Andalgalá lleva 24 años de megaminería y es el caso testigo de las falsas promesas empresarias. Los vecinos priorizan el agua y la salud, y ya no quieren más extractivismo. Allanamientos masivos, violencia policial y detenciones arbitrarias. La alianza entre multinacionales, gobernantes y Poder Judicial. De Minera Alumbrera a Agua Rica. Crónica de un saqueo y, también, de una lucha.

Minutos antes de las 12 comenzaron los allanamientos. Lo solicitó la fiscal Soledad Rodríguez, la ordenó el juez Rodolfo Cecenarro y la ejecutó la policía y el grupo especial antimotines Kuntur. Aunque en las casas no hubo resistencias, los efectivos rompieron puertas e ingresaron con violencia. La orden judicial apuntó contra 25 vecinos que defienden el agua y cuestionan la megaminería. Apresaron a siete. La Asamblea El Algarrobo, que desde hace más de once años denuncia el extractivismo, denunció “persecución”, la violación de derechos humanos y la vigencia de un “Estado Policial en Andalgalá”.

Sucedió el lunes 12 de abril. Y fue un capítulo más de la larga alianza de tres actores: multinacionales mineras, casta política y Poder Judicial.

584 caminatas

En Andalgalá el sábado 10 de abril se movilizaron en rechazo a la megaminería. No fue novedad: se trató de la marcha número 584, siempre en sábados, siempre con la banderas que exigen proteger el agua, la montaña y la salud de la población.

El clima estaba enrarecido. Minera Agua Rica avanza con su rechazado proyecto minero de oro y cobre. Había cortes selectivos de caminos (para frenar a los vehículos de la empresa). El gobierno provincial envió decenas de policías y Nación a sus gendarmes.

Lo diferente: el sábado por la tarde ardió la oficina de Minera Agua Rica.

Promesas incumplidas

Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente. Fueron algunas de las promesas de Minera Alumbrera en Andalgalá en la década del 90, cuando comenzó su instalación.

Nada de eso se cumplió.

Luego de 24 años de megaminería, el oeste catamarqueño es de la regiones más pobres del país. Solo alcanza caminar por Andalgalá, Belén o Santa María para palpar la pobreza, ver la necesidad, comprobar el crecimiento de toda una generación sin trabajo, ni educación ni salud.

Menem lo hizo

El 31 de octubre de 1997, el presidente Carlos Menem participó del acto inaugural de la explotación de Minera Alumbrera. Oro, cobre y molibdeno, entre otros minerales que, explosiones y sopas químicas mediante, son capturadas por el consorcio de multinacionales (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) y llevados para refinar al primer mundo.

Menem también fue el gestor de las leyes mineras neoliberales que benefician a la actividad.

Todos los gobiernos actuaron en favor de las empresas mineras y dieron la espalda a las poblaciones afectadas.

La “perla del oeste”

Andalgalá está ubicada a 240 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Se la conoce como “la perla del oeste”.

Con 20.000 habitantes, nunca fue ajena a las necesidades económicas y sociales del noroeste del país. Pero también se destacaban las producciones agropecuarias (de pequeña y mediana escala) y el turismo, con potencial nunca impulsado por los gobiernos con políticos de mediano y largo plazo.

Las promesas de Minera Alumbrera hicieron creer en la milagrosa salvación. Años en los que no se conocía de qué trataba la megaminería y el acceso a la información no era tan fácil (internet casi no existía en Argentina).

La empresa, siempre de la mano de los gobiernos de turno, hasta prometió que una vez finalizada la explotación, en el open pit (el gigantesco cráter que deja la megaminería) se podría inundar con agua y realizar pesca recreativa.

Agua y derrames

Minera Alumbrera tiene un permiso de extracción de agua de 1100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por día. La Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera usa por día agua equivalente a dos millones de personas

El producto bruto que obtiene Alumbrera es enviado por un monumental mineraloducto –-un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004, el 10 de junio de 2006 y, dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén.

A inicios de 2000, Gendarmería Nacional tomó muestras de agua del canal DP2 (transporta el agua que desecha la planta de secado del concentrado, en Tucumán, que baja a Santiago del Estero y termina en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba). Gendarmería confirmó “un alto contenido de cobre y sulfatos superando los límites establecidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos”. Otro estudio de Gendarmería en marzo de 2004 confirmó la presencia de cianuro en agua. En abril de 2007 la propia Secretaría de Minería de la Nación reconoció en un informe que Minera Alumbrera contaminaba: confirmó que el canal DP2 presentaba alto contenido de metales. La causa aún descansa en la burocracia judicial.

