Mirtha Vásquez, ex primer ministra del gobierno de Pedro Castillo, se entrevista con Gladys Tzul sobre la explosión de los movimientos indígenas y campesinos contra la herencia fujimorista.

Mirtha Vásquez es abogada de comunidades que luchan contra el extractivismo en Cajamarca y la zona altoandina de Perú. Es profesora de derecho y ex presidenta del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo.

En esta entrevista, realizada por Zoom en febrero del 2023, Vásquez nos presenta una interpretación amplia sobre el complejo y conflictivo panorama político en Perú. Explica cómo las reformas constitucionales fujimoristas han buscado reprimir la organización comunal mediante el desgarramiento de los sistemas comunales de propiedad del territorio, para que las condiciones económicas del extractivismo tengan la fuerza que hoy tienen.

Vásquez reflexiona que no se ha visto una explosión de luchas comunales desde los años 1960s, cuando los movimientos indígenas y campesinos se movilizaron para recuperar sus tierras. Señala que esto responde a las condiciones estructurales y configura respuestas a la inestabilidad y crisis social en el Estado peruano.

Gladys Tzul: Hemos visto imágenes con cientos de comunidades indígenas que se han manifestado en el contexto de la actual crisis política. Tu eres una abogada que ha acompañado luchas de las comunidades desde hace varios años. ¿Cómo analizas este momento?

Mirta Vásquez: Lo que tenemos ahora es una explosión que no se ha visto desde los 60 cuando emergieron movimientos de las comunidades campesinas para recuperación de tierras.

Lo que hay ahora es algo similar. Ha emergido de lo más profundo del país un movimiento proveniente de las zonas más alejadas, sobre todo gente campesina e indígena que está llegando a Lima para decir ’nosotros existimos, no queremos más saqueos y queremos ser considerados como ciudadanos’ dentro de un Estado que siempre los ha marginado y ha preservado serias desigualdades.

Queremos que se vaya Dina Boluarte, pues ella se ha aliado con la derecha empresarial, saqueadora de tierras, que los sigue despreciando y discriminando llamándolos ignorantes y terroristas cuando se atreven a cuestionar políticamente al gobierno.

Piden que se realicen nuevas elecciones y se genere una nueva constitución donde se puedan considerar condiciones de mayor igualdad e inclusión para ellos.

GT: Justamente, queremos analizar desde los epicentros territoriales de la lucha comunal, sus correlaciones históricas que alcanzan el nivel nacional.

MV: Empecemos por decir que Perú es un país que mantiene sus fisuras históricas determinadas por el racismo y el clasismo. Se ha constituido un país centralista. Ese centralismo ha provocado que se vea a las provincias como espacios de donde se puede aprovechar y se puede extraer lo que necesita una sociedad capitalista. Esto se ha mantenido por más de 200 años. Lo volvemos a constatar en las últimas décadas y de forma acelerada a partir de los años 90 cuando gobernó el fujimorismo.

GT: Explicanos un poco más la vinculación entre la etapa del fujimorismo y el extractivismo con las comunidades indígenas.

MV: Fujimori fue un presidente excesivamente populista, una de sus estrategias fue destruir todas las organizaciones sociales o cooptarlas. Introdujo la idea de que las organizaciones no sirven para nada y que la relación tiene que ser entre el [poder] ejecutivo y las poblaciones.

Construyó un sistema efectista que simulaba llegar a las comunidades y aparentemente resolvía algunas de sus necesidades. En su alianza con los militares impuso un régimen de violencia; eso es lo que caracterizó a la dictadura fujimorista.

Además, bajo el argumento de una reestructuración de las instituciones como el Poder Judicial y la Fiscalía, el Tribunal Constitucional logró instalar una nueva Constitución, misma que abrió las puertas al neoliberalismo.

GT: ¿Qué características tuvo esa reforma constitucional?

MV: Identifico tres temas estructurales que dan cuenta de la entrada del Perú en un modelo absolutamente neoliberal.

