Continuamos compartiendo los contenidos del libro «América Latina en tiempos revueltos. Claves y luchas renovadas frente al giro conservador» editado por Libertad Bajo Palabra (México), Excepción (Bolivia) y Zur (Uruguay). En esta oportunidad un aporte crítico sobre los megaproyectos extractivos impulsados por el gobierno progresista mexicano.

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El 2 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue electo como presidente de México. Con más de treinta millones de votos y superando el 50% de la votación nacional, él y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llegaron a la presidencia. En la Ciudad de México, capital de nuestro país, MORENA ganó 11 de las 16 alcaldías; a nivel estatal, 5 de las 9 gobernaturas; en el ámbito legislativo, en cambio, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido del Encuentro Social (PES), logró la mayoría de escaños en el Congreso y en el Senado.

La amplia ventaja de este triunfo frente a las demás opciones electorales y la amplia participación de la sociedad en esta contienda, ha sido expresión de un profundo hartazgo al régimen neoliberal. La creciente violencia, el saqueo y despojo de la riqueza natural y social, la inseguridad, la impunidad, el narcotráfico, la corrupción, la guerra, son los temas más sentidos ante los que la población ejerció una suerte de veto a la política de los partidos en el poder: PRI, PAN y PRD.El 2 de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador fue electo como presidente de México. Con más de treinta millones de votos y superando el 50% de la votación nacional, él y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llegaron a la presidencia. En la Ciudad de México, capital de nuestro país, MORENA ganó 11 de las 16 alcaldías; a nivel estatal, 5 de las 9 gobernaturas; en el ámbito legislativo, en cambio, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido del Encuentro Social (PES), logró la mayoría de escaños en el Congreso y en el Senado.

La llamada 4T (Cuarta Transformación) se caracteriza, en el Plan Nacional de Desarrollo, como un mandato social y popular producto de una sublevación legal, pacífica y democrática que busca poner fin al desarrollo privatizador impuesto por el neoliberalismo, el cual se caracteriza por:

el desmantelamiento sostenido de la presencia del sector público y la dramática reducción del sector social; la apertura comercial indiscriminada; la desregulación en todos los frentes; la supresión o reducción de derechos y conquistas laborales; la eliminación de los subsidios generales y su remplazo por sistemas clientelares focalizados en los sectores más depauperados; el parcelamiento de las facultades gubernamentales en comisiones y organismos autónomos y la abdicación de potestades del gobierno en diversas instancias internacionales, en el marco de la inserción del país en la economía global (PND, 2019: 5, 8).

Desde la campaña electoral, hasta la toma de posesión y el actual ejercicio de funciones del gobierno morenista, se ha planteado que el comienzo de la Cuarta Transformación, viene aparejado del decreto del fin del neoliberalismo, exorcizando sus largos y oscuros 36 años e inaugurando un tiempo antineoliberal y posneoliberal.

En relación a esta cuestión, nos interesa resaltar que esta retórica antineoliberal no ha incluido una problematización de corte estructural, ni mucho menos una orientación rupturista con el modelo económico capitalista y, en particular, con el patrón extractivista primario exportador. Por el contrario, en este texto argumentamos que no sólo estamos asistiendo a una posible continuidad del patrón extractivista primario exportador impulsado por los gobiernos anteriores, sino al lanzamiento de una renovada ofensiva extractivista –con matices benefactores y compensatorios–, dirigida a ampliar las capacidades de control y subsunción de los territorios y, garantizar un pacto de estabilidad con el capital. En este escenario, es altamente probable que el ciclo de conflictividad social se intensifique en todo el país, con costos altísimos para las poblaciones locales y sus territorios socio-ecológicos.

Para sostener lo anterior, presentamos una caracterización de lo que entendemos por ofensiva extractivista y su actualización con el gobierno de la 4T, a partir de entender sus contenidos específicos en términos de ruptura y continuidad con los regímenes que le precedieron; las críticas que desde distintos sectores de la sociedad civil y procesos de lucha están siendo formuladas a los actuales megaproyectos extractivos; y los términos de la relación estatal que, desde el gobierno, se ha comenzado a plantear a través de múltiples programas sociales de corte asistencialista con las poblaciones afectadas por estos emprendimientos. 

1. La ofensiva extractivista en América Latina

La actual ofensiva extractivista que hoy asedia los territorios y medios de vida (Seoane, 2012: 123; Composto y Navarro, 2014: 48), tiene largas raíces históricas, en tanto es una modalidad de la acumulación capitalista (Acosta, 2012) que se remonta a los tiempos de la conquista y al saqueo de Abya Yala, pero que claramente en las últimas dos décadas se ha intensificado en todos los países de América Latina, con el llamado Consenso de los Commodities^[2] (Svampa, 2013), profundizando aun más la posición colonial, periférica, dependiente y subordinada del continente en el sistema mundo (Machado, 2016: 26).

Por extractivismo entendemos aquel patrón de desarrollo que reordena y ocupa los territorios, removiendo intensivamente y a gran escala grandes volúmenes de bienes primarios (petróleo, gas, minerales, monocultivos) para ser exportados generalmente al mercado internacional, sin procesamientos previos significativos. Este patrón de desarrollo que a su vez se despliega como régimen político, tendiente a la monoproducción y a la expansión de las fronteras extractivas hacia nuevos territorios, no sólo no responde a las necesidades locales, sino que compite y desarticula las economías de sustento y formas autónomas políticas de apropiación y gestión de la riqueza social. Lo que es peor, generalmente, impone economías de enclave, que no son otra cosa que ‘islas’ con escasas relaciones y vinculaciones con las cadenas industriales nacionales, ya que buena parte de sus insumos y tecnologías son importados y el personal técnico requerido es extranjero. Esta dinámica, supeditada a cubrir los requerimientos y demandas de otras regiones del planeta, enriquece como fin último, con limitadísimas derramas locales y nacionales, a las casas matrices de los capitales nacionales y trasnacionales beneficiados (Gudynas, 2013).

La violencia y el despojo son los mecanismos que aceitan esta modalidad de acumulación, es decir, no hay extractivismo sin violencia, ni despojo. A pesar de que estos métodos aparezcan como excepcionales, anómalos, accidentales o, como señala la economía neoclásica, fallos del mercado o del Estado, el capitalismo históricamente ha respondido a una dinámica de expansión y apropiación constante de la naturaleza humana y no humana para convertirla en valor y garantizar su propia reproducción (Navarro, 2019: 93). Para ello, mediante la violencia, logra externalizar o transferir los costos sociales y ecológicos para que sean pagados por terceros en aras de garantizar el desarrollo y el progreso capitalista. En ese sentido, las externalidades son todo menos fallos o accidentes, son más bien éxitos en la transferencia de costos (Martínez Alier, 2008: 11), y garantía de que las ganancias capitalistas se alcanzarán.

En la geografía del imperialismo, América Latina ha quedado marcada como lugar de sacrificio y transferencia de las actividades de riesgo que generalmente no se desarrollan en los países industrializados. Y es que el extractivismo, siguiendo a Horacio Machado, es un “un rasgo estructural del capitalismo como economía-mundo”, “producto histórico-geopolítico de la diferenciación-jerarquización originaria entre territorios coloniales y metrópolis imperiales; los unos pensados como meros espacios de saqueo y expolio para el aprovisionamiento de los otros” (Machado, 2013).

