Los feminismos en Puerto Rico son un entramado diverso de organizaciones, luchas específicas, formas de pensar y maneras de hacer. La encrucijada colonial que ubica a este territorio bajo dominio estadounidense agrega a estas compañeras el desafío de diferenciarse de un feminismo norteamericano del que no se sienten parte y construir redes con un feminismo latinoamericano con el que tienen muchas coincidencias. Para conocer más de sus luchas, y en la previa del 8M, conversamos con Yanira Reyes Gil, militante feminista y referente del activismo por el derecho al aborto en Puerto Rico.

Yanira es Profesora de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, activista feminista e integrante de la coalición Aborto Libre Puerto Rico, un espacio que reúne a colectivos y personas. Su conocimiento fino de la situación del derecho al aborto, así como de los intentos por erosionar el acceso a la salud sexual y reproductiva, nos permite entender no solo el contexto puertorriqueño, sino los mecanismos más o menos sutiles de la ofensiva conservadora a nivel continental. Hablar con ella nos muestra la necesidad de estar organizadas, aún luego de que logramos inscribir derechos en el orden legal de nuestros países, y nos invita a preguntarnos cómo se intersecta el acceso al aborto con asuntos como la migración y la racialización en un contexto colonial. La conversación nos lleva, además, por las formas de hacer política de los feminismos contemporáneos y lo que sus prácticas de colectivización y cuidado pueden aportar a otras luchas sociales.

¿Cuál es la situación del aborto en Puerto Rico?

Puerto Rico es una jurisdicción con una de las legislaciones más protectoras del derecho al aborto en toda la región, incluyendo a Estados Unidos, pero particularmente el Caribe, que es donde más penalizado y criminalizado está. Esto es así porque, contrario a lo que pasa en Estados Unidos, Puerto Rico protege, a nivel constitucional, un derecho a la intimidad de manera expresa. En 1980, hubo un caso llamado “Pueblo versus Duarte Mendoza” en el que el Tribunal Supremo tuvo una mirada muy amplia del estatuto penal que prohibe el aborto aquí. El código penal prohibe el aborto excepto para salvar la vida y la salud de la madre. Pero en este caso, el Tribunal interpretó que la vida y salud incluye también el bienestar emocional general y la salud mental, y que eso es una decisión que se toma entre la mujer y su médico en cualquier etapa gestacional. De ahí en adelante, el aborto en Puerto Rico no está limitado por etapa gestacional y es una decisión médica que se toma directamente con las proveedoras de salud. Así que hemos limitado los problemas de salud asociados a los abortos ilegales, porque todos se hacen en clínicas reguladas y, además, sin intervención del estado, porque está regulado por la práctica médica.

No obstante, en 2018, con un gobierno conservador y estadista, y particularmente con unos legisladores muy conservadores, se empezó a atacar el derecho al aborto. Comenzaron con un proyecto de ley que trataba de regular esta práctica médica, estableciendo unos requisitos para las clínicas. Nosotras evaluamos que lo que estaban haciendo era tratar de comenzar a limitar el derecho. Así que nos organizamos en una campaña nacional por el aborto legal y seguro, de ahí surge Aborto Libre Puerto Rico. Desde ese momento, hemos trabajado para limitar esta ofensiva. Porque esto fue lo primero, pero en las siguientes elecciones llegan a la legislatura dos legisladoras de un nuevo partido, de corte religioso, conservador, anti derechos y fundamentalistas, que es Proyecto Dignidad, que tiene como una de sus agendas principales limitar el derecho al aborto. Así que en el cuatrienio anterior tuvimos mucho activismo, en términos de manifestaciones, pero además trabajo legislativo. Y hasta ahora hemos logrado detener esa ofensiva.

Estas tentativas también se observan en otros países, ¿cuál dirías que es la especificidad del contexto puertorriqueño?

Una cosa importante para el accionar feminista en Puerto Rico, y para el accionar político en general, es que nosotras vivimos en un país ocupado. Y el asunto de la opresión colonial impacta en nuestro trabajo de diferentes formas. Dentro de la cuestión político-legal oficial, las decisiones, las leyes, las políticas administrativas, los reglamentos de Estados Unidos aplican directamente aquí. La penetración de los discursos norteamericanos también, aunque, obviamente, llegan a otras partes del mundo.

