritmo desfasado. Luego, se ofrecerá un análisis de las movilizaciones sociales que han llevado a construir una crítica al consenso neoliberal de carácter masivo y popular que se ha visto reflejado en el reciente estallido social, considerando la importancia de la construcción desde abajo para erosionar el modelo. Finalmente, compartiré reflexiones y preguntas respecto de posibles aperturas y cierres políticos que nos han dejado las movilizaciones del estallido social –interrumpidos por la pandemia– y sus posibles efectos en la región.

Bailar a otro ritmo

Chile no ha bailado al ritmo político latinoamericano. La temprana experiencia y consolidación neoliberal son importantes para entender el caso chileno, ya que mientras que en el resto de la región se comenzaron a implementar políticas de corte neoliberal durante la transición o inicios de sus respectivas democracias, en Chile ese camino se comenzó a cimentar en los años 70 durante dictadura (Harvey, 2007). Esto ha traído diversos efectos tanto en las condiciones materiales de la población, como en la construcción de una subjetividad neoliberal que además de erosionar a la sociedad civil, deifica al individuo/consumidor (Moulian, 1997).

Sumado a lo anterior, Chile también inició tardíamente su proceso de transición democrática. Es relevante entender que la transición chilena tuvo un carácter pactado que se basó en una “serie de conversaciones entre elites gobernantes y contra-elites que presionaban por una liberalización del régimen autoritario. Como resultado de este juego de poder, fueron sellándose pactos explícitos e implícitos para poner fin a la dictadura” (Rovira, 2007: 351). Esos pactos terminan por aislar a la sociedad civil del desarrollo de la política, a pesar de haber tenido un importante rol en la configuración de la lucha contra la dictadura.

Desde la década de los 90, Chile fue considerado como un modelo exitoso y deseable de reconstrucción democrática (Touraine, 1998) que se caracterizó por su fortaleza económica con una estrategia de crecimiento impulsada por las exportaciones (Castells, 1999). El modelo económico adoptado en la transición es una continuidad de las transformaciones hechas en dictadura: “los actores políticos de todo el espectro concordaban que parte del acuerdo no escrito aseguraba que en la transición el modelo económico neoliberal, heredado de Pinochet, debería permanecer sin modificaciones en sus fundamentos” (Siavelis, 2009: 16).

Su mantención no solo da legitimidad a la gestión económica de la dictadura, sino también a la transición: en sus aspectos económicos, la transición chilena es aún más elogiada que en lo político, pues el contraste con la mayoría de los países de la región es especialmente marcado. No cabe duda que durante el régimen militar se lograron rectificaciones fundamentales e impostergables en aspectos claves de la política económica” (Sunkel, 1992: 45).

Como consecuencia de lo recién descrito, hubo quienes afirmaban que Chile gozaba de una “excepcionalidad” ya que contaba con una trayectoria política ajena a la de sus vecinos, debido a su fortaleza institucional que lo alejaba de los males de otros países de la región, tales como el populismo, la inestabilidad y la conflictividad social (Cortés, 2018). Este discurso atraviesa parte importante de la historia chilena y tiene hitos de gran simbolismo, como por ejemplo, cuando los líderes de la dictadura dijeron “adiós a América Latina” al iniciar importantes relaciones comerciales con el norte global, o el reconocimiento internacional al proceso de transición chileno.

La “excepcionalidad chilena” ha sido un discurso que lleva décadas de existencia y se ha actualizado con el paso del tiempo. Durante la dictadura Chile estaba mejor conectado con la economía global que el resto de la región, en la transición las primeras estadísticas económicas favorables del modelo y los elogios al proceso mismo, nos diferenciaban de nuestros vecinos. Incluso, ya en tiempos de consolidación neoliberal, la excepcionalidad se materializa en hechos como la integración de Chile a la OCDE o la transversalización del acceso de mercancías por parte de la población. Todo esto habla de la incomodidad de sentirnos cercanos a otras experiencias latinoamericanas relacionadas a la desigualdad o la pobreza, y a cómo la “excepcionalidad” nos hacía sentir diferentes, exitosos, habitantes de un barrio más “decente” del que nos tocó geográficamente (Pinto y Valdivia, 2009).