Voracidad minera y represión policial

Hubo dos puntos de inflexión en Andalgalá.

Cuando a fines de 2009 la población se enteró de que el gobierno provincial había habilitado la megaminería en el propio casco urbano de la ciudad. El proyecto se llamó “Pilciao 16” y estaba en manos de la empresa australiana BHP Billiton.

Quizá como nunca antes las familias temieron hasta perder hasta sus hogares en manos de las mineras.

Fue tal es escándalo que la Provincia tuvo que retirar la concesión.

Segundo quiebre, la dura represión del 15 de febrero de 2010. El poder político lo solicitó, jueces y fiscales fueron el engranaje “legal” y decenas de policías los que descargaron la violencia.

Niños, adolescentes, mujeres y hombres recibieron balazos de goma, palos y prisión. La población salió a la calle. El hartazgo se convirtió en pueblada. El enojo se descargó contra la oficina de la minera Agua Rica y contra la Municipalidad.

El primer megayacimiento

Minera Alumbrera comenzó su construcción en octubre de 1994. Fue el primer megayacimento metalífero de Argentina. El 31 de octubre de 1997 inició su etapa extractiva de oro, cobre y molibdeno, entre otros minerales. El yacimiento pertenece al estado catamarqueño, a la Universidad Nacional de Tucumán y al estado nacional, que conforman la sociedad Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Pero la concesión y explotación está en manos de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold).

Según datos de la misma Minera Alumbrera, el yacimiento se ubicó entre los diez grandes emprendimientos de cobre del mundo y entre los 15 de oro. El producto bruto que obtiene Alumbrera es enviado por un monumental mineraloducto –-un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. Luego es transportado en un tren (de la misma empresa) que lo traslada hasta el puerto de Rosario. De allí parte para su refinación a Europa.

En sus 24 años de extracción, Minera Alumbrera acumuló una decena de denuncias por contaminación y evasión fiscal (causas aún abiertas).

Segunda ola

Agua Rica es un yacimiento de oro, cobre, plata y molibdeno, publicitado como tres veces más grande que Alumbrera. Se ubica mucho más cerca de la ciudad de Andalgalá (a sólo 17 kilómetros), y donde nacen los ríos que proveen de agua a la región.

Pasó por distintas conformaciones accionarias, siempre bajo el control de la canadiense Yamana Gold (accionista minoritaria de Alumbrera).

Yamana es propietaria también del cuestionado proyecto Esquel (que estaba en manos de Meridian Gold y desde hace 18 años es rechazado por la comunidad). Yamana tuvo la mina Gualcamayo (San Juan) y controla el yacimiento Cerro Moro (Santa Cruz).
La estadounidense Newmont es la operadora de la mina Cerro Negro (Santa Cruz) y es muy conocida entre las comunidades afectadas porque intentó forzar el proyecto Tambogrande (en Perú), cuyo open pit hubiera barrido con gran parte del pueblo (buena parte del yacimiento estaba literalmente bajo las casas). Esa lucha larga y dura contra la empresa y el gobierno central peruano costó al menos un muerto. Y fue además el primer plebiscito ganado contra un proyecto minero en América Latina.

Marcelo Giraud, integrante de las asambleas mendocinas por el agua y estudioso del accionar extractivista, explicó que según el último informe anual «Mine» de la consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC –espacio de consulta para la industria minera), según su capitalización de mercado a diciembre de 2019, Glencore es la sexta empresa minera mundial y Newmont Corporation la séptima.

Yamana Gold no figura en el «top 40» según PwC; no es tan grande como las otras pero está «especializada» no sólo en oro, sino en América (no cuenta con operaciones en otros continentes). Entre las minas de Yamana está Malartic (uno de los yacimientos de oro más grandes de Canadá).

Justicia minera

Andalgalá fue la primera ciudad de Catamarca en prohibir la megaminería. Sucedió en septiembre de 2016 mediante una ordenanza municipal, votada por unanimidad de sus siete concejales.

La ordenanza 029/2016, en sintonía con los pedidos de las asambleas socioambientales, prohibió la minera metalífera (oro, cobre, plomo y plata) a cielo abierto como también de minerales nucleares en la cuenca del río Andalgalá. También prohibió el uso de cianuro y mercurio.

En un hecho con pocos antecedentes, prohibió el uso del agua de río, vertientes o subterránea para la explotación minera.

La gobernadora de Catamarca, Lucia Corpacci, no tardó en responder. Cuestionó la ordenanza de Andalgalá y anunció que la provincia apoyaba los nuevos proyectos mineros. “Estamos dispuestos a pagar el costo político del desarrollo de la minería”, afirmó Corpacci. En el mismo sentido se expidió el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán (gobierno de Mauricio Macri): «No queremos resignarnos a que Argentina no puede hacer minería».