Durante los últimos veinte años, los gobiernos latinoamericanos de cualquier signo político, han seguido el supuesto de que el extractivismo es necesario para que las naciones subdesarrolladas puedan competir en el mercado internacional a través de la exportación de bienes primarios y, además lo han presentado como ventaja comparativa en el contexto del boom de los commodities, negando o minimizando las externalidades sociales y ecológicas que conlleva este patrón primario exportador.

El correlato de esta tendencia envuelta en una narrativa que promueve y enaltece la magia de un desarrollo sin consecuencias, es la emergencia de un tejido de luchas y resistencias que vienen visibilizando y denunciando las amenazas e impactos socioecológicos sobre sus territorios y mundos de vida.

En la estela de impactos y afectaciones socioambientales que esta modalidad de acumulación ha dejado a su paso, se ha ido consolidando una relación directamente proporcional entre extractivismo y violencia que, en México desde la década de los 80, se ha ido intensificando con el régimen neoliberal. Esto se expresa en el despojo de medios de vida para garantizar la subsistencia, en las dinámicas de desestructuración del tejido social e instancias comunitarias para decidir y normar la vida colectiva, en la polarización y división al interior de los entramados comunitarios, en el endurecimiento de los contextos de criminalización, en el incremento de los asesinatos a activistas ambientales, en la violencia contra las mujeres y en el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión.

2. Las reformas neoliberales en México y el despojo masivo de los bienes comunes

En México, desde la década de los 90, venimos asistiendo a una reconfiguración neoliberal, que de manera contundente arranca con la firma del Tratado de Libre Comercio y las reformas constitucionales de 1992 al artículo 27 constitucional. Ambas medidas inauguran una serie de cambios normativos dirigidos a impulsar el despojo masivo de bienes comunes naturales, antes considerados de propiedad exclusiva de la nación, y promover su aprovechamiento por parte de inversionistas privados de carácter nacional e internacional. En particular, con la reforma del artículo 27 constitucional, se modifica el régimen relativo a la propiedad comunal y ejidal y se inicia un intenso proceso de privatización y venta de las tierras poseídas por comunidades y núcleos agrarios bajo tales formas de la propiedad social; tierras que hasta aquel entonces no eran enajenables y abarcaban una superficie correspondiente a la mitad del territorio nacional (Carsolio, Fini y Linsalata, 2018: 33).

Una vez modificado el artículo 27 constitucional, entre 1992 y 1993, se promulgan, como precondición necesaria para la entrada en vigor del TLC, otras tres leyes destinadas a potenciar la inversión de los capitales privados en todo el territorio nacional. Se trata de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y Ley de Inversión Extranjera. Con la primera, se reconoce la actividad minera como preferente y de utilidad pública, con lo cual se valida que aquellas empresas que tuvieran la autorización (a través de una concesión del ejecutivo federal) para aprovechar los minerales presentes en subsuelo, adquirieran automáticamente el derecho a solicitar la expropiación del terreno sobre el cual se iba a realizar dicha actividad. Con la segunda, se abre paso a la privatización de los servicios hídricos, estableciendo en el artículo 20 constitucional la posibilidad que la Nación ceda el derecho de explotación, uso y aprovechamiento del agua a terceros a través de la figura jurídica de la concesión. Finalmente, con la tercera, se anularon los anteriores límites o restricciones a la inversión de capital extranjero en México, equiparando esta última a la inversión mexicana (Ibídem: 34).

Una vez abiertas estas puertas, las transformaciones de los marcos normativos funcionales a legitimar el despojo de los territorios y el aprovechamiento privado de los bienes naturales ha continuado de manera paulatina hasta nuestros días, registrando por lo menos otros dos momentos paradigmáticos. Uno se da en 2005, cuando se aprueba la reforma a la Ley Minera con la que se autorizaron las inversiones extranjeras directas al 100%, con 50 años de vigencia a las concesiones mineras, prorrogables hasta por otros 50 años, sin límite alguno a la superficie concesionada, permitiéndose además la transmisión a terceros en torno a la titularidad de los derechos que de ella deriven, se concursan públicamente los proyectos mineros y se simplifica el otorgamiento de las concesiones (Gómez, 2018). Y otro en el 2013, cuando se aprueban nuevos cambios a las regulaciones en materia petrolera y gasífera, con la Reforma Energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, mediante la cual se posibilita la suscripción de nuevos contratos con la inversión privada para la exploración y extracción de petróleo y se abren las puertas a la explotación de yacimientos hidrocarburíferos mediante la técnica de la fracturación hidráulica.

El conjunto de los cambios normativos que estamos señalando han conllevado, en el transcurso de las últimas dos décadas, al desmantelamiento casi definitivo de las conquistas de la Revolución mexicana y de los pactos sociales que el Estado posrevolucionario había tejido con una parte importante de los sectores campesinos, indígenas y populares del país, después de años de confrontación armada y sublevaciones populares. Junto con ello, desde finales de los noventas, hemos vivenciado en todo el país una renovada oleada de violencia y despojo, cuya realización ha llevado, por un lado, al tendencial colapso de las condiciones de reproducción de la vida de centenas de comunidades rurales y urbanas y, por el otro, a la intensificación de las luchas sociales en muchas regiones de la república.

Una manifestación clara de lo anterior ha sido la proliferación en todo el territorio nacional de los llamados “megaproyectos de muerte” (definidos así por las comunidades afectadas porque su implementación ha significado el desmantelamiento de sus mundos de vida) y el aumento descomunal de los conflictos socioambientales relacionados con cuestiones agrícolas, biotecnológicas, energéticas, forestales, hidráulicas, mineras, turísticas y de residuos peligrosos que, según los datos recabados por el investigador y actual secretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ascendían en 2016 a 420 casos a nivel nacional (Toledo, 2015: 60).

3. Políticas extractivas y megaproyectos en tiempos de la 4T

En este contexto de desmantelamiento de lo logrado por las generaciones anteriores y de profundo hartazgo por la violencia y las condiciones de despojo que este modelo económico ha venido provocando, AMLO y la creación de MORENA se presentaron y comenzaron a ser percibidos por amplios segmentos de la población como una opción de cambio y ruptura con los regímenes anteriores.

De manera particular, en relación al extractivismo, durante la campaña y habiendo tomado posesión el 1 de diciembre de 2018, AMLO declaró que no se permitiría ningún proyecto económico, productivo, comercial, turístico o método extractivo que afectara al medio ambiente y agotara las vertientes de agua (Ruíz, 2019). Es más, en el Proyecto de Nación 2018-2024, reconoce el carácter violento del actual modelo extractivo minero y se compromete con dar prioridad a la conservación del territorio para el sustento y beneficio colectivo de la nación, además de proteger y defender a las comunidades afectadas por acciones que vulneren sus territorios (PND, 2018: 290). También declaró la eliminación del uso de transgénicos y que el fracking o fracturación hidráulica no sería utilizado para extraer gas y petróleo del subsuelo en su administración (Proceso, 2018). Otro de los anuncios, fue la revocación de la decisión de proseguir con el Proyecto Integral Morelos, construir la presa La Parota en el estado de Guerrero y la presa El Zapotillo en los municipios de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco (Carabaña, 2019).

Tales posturas, en medio de otras medidas como el rescate de los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos, la comisión de la verdad de Ayotzinapa y la liberación de cientos de presos políticos, generaron una amplia expectativa y simpatía de las comunidades amenazadas o afectadas por las políticas extractivistas y otros sectores afines, como el de la academia crítica y las organizaciones de derechos humanos y ecologistas. No obstante, durante el primer semestre de la gestión de AMLO, otras comenzaron a ser las señales y las acciones emprendidas.