Lejos de la tesis de la excepcionalidad, es posible reconocer asincronías y contratendencias al entender la posición de Chile respecto de la política regional (Cortés, 2018). Las asincronías pueden observarse en la instalación temprana del neoliberalismo y el inicio tardío de la transición democrática, desarrolladas anteriormente, o en el cuestionamiento tardío al modelo neoliberal. El autor señala que Chile tendría un carácter contra-cíclico al compararlo con el periodo de los gobiernos progresistas latinoamericanos.

Mientras los países de gobiernos progresistas mostraban un debilitamiento de la hegemonía neoclásica y fortalecimiento del rol del Estado como garante de la inclusión social a través de intervenciones a la economía que regulen las asimetrías producidas por el mercado (Cortés, 2015), Chile parecía tener mayor parentesco con la Tercera Vía si se considera las lógicas subsidiarias del Estado y la priorización por adaptarse al mercado globalizado privilegiando, por ejemplo, relaciones con Estados Unidos y los países del Pacífico (Cortés, 2018).

El carácter contra-cíclico chileno respecto de la hegemonía progresista latinoamericana se evidencia por la alta presencia del libre mercado en diferentes esferas de la vida: mientras en otros países el Estado de bienestar “des-mercantiliza” ciertos sectores sociales como la educación, la salud y la seguridad social, en Chile están casi exclusivamente regidos por el mercado. Mientras en otros países el Estado desarrollista favorece ciertos sectores económicos (los que tienen externalidades positivas, es decir, son de alta tecnología), en Chile la matriz productiva (el conjunto de actividades de producción de bienes) la determina casi exclusivamente el mercado (Akram, 2020: 38).

El país efectivamente ha bailado a un ritmo político propio –con asincronías y contratendencias– que lo han marginado de la hegemonía de la política regional del siglo XXI. Efectivamente, Chile no había sufrido un cuestionamiento masivo del modelo hasta el desarrollo de movilizaciones de diferentes ámbitos que comenzaron a elaborar diagnósticos donde el neoliberalismo comenzaba a dibujarse como una amenaza al desarrollo de la vida digna.

Las élites del país parecían negarse a la posibilidad de la existencia de un descontento social transversal y defendieron el proyecto modernizador a pesar de las importantes movilizaciones del año 2011. Incluso, uno de los ministros de educación de la época llegó a señalar que la tesis del malestar “no cuadraba con los elevados niveles de satisfacción que exhibía la población y tampoco con el progreso material que exhibe Chile en diversos frentes” (Akram, 2020: 28). Para los sectores de la derecha neoliberal chilena, el último gobierno de la Nueva Mayoría, encabezado por Michelle Bachelet entre los años 2014 y 2018, habría llegado al poder impulsado por una falsa teoría del malestar social, lo que parecía comprobarse por la posterior victoria de la actual presidencia de Sebastián Piñera.

Sin embargo, había creciente evidencia del incremento del malestar social que estaba causando la desigualdad en el país. En el año 2017, el PNUD publicó un informe titulado Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile donde se advertía de las consecuencias negativas de la desigualdad en el desempeño económico, en la calidad de las interacciones sociales y en la legitimidad del sistema político, señalando la importancia de avanzar hacia un país con un desarrollo más inclusivo y con mayor igualdad social (PNUD, 2017). Incluso cuatro años antes, el sociólogo Alberto Mayol (2013) leyó un nuevo ciclo político a raíz de la crítica al lucro impulsada por el movimiento estudiantil y vislumbraba la pérdida de legitimidad del modelo resguardado por la Concertación. En palabras del autor: El modelo de economía social de mercado se resquebrajó solo, no vimos venir su caída. De hecho, fue al contrario, todo parecía indicar al arribo de su apoteosis. Hoy vemos en las aceras sus residuos y resuena en nuestra mente el fantasma, tantas veces escondido en Chile, de la democracia. La caída del modelo es un asunto ante todo político. El Chile actual está marcado por el cuestionamiento al lucro y a su padre fundador: la sociedad de mercado. Cuando todo parecía dicho, apareció el espíritu de la historia y devastó el territorio de los exitosos dominantes, ofreciendo una nueva posibilidad a la igualdad (Mayol, 2013: 16).