Luego de cuatro años, el 24 diciembre de 2020, el máximo tribunal falló a favor de la empresa minera y dejó sin efecto la ordenanza de Andalgalá.

El fallo judicial llevó las firmas de la presidenta del tribunal, Vilma Juana Molina, y de los ministros José Ricardo Cáceres y Miguel Figueroa Vicario.

En su voto, Figueroa Vicario señaló que la Constitución Provincial contempla a la minería entre las actividades industriales como fuente genuina de riquezas. El juez Cáceres fue el único que votó en favor de la ordenanza al sostener que ésta no ha hecho más que cumplimentar un deber constitucional, dado que la Provincia no ha legislado los aspectos ambientales que conlleva la práctica de la minería a cielo abierto. «Y ante tal vacío legal era más que pertinente que el Municipio asuma su competencia en la materia y dicte esa regulación ambiental», señaló el juez Cáceres

La Asamblea El Algarrobo, central en la lucha contra la megaminería en la provincia, emitió un comunicado: “La vida de nuestro pueblo y su autodeterminación está por encima de las decisiones de la Corte Suprema de la provincia y de los lobbies mineros”, denunciaron. Alertaron que defenderán la ordenanza y mantendrán su rechazo a la actividad extractiva.

Agua Rica en llamas

Sábado 10 de abril. La marcha número 584 pasa frente de las oficinas de Minera Agua Rica. Un pequeño grupo se desprende, patea las puertas, ingresa y a los pocos minutos comienza el incendio.

La policía, que suele estar muy presente en las marchas y aún más protegiendo a las mineras, no estaba en el lugar y demoró horas en llegar.

La Asamblea El Algarrobo mencionó la presencia de “infiltrados”. Otros apuntaron al cansancio de los vecinos y, en particular, de los jóvenes cansados de las mentiras mineras, el cinismo de los políticos y de la violencia policial.

También destruyeron parte del local del peronismo, aliado incondicional del kichnerismo y, en la actualidad, de Alberto Fernández.

Violencias

“A la violencia del Estado Provincial, el pueblo de Andalgalá responde”, es el título del comunicado de la Asamblea El Algarrobo, del mismo sábado 10 de abril. Resalta. “Ante el avasallamiento de nuestros derechos humanos fundamentales y la violación sistemática de las leyes, durante una multitudinaria caminata, el pueblo de Andalgalá expresó hoy su indignación en las oficinas que Agua Rica tiene en el centro y en la sede del Frente para la Victoria, centros simbólicos del aparato represor estatal megaminero. Estos incidentes son la clara muestra de que el pueblo está cansado del manoseo y que no hay paz ni licencia social”.

El gobernador Raúl Jalil y sus ministros repudiaron los hechos y advirtieron que se investigará y castigará a los responsables.

La Secretaría de Minera de la Nación y el Consejo Federal de Minería (Cofemin) emitieron un comunicado: “Expresamos enfáticamente que la violencia no puede ser en ningún caso el camino para el crecimiento del país y consideramos que la Argentina necesita del diálogo y el consenso”. Pidieron que jueces y fiscales “apliquen el rigor de la ley”. Y volvieron sobre las promesas mineras: “Los minerales son nuestra fuente de desarrollo y crecimiento, sin ellos no es posible la mejora permanente y necesaria de nuestra calidad de vida”.

Karina Martinelli, histórica activista socioambiental de Catamarca, expresó en un escrito el sentir de muchos y muchas habitantes de territorios que enfrentan el extractivismo. Lo tituló “ahora se rasgan las vestiduras contra la violencia”. Enumeró las cientos de marchas y asambleas, las numerosas campañas de difusión y charlas abiertas, los acampes y acciones judiciales. Y también recordó la prepotencia de las empresas.

“¿Quieren que dialoguemos? No hay diálogo posible con quien te vulnera, con quien te manipula, con quien te quiere arrancar la vida de tu territorio..Y menos con esos intermediarios nefastos de dudosa reputación”, señaló Martinelli.

Denunció que Minera Agua Rica opera ilegalmente en las montañas catamarqueñas, en particular en el Nevado del Aconquija. Remarcó que no hay consenso social para la megaminería. Y resumió: “En semejante contexto, la empresa, políticos y gobiernos ¿se sorprenden de la violencia? Sepan que ustedes son los que la generan con sus ilegalidades, con su corrupción, con sus tranzas, con su ambición, con sus avasallamientos. La violencia es de ustedes, no nuestra. De ese fuego (del sábado) ustedes pusieron la chispa”.