En los últimos días han sucedido una serie de anuncios de parte del gobierno uruguayo en materia de cumplimientos de los acuerdos asumidos con la corporación de origen finlandés firmado en noviembre de 2017 (1).

El Poder Ejecutivo anunció el 10 de mayo la firma del contrato con la empresa que resultó adjudicataria de la iniciativa de Participación Público-Privada para la realización de la obra, que consiste en la reconstrucción del tramo ferroviario entre la localidad de Paso de los Toros en el Departamento de Tacuarembó y el puerto de Montevideo.

Por otra parte el viernes 17 de mayo se sucedieron dos hechos en simultáneo: una delegación de directivos de la empresa UPM encabezada por su Director, Jussi Pesonen (en foto junto a Vázquez, Astori, Cosse, Aguerre y Salgado), se trasladó a Montevideo para reunirse con el presidente Tabaré Vázquez y analizar el avance de las diferentes etapas del acuerdo. El mismo Vázquez se reunió luego con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para anunciar la firma de un préstamo de 500 millones de dólares para el inicio de las obras del Ferrocarril Central (cuyo costo total será de 1000 millones de dólares).

Las diferentes fases de la obra fueron analizadas por separado a la hora de evaluar su impacto ambiental. Hubo un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y Audiencia Pública por la Planta de Celulosa, otro por al Ferrocarril Central y otro por el Puerto de Montevideo. En ninguna parte del proceso se realizó una evaluación integrada que considerara el impacto acumulado de todas las etapas de la obra.

Aunque a la salida de la reunión con UPM el presidente Tabaré Vázquez anunció que  «se constataron avances muy satisfactorios en el proceso para la instalación de una segunda planta de celulosa», la empresa sigue sin confirmar si realizará o no la inversión.

En el Acuerdo inversor-Estado de 2017(2), Uruguay realizó una serie de compromisos económicos, políticos, de infraestructura, ambientales y aún educativos con la empresa. En el plano educativo se comprometió a “aplicar la buena fé” de UPM en la redefinición de planes educativos de la Universidad del Trabajo de Uruguay en los departamentos de Tacuarembó y Durazno. En el plano ambiental el Estado uruguayo quedó comprometido a desarrollar la llamada Iniciativa del Río Negro para dar seguimiento a la delicada situación ecológica del curso de agua que abastecerá a la planta de celulosa y a la cual volcará sus efluentes.

En las últimas horas también se difundió la inconsistencia entre las versiones en inglés y en español del Acuerdo Inversor-Estado. Esta contradicción fue resuelta a favor de la empresa, reduciendo el monto del canon que ésta debe pagar por el uso del ferrocarril central. Además de la ya cuestionada constitucionalidad de la firma de un acuerdo que compromete a todo el Estado por parte de tres funcionarios del Poder Ejecutivo sin ningún tipo de aval parlamentario. La resolución de la diferencia entre las dos versiones del mismo documento ha despertado nuevas críticas sobre la poca transparencia en la firma del Acuerdo.

Sin embargo el elemento sobre el cual parece estar ahora cayendo toda la atención es el vinculado a los acuerdos laborales. UPM pretende conseguir una suerte de clausula de paz sindical, que le asegure que una vez iniciadas las obras no tendrá impedimentos de ningún tipo para finalizarlas.

Esto sucede en el mismo momento en que en el país el Sindicato de Trabajadores de UPM y la Federación de Obreros de la Celulosa advierten sobre las dificultades que se presentan para la negociación colectiva con la empresa finlandesa, a partir del reclamo de un incremento salarial del 4% para los próximos años. La respuesta de la empresa ha sido la negativa rotunda al planteo de los trabajadores.

En otro sentido, la Unión Ferroviaria se ha declarado en conflicto por el inicio de las obras del Ferrocarril Central, ya que muchos de los trabajadores asignados a ese eje ferroviario han sido relocalizados y sin que se asegure su ingreso.

Los trabajadores del Puerto de Montevideo (en particular la Asociación de Trabajadores Civiles de los Diques, ATCDE) han desplegado una campaña de movilización y concientización sobre la repercusión que tendrá para la operativa del Puerto cederle un espacio particular bajo su propia gestión a la empresa UPM.