A pesar de lo anterior, hubo quienes no entendieron de dónde provenía el descontento y la rabia presentes en la revuelta de octubre, y la observaron con extrañeza. Ejemplo de ello, son las desafortunadas declaraciones de la primera dama Cecilia Morel, cuando señaló que las protestas eran como una invasión alienígena,^[4] dando cuenta de la existencia de mundos abismalmente distintos, desiguales y hasta desconocidos para un sector de la humanidad dentro del mismo país.

Estableciendo un ritmo propio: el baile de los que sobran

 

Ellos pedían esfuerzo ellos pedían dedicación

Y para qué, para terminar bailando y pateando piedras.

Únanse al baile, de los que sobran

Nadie nos va a echar de más

Nadie nos quiso ayudar de verdad

 

El baile de los que sobran, Los prisioneros

 

El movimiento estudiantil del año 2011 puso sobre las mesas de los hogares chilenos la discusión respecto de la mercantilización de la educación en el país. Se puso palabras a la sensación que se venía sintiendo entre los jóvenes respecto de que su futuro estaba vendido a los bancos. Éstos le otorgaban créditos a los estudiantes que terminan en deudas millonarias mientras los bancos obtenían ganancias a costa de los intereses lo que, sumado a la desigualdad del contexto social nacional, terminaron por visibilizar que el sistema universitario refuerza la segregación y endeudamiento, y que su estructura está orientada al lucro.

En su momento, estas fueron las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia y, sin duda, removieron el consenso neoliberal.

Los estudiantes pidieron educación pública, gratuita y de calidad. Eso equivale a pedir más democracia, más igualdad y más desarrollo. ¿Por qué fueron vilipendiados por las autoridades? Porque un país diseñado en la despolitización y orientado a producir materias primas, que es el diseño que se hizo de Chile durante la dictadura, no necesita educación (…). Nuestro modelo de sociedad no sólo no necesita educación, tampoco la resiste. Por eso la demanda estudiantil terminó con un triunfo de los estudiantes y el fin de un ciclo político (Mayol, 2012: 388).

La demanda por el derecho a la educación provocó una crisis política del gobierno e instaló la primera crítica estructural al Estado neoliberal, lo que sugiere que la capacidad del modelo para fragmentar y despolitizar a la sociedad estaba perdiendo efectividad (Fleet, 2019). De hecho, las movilizaciones del 2011 facilitaron y masificaron una suerte de matriz de análisis desde la cual fue posible hacer una lectura crítica al modelo aplicándola a distintas esferas de la vida que están dominadas por las lógicas de libre mercado.

De acuerdo a Silva (2017) los ciclos de movilizaciones luego del año 2011, constituyeron un giro en las protestas ocurridas desde la transición a la democracia por su centralidad en la crítica a la desigualdad y al neoliberalismo. Estas movilizaciones han contribuido a la creciente politización de sectores cada vez más amplios de la sociedad.

En el caso de los conflictos medioambientales, resultan emblemáticos los movimientos de resistencia a proyectos hidroeléctricos como Patagonia ¡Sin Represas! (2011) y la Coordinadora No Alto Maipo (2014) que han tenido desarrollos distintos, pero que han visibilizado las tensiones entre vecinos, empresarios y autoridades locales. La evidencia relativiza la importancia de la articulación de estos movimientos con actores políticos para conseguir resultados (Maillet y Albala, 2018), lo que da cuenta de la distancia que hay entre movimientos sociales y actores políticos tradicionales. Se suman, también, las articulaciones en torno a las “zonas de sacrificio”, donde ha destacado la agrupación Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia de Puchuncaví-Quintero^[5] que se movilizan debido a las intoxicaciones ocurridas a niños y niñas en una escuela del sector en el año 2012 y las consecuencias para la salud de la contaminación con metales pesados (Bolados y Sánchez, 2017).

