La entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) evidenció una falta de responsabilidad por parte de actores judiciales, parlamentarios y políticos, al no pensar el impacto que, a nivel procesal adolescente, traería el nuevo modo de proceso judicial. Por tal motivo, se pospuso la entrada en vigencia del CPP, para el 1 de noviembre pasado, con el fin de discutir modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) y acompasar los cambios.

El nuevo CPP, instala un régimen acusatorio, eliminando el régimen inquisitivo que existió hasta la actualidad. Entre los múltiples cambios, establece que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, como lo era hasta el momento. Uruguay tiene más el 80% de la población privada de libertad adulta sin condena.¹

Los adolescentes siempre fueron objetos privilegiados de las políticas de control penal y social. A partir de las alteridades sociales, políticas o delictivas se reconfigura -una y otra vez- esa idea del otro incompleto/peligroso/criminal desde la sociedad virtuosa. Los impulsos punitivos -con sus variaciones e intensidades- estuvieron siempre presentes en la agenda pública.

El último ciclo punitivo se puede trazar desde la aprobación de la Ley de Procedimiento Policial hasta estas modificaciones al CNA. En cada uno de los años se observaron retrocesos importantes a nivel político y legislativo, redimensionando y profundizando las representaciones estereotipadas y estigmatizantes que soportan los adolescentes a nivel social, y la violencia institucional ejercida en los centros carcelarios juveniles.

Plebiscito para juzgar a los adolescentes de 16 años como adultos, endurecimientos del espacio público, aumento de la violencia policial, aumento de penas (Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente), aumento de medidas cautelares, preceptivilidad para delitos gravísimos (obligatoriedad de un año)² , reforzamientos de modelos custodiales de neutralización en gestión carcelaria, entre otros hechos, reflejan la continua referenciación que producen los actores políticos a una racionalidad actuarial, pasando de una legislación punitiva a una legislación del riesgo.

En este escenario, las modificaciones al CNA debían acompasar en el sistema penal juvenil los sentidos de cambio que suponían la aprobación y puesta en marcha del nuevo CPP para el sistema adulto. Es decir, que solamente las medidas cautelares puedan ser utilizadas cuando hay indicios de que la escena del delito puede ser modificada por la persona involucrada o porque la persona puede fugarse.

El resultado fue inverso: se aprobaron unas modificaciones que generan más desigualdad y mayor criminalización de la que ya existe entre el mundo adulto y el mundo adolescente.

Después de transitar por las dos Cámaras, el texto definitivo establece que para los delitos graves se aumente el plazo de las medidas cautelares de 60 a 90 días, y que para los delitos gravísimos se pase de 90 a 150 días.

Además de continuar en la misma línea de desoír las directrices, normas y observaciones que existen a nivel internacional en materia de justicia penal juvenil, la aprobación da cuenta de la falta de conocimiento de las ejecuciones en materia penal adolescente.

Asimismo, algunas manifestaciones de legisladores remiten más al acuerdo político intrapartidario que existe detrás de la aprobación que a las miradas propias sobre el tema en cuestión. Patricia Ayala, miembro informante del proyecto, manifestó que «a partir de ahora todos los chiquilines van a esperar su sentencia en una dependencia para menores. Eso antes dependía de la solicitud del juez, algunos no iban a esperar la sentencia a su casa y otros a la institución. Eso se daba, a mi entender, por la condición socioeconómica de cada chiquilín. Hoy por hoy se va a igualar.» ³

Asusta más la defensa del texto que el texto mismo. La vía de la justicia por medio de la igualdad penal no es un camino recomendable. Además de absurdo, promueve un imaginario de instrumentos falsificados de apariencia legítimos que reproducen la narrativa social del castigo como solución material al delito.

Como en muchas votaciones sobre “seguridad”, hubieron opiniones distintas dentro del partido de gobierno, en ambas cámaras (PVP, PCU, PS, IR y Casa Grande). Si bien estas posiciones distintas no pudieron instalar otro enfoque al tema, lograron modificar el texto original. A su vez, algunos actores de la oposición, como Pablo Abdala, Ope Pasquet y Daniel Radío, cuestionaron las modificaciones, inclusive votando en contra.

La aprobación de estas modificaciones es más grave por el contexto en que se da la discusión que por lo que se modifica. Comenzamos a transitar un cambio en el “ADN de la Justicia Penal”, pero en adolescentes todavía tenemos una respuesta inquisitiva, tutelar e hiperinstitucionalizada para abordar sus vidas.

Hemos tenido avances significativos en algunos campos de los derechos pero, bajo este mismo impulso, hemos tenido retrocesos graves para algunas poblaciones de mayor vulnerabilidad.

Cada vez que se origina una discusión sobre “delito y castigo”, uno debe olvidar la atmósfera y plegarse a la idea de que lo mejor para estos casos es que los otros desconfíen de los derechos que nosotros decimos que tienen.

Mauro Tomasini es integrante del Servicio Paz y Justicia Uruguay

1 – http://www.180.com.uy/articulo/67292_uruguay-alcanzo-record-de-presos-8-…
2 – Cabe destacar que antes de las discusiones sobre esta modificaciones al CNA, la ley 19.055 del año 2012, establecía paralos adolescentes que cometieran delitos gravísimos, “A)La privación cautelar de libertad será preceptiva hasta el dictado de la sentencia definitiva.; B)Las medidas privativas de libertad tendrán una duración no inferior a los doce meses.” https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8876660.htm
3 – https://brecha.com.uy/pajaro-en-mano/