Un primer anuncio que llamó la atención y generó preocupación, fue la designación de Graciela Márquez en la Secretaria de Economía, a Francisco Quiroga como subsecretario de Minería y a Laura Díaz Nieves como titular de la Dirección General de Minas. Siendo que éstos dos últimos, en sus trayectorias profesionales, han sido cercanos a los intereses de las empresas mineras, el primero como empleado de las mineras y comercializadoras de hierro Grupo Villacero, Coutinho & Ferrostaal y Arcelor Mittal; y la segunda, como integrante del Consejo Directivo de la Minera Canadiense Goldplay Exploration.

Por otro lado, presentó una serie de megaproyectos regionales estratégicos para el sexenio, tales como el Tren Maya, el Corredor Multimodal Interoceánico, la Refinería de Dos Bocas, la continuidad del Proyecto Integral Morelos y la relocalización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, después de haber cancelado su ubicación anterior en Texcoco. En las siguientes páginas, presentaremos de manera sucinta estos proyectos, junto con algunas de las principales declaraciones y posicionamientos críticos que, tanto periodistas y académicos independientes, como organizaciones sociales en lucha, han formulado ante los mismos. En la presentación de las críticas dejamos espacio a las voces contrarias, para reflejar de forma más amplia la polifonía de posicionamientos críticos y opiniones que dichos proyectos están suscitando.

1. a) Tren Maya

El Tren Maya está anunciado como el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio.^[3] Tendrá un recorrido de 1,525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán. La mayor parte de su ruta pasará por derechos de vía ya existentes, como vías férreas, carreteras y tendidos eléctricos, tendrá 15 estaciones y requerirá de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales.

En el discurso oficial, el Tren Maya es presentado como un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona –desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies– y propiciar el ordenamiento territorial de la región. El gobierno ha prometido que, en la ejecución del proyecto, se procurará integrar a los pobladores a la obra y a sus beneficios; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas (PND, 2019).

Sin embargo, pese a las declaraciones gubernamentales, existe una amplia oposición al proyecto que ha sido expresada tanto por las comunidades locales que sufrirán el impacto del mismo, como por parte de intelectuales, académicos y activistas ambientales. Las críticas han abarcado múltiples aspectos de la iniciativa gubernamental. En primer lugar, se ha señalado que, con la supuesta “consulta popular” sobre el Tren Maya que el gobierno de López Obrador lanzó el 24 y 25 de noviembre del 2018 (antes de asumir formalmente la presidencia) en todo el territorio nacional, se violó abiertamente el “derecho a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada” sancionado por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, convenio que en nuestro país tiene rango constitucional.

Desde antes que se realizara, la consulta fue rechazada abiertamente por las organizaciones maya de la región, las cuales declararon en un comunicado conjunto:

Con respecto a la llamada consulta, desde este momento rechazamos cualquier resultado que la misma tenga ya sea a favor o en contra. No es permisible que nadie, ninguna persona fuera de la Península de Yucatán pretenda decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en nuestros territorios, así como nosotros jamás intentaremos decidir lo que se hará con sus bienes, derechos y posesiones (Ramos, 2018).

Otro aspecto de esta iniciativa gubernamental, que ha sido ampliamente documentado, está ligado al hecho de que el proyecto no cuenta todavía con estudios de impacto ambiental adecuados. Lo anterior, a pesar de las voces de alarma y preocupación de la comunidad científica, la cual ha señalado en más de una ocasión que la construcción del tren podría tener un impacto ecológico altísimo en la región. De acuerdo con el actual proyecto, las vías y las estaciones del tren atravesarían dos de las áreas naturales protegidas más importantes de México: la Reserva de la Biósfera de Calakmul, que por su extensión de selva continua constituye la segunda reserva más importante de América tropical, sólo después de la Amazonia, y la reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, que alberga un sin número de ríos subterráneos de agua dulce que interconectan con cenotes y petenes, y que ha sido declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). El impacto que el tren podría tener sobre la flora, la fauna y los delicados equilibrios de éstos y otros ecosistemas de la región podría ser, en lo opinión de muchos, catastrófico. De acuerdo, con un documento presentado recientemente por un grupo de investigadores integrantes del Centro de Investigación Científica de Yucatán y de la Universidad Autónoma de Yucatán, la construcción del Tren Maya puede provocar un colapso ecológico en la Península (Barros, 2019).

Finalmente, numerosas voces han señalado que el proyecto del Tren Maya no es sólo un tren, sino que es parte de un proyecto mucho más ambicioso, que en palabras del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “pretende cambiarle el rostro a la Península de Yucatán por los próximos 100 años”. En un interesante reportaje, el periodista Prieto Díaz señala que el tren maya, juntos con otros proyectos impulsados por en actual gobierno, como el Corredor Transísmico, el Programa Sembrando Vida y otros proyectos ligados a la llamada “economía verde”, son expresión de un proyecto más amplio:

un proyecto de reordenamiento fronterizo, que aspira a crear con una parte del territorio mexicano (y otros territorios regionales al sur), un nuevo espacio global, en el cual el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad soberana del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero, de las mejores prácticas, de los proyectos por el desarrollo verde y sustentable (Prieto, 2019).

Ante dicho escenario, las organizaciones mayas de la península de Yucatán han expresado su rotundo rechazo a los proyectos de reorganización económica de la región y su profunda determinación a mantener viva la lucha por la autodeterminación. En su último pronunciamiento se lee:

La tierra de los pueblos mayas en la Península de Yucatán está siendo, más que nunca, ofrecida y subastada al mejor postor, aquel quien engaña a nuestra gente, y viola y desmiembra nuestros territorios con el afán de crecer sus capitales. La agroindustria, el turismo masivo, los megaproyectos solares y eólicos, y los desarrollos inmobiliarios crecen de manera descomunal, recrudeciéndose el despojo y devorando insaciablemente la vida, nuestra vida. De esta manera, se conduce por manos ajenas el proyecto de “reordenamiento integral” de nuestra madre tierra, que busca cambiarle el rostro a la Península de Yucatán y a sus habitantes mayas, aún poseedores legítimos y legales de la tierra que nos fue reconocida gracias a la lucha de nuestros antepasados (…).

Si logramos beber de esa fuente llamada memoria, de estos lazos llamados identidad, nos reconoceremos como parte de esa fuerza ancestral. Será más necesario que nunca fortalecer y mantener la lucha por la defensa de lo que es nuestro: nuestro territorio y nuestra cultura. Recordémoslo porque no estamos dispuestos a perderlos, no son monedas de cambio (Pronunciamiento de Organizaciones Mayas de la Península de Yucatán, 22 junio 2019).

1. b) El Corredor Transístmico

El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, propuesta que hace muchos años se había planteado por otros gobiernos como alternativa al Canal de Panamá, no había logrado prosperar. Actualmente es relanzado para impulsar el crecimiento de la economía regional, a través del Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte.

En este marco se buscará modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos; se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. A lo largo del recorrido entre ambos océanos se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora. En los 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos involucrados en este programa se disminuirán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR) y se ofrecerá combustible a precios reducidos. Se construirá infraestructura urbana y se proveerá de servicios educativos y formación de capital humano, vivienda, movilidad e infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico. En el curso de 2019, se invertirán ocho mil millones de pesos en el proyecto y se ha fijado como objetivo que, a partir de 2020, el Corredor pueda competir en costos y tiempos frente a otras opciones de transporte interoceánico. Al igual que el Tren Maya, el Corredor Transístmico se pondrá a concurso de entidades privadas, en modalidades de asociación público-privada.