El movimiento “No Más AFP” (que emerge el año 2016) hace un cuestionamiento directo a una de las reformas emblemáticas de la dictadura: el sistema de previsiones y seguridad social pasó de ser un sistema de reparto solidario a uno privado.^[6] La privatización incumplió la promesa de entregar mejores pensiones.^[7] Además perjudicó la situación de mujeres y trabajadores que no se encuentran integrados al sistema formal de trabajo. No Más AFP ha retomado la centralidad de la huelga general como parte de su repertorio de acción y, al igual que los movimientos medioambientales, este movimiento también mantiene distancia respecto de los partidos políticos para su despliegue (Rozas y Maillet, 2019).

La ola feminista otorgó un antecedente directo de la revuelta de octubre: el mayo feminista del año 2018.^[8] Ahí el movimiento feminista se tomó el espacio público y conquistó una masividad y transversalidad como nunca antes. El movimiento hizo visible la violencia patriarcal silenciosa presente en las instituciones y en la vida cotidiana (Castillo, 2019). Los costos de la mercantilización de la vida han sido asumidos a través de la explotación a mujeres y cuerpos feminizados por medio de la doble jornada o las labores de cuidado para asegurar la reproducción de la vida en un contexto de ausencia de derechos. Las feministas han aportado radicalidad a la trayectoria de movilizaciones sociales de la última década y, sin duda, también al estallido de octubre. Su diagnóstico resonó fuertemente en el multitudinario 8M del 2019: el modelo neoliberal atenta contra la vida.

El ciclo de protestas brevemente ejemplificado^[9] puede ser entendido “como el resultado de un proceso de acumulación de luchas sociales, cuya articulación se produce fuera de un proyecto político disponible” (Fleet, 2019: s/p). Esto es una característica particular e importante del desarrollo del ciclo político de la última década en el país, ya que las manifestaciones de crítica al neoliberalismo vienen incrementando su fuerza y masividad, al tiempo que han permanecido desvinculadas de los partidos políticos.

La articulación desde abajo ha sido un eje de construcción importante de las movilizaciones de la última década, ya que habla de un proceso de politización que ha radicalizado su crítica al modelo y que se ha construido desde la distancia hacia quienes se han beneficiado, defendido o administrado de él. La revuelta de octubre hizo evidente la crítica generalizada a las élites del país, ya que la referencia a la clase política se extendió a grupos empresariales, eclesiásticos, medios de comunicación y fuerzas armadas y de orden.

Chile Despertó^[10] y de pronto se hizo patente la acumulación de fuerzas articuladas en la última década^[11] y se gritó en las calles que no existía el supuesto consenso neoliberal. El 18 de octubre más de 4 millones de personas salieron a las calles en una especie de goce colectivo por el encuentro de reconocerse en el enojo y la rabia producto de los reiterados abusos. Es complejo dar una descripción que haga justicia de ese día, por lo que comparto una realizada por Damián Gálvez (2019):

Qué duda cabe. La noche del 19 de octubre estalló en pedazos. El estado de sitio decretado por la derecha fue la coronación, violenta y tirana, de sofocar mediante el uso de la fuerza el anhelo de imaginar políticamente un futuro distinto. El pueblo de Chile no claudicó manifestándose en contra del toque de queda. Expuso, fuerte y claro, que los militares tenían que regresar a sus cuartales, y quizás más relevante aún, que era el momento propicio para cambiar de una vez por todas las estructuras político-sociales del país. El presente y su epifanía, en suma (Gálvez, 2019: s/p).