Esto se ha agravado por el ascenso de Trump en su primer mandato y ahora, en su segundo término, con más violencia. Ese discurso político anti derechos, fundamentalista, se reproduce acá. Entonces hay legisladores, ya no solo de Proyecto Dignidad, sino también del partido de gobierno, el Partido Nuevo Progresista, que tienen esa misma retórica anti derechos y ese ataque visceral a los derechos sexuales y reproductivos y a todo lo que implica diversidad. Así que en Puerto Rico se da ese debate entre lo que ha sido la práctica por décadas, de un aborto seguro, de un aborto médico, de un aborto que no presenta ningún tipo de problema de salud pública, y esta otra ofensiva que trata de criminalizar el aborto. En ese sentido, los últimos años han sido de un trabajo muy fuerte. Hasta ahora hemos tenido éxito, pero vamos a ver qué pasa en este cuatrienio, que vienen con un poco más de fuerza.

¿La gobernadora de Puerto Rico está alineada con estas ideas conservadoras?

La gobernadora es Republicana, el mismo partido de Trump, aunque ella personalmente ha planteado que el asunto del aborto no está en su agenda. Pero es una gobernadora que ha demostrado ser muy complaciente con las políticas de Trump. Durante la campaña dijo que el aborto no está en su agenda y que ella iba a buscar el consenso, pero yo no sé qué significa el consenso para ella. Pienso que el consenso para ella va a significar que el proyecto que se apruebe para limitar el derecho al aborto venga apoyado por diferentes partidos. Y ese consenso no va a incluir a feministas ni a defensoras de derechos humanos.

Ya tuvieron una pequeña victoria: en el senado aprobaron un proyecto de ley, que no se había logrado aprobar en la legislatura anterior, para restringir el derecho al aborto en menores de quince años, exigiendo el consentimiento parental. Fíjate cómo van, porque ya ahí hay un montón de gente que, aunque esté de acuerdo con el derecho al aborto, pueden decir “cuando estamos hablando de menores de edad vamos a limitarlo”. La intención de esta gente es empezar a socavar el derecho, empezando por lo que pueda tener menos resistencia. Así lograron el apoyo de gente que regularmente no acompañaba estos proyectos; por ejemplo, una legisladora del Partido Popular, que según ella es feminista, que lo apoyó relacionando el discurso de las menores de edad con el asunto de la agresión sexual. Nosotras hemos planteado que limitar el derecho al aborto para menores de edad no atiende el problema de las agresiones sexuales. Por otro lado, tampoco se exige la denuncia en caso de que la menor decida llevar a término el embarazo. Obviamente, nosotras como feministas también trabajamos con los temas de violencia sexual, pero esto no atiende ese problema ni la situación de las menores de edad en términos de control de su cuerpo. Además, esta gente es la misma que se va a oponer a la educación sexual, a que tengan acceso a métodos anticonceptivos, así que es una contradicción y eso no lo hemos podido plantear.

El proyecto se aprobó en el senado por un mecanismo que se llama descargue, es decir, sin ir a ninguna comisión, sin consulta a las organizaciones sociales (lo que se llama vistas públicas), ni nada. El argumento es que es un tema que se ha discutido tanto que no hace falta escuchar a más nadie. Esto representa un gran problema de democracia y participación ciudadana. Ahora pasa a la cámara de representantes y un grupo de organizaciones ha solicitado que se celebren vistas públicas, que por lo menos se permita discutir el asunto. En las vistas públicas no solo participa Aborto Libre, sino también otras organizaciones feministas, de derechos humanos, asociaciones profesionales, etc. Uno de los grupos más activos eran los obstetras, los pediatras, la asociación de psicólogos, había una participación muy grande de diversos sectores, y eso ahora mismo no se dio.

¿Tienen información acerca de si estas discusiones a nivel legislativo han afectado las prácticas concretas de las personas que quieren abortar?

Sí, hay varias cosas. Una es que, aunque te había dicho al principio que Puerto Rico tiene un ordenamiento legal muy protector del derecho al aborto, tenemos un problema de acceso. Hay muy pocas clínicas y todas están ahora mismo ubicadas en el área metropolitana. Así que las personas que viven fuera del área metropolitana tienen problemas de acceso. Además, no es gratuito, no está cubierto por los planes de salud, así que cuesta dinero.