Como es fácil imaginar, la realización del Corredor Transístmico tendrá un impacto enorme en términos tanto sociales, como ambientales en toda la región. El Istmo de Tehuantepec es una región de una enorme riqueza ecológica, además de ser uno de los lugares con mayor presencia indígena del país. Allí sobreviven algunos de los bosques húmedos y de las selvas tropicales más importantes de México por extensión y biodiversidad. Es una de las regiones con mayor disponibilidad de agua del país que da origen a los sistemas lagunares más grandes del Pacífico mexicano. Doce pueblos originarios, establecidos en 539 comunidades, habitan este exuberante territorio: chinantecos, chochocos, chontales, huaves, mazatecos, mixtecos, mixes, zapotecos, nahuatlacos, popolucas y zoques. Desde la colonia, estos pueblos han resistido continuamente a los proyectos de modernización que buscan despojarlos de sus tierras y de sus recursos naturales (Hernández, 2018).

Con el gobierno de López Obrador la resistencia sigue de pie. Pese a que el gobierno se jacte de haber realizado ya una consulta libre e informada, por medio de asambleas regionales, en todo el territorio y de haber recibido la autorización de los pueblos indígenas que la habitan, en los hechos las principales organizaciones indígenas del Istmo han rechazado la consulta gubernamental organizada en marzo del 2019 tachándola de un acto de simulación. Tal como ha sucedido en el caso del Proyecto Integral Morelos y del Tren Maya, también en este caso, la consulta fue convocada pocos días antes de su realización, en un ambiente general de desconocimiento y desinformación y sin que se hubieran realizado y presentado antes los estudios de impacto ambiental. Muchos de los ejercicios de consulta se realizaron en comunidades alejadas de las áreas de impacto y en presencia de grupos muy reducidos de pobladores. Múltiples organizaciones indígenas han expresado su rechazo a la consulta y al proyecto en su conjunto. Retomamos fragmentos de dos comunicados: el primero emitido por el Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), que tiene una presencia muy significativa en el Istmo, y el segundo emitido por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo oaxaqueño en defensa de la tierra y el territorio (APIIDT).

Ante la agenda de despojo y destrucción que los malos gobiernos hacen para imponer lo que allá arriba llaman “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”, y que para nosotros los pueblos originarios, es el anuncio de la tragedia que pretenden expandir en los territorios de los pueblos en toda la región del Istmo. Los que somos el CNI-CIG rechazamos y desconocemos cualquier simulación que se proponga la imposición de los megaproyectos de muerte, como es la supuesta consulta que pretende realizar los malos gobiernos en diversas comunidades del Istmo de Tehuantepec los días 30 y 31 de marzo (CNI-EZLN, 2019).

Los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, manifestamos nuestro rechazo a procesos de consulta a modo, como el impulsado por el presidente electo y todos los gobernadores, diputados, senadores y servidores públicos dentro del partido, que están a favor de estas consultas a modo, para que se democratice el despojo a favor de los MEGAproyectos de miseria, desigualdad y muerte. (…) Son muchas ya las experiencias que estamos acumulando de consultas instituidas a modo, que tratan de convertir el proceso en un trámite burocrático más, este caso puede ser peor pues ni siquiera somos los pueblos los principales consultados, no se ha dado un ejercicio ni siquiera mínimo de proporcionarnos información al respecto y se está realizando sobre proyectos ya pactados y prácticamente dictaminandos con fechas de inicio, e incluso, con trabajos ya avanzados como es el caso del Tren Transistmico. Nos oponemos en todo sentido a este tipo de procedimiento que viola todos los derechos de nuestros pueblos, pues incluso si posteriormente se intenta realizar un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sería sobre una decisión ya establecida (APIIDT, 2019).

1. c) Refinería Dos Bocas

La Refinería Dos Bocas, es parte de una política gubernamental de rescate del sector energético, en particular de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. Tal como se lee en el Plan Nacional de Desarrollo, para el nuevo gobierno resulta “prioritario rehabilitar las refinerías existentes, la construcción de una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy por debajo de su capacidad” (PND, 2019).

En el caso específico de Dos Bocas, el Gobierno de México invertirá 8.000 millones de dólares. Para su construcción, la Secretaría de Energía trabajará en coordinación con PEMEX y el Instituto Mexicano del Petróleo. La obra inició formalmente el 2 de junio 2019 y se prevé quede terminada en un periodo de tres años, en mayo de 2022. Cabe destacar que la construcción de ese importante proyecto fue asumida en su integridad por el Estado después de que la administración del López Obrador declaró desierta la licitación para la construcción de la misma, debido a que los consorcios invitados –Bechtel-Technit, Worley Parsons-Jacobs y las empresas Technip y KBR– superaron el costo previsto y no se comprometieron a terminar la obra en tres años. Una de las críticas principales que el proyecto ha recibido en tal sentido está relacionada al hecho de que varios expertos consideran que no es posible construir la refinería en el tiempo y con el dinero previstos por el gobierno ya que la obra requiere recursos y tiempos de realización significativamente superiores.

Otros posicionamientos críticos han señalado, por el contrario, que la administración de Lopez Obrador dio el banderazo de inicio de la obra con estudios de impacto ambiental apresurados e inclompletos y que el proyecto está avanzando en un contexto alarmante de ilegalidad. Una de las voces más reconocidas que se ha pronunciado en tal sentido, ha sido la organización internacional Greenpeace la cual, en un comunicado titulado “El proyecto de refinería en Dos Bocas NO cuenta con la autorización de impacto ambiental que requiere para iniciar las obras”, ha sostenido lo siguiente:

Iniciar la construcción de la refinería en estos días implicaría violar la legislación ambiental, el Estado de derecho y los derechos humanos. El Presidente ha dicho que nada ni nadie por encima de la ley y se ha comprometido públicamente con la legalidad y el Estado de derecho. Esperamos que cumpla su palabra y que, en caso de que en efecto pretendan llevar a cabo la refinería, sometan dicha obra a la evaluación del impacto ambiental respectivo (Greenpeace México, 2019).

A esto se suma la aprobación de la polémica “Ley Garrote” que busca castigar hasta con 20 años de cárcel a quienes protesten bloqueando vías de comunicación en el estado de Tabasco, que dicho en palabras de Yeidckol Polevsnky, actual presidenta de MORENA, “esta ley busca evitar cualquier tipo de chantaje o sabotaje al proyecto de la Refinería Dos Bocas… que va a generar gran cantidad de empleos en Tabasco” (Redacción Animal Político, 2019).

1. d) El Aeropuerto “Felipe Ángeles”

El Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía, estado de México, se sumará a la infraestructura aeroportuaria del centro del país para conformar una triada de terminales aéreas en las que se cuenta además el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional de Toluca. La cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco y la edificación de la nueva terminal en la actual base aérea militar de Santa Lucía permitirá, de acuerdo con las posturas oficiales, ahorrar un estimado de 100 mil millones de pesos. Con tres pistas (dos de uso civil y una, para operaciones militares) se estima que se realizarán 190 mil operaciones aéreas anuales y atenderán a unos 20 millones de pasajeros cada año. En el proyecto se contempla, además de realización de nuevas pistas, la construcción de un hotel de 310 habitaciones, un estacionamiento cubierto, una terminal de autobuses, la construcción de la zona de hangares y de servicios aeroportuarios, y un área para una futura ampliación. La nueva terminal estará conectada al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un tren rápido y tendrá acceso al distribuidor vial del Circuito Exterior Mexiquense.