Como se ha intentado explicar, los meses de revuelta constituyeron un punto de inflexión para el curso de las movilizaciones de carácter anti neoliberal que se venían dando desde las movilizaciones estudiantiles del año 2011. Si bien, hay muchos elementos importantes de este fenómeno que podrán ser ámbito de otras reflexiones,^[12] quisiera destacar aquellos que buscan caracterizar la construcción desde abajo que ha posibilitado el estallido social.

Primero, es importante señalar que la revuelta se encuentra con una sociedad que tiene una reflexión política clara y madura que se ha venido nutriendo con los discursos levantados por las movilizaciones de la última década. Esta idea se contrapone a la noción de que, producto de la ausencia de liderazgos o vocerías que encabezan las movilizaciones sumado a su carácter “inorgánico”, las personas movilizadas carecían de experiencia política para leer el momento. De hecho, no es casualidad que en pocos días las demandas en la calle transitan de “no + abusos” a “nueva Constitución”.

Cambiar la Constitución heredada por la dictadura no es algo que la Concertación estuviera completamente dispuesta a hacer. Sí realizó reformas de corte más político que no alteraron las bases legales que dan forma y custodian al modelo económico neoliberal.^[13] La Constitución es considerada un enclave autoritario de tipo institucional (Garretón, 2003) que ha sido un obstáculo constante para las demandas anti neoliberales de la última década.^[14] Es significativo que la movilización desde abajo haya sido el catalizador del proceso constituyente que el país enfrentará próximamente. La movilización social estaba en claro conocimiento de que para realizar transformaciones al modelo con alcance significativo, se debe cambiar la Constitución y destrabar los enclaves autoritarios.

Segundo, las movilizaciones redibujaron la línea que divide a la élite de pueblo. Esto es relevante porque proporciona una comprensión de la configuración del mapa de actores del nuevo periodo político que es trazada desde abajo. La élite serían los actores que se han beneficiado, defendido y custodiado el modelo, mientras que la noción de pueblo parece estar tomando un nuevo protagonismo como espacio identitario que, a su vez, parece ensancharse para hacer entrar a la gran cantidad de personas endeudadas y que se encuentran a una enfermedad de distancia de la pobreza.

Tercero, el proceso de politización acelerada sumado a la radical crítica al sistema político pueden volver compleja la articulación de un proyecto político institucional que logre satisfacer las necesidades de cambio. Considerando esto, es posible que la participación política de quienes se manifestaron en el estallido adopte formas diversas en oposición a concentrarse en las formas tradicionales. Parte de esto ya se ha visto a través de las muestras de solidaridad y organización territorial durante el estallido. Esta articulación política ha adoptado formas emergentes, tales como los cabildos y las asambleas territoriales, y es posible que potencie otras formas ya existentes como cooperativas, sindicatos, colegios profesionales, juntas de vecinos, etc.

La preocupación por recomponer el tejido social y superar la propia subjetividad individualista a través de prácticas comunitarias, es un proceso de politización de largo alcance en miras de un cambio cultural que sólo puede venir de una lectura política desde abajo. De hecho, ya se ha podido evidenciar que la asociatividad territorial nacida en el estallido ha permanecido activada para asistencia a propósito de la pandemia.

Si bien la pandemia ha traído incertezas por el cambio en el rumbo del escenario político, debido a la interrupción de movilizaciones masivas y la postergación del proceso constituyente, también ha generado certezas. Probablemente la más importante es la confirmación del diagnóstico respecto del modelo neoliberal como depredador de la vida, ya que son los más vulnerables y precarios del modelo quienes hoy sufren con mayor intensidad los estragos de la pandemia y de las respuestas limitadas del gobierno. Existe la sensación de que se retomará de algún modo las movilizaciones interrumpidas por la pandemia.