A los ataques a nivel legislativo se suma que las legisladoras de Proyecto Dignidad comenzaron un proceso de hostigamiento y solicitaron investigaciones criminales contra las clínicas. Así que las cuatro clínicas que quedan han comenzado a ser más cuidadosas. Con la situación de las menores de edad, a fines del año pasado se aprobó un reglamento del Departamento de Salud que establece el requerimiento de consentimiento de los padres para realizar un aborto. La clínica, cuando recibe a la menor, está en la obligación de hacer un referido al Departamento de la Familia e incluso, si hay sospecha de agresión sexual, asumir su custodia, bajo amenaza de delito y de multa. Así que la mayoría de esas cuatro clínicas han dicho que ya no van a atender menores de edad, porque está en peligro no solo su seguridad sino poder proveer el servicio a otras mujeres. Los abortos de menores de quince años son menos de un uno por ciento, así que ellas han hecho como un análisis de que no deben poner en peligro el acceso del resto de la población por una población mínima.

Así que fíjate cuánto esto afecta a los derechos de estas menores de edad, que no solamente ya casi no van a tener acceso, sino que incluso tienen que ir con su padre o madre para que consientan, bajo el riesgo de ser referidas al Departamento de Familia e investigadas. Esa familia va a ser investigada, así que la posibilidad de que padre o madre no dé el consentimiento es alta. Entonces, la consecuencia es que esas menores van a ser obligadas a llevar a término su embarazo, obligadas a parir. O, en la alternativa más terrible, van a buscar un aborto inseguro, con todas las consecuencias de salud que conocemos.

En las últimas semanas hubo también en Puerto Rico operativos para perseguir a las personas migrantes. ¿Cómo ves la situación?

Es terrible, es terrible. Tienen aterrorizada a una gran parte de la población, porque en Puerto Rico vive una población migrante muy grande, particularmente en el área metropolitana. Y es una población racializada. Hemos visto que las intervenciones de ICE (Immigration and Customs Enforcement) y de otras agencias del gobierno federal están dirigidas particularmente a la población dominicana y haitiana. Y de Centroamérica también, pero nosotros tenemos una gran concentración del gente del Caribe. Hay otras poblaciones, hay una comunidad china, hay una comunidad menor sudamericana, pero no son el flanco al que van dirigidas estas acciones. Están yendo en particular a comunidades donde la concentración mayor es de personas de República Dominicana y de Haití. Así que nosotras estamos planteando que en efecto es una intervención racista y xenófoba contra poblaciones del Caribe. Y ha sido bien violento. Hace unos días, una amiga que es abogada de inmigración en Estados Unidos me decía que lo que está pasando en Puerto Rico es peor que lo que está pasando allí. Porque aquí, contrario a algunas de las intervenciones en Estados Unidos, van a la comunidad. Van a la comunidad y le preguntan a cualquier persona que está allí, se los llevan. Como en Puerto Rico no hay centros de detención se los llevan incluso fuera, donde ya no tienen acceso a estar en contacto con sus familias ni con sus abogados. Así que la situación es bien fuerte, bien violenta.

Ante este contexto, nos estamos organizando. Desde Aborto Libre decidimos vincularnos a un frente de reciente creación contra las políticas migratorias establecidas por el presidente Trump, planteando la intersección de asuntos que tienen que ver con la migración, la raza y el derecho al aborto. Este frente surgió de una reunión convocada hace apenas dos semanas por la American Civil Liberties Union, capítulo Puerto Rico, a la que asistieron más de cincuenta organizaciones. Fue una convocatoria de un día hacia otro, o sea que realmente había mucha preocupación. Ese grupo ha hecho diferentes cosas, entre las que está el esfuerzo de llevar información y orientación a las comunidades sobre cuáles son los derechos, tener recursos legales disponibles y ese tipo de cosas. En la manifestación que hubo hace poco, tuve la responsabilidad de dar un mensaje y hablaba de la cantidad de mujeres migrantes que no tienen acceso a salud y a derechos reproductivos y que viajan a Puerto Rico para realizarse abortos. La limitación del derecho al aborto impacta particularmente a las mujeres pobres, racializadas, migrantes por falta de acceso, así que estamos vinculadas con otros trabajos.

Estamos a unos días del 8 de marzo, ¿qué hacen en Puerto Rico para esta fecha?