Pese a haber sido declarada por la Secretaria de Gobernación como una obra innegociable, la construcción del aeropuerto de Santa Lucia ha encontrado fuerte resistencia por parte de múltiples organizaciones sociales, en particular por los Sistemas Comunitarios de Agua de los pueblos originarios del Ayuntamiento de Tecámac y Zumpango, quienes temen que la construcción de este nuevo megaproyecto los dejará sin agua y agravará la crisis hídrica que hoy sufre el Valle de México. Bajo el eslogan “Yo prefiero el agua”, estas organizaciones comunitarias, junto con los abogados del Centro Zeferino Ladrillero y otras organizaciones civiles, han organizado una intensa campaña de información y una estrategia de defensa legal, llegando a interponer una batería de amparos en contra del proyecto aeroportuario por vulnerar los derechos de las poblaciones locales de múltiples formas. En particular, desde el punto de vista legal, se ha cuestionado que el proyecto del nuevo aeropuerto no cuenta ni con un plan maestro, ni un proyecto ejecutivo. El único documento oficial que existe es la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual además de presentar múltiples errores y omisiones, tiene que ser todavía aprobada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Entre las omisiones más significativas señaladas por las abogadas del Centro Zeferino Ladrillero está, que la MIA no presenta un análisis claro de los efectos que la construcción del aeropuerto podría traer sobre los acuíferos de la zona de impacto y sobre el derecho humano al agua de las poblaciones circunvecinas. Por otro lado, en dicho documento, se desconoce a los pueblos que se reivindican como originarios en Tecámac, Zumpango, Xaltocan y Nextlalpan, municipios que sufrirán el impacto del proyecto (San Martín, 2019).

El absoluto desconocimiento de los pueblos originarios de la región emergió claramente durante la supuesta consulta realizada por los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) con los habitantes de Xaltocan, Nextlalpan, las únicas dos localidades donde ésta se realizó y donde el proyecto del aeropuerto fue aprobado mediante una asamblea comunitaria. Los otros 18 pueblos originarios de la región (12 en el municipio de Tecámac y 6 en Zumpango, localidades donde la resistencia al proyecto es más fuerte) quedaron, en cambio, totalmente excluidos de la consulta gubernamental que no los contempló mínimamente (San Martín, 2019a).

Cabe señalar que, hasta el momento, los amparos interpuestos por las organizaciones civiles han comenzado a tener los primeros efectos. El 17 de junio de 2019, se dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación ordenó una suspensión definitiva de la construcción de Santa Lucía hasta que el gobierno federal presente todos los permisos necesarios, validando algunos de los argumentos presentados por las organizaciones sociales.

1. e) Proyecto Integral Morelos

El Proyecto Integral Morelos consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de aproximadamente 160 kilómetros de longitud que pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural, para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; una línea eléctrica de 20 km de longitud a la subestación Yautepec; y un acueducto que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas y cuyo trazo va del municipio de Ayala a Huexca, con una longitud de 12 km.

Además de lo anterior, al PIM está asociado a otros proyectos como la ampliación y construcción de diferentes autopistas (la ampliación de la autopista siglo XXI y de la autopista Pera-Cuautla y la construcción de la autopista Amecameca-Cuautla); la rehabilitación de las vías del ferrocarril que conecta a Morelos con el corredor interoceánico Golfo-Pacífico y a la Red Ferroviaria Nacional para transporte de mercancías; la creación de zonas habitacionales; y la ampliación de los dos corredores industriales Burlinton y Saint Gobain, entre otros.

Desde la administración de Peña Nieto, este proyecto ha encontrado una fuerte resistencia por parte de las comunidades afectadas de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. La principal afectación que las comunidades han señalado desde su anuncio en 2012, es que el trazo del Proyecto se encuentra dentro del mapa de riesgo volcánico del volcán Popocatépetl, lo cual puede afectar a 82 comunidades de los tres estados (Flores y César, 2014: 312). A pesar de las promesas de cancelación del proyecto hechas por AMLO durante su campaña electoral, en enero de 2019, anunció la continuidad de este proyecto como modo de comprometerse a respetar los contratos existentes y a alentar la inversión privada dotando un marco de certeza jurídica, transparencia y reglas claras.

En medio de un vigoroso movimiento de protesta y de un fuerte malestar social, acrecentado por el brutal asesinato del activista y opositor a la termoeléctrica, Samir Flores Soberanes, ocurrido tres días antes de que se realizara la consulta, el 23 de febrero de 2019, el gobierno impuso la realización de la misma obteniendo, según los datos oficiales, el 59.5% de los votos a favor del proyecto. Sin embargo, la consulta ha sido impugnada por diferentes razones por parte de las comunidades afectadas, antes y después de su realización. Márgara Millán ha escrito sobre el proceso de realización de la consulta: “Con prisa y plagada de irregularidades: la votación fue sobre papeletas no foliadas, con propaganda por el sí en el reverso, sin supervisión ciudadana, con fuerte presencia policial sobre todo el segundo día, y con algo que el superdelegado Flores ha balbuceado un par de veces: viejas prácticas de acarreo” (Millán, 2019).

Además de lo anterior, en el estado de Morelos, se incorporaron a la consulta, ciudades como Cuernavaca y Yautepec lejanas a la zona afectadas, donde el gobierno sabía que podía encontrar votos a su favor. En todos los lugares donde se realizó, no se proporcionó información adecuada a la población, no se respetaron los usos y costumbres locales en caso de comunidades indígenas y se formuló una pregunta sumamente ambigua en la que los ciudadanos al votar a favor de la termoeléctrica de Huexa terminaban aceptando la integridad de las obras previstas por el PIM. Por estas y otras razones, el mes de mayo de 2019, el primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa ordenaron a los jueces aceptar el amparo por mal uso de la consulta que interpusieron las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla, contra la Consulta Ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver la viabilidad del PIM, reconociendo formalmente el modo ilegal y fraudulento con el que operó el gobierno.

Cabe mencionar también que, en este clima de irregularidades y comportamientos fraudulentos, el gobierno se ha encargado de difundir un discurso de estigmatización contra los opositores del PIM, lo que incluye el proceso penal que abrió la Comisión Federal de Electricidad por el delito de daño a bienes de la nación, contra Jamie Domínguez y Teresa Castellanos Ruíz, activos participantes del Frente de Pueblos en defensa del agua, del aire y de la tierra.

4. La cortina de humo del extractivismo “benefactor”

En los tiempos de la 4T, el Estado –en medio de fuerte proceso de descomposición y corrupción de la clase política y las estructuras partidarias del PRI-PAN-PRD– está jugando un activo papel, presentándose como un actor que está recuperando su protagonismo, que atiende el bien común y que busca separarse del poder económico, restaurando el principio constitucional de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste” (PND, 2018).

En la asunción de dicho rol, un elemento común que acompaña la presentación de todos estos proyectos, es el despliegue de una narrativa desarrollista para convencer de sus beneficios y bondades, a partir de la propagación de un “desarrollo con bienestar” y un “progreso con justicia social”. Este paradigma de desarrollo parte de una promesa de abundancia del proceso modernizador del capitalismo, a partir de la inserción mercantil de territorios y ámbitos de vida, considerados como atrasados o poco productivos por no estar plenamente insertos en la lógica del valor. Así, se difunde la construcción de una asociación intrínseca entre megaproyectos, desarrollo, generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida.