Reflexiones finales

La revuelta chilena se desarrolla en medio del debate latinoamericano sobre restauraciones conservadoras o re impulsos progresistas. Pareciera razonable estimar que una eventual propagación de la movilización anti neoliberal chilena sea improbable por la interrupción a propósito de la pandemia. Aunque sí se alcanzaron a presenciar movilizaciones y prolongados paros nacionales en Colombia motivadas por el descontento social de la población que además tuvieron una respuesta represiva por parte del gobierno de Duque. Utilizaron la denominación Colombia Despertó.

La gestión de la pandemia y post pandemia se visualiza como factor que hoy parece determinante para identificar los cambios de rumbo o continuidades en Latinoamérica. En ese sentido, la gestión de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, está mostrando a toda la región y al mundo cómo su gobierno de ultraderecha se muestra indiferente al bienestar de la población. También habrá que sumar al análisis de las trayectorias de la región, el manejo de la crisis económica en curso.

Chile, por su lado, aún no presenta motivos para desviarse de la ruta progresista debido a los cabos sueltos que dejó la interrupción de la protesta. La postergación del proceso constituyente es un recordatorio de que no se ha conseguido nada concreto de las revueltas. A esto se suma que aún no hay responsables por los casos de violaciones a los derechos humanos ni claridad respecto de muertes durante las movilizaciones. Dejar inconclusas esas investigaciones tiene un fuerte componente simbólico porque sería repetir la falta de justicia y reparación de las víctimas de violencia estatal ocurrida en la transición.

El carácter desde abajo de la articulación de la crítica al modelo podría ser un elemento característico de la forma chilena contra el neoliberalismo. Cabe ver qué tipo de puentes se construirán entre el malestar social y un proyecto político institucional a la luz de los antecedentes poco favorables de la relación entre el Estado y los sectores populares. Finalmente, también habrá que prestar atención a la constitución de nuevos actores y sujetos sociales ante la posibilidad de que el proceso constituyente abra nuevas formas de ejercicio del poder político.

---

 Referencias

Akram, H. (2020). El Estallido ¿por qué? ¿hacia dónde? Chile: Ediciones El Desconcierto.

Bolados, P. y Sánchez, A. (2017). “Una ecología política feminista en construcción: El caso de las Mujeres de zonas de sacrificio en resistencia” en Psicoperspectivas, 16(2), 33-42. Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Castells, M. (1999). Globalización, identidad y estado en América Latina. Santiago de Chile: PNUD, 1-18.

Castillo, A. (2019). “La revuelta contra el neoliberalismo” en Revista Pléyade, Edición especial.

Cortés, A. (2015). “Chile en la encrucijada de un nuevo ciclo” en Cadernos de trabalho Netsal, 3(7), 1-42.

_____ (2018). “El contra-ciclo político chileno: asincronías y contra-tendencias frente a la política latinoamericana” en Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea, Segunda Época, (8), 91-100.

Fleet, N. (2019). “Protesta social y crisis del poder neoliberal en Chile” en Revista Pléyade, Edición especial.

Gálvez. D. (2019). “Octubre” en Revista Pléyade, Edición especial.

Garretón, M. A. (2003). Incomplete Democracy. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Harvey, D. (2007). A brief history of neoliberalism. USA: Oxford University Press.

Maillet, A., y Albala, A. (2018). “Conflictos socioambientales en los proyectos eléctricos en Chile (2005-2016): Un análisis configuracional” en América Latina, Hoy, 79, 125-149.

Mayol, A. (2012). No al lucro: de la crisis del modelo a la nueva era política. Santiago: Debate.

_____ (2013). El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo. Santiago: Editorial LOM.

Modonesi, M. (2015). “Fin de la hegemonía progresista y giro regresivo en América Latina. Una contribución gramsciana al debate sobre el fin de ciclo” en Viento Sur, 142, 23-30.

Moulian, T. (1997). Chile actual. Santiago: Editorial LOM.

Pinto, J. y Valdivia, V. (2009). ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-1840). Santiago: Editorial LOM.

PNUD (2017). Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Santiago de Chile, PNUD.

Rovira Kaltwasser, C. (2007). “Chile: transición pactada y débil autodeterminación colectiva de la sociedad” en Revista mexicana de sociología, 69(2), 343-372.