Sindicatos de la educación, como la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo (ADES) han emitido declaraciones (3) señalando su preocupación por los impactos que la instalación de la empresa y  el componente educativo del acuerdo con el Estado tendrán para el país y para la autonomía de la educación.

A pesar de todos elementos, los medios de comunicación, las redes sociales y particularmente algunos voceros gubernamentales prestaron atención a un detalle anecdótico ocurrido durante una concentración de manifestantes contra la instalación de la tercera planta de celulosa. En la mañana del viernes 17 de mayo en la Plaza Independencia de Montevideo dos personas se encadenaron realizando una performance en protesta por la instalación de la planta de celulosa. La acción individual y no articulada con las organizaciones que vienen llevando adelante la resistencia a esta tercera planta de celulosa en el país se dio en el momento en que el grupo de manifestantes se enteró de que la recepción a los empresarios finlandeses se realizaría en la sede presidencial de Suárez y Reyes y no en la Torre Ejecutiva de Plaza Independencia, como había trascendido.

Más allá de la intención de quiénes llevaron adelante esta acción, son constatables sus efectos: se distrajo la atención sobre los argumentos que diferentes colectivos han venido construyendo para llamar la atención sobre los perjuicios de llevar adelante esta iniciativa en el país. Lo más o menos ridículo ocupó el lugar de lo más o menos urgente, de acuerdo a los tiempos que se manejan para la comunicación de la decisión final de la inversión por parte de la empresa finlandesa.

Para el cronista atento y memorioso fue imposible no rememorar otra acción con encadenados: la que desarrolló Greenpeace en enero de 2016 y donde varios integrantes de la organización se encadenaron a pilares del puerto de lo que por aquel entonces se conocía como Botnia y que hoy es la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos.

Greenpeace cerró su oficina en Montevideo y continuó con sus campañas sobre los grandes problemas ambientales globales. Botnia se convirtió en UPM y se consolidó como el eslabón fundamental de la producción forestal del país. El saldo de esta acción de la ONG fue el fortalecimiento dela tesis que anclaba el rechazo a la primera mega fábrica de celulosa en una lógica nacionalista de enfrentamiento entre Argentina y Uruguay (dónde la defensa de los argumentos ambientales quedaba del lado argentino y la defensa de los puestos de trabajo del lado uruguayo). Acciones como aquella abonaban las ideas que Eleuterio Fernández Huidobro transmitía desde el diario La República: “será  muy  difícil  pensar  que algún  día  dejen  de  plantarse  bosques  en  Uruguay  por  más  que  así  lo  pretenda  la  izquierda  cholula,  amante  de los  pajaritos  y  de  las  ballenas  blancas,  hija  de  la  bobeta,  apartada  de  la  realidad  pero  debidamente  muy  bien financiada  por  las  ONG  de  cada  uno  de  los  bloques  y  la  cholulez  planetaria  (un  mercado  de  sopa  boba  nada despreciable  para  pasarla  bien  diciendo  pavadas)” (4).

Esta nueva planta de UPM que por ahora es sólo un proyecto en papel al cual el Estado le asegura vía férrea, puerto, educación y exoneraciones tributarias, también le tocó tener sus propios encadenados.

Resuena, también imposible de evitar, la acotación de Marx a Hegel, realizada en el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte al afirmar que la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa.

La tragedia de la repetición, en este caso, radica en la imposibilidad de la sociedad uruguaya de discutir este emprendimiento desde la lógica del interés general de las generaciones presentes y futuras.

(1) Los firmantes en representación del Estado uruguayo fueron Juan Andrés Roballo, prosecretario de la presidencia, Miguel Toma, Secretario de la presidencia y Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

(2) Acuerdo inversor-Estado ROU-UPM. Disponible en: https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2017/noticias/NO_Y823/contr…

(3) Declaración de ADES sobre UPM:
https://adesmontevideo.uy/declaracion-publica-de-ades-montevideo-sobre-l…

(4) Eleuterio Fernández Huidobro. Diario La República. 22  de  diciembre de  2005. Montevideo.