En esta narrativa, la noción de desarrollo sostenible, como uno de los ejes rectores de su Plan Nacional de Desarrollo, aparece como remedio para impulsar un “crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural, ni al entorno” (PND, 2019: 37). La idea de combinar el crecimiento económico con un manejo sustentable de los recursos naturales, no es nueva, ni exclusiva de la 4T. Por el contrario, el gobierno actual, como los gobiernos anteriores, no parece que esté yendo más allá del ya tradicional uso instrumental y tramposo de este discurso. Tampoco parece estar explorando alternativas que avancen en la prefiguración de horizontes pos-extractivistas, como por ejemplo, la discusión sobre las llamadas transiciones energéticas.

Por el contrario, en lugar de asumir las complejidades de la discusión sobre los impactos del neodesarrollismo y la continuidad del modelo productivo primario exportador, en medio de la alarmante crisis socioecológica que enfrentamos, el gobierno de López Obrador insiste en promover los beneficios de una política desarrollista que de manera inherente avanza a partir de ocultar las negativas y violentas consecuencias de la reconfiguración de los territorios con el avance del extractivismo.

La forma en que se están impulsado los megaproyectos de la 4T, ignorando sistemáticamente los tiempos y las obligaciones establecidas por la legislación vigente en materia de evaluación de impactos socio-ambientales, es una manifestación alarmante de lo que acabamos de decir. Más allá de las altisonantes promesas de bienestar, desarrollo, sustentabilidad y participación ciudadana que el nuevo presidente no pierde ocasión de reiterar públicamente, su gobierno está impulsando políticas extractivas de gran impacto socio-ecológico, sin asumir con responsabilidad los costos de las mismas y las enormes afectaciones a los territorios y a las poblaciones que padecerán sus efectos.

Tal como hemos ilustrado en las páginas anteriores, la relación que el gobierno ha planteado hasta el momento con las poblaciones afectadas ha sido de profundo desconocimiento de sus reclamos y de sus derechos colectivos sobre sus modos de vida y territorios. La forma en la que cada uno de los megaproyectos que hemos presentado ha ido avanzando en su fase inicial, comprueba la premisa estadocéntrica de concebir a dichas poblaciones como objetos de asistencia, de tutela y carentes de un proyecto de desarrollo, por lo que el Estado tiene la prerrogativa de decidir por ellos. Es más, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que el reiterado desconocimiento de la capacidad de autodeterminación de los pueblos, ha sido la premisa bajo la cual se han llevado a cabo las consultas realizadas hasta el momento. Todas ellas han sido impulsadas con un alto contenido propagandístico, que apela a la honestidad, al respeto del Estado de derecho y la vida de los pueblos; sin embargo, en los hechos, en cada una de las consultas realizadas, se ha violado de una u otra manera el derecho de los pueblos a una consulta libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, reiterando así el histórico desprecio que el Estado mexicano ha reservado para sus pueblos y comunidades.

Mas que genuinos mecanismos de participación, las consultas realizadas hasta este momento han sido percibidas como una estrategia de simulación de un proceso que se quiere hacer ver como democrático pese a que, en los hechos, despliega prácticas profundamente autoritarias y centralistas. No es casual que todas las consultas realizadas hayan sido denunciadas por las poblaciones afectadas por su carácter amañado, dirigido a imponer una decisión que ya había sido tomado previamente por el gobierno central.

Dicho en otras palabras, queda claro que ante las necesidades de crecimiento y expansión económica que la 4T plantea, el desarrollo de estos proyectos no está puesto a discusión con las comunidades afectadas. Ni siquiera se llega a reconocer discursivamente el sentido de afectación que las comunidades están señalando, ya que se les suele identificar como voces marginales, expresión de un menudo grupo de radicales que se oponen a la realización de los proyectos porque no logran reconocer los beneficios del desarrollo. Una de las constantes más alarmantes de estos primeros meses de gobierno, ha sido, en efecto, la tendencia a estigmatizar y descalificar a los opositores a los megaproyectos, tildándolos de “conservadores radicales”. La estigmatización ha operado como una forma de criminalización de los opositores, contribuyendo a elevar el clima de polarización social, en tanto se ha fomentado la construcción de un imaginario del “otro subversivo”, como aquel que detenta contra el interés general y que es presentado como amenaza al orden social. El asesinato de Samir Flores se dio precisamente en un contexto de estigmatización, profundizado por las palabras de Andrés Manuel López Obrador en Cuautla, días antes de la realización de la consulta; contexto que atizó las divisiones entre las comunidades que desde años vienen encarando el conflicto por la imposición del Proyecto Integral Morelos.

Ahora bien, ante estos escenarios de disenso y creciente conflictividad social, el gobierno de López Obrador ha optado de forma muy evidente por una estrategia de mitigación del conflicto, vía la generación y promoción de una batería de “programas de desarrollo, empleo y bienestar”, que sin decirlo, son parte de una política que busca, entre otras cosas, diluir el disenso, dividir a las comunidades y “compensar” los impactos negativos de los megaproyectos y de las nuevas políticas desarrollistas. A continuación, mencionaremos algunos de los programas sociales que están teniendo un impacto significativo en las regiones donde se están viviendo conflictos socio-ambientales, para reflexionar sobre su naturaleza y contenidos.

1. a) Sembrando vida (Programa de comunidades sustentables): Se trata de un programa dirigido a incentivar a los sujetos agrarios para que establezcan sistemas productivos agroforestales, en los que se combina la producción de cultivos tradicionales destinados esencialmente al autoconsumo con árboles frutícolas y maderables. El programa tiene cobertura en 19 entidades federativas y prevé el otorgamiento de un apoyo directo a las personas inscritas de 5,000 pesos mensuales, además de apoyo y asesoría técnica. El gobierno se ha propuesto instaurar el programa en 1 millón de hectáreas, comenzando con 500 mil en el primer año.^[4]
2. b) Jóvenes construyendo futuro: Se trata de un programa de becas destinado a jóvenes entre 19 y 29 años que no están ni trabajando, ni estudiando. Los inscritos a este programa recibirán una beca de 3,600 pesos mensuales por un año, con el objetivo de que puedan capacitarse en la realización de algún trabajo. El programa se propone llegar a 2 millones y 300 mil jóvenes a lo largo del sexenio.
3. c) Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez: Este programa está dirigido a ofrecer estudios superiores a jóvenes que, pese a tener certificado de bachillerato, han sido excluidos de oportunidades de estudio en ese nivel. El programa se ubica en municipios en los que no hay oferta cercana o pertinente, alejados de los principales centros urbanos y en condiciones de marginación o exclusión. La modalidad de los estudios es presencial. No hay límite de edad para inscribirse y todos los estudiantes inscritos reciben una beca de 2,400 pesos mensuales por diez meses al año, durante el período de duración de su carrera. El gobierno se ha propuesto abrir 100 planteles en 31 estados de la República.
4. d) Programa nacional de becas para el Bienestar Benito Juárez: Se trata de un programa de becas dirigido a menores de 18 años, pertenecientes a hogares en situación de pobreza extrema y que estudian en una escuela pública, en los niveles kinder, primaria, secundaria y preparatoria. La beca es de 800 pesos mensuales entregados de manera bimestral al beneficiario durante los 10 meses del ciclo escolar.
5. e) Programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales: El programa está dirigido a municipios indígenas regidos por usos y costumbres y preve la asignación directa de recursos a autoridades comunitarias para la construcción de caminos de concretos. En el sexenio se invertirán 14,200 millones de pesos para la construcción de 5 mil kms. de caminos.
6. f) Programa para el bienestar de los adultos mayores: El programa está dirigido a adultos mayores de 68 años que no tienen acceso a una pensión contributiva. Se les otorgará una pensión de 1,275 pesos mensuales que serán entregado bimestralmente mediante uso de tarjeta bancaria.
7. g) Tandas para el bienestar: Consiste en un programa de microcréditos para la adquisición de insumos y herramientas. Los solicitantes deberán tener entre 30 y 64 años de edad y vivir en alguno de los municipios que el Consejo Nacional de Población calificó en media, alta y muy alta marginación.