Rozas Bugueño, Joaquín y Antoine Maillet (2019). “Entre marchas, plebiscitos e iniciativas de ley: innovación en el repertorio de estrategias del movimiento No Más AFP en Chile (2014-2018)”. Izquierdas, (48), 1-21.

Siavelis, P. M. (2009). “Enclaves de la transición y democracia chilena” en Revista de Ciencia Política, 29(1), 3-21.

Silva, E. (2017). “Post-Transition social movements in Chile in comparative perspective”, en Sofía Donoso y Marisa von Bülow (compiladoras). Social Movements in Chile. Organization, trajectories y political consequences. Nueva York: Palgrave Macmillan, 249-280.

Sunkel, O. (1992). “La consolidación de la democracia y del desarrollo en Chile: desafíos y tareas” en Estudios Internacionales, 117-135.

Svampa, M. (2017). “Cuatro claves para leer América Latina” en Nueva Sociedad, 268, 50-64.

Touraine, A. (1998). “Éxitos y límites de la democratización en América Latina” en Estudios Sociológicos, 745-760.

 

^[1] El último gobierno de Michelle Bachelet, entre los años 2014 y 2018, fue bajo la alianza denominada Nueva Mayoría en la que estaban los partidos que integraban la acabada Concertación, pero con la incorporación del Partido Comunista. Este gobierno intentó realizar una serie de reformas que buscaban dar respuesta a demandas como la del movimiento estudiantil. Sin embargo, las reformas no tuvieron buen puerto y terminaron por confirmar la vocación de permanecer en la “economía social de mercado”, denominación para la conjunción de la centro izquierda y el modelo neoliberal.

^[2] Me referiré indistintamente como estallido social o revuelta al ciclo de movilizaciones que se iniciaron el 18 de octubre del año 2019 y que elevaron el cansancio por el abusivo sistema político y económico que no brinda condiciones de bienestar al grueso de la población, y donde los derechos sociales se encuentran completamente mercantilizados. Las movilizaciones gozaban de fuerza y masividad y se vieron interrumpidas por la pandemia.

^[3] El proceso constituyente resultó de un acuerdo transversal del poder Legislativo producto de las movilizaciones. Este proceso incluirá un plebiscito de entrada que definirá si se quiere o no cambiar la Constitución, y bajo qué mecanismo: asamblea de candidatos 100% electos por la ciudadanía mediante votación directa –alternativa que contempla la paridad de género–, o una asamblea de constitución mixta donde la mitad son electos de manera directa y la otra mitad son congresistas. Adicionalmente, se acordó un quórum de ⅔ para aprobar los artículos del texto constitucional. Y finalmente, habrá un plebiscito de salida donde se votará la aprobación o rechazo del texto nuevo. Este proceso iba a iniciar a fines de abril del 2020, pero se ha postergado a octubre del mismo año producto de la pandemia.

^[4] Estas declaraciones se tratan de audios de WhatsApp filtrados a la prensa a pocos días del inicio de la revuelta social. Adicionalmente, en los audios también señaló que “por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”. Estas declaraciones fueron tomadas con humor por parte de los manifestantes y se comenzó a ver personas marchando disfrazadas de extraterrestres. A pesar de lo anecdótico que puede parecer la declaración, creo que es un reflejo espontáneo de la extrañeza que produjo la radicalidad de las movilizaciones del estallido social y de la profunda desconexión de las élites del país con la ciudadanía.

^[5] La denominación zonas de sacrificio responde al incumplimiento de regulaciones ambientales mínimas que brinden seguridad sanitaria a los habitantes de un territorio. Lo extenso de los conflictos y las irregularidades, dejan de manifiesto la preferencia por los intereses de las grandes empresas por sobre la calidad de vida de los habitantes. Asimismo, el protagonismo de mujeres organizadas en el territorio refleja la situación de precariedad particular en la que se encuentran las mujeres que luchan contra el extractivismo.

