América Latina

Llitio y poder en las entrañas del salar

29 septiembre, 2021

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Estrella Herrera

Llitio y poder en las entrañas del salar

El futuro parece andar a batería de litio y las grandes empresas que invierten en este mineral ven en la franja compartida por Argentina, Bolivia y Chile un lugar de promesas. Lo que está detrás de este greenwashing del extractivismo es una discusión que viene de tiempos de la conquista y se reversiona día a día.


 

Es el metal más liviano. En estado puro es de un blanco fulgurante que, al primer contacto con el aire, se oxida y pierde su destello. Si pensamos en la larga trayectoria de la minería, se trata de un elemento joven; la extracción de minerales se remonta a la prehistoria pero el litio, descubierto a comienzos del siglo XX, en unas cuevas de Suiza, ocupa los capítulos más recientes en esa línea de tiempo. Y si bien no tiene el currículum del oro, que acompaña a los humanos desde el inicio de las civilizaciones, tiene el poder de darle carga a las máquinas que ocupan mayor lugar en nuestra vida cotidiana.

Está presente en la computadora en la que se escribe esta nota, en el celular en el que pueden leerse estas palabras y será, para las automotrices, la varita mágica que les permita jugar la carta del cuidado ambiental y dejar de lado el combustible fósil.

Así lo dejó ver la empresa alemana BMW que este año mostró al mundo su más reciente retoño: el BMW iX, un auto 100% eléctrico que en diez minutos puede tener carga como para pasar los 120 kilómetros. La batería de litio le da marcha, y en este lado del mundo, en un triángulo formado por Bolivia, Chile y Argentina, se encuentra la tierra prometida del capitalismo post fósil. En el norte de nuestro país, en una zona que, ajena al silencioso andar de los autos de carga eléctricos, se viste de otro silencio, el de la Puna, en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, se libra una batalla que pone en tensión modelos productivos, conservación de recursos y territorialidades. Entre el botón de ON que da encendido a un auto moderno y el río que alimenta a una vicuña hay una línea que conecta y abre la discusión.

Extractivismo camaleónico

Para el Ministerio de Desarrollo Productivo, es “el oro de la Puna”. Los spots institucionales lo muestran como un tesoro natural, rodeado de cerros y llamas que corren. Hay algo de lo pedagógico con lo que se presentan estos temas, una limpieza de discurso, un aire a power point que ordena el mapa y quita la maleza. Un mensaje allanado, sin baches que de tan limpio deja una pregunta: ¿qué hay por detrás?

En medio de los salares, esos lagos secos, blancos, que fulguran en la zona del noroeste del país, se obtiene el litio mediante un sistema de extracción que succiona las salmueras, el agua hipersalada, de las profundidades. Lo que se toma se bombea y se coloca en piletones que se ven como tajos en la llanura del lugar, y ahí se espera a que el agua se evapore y el litio concentrado decante, en un período que lleva unos 18 meses.

Es verdad que en 1991 el litio ya era un metal útil: se lo usaba para vidrios, cerámicas, en grasas, medicina y la industria aeronáutica. Pero a comienzos de la década del noventa, Sony Electronics comenzó a comercializar las baterías recargables y el juego cambió. A partir de eso, todo fue en ascenso.

En 1997 la empresa FMC Lithium Corp (hoy Livent) inició su producción de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. En 2015 comenzó la segunda mina en Jujuy, en el Salar de Olaroz. Justo ese año, las baterías de litio pegaron el batacazo. Las transnacionales SQM y Albermale-Rockwood, que funcionan en Chile, y la FMC Lithium Corp, radicada en Argentina, son llamadas las Big3 y concentran desde hace casi 20 años alrededor del 50% de la producción mundial. Año tras año, las noticias de que el litio es la gallina de los huevos de oro ocupan espacio, pero en este 2021, todo se centró en BMW que cerró trato con Livent y anunció una inversión de 338 millones de dólares para comprar el litio que extrae en Catamarca. Si tenemos que poner pinches para marcar el mapa, podemos ver que en esa misma provincia en el municipio de Antofagasta de la Sierra, todo se concentra en el Salar del Hombre Muerto; que en Salta hay 14 proyectos de exploración, una planta piloto de Energy Group en el salar de Rincón, otra de Eramet en los salares de Centenario y Ratones, y en Jujuy se reparte entre las Salinas Grandes y el de Olaroz. Ahí actúan el consorcio Sales de Jujuy y también está la huella de la canadiense Lithium América y la minera SQM. En total, son unos veinte proyectos en distintas etapas de desarrollo.