Una característica central de todos estos programas sociales, en la que la administración de López Obrador ha puesto mucho énfasis, consiste en que la asignación de recursos gubernamentales llega de forma directa a los beneficiarios. En la mayoría de los casos, dichos recursos se transfieren de forma individualizada a través de las tarjetas del bienestar, tarjetas de débito gestionadas por Banco Azteca. Lo anterior, a decir del gobierno, tiene la finalidad de evitar cualquier práctica de clientelismo o corrupción, aunque en los hechos remplaza las mediaciones anteriores por la mediación de un banco como Banco Azteca (de propriedad de uno de las corporaciones más grandes y corruptas del país como es el grupo Salinas), contribuyendo de paso a impulsar la “finaciarización” de la economía del país a partir de la inclusión en los circuitos bancarios de una parte significativa de la población que antes era excluida de los mismos.

Cabe señalar también que todos los programas lanzados hasta el momento, han sido acompañados por un gran despliegue publicitario en el que se subraya el inmenso esfuerzo que el gobierno está haciendo para redistribuir recursos hacia los pueblos indígenas y sectores más desfavorecidos de la población; sin embargo, varias voces críticas han señalado que los recursos asignados a cada beneficiario son muy limitados, no están asociados a una política estructural de largo plazo, dirigida a generar condiciones de igualdad en el país y no tienen la capacidad de modificar sustancialmente las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados. Aun así, la modalidad elegida para su asignación y la proliferación simultáneas de una multiplicidad de programas sociales, generan un alto consenso político en las poblaciones beneficiadas ya que refuerza el imaginario de un gobierno “honesto” y benefactor que dirige su mirada hacia la gente más pobre. Vemos con preocupación que esta orientación benefactora esté asociada a la invisibiliación y negación de las voces de las comunidades afectadas y los impactos socioecológicos de las nuevas políticas desarrollistas y de los proyectos extractivos.

Con el avance del extractivismo en América Latina mucho se ha documentado sobre la perversa relación de corte asistencial que el gobierno instrumenta a través de los programas sociales y las transferencias económicas a las poblaciones afectadas para lograr su consentimiento en el avance de los megaproyectos. Las políticas sociales de la 4T no parecen alejarse de este patrón. Un ejemplo muy explícito son los casos denunciados en el Istmo de Tehuantepec de “entrega precipitada de las ‘tarjetas de bienestar’” justo antes de la llegada de AMLO para promover el Corredor Transístmico (Esteva, 2019) o la presencia masiva del personal de la Secretaría de Bienestar, es decir, de los mismos trabajadores públicos que promocionan e implementan muchos programas sociales, durante el proceso de promoción y realización de las consultas ciudadanas en torno al Proyecto Integral Morelos.

Si bien, desde la 4T hay una política de desarticulación de las instancias que servían anteriormente de mediación entre el gobierno y la sociedad, para precisamente evitar los usos clientelares de los recursos estatales, advertimos que estas otras formas de operación en el avance de los megaproyectos, tienda a generar prácticas políticas igualmente deshonestas y desmovilizadoras. Algo similar ocurre con las numerosas promesas de redistribución de la renta estatal que el gobierno ha anunciando, como en el caso de minería, donde la decisión de continuar con las concesiones otorgadas por los regímenes anteriores para el desarrollo de emprendimientos de minería a cielo abierto y las consecuencias socio-ecológicas que esto implica, ha sido compensada discursivamente con la promesa de que los recursos del Fondo Minero^[5] no sólo llegarán a los gobiernos estatales y municipales, sino también a los habitantes de las comunidades donde operan las empresas mineras, incluida la activación de un seguro anti desastres (Ramírez, 2019).

Ciertamente, el matiz benefactor y compensatorio del extractivismo, centrado en “favorecer a los sectores más vulnerables”, está lejos de problematizar la lógica de sacrificio, como parte del hecho colonial, a la que son sometidas las comunidades afectadas, es decir, no sólo no reconoce los impactos negativos que este modelo de desarrollo produce, sino que los naturaliza. Bajo esta lógica, los efectos sociales y ambientales se dirimen en el plano económico, es decir, el criterio económico toma el control sobre otras formas de valoración (Gudynas, 2015: 321). A decir de Eduardo Gudynas, quien ha analizado la realidad de otros países con gobiernos de perfil progresista, la política compensatoria ha funcionado como una forma de apaciguar las demandas sociales locales y generar o profundizar procesos de división social al interior de las comunidades afectadas, así como aislar y debilitar a los grupos de opositores. En ese sentido, las medidas de compensación económica tendencialmente se vuelven mecanismos de control (Gudynas, 2015: 331).

Las políticas impulsadas por la 4T parecen dirigirse precipitosamente en esta dirección. La voluntad gubernamental de establecer una política de tutelaje y control sobre los sectores indígenas y populares del país está emergiendo cada día con más claridad y se ha visto reforzadas en los últimos meses por el alarmante despliegue de la Guardia Nacional^[6] en zonas económicamente estratégicas. Tal es el caso de la denuncia que el Fray Bartolomé de las Casas ha hecho de la llegada de la Guarda Nacional en territorio zapatista y el aumento de patrullajes militares (Mariscal, 2019). Así como la presencia de 110 mil efectivos en la frontera sur en el contexto de los acuerdos migratorios de México con EUA para contener los éxodos de migrantes que huyen de sus propios países por el desastre que el neoliberalismo dejó (Camacho, 2019).

Distintas voces advierten que la creación de este nuevo cuerpo policiaco a cargo de las funciones de seguridad pública del país, expresa la continuidad de la Guerra contra el narcotráfico y el modelo fallido de seguridad de los últimos dos sexenios, principalmente en detrimento de la protección y garantía de los derechos humanos de las poblaciones. Ésta es, otra de las tantas señales de alarma, que hemos recibido por parte del gobierno de México en los últimos meses y que nos llevan a poner en duda las posibilidades de transformación política que se cultivan al interior de la llamada 4T.

5. A manera de conclusión

Con este texto buscamos avanzar en una caracterización de la 4T y la política extractivista en marcha. Si bien la llegada de este nuevo gobierno ha abierto una enorme expectativa al presentarse como un proyecto de transformación de gran calado, desde nuestra perspectiva es necesario dimensionar sus alcances e impactos y, precisar sus orientaciones que ya se vienen materializando a poco más de un año de la victoria electoral.