^[6] Como señalan Rozas y Maillet (2019), los afiliados aportan la totalidad de su ahorro previsional que constituye el 10% de sus ingresos para que sean gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son entidades privadas y con fines de lucro. Las AFP invierten los ahorros previsionales en el mercado de capitales –bajo su propio criterio– y así aumentan los ahorros del fondo de pensiones y generan sus utilidades. Sumado a eso, los cotizantes deben pagar una comisión para que las AFP hagan sus gestiones.

^[7] De acuerdo a la Comisión Presidencial de Pensiones del año 2015, el 79% de las pensiones eran inferiores al sueldo mínimo y un 44% estaban por debajo de la línea de la pobreza.

^[8] El mayo feminista hace referencia a la ola de movilizaciones iniciadas por estudiantes a la luz de casos de acoso y abuso sexual en espacios universitarios, lo que devino en “tomas feministas” que ocurrieron en varias instituciones a lo largo del país, junto a marchas de gran alcance. La revuelta elevó las demandas de una educación no sexista y la necesidad de medidas efectivas para combatir la violencia de género en las distintas esferas de la vida, trazando continuidad con movimientos masivos como el #NiUnaMenos y las movilizaciones por la despenalización del aborto.

^[9] El movimiento por el reconocimiento de la autonomía del pueblo mapuche y su emblemática lucha contra la represión y discriminación estatal, también deben ser considerados como parte de este ciclo de movilizaciones.

^[10] “Chile Despertó” es una de las consignas más populares de las manifestaciones. Hace alusión a que ya no se tolerarán más abusos por parte de las instituciones, élites empresariales, etc. y que no hay posibilidad de retroceso de ese diagnóstico.

^[11] Para quienes hacemos parte de proyectos de construcción política, visualizamos una trayectoria de movilizaciones antineoliberales, pero la intensidad, despliegue y masividad de la revuelta de octubre llegó como un torbellino. En mi caso particular, pertenezco a una generación que ha crecido acompañada de movilizaciones sociales que rompieron con la relativa pasividad que venía dándose desde el retorno a la democracia. Cuando me encontraba en el colegio o primaria participé del movimiento estudiantil del año 2006, pero fue en el año 2011 (cuando me encontraba en la universidad) que el movimiento estudiantil formuló una crítica clara a pilares del modelo como el endeudamiento, y constituyó el inicio de una definición política anti neoliberal para muchas personas, incluyéndome. Remarco este punto biográfico porque ejemplifica una trayectoria de participación en las movilizaciones descritas en este texto. Además del movimiento estudiantil, he sido parte de movilizaciones medioambientales, feministas y las vinculadas al estallido social.

^[12] Entre las que están las violaciones a los derechos humanos, las organizaciones territoriales que emanan del periodo de protestas que buscan recomponer el tejido social comunitario, las expresiones artísticas del estallido, caracterización de los participantes de las manifestaciones y un largo etcétera.

^[13] La reforma constitucional del año 2005 bajo la presidencia de Ricardo Lagos, involucró aspectos de reforma política, sin alterar las bases legales del modelo neoliberal heredado por la dictadura. Medidas como: eliminación de los senadores designados y vitalicios, y aumento de las facultades de la Cámara de Diputados. De acuerdo a Siavelis (2009) esta reforma daría fin a la transición chilena hacia la democracia porque establece una norma democrática básica de que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo cuentan con funciones propias y delimitadas que no puedes ser cumplidas por otros órganos, como ocurría en dictadura.

^[14] Ejemplo de ello son los altos quórums para hacer reformas, el carácter subsidiario del Estado, el Tribunal Constitucional y su rol de obstaculizador de decisiones legítimas y democráticas hechas por el poder Legislativo.

---

La autora se graduó en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un posgrado del Programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Actualmente, se encuentra finalizando su Magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernización en la Universidad de Chile. Sus temas de interés son: movimientos sociales, partidos políticos, participación ciudadana, uso de tecnologías y desigualdad.