En sintonía, este año también se impulsó la Mesa Nacional del Litio y en abril, un seminario organizado por el Banco Mundial Interamericano y el think tank Wilson Center, junto a la Embajada de Argentina, mostraron que al menos desde el Estado y desde la zona de negocios, para el litio hay solo sonrisas. Durante dos horas, por Zoom, los distintos participantes con la mirada puesta en un futuro que auguran auspicioso, presentaron proyectos y posibilidades que sonaban a pura ganancia para todos. “Inviertan en nuestra querida provincia”, invitaba el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Alguien, incluso, mencionó a la Pachamama y durante el pasaje de un orador a otro se insistió una y otra vez en la minería sustentable o verde.

¿Por qué? Porque es la materia prima clave para darle el saludo de despedida al combustible fósil, es fundamental para el uso de energías renovables y porque para obtenerlo no se requieren los modos que utiliza la minería del oro o el cobre, esos enormes agujeros en la montaña o sistemas de diques. La crítica pasa por otro lado, de todos modos: por el uso del agua y de químicos. Pero los discursos están cuidados y la imagen estudiada hasta el detalle. Y en ese gran grupo de la minería de litio, hay dos sectores diferenciados: los que obtienen el recurso y los que hacen las baterías ¿Qué papel tomará Argentina?

Ciclos y resistencias

Los salares en los que se juega todo esto están a más de mil kilómetros de Buenos Aires. Es más fácil escuchar una videoconferencia de los dueños de las empresas que quieren invertir en el auto electrónico que a los trabajadores que van a diario a la mina, o a los productores locales que han desarrollado sus vidas desde siempre en el lugar. Para muestra, basta leer lo que recuerda Guillaume Pirón en su libro La guerra de los metales raros: en 2017, en Buenos Aires, los grandes representantes de la industria minera del mundo se reunieron en Arminera, la gran feria del sector, mientras a la salida, militantes de Greenpeace advertían los riesgos por uso y abuso del agua y de químicos. “No existe algo así como la minería sustentable”, decían, y adentro se cerraban acuerdos y anunciaban proyectos.

De las tres provincias que forman esta geografía codiciada, quizá es Catamarca la que más conoce de costos y de luchas frente a la minería. Allá hay asambleas y organizaciones con varios frentes abiertos, con la mirada puesta en el cuidado del ambiente y de los ritmos vitales también, porque todo en definitiva –y en esta zona lo saben bien– corre por el mismo curso de agua. Quizá por eso, consultar con una asamblea catamarqueña es linkear directamente con otras: vecinos, autoconvocados, comunidades. Desde El Algarrobo, por ejemplo, donde resisten en Andalgalá, hasta las ya conocidas luchas frente a la veterana Alumbrera.

Todos experimentan las consecuencias en la tierra: una vega de río que se seca es un ecosistema ajado, y la minería, aseguran, es responsable. En el caso de la minería de litio, que consume grandes cantidades de agua, tomadas de las profundidades, la víctima más reciente es el río Trapiche. Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales asegura que esa vega se secó, que la propuesta de la empresa que explotaba fue hacer una desviación del río Los Patos, de mayor caudal, para poder continuar con la actividad. Y los lugareños saben que cualquier cosa que denominen como “consulta a las comunidades de la zona” fue en realidad un encuentro en la informalidad y no mediante una audiencia pública.

Vecinos y vecinas de Antofagasta, junto a la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita y la Asamblea de Pucará lo han advertido. Es el antecedente que enciende la alarma cuando ven anuncios de inversiones en el lugar. Porque lo que en los escritorios de empresarios y gobernadores se ve como acuerdos con ganancias, en los territorios se ve como amenaza al cuidado del agua y todo lo que vive a partir de ella.

Por eso más arriba, en Salinas Grandes, en Jujuy, Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad de Santuario de Tres Pozos dice: “En el año 2019 hicimos un acuerdo entre todas las comunidades de Salinas Grande y alrededor y dijimos que no estamos de acuerdo con esta escala. Queremos vivir como han vivido nuestros abuelos, queremos dejar para nuestros nietos y bisnietos una vida sana, tranquila, con el agua que nos corresponde. Nuestra Pacha, la salina, las vicuñas, los zorros, los lagartos tienen derecho también”.