En Puerto Rico hay una organización que se llama la Coalición 8 de marzo, que reúne gente de diferentes lugares y regularmente son las encargadas de convocar a las actividades de ese día. Es una convocatoria general, pero eso no ha sido impedimento para que otras organizaciones y grupos hagan sus actividades además de esa. La Coalición lleva más de diez años y el año pasado celebró los cincuenta años del primer 8 de marzo en Puerto Rico. Tiene momentos con mayor masividad y momentos con menor masividad, definitivamente la pandemia nos ha afectado, pero los últimos años, aún después de la pandemia, se han hecho manifestaciones muy buenas, con mucha respuesta. La actividad se realiza todos los años, el mismo día 8, en San Juan, por un periodo de dos a tres horas, ya se marcha, concentración. Es una manifestación física, de presencia. La comunidad LGBT también participa. Una de las cosas que se ha convertido en una actividad siempre central es lo que hemos llamado el Slut Walk, donde personas de la comunidad, pues, se manifiestan. Y eso se ha incluido en los últimos años siempre en la manifestación.

Además, escribimos lo que le decimos “la manifiesta”, que es un documento que recoge todos los reclamos. Es un poco extensa (risas), porque hay mucho que reclamar, pero refleja el carácter interseccional de las cosas que estamos haciendo. Se han incluido el derecho al aborto, la vivienda, el asunto racial, las violencias, derechos laborales, así que es bastante amplio y comprensivo el documento. A mí me parece que la contribución que hace el movimiento feminista el 8 de marzo no es solamente la actividad sino la producción y publicación de ese documento.

¿Cómo es el proceso de escritura de ese texto?

Pues, mira, regularmente en la coalición se escoge un comité que lo va a redactar. Pero antes de eso hay reuniones en las que todos los sectores plantean cuáles son los reclamos que queremos que estén ahí. Si el comité que hace la redacción lo entiende necesario, le pide a las organizaciones que trabajan temas específicos que redacten uno o dos párrafos sobre eso. Por ejemplo, hace dos años, yo redacté la parte de derechos sexuales y reproductivos. Eso se une y ese documento se presenta como borrador en una de las reuniones, se hacen cambios y luego se aprueba y se publica en nuestras páginas y en redes.

Es similar a lo que hacemos en Uruguay y en otras partes, hay conexiones entre nuestros feminismos, no solo en los modos de hacer sino también en las formas…

Claro, es muy colectivo. Con los problemas que tienen los ejercicios democráticos, ¿verdad? En la medida en que queremos hacerlo más colectivo, a veces eso no sale a tiempo, o nos lleva más tiempo porque queremos ser más amplias. Pero esos son problemas que a mí me parece que son buenos problemas. Eso garantiza que más gente esté consciente de lo que está escrito; no está concentrado, podemos decir que es un producto de la reflexión colectiva. En ese sentido me parece que es un problema que tenemos que tener. Si tuviéramos más tiempo en el año para producir esos documentos quizás se resolvería el problema, pero como estamos cada grupo con nuestras luchas y nos juntamos para el 8 de marzo, pues no es posible, gajes del oficio.

¿Qué te parece que los feminismos pueden compartir a otras luchas sociales?

Yo creo que esas prácticas. Esas prácticas internas de los feminismos no necesariamente se traducen en otras luchas hoy; nuestro ejercicio fanáticamente democrático, en el sentido de que no estamos dispuestas a renunciar a que en efecto sean trabajos de tipo colectivo. Eso es algo bien importante que erosiona la organización jerárquica de diversos grupos, en los sindicatos y en grupos más amplios. Así que eso, la práctica democrática feminista colectiva es bien importante.

Otro asunto que también me parece importante es la preocupación más reciente por protegernos, como grupos y como personas. Esa intención de muchas reuniones de empezar diciendo cómo estamos, preguntarnos por eso, preocuparnos por eso. Yo creo que es algo que no se repite en otras organizaciones sociales y es bien importante. Nosotras tenemos claro cuán atacadas somos nada más por romper las estructuras, por ser activistas ya de entrada estamos rompiendo con los roles que se nos asignan, así que nada más estar ahí en esa reunión nos hace ser posiblemente atacadas y criminalizadas por nuestro activismo. Así que esto de la autoprotección y el autocuidado es importante. Yo diría que esas dos, la solidaridad entre nosotras y las prácticas colectivas democráticas son los asuntos que yo resaltaría.