El primero es la reforma del capítulo económico, donde se señala que somos una economía social de mercado, pero se promueven el libre mercado, las inversiones privadas indiscriminadamente, prioritariamente las extranjeras, inclusive en escenarios contrarios a los derechos de los pueblos.

Incluye beneficios como la firma de contratos-ley que promueven que si un inversionista viene a nuestro país, tiene como beneficio que el Estado firme un contrato de 30 a 50 años para la explotación de recursos con condiciones invariables. Bajo el argumento de que con ello se genera estabilidad para el empresariado y así se incentiva la inversión.

En segundo lugar, aquellos cambios legislativos quitaron todos los obstáculos para este modelo neoliberal. Por ejemplo, se atacó la forma de propiedad de las comunidades campesinas e indígenas: se modificó la calidad inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras comunales. Con este capítulo, se reglamentó que las comunidades ya podían vender sus territorios, si los dos tercios de las comunidades entran en un acuerdo. Eso se reglamentó bajo la Ley General de Comunidades Campesinas, Número 24656 (Art. 7).

En tercer lugar, se modificó la parte ambiental, que se redujo a un solo artículo, que dice que todos tienen derecho a un medio ambiente sano y adecuado y nada más. La Constitución anterior hacía responsable al Estado de garantizar la protección y aseguramiento de un derecho tan fundamental. El sistema político que tenemos ahora sirve para viabilizar todo este modelo.

Durante el fujimorismo se echaron a andar procesos de modificación de las normas y leyes previas para hacerlas funcionales a un nuevo modelo económico, para arreglar licitaciones millonarias. Por ejemplo, en la minera Yanacocha que es la empresa de oro más grande en Cajamarca; Vladimiro Montesinos corrompió al poder judicial para que inclinaran una sentencia judicial a su favor para que esta empresa se quedara con la totalidad de acciones, sacando del camino a una empresa francesa. [Se refiere a la corrupción del gobierno peruano a favor de la empresa Newmont, a través del asesor presidencial Vladimiro Montesinos].

Los presidentes que van cambiando entran a gobernar sobre esas estructuras, basándose en esas leyes. Ninguno de ellos trató de cambiar ese patrón que dejó Fujimori. Es contra todo ese sistema neoliberal, corrupto, que generó más desigualdades y afectaciones a comunidades indígenas, campesinas y sociedad y los relegó, contra lo cual se están manifestando ahora las poblaciones.

GT: El fujimorismo construyó un ala populista-prebendal, destruyó organizaciones comunitarias y movimientos sociales, al mismo tiempo, modificó normas sobre el territorio comunitario campesino. Pero a casi 30 años de esto, son las comunidades quienes han sostenido la movilización actual.

MV: La política fujimorista se basó en desestructurar la organización, criminalizó la acción política. Pero no logra desactivarla completamente. Incluso las Rondas campesinas subsisten más allá de Fujimori.

En esa época, el presidente dijo que estaba dispuesto a entregarles armas para volverlas un brazo armado civil del propio fujimorismo, para supuestamente defender los territorios del terrorismo. Las rondas se resisten a esto, aunque hay sectores menores que aceptan y pasaron a llamarse Comités de Autodefensa. Pero las rondas son las que resisten al fujimorismo y le dicen: “No, nosotros no vamos a convertirnos en grupos armados”. Por eso el fujimorismo también los persiguió.

Esto es importante de hacer notar, pues en la crisis política actual es histórica, la movilización de la gente de las comunidades campesinas e indígenas más olvidadas. Aquellas que han tenido sus propios sistemas de subsistencia y de resistencia para seguir su vida de manera más o menos autónoma. Esas son las que están defendiendo a sus pueblos.

Desde los años 90 casi todos los territorios de comunidades campesinas e indígenas de la zona de la Sierra están concesionados para actividades mineras, petroleras, gasíferas y también sus bosques.