Una clave para esta caracterización es insistir que la 4T no es una mera continuidad con los regímenes anteriores, pero tampoco es un proyecto de orientación anticapitalista. En diálogo con las experiencias de los gobiernos llamados progresistas del sur de América Latina, podemos empezar a ver que el proyecto de la 4T no sólo no renunciará a un modelo desarrollista que beneficie e incentive la acumulación del capital, sino que tampoco problematizará sus impactos más negativos. MAS bien asume, que tales impactos son necesarios y que a través de compensaciones es posible paliarlos.

La profundización de esta vocación económica se sitúa en el conjunto de relaciones que a nivel global se vienen instrumentando en términos capitalistas. América Latina y México incluido, es un territorio estratégico en esa geopolítica, como proveedor de fuerza de trabajo barata y materias primas para satisfacer los centros manufactureros más importantes a nivel mundial. Desde esa división internacional del trabajo se actualiza la condición de subdesarrollo de México, y paradójicamente es desde esa misma lógica que se profundiza el patrón extractivista. Una de las consignas que los progresismos del sur han reiterado, como el caso ecuatoriano con el ex-presidente Rafael Correa, es que “para salir del extractivismo hace falta más extractivismo”. En el caso mexicano, esta misma lógica se está reproduciendo, al pensar que el “desarrollo” de megaproyectos generará una transformación de las relaciones productivas.

Hemos constatado que la retórica antineoliberal más que cuestionar el modelo capitalista o proponer una distancia gradual con su orientación desarrollista, se mueve dentro de la lógica sistémica para gestionar las contradicciones de la vida en el capital. En tal sentido, la política de la 4T en materia extractivista no es muy diferente a la de los progresismos del sur. No se propone cuestionar la acumulación del capital, pero si moderar y compensar sus efectos más nocivos a través de una política compensatoria. En ese sentido, está lejos de problematizar la lógica de sacrificio a la que son sometidas las comunidades donde los emprendimientos extractivistas se localizan, es decir, no reconoce las voces de las comunidades, ni las afectaciones socioambientales que este modelo de desarrollo produce, ni mucho menos pone en duda el esquema excluyente de generación y concentración de ganancias en manos de unos cuantos, así como la relación de dependencia y jerarquización que se profundiza con los mercados internacionales.

Es más, la forma en la que la 4T se ha relacionado con los habitantes de los territorios en disputa, mayormente comunidades y pueblos indígenas, a partir de veloces procesos que no atienden los mínimos requerimientos para garantizar una participación libre e informada demuestra la voluntad política de establecer una relación de subordinación y tutelaje con dichos sectores de la población; relación que desde el Estado se actualiza a partir de negar los derechos de los pueblos indígenas, como sujetos con capacidad de autodeterminarse y poder participar como protagonistas en el desarrollo de sus propios territorios. En ese sentido, lejos de promover las capacidades de autonomía y autoorganización de los pueblos, éstas son percibidas como una amenaza.

En este contexto se empiezan a activar y reagrupar un conjunto de resistencias que están organizando y combinando una serie de estrategias jurídicas, de visibilización del conflicto, articulación de alianzas, autoorganización y acción directa, para exigir la cancelación de los megaproyectos anunciados y advertir sobre las afectaciones socioambientales en sus territorios. Dos de los referentes más importantes en la lucha contra el extractivismo está siendo el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, además de otras articulaciones como la Red de Afectados por la Minería (REMA). Si bien a nivel local, cada resistencia está esforzándose en dar visibilidad a los impactos de estos proyectos, no sabemos todavía si habrá capacidad de tejer una articulación más amplia que incluso produzca una política que pueda vetar y al mismo tiempo intervenir en la agenda nacional a través de un mandato capaz de plantear lo que los pueblos quieren en clave anti y pos-extractivista.

Las luchas contra el extractivismo, como en otros países, vienen mostrando los límites y el carácter violento e insustentable del desarrollo capitalista, y de los progresismos. La continuidad de las políticas extractivistas sólo profundizará la relación subordinada, dependiente y colonial de México con el resto de los países en la división internacional del trabajo, además de que nos colocará en una situación de mayor vulnerabilidad e incluso de colapso ecológico. Mientras que la 4T siga desdeñando y negando las afectaciones socioambientales que el desarrollismo deja a su paso, y piense lo ambiental como problema secundario, claramente se intensificará el ciclo de conflictividad socioambiental, se profundizará la degradación ecosistémica y las condiciones para encarar los efectos de la crisis civilizatoria, serán aun más desalentadoras.

Toca hacerse cargo de la urgencia de la degradación socioecológica, con su irrefutable evidencia, escuchar las voces y argumentos de las y los defensores de la vida y de los territorios, comprender y cuestionar los efectos del desarrollismo, las relaciones de dependencia que sostienen esta matriz productiva, las lógicas violentas, destructivas, depredadores e insustentables del desarrollo capitalista con su contenido patriarcal y colonial, y de manera más estructural y profunda, problematizar los términos de nuestra interdependencia como humanos en el tejido de la vida.

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Notas

^[2] El consenso de los Commodities, del 2003 al 2015 aproximadamente, se basa en la exportación a gran escala de bienes primarios, el crecimiento económico y la expansión del consumo, en el contexto en el que las economías latinoamericanas fueron favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios (commodities), todo lo cual se vio reflejado en las balanzas comerciales y el superávit fiscal (Svampa/ Terán, 2018).

^[3] Es importante mencionar que el proyecto de un tren dirigido a potenciar la oferta turística del mundo maya no es nuevo. La idea fue propuesta por primera vez en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y recuperada por su sucesor Enrique Peña Nieto. Del mismo modo, vale la pena señalar que el proyecto capitalista de convertir la península de Yucatán en un centro comercial y turístico tiene ya varias décadas y ha tenido un impacto social y ambiental enorme en la región, sobre todo en la llamada Rivera Maya. Tal como señala el equipo editorial de Grietas (Medio para armar) “Desde 1988, durante el sexenio de Salinas de Gortari, se lanzó la iniciativa de construir la ‘Ruta del Mundo Maya’ que implicaba una relación turística y comercial entre las ‘5 naciones mayas’ (México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador). Desde esa época se planteó la forma de financiamiento mixto (público y privado) que ahora es retomada por López Obrador (…). En 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, México y Centroamérica llevaron a la Feria de Turismo de España la ruta del mundo maya como una idea conjunta para promover y difundir un recorrido por 100 centros arqueológicos de esa cultura común. El proyecto ha generado un interés importante en diversos sectores capitalistas” que ya han invertido millones de pesos en él (https://www.grieta.org.mx/index.php/megaproyecto-de-tren-maya).

^[4] Información obtenida en la pagina de la Secretería de Bienestar (https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida)

^[5] El Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, antes conocido como “Fondo Minero”, entró en vigor en 2014, derivado de una reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD), y se constituye por el pago de derechos a la actividad minera. Sin embargo, desde su creación, el Fondo ha presentado serias deficiencias en cuanto a: la gestión de los ingresos; la aplicación de sus recursos, y los mecanismos de participación y toma de decisiones en sus comités de funcionamiento. Un análisis detallado de esta cuestión podemos encontrarlo en el Anuario 2018 Las actividades extractivas en México. Desafíos para la 4T realizado por FUNDAR.

^[6] Nueva corporación será el instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. Será una institución permanente de carácter policial, lo que implica que realizará tareas de prevención y combate del delito, tendrá un enfoque de proximidad con la ciudadanía y comunicación con la comunidad y sus integrantes se regirán por una doctrina policial fundada en el pleno respeto a los derechos humanos (PND, 2019).

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Las autoras son Profesoras e investigadoras del Posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, BUAP.