El gobierno uruguayo anunció que este año el Día del Patrimonio tendrá como eje las «raíces indígenas: pasado, presente y futuro». La coincidencia con lo que está ocurriendo en Tambores, Tacuarembó, es difícil de ignorar. Allí, una empresa de producción de metanol avanza sobre el Cerro Yarao, uno de los sitios sagrados más significativos del norte del país, con un estudio de impacto arqueológico que, según la denuncia que presentaron las propias comunidades involucradas, no alcanza para entender lo que está en juego.

El 11 de mayo de 2026, la organización Undi Ateitén Hué-Círculo Somos Agua presentó una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. La empresa ENERTRAG pretende instalar en la zona un parque eólico para producción de hidrógeno verde, y el estudio arqueológico realizado como parte del proceso habilitó el avance del proyecto.
Lo que ese informe documenta antes de habilitarlo es considerable. En el área directa del proyecto se identificaron 29 sitios arqueológicos y 102 bienes culturales. En los predios contiguos, 44 sitios más con 117 bienes culturales adicionales. El Cerro Yarao aparece descripto como un sitio de «trascendencia» donde se hallaron estructuras funerarias y ceremoniales prehistóricas, además de estructuras históricas, todo lo cual refuerza, según el propio informe, «la posibilidad de ser un sitio arqueológico de gran escala».

El problema es que el mismo informe que documenta todo esto se define a sí mismo como una «valoración arqueológica superficial, de alcance general y con trabajo de campo parcial», dejando controles más exhaustivos para instancias posteriores. Con un relevamiento incompleto sobre un territorio de esta densidad histórica, se habilita el avance de obras que podrían afectar aquello que todavía no terminaron de relevar.

La denuncia señala algo que va más allá del procedimiento: «no se puede valorar este sitio de manera fragmentada pues es claro que existe una intención de nuestros ancestros en la disposición de estas construcciones en el territorio, convirtiéndolo en un lugar de alto valor espiritual, cultural y arqueológico». La evaluación técnica recorta lo que para las comunidades es inseparable, y con esa fotografía parcial alcanza para seguir adelante.

El Cerro Yarao no existe en el vacío. Forma parte de un tejido territorial más amplio documentado en el Inventario de sitios patrimoniales del departamento de Tacuarembó, donde se registran diversos sitios sagrados y arqueológicos ligados a los pueblos charrúas que perviven. La denuncia pone el acento en esa dimensión: el sitio no es solo un registro del pasado sino una continuidad viva, con «memoria y espiritualidad ancestral que hace a nuestra identidad» y que, de verse destruida, implicaría también una ruptura en la transmisión intergeneracional de ese acervo.

Lo que Undi Ateitén Hué-Círculo Somos Agua exige es concreto: medidas precautorias urgentes de no innovar —no remover, no intervenir, no alterar el entorno—, una evaluación de impacto arqueológico ampliada y rigurosa, y que ninguna obra avance sin intervención de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Y exigen participación real: «ya no debe ser solo el Estado el que tome las decisiones que tengan que ver con el ‘patrimonio’ indígena sino que estas cuestiones deben construirse con todos los grupos implicados».
La denuncia fue presentada la misma semana en que el gobierno celebra ese patrimonio como tema del año.