Desde el 2000 hemos visto el incremento de muchísimos conflictos sociales en la zona altoandina, en la sierra, donde están ubicados los proyectos mineros. La gente ha estado en constante resistencia, el Estado ha militarizado muchas zonas. En Cajamarca impusieron la militarización, declararon zona de emergencia, disparaban a matarte, la represión era durísima, perseguían a la gente que ejercía el derecho a la protesta. Similares condiciones ocurrieron en Apurímac y Arequipa.

Sí bien es cierto que todo esto ocurría en sitios focalizados, en las comunidades ya sabíamos que el Estado mata si te opones. Ese era un saber que ya estaba en las provincias.

Cuando Pedro Castillo se postula para la presidencia, la gente de las provincias vota por él también pensando que va a intentar desmontar todo ese modelo político y económico.

Sin embargo, Castillo tampoco hace nada de eso y te lo digo yo que he sido su primera ministra. Yo le dije: “Presidente, es momento de poner alto, reglas claras contra las mineras porque estas empresas están afectando a nuestros hermanos de las comunidades”.

Y me dijo que no. Esto me desincentivó a continuar en mi rol y luego de otros problemas renuncié.

GT: ¿Podrías analizar lo que está pasando ahora con Boluarte?

MV: Boluarte es una mujer apegada a la extrema derecha, a los fascistas, ella gobierna con ellos y en su alianza con los militares manda matar sin ninguna pena a la gente de las comunidades. Primero en Ayacucho y luego en Puno, esto ha tocado una fibra muy profunda de la población campesina indígena.

Lo que tenemos ahora es una explosión política, porque las comunidades han venido a Lima a decir que Boluarte se vaya porque representa esa derecha que no tiene reparo en seguir matándolos. Quieren que se adelanten las elecciones y poner freno a la violencia, criminalización y persecución.

GT: ¿Las mineras gobiernan el país? Es capital extranjero, pero necesita de una serie de tentáculos locales y alianzas con empresarios, ¿Estos son los grupos que están disputando la administración del Estado?

MV: Sí, las mineras son un gran poder en el país. Un reconocido investigador que acaba de fallecer, Francisco Duran, escribió un libro muy conocido llamado La república empresarial referido al poder de las grandes empresas como las mineras, las cuales se han ido afianzando a través de los últimos gobiernos.

Las empresas influyen notoriamente en el Perú en política, en normas, han habido momentos en que han hecho que se modifiquen leyes, aduciendo que hay demasiada «tramitología» es decir que los requisitos administrativos que se les pide para operar son, según ellos, un obstáculo para que puedan invertir; han promovido reducción de estándares ambientales, etc.

Por eso hoy día incluso la derecha puede tener posiciones diferentes. Algunos incluso quieren reformas a la constitución, pero eso sí, en lo que están claros es que nadie tocaría el capítulo económico, porque si, las grandes empresas, como las mineras, son las que tienen interés de seguir gobernando en el país.

GT: El gobierno de Castillo, ¿hizo lo suficiente?

MV: Históricamente las clases campesinas indígenas en Perú nunca han sido consideradas, ni siquiera para ocupar un cargo público. Son clases que siempre han sido pensadas para ser gobernadas nunca para gobernar. Entonces, el factor identitario y sobre todo que se frenaran las actividades extractivas hizo que Castillo sea más votado que [Keiko] Fujimori y le ganara la elección, claro, no por mucho.

En esas circunstancias, sabiendo el desafío que enfrentaba, sabiendo que era la esperanza de miles de peruanos olvidados en este país, decide gobernar con las mismas estructuras corruptas, con las mismas estructuras que siempre han buscado convertir al gobierno en oportunidad para aprovecharse.

En ese sentido, también constituye una traición que él no haya cumplido con mínimas expectativas y que sus errores y su mal gobierno nos haya llevado a este escenario donde la derecha más ultra ha tomado el gobierno.

Publicado en ojala.mx