Una nota de la revista Forbes, escrita más cerca de las oficinas de Elon Musk y sus Tesla que de los pequeños oasis que pululan desde hace siglos en los bordes de los salares, hablaba de lo desértico de estas zonas: “una tierra baldía, cubierta de costra de rocas de sal” a la que nadie se asomaba por nada. Solo en Salinas Grandes hay 33 comunidades, por ejemplo. Y cuando en 2010 comenzaron a intuir lo que se venía armaron incluso un protocolo intercomunitario: el Kachi Yupi, para tratar de hacer frente común y establecer un procedimiento de consulta y consentimiento libre, previo e informado (CLPI) que vaya en sintonía con las legislaciones nacionales e internacionales vigentes. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas son los más mencionados, porque establecen el criterio de consulta y respeto.

Si la canción de Atahualpa decía: “Color de sangre minera / Tiene el oro del patrón” para dar cuenta del costo sobre los cuerpos de los trabajadores que se consumían en la cotidianidad de las minas, en el presente esa violencia extractivista pasó a un plano diferente en el que la tecnología, de alguna forma, operaría de manera similar en los territorios.

Sobre esas y otras cuestiones Horacio Machado Aráoz ha escrito libros como Potosí, el origen. Genealogía de la minería contemporánea (Mardulce, 2014). Desde Catamarca, el investigador le dice a crisis: “Se sigue gestionando los territorios como si estuviéramos en el siglo XIX. Nadie se pregunta cuánto vale una cuenca hídrica. Las actividades vinculadas a la vid, a los tejidos, nunca van a compararse con el litio. Hay un velo a nivel de la sensibilidad. Tocamos una tecla y se prende una luz, y no tenemos conciencia de dónde viene eso, de qué impacto tiene en los territorios”. Lo social y lo hidrológico constituyen un núcleo. El agua tiene un curso y sobre ella se organizan las vidas de las personas, de los animales.

 

Historia conocida

En Argentina el 9% del sector minero es ocupado por mujeres, según datos del Ministerio de Trabajo. Una pizca apenas en un sector ampliamente masculino. Pero la empresa Sales de Jujuy muestra en su video institucional a mujeres en el Salar de Olaroz: cascos, sonrisas, mamelucos y pelo largo. Desde la comunicación, estamos ante un alumno ejemplar. Machado Aráoz dice que aprendieron bien. “Las empresas vienen haciendo un trabajo de lo políticamente correcto. Ambientalismo y género, por ejemplo. Un aparato sofisticado de marketing social. Se consigue así la licencia social.

Luego de la conflictividad con Alumbrera, vinieron preparadas” y resalta que hay trabajos enteros abocados a elaborar esa corrección. Un documento de la Cepal lo dice claro: “en la medida que se avanza en el desarrollo de las tecnologías limpias y digitales-electrónicas, crece la necesidad de visibilizar sus credenciales de sostenibilidad”. ¿Quiénes expiden esas credenciales?¿con qué criterios, desde qué sectores? Son algunas de las cuestiones que ponen en discusión aquellos que buscan una mirada integral.

“La industria minera será la responsable de aportar los insumos necesarios para que el cambio sea posible”, dice el presentador poniendo así al sector como abanderado del cambio climático en el seminario organizado por el Wilson Center. Transición global, cuidado ambiental, sustentabilidad serán palabras que se repetirán en cada uno de los participantes: Paul Graves, de Livent, los gobernadores de Catamarca, de Jujuy, de Salta. Jorge Argüello, embajador ante Estados Unidos, dirá: “Argentina no entiende otro camino del litio y sus derivados que no sea la sustentabilidad”. También insistirán en respetar la consulta previa a las comunidades que habitan ancestralmente la zona.

Con hablar apenas un poco con asambleas y comunidades del NOA surge enseguida la certeza de que tal acuerdo no es homogéneo ni llano. Que tiene sus muchísimas rispideces. Lo que inquieta en algunas comunidades, por ejemplo: la creación de la Fiscalía Penal de Humahuaca, en un momento donde crece la conflictividad por la defensa de territorios, los recursos, los bienes naturales. Creado en 2019, con edificio recién inaugurado en abril de 2021, este espacio podrá intervenir en todos los casos que ocurran en la provincia en los que estén involucrados miembros de comunidades indígenas.

“Es la Santa Inquisición”, dice Gustavo Ontiveros, desde Jujuy y lee ahí una estrategia clara que se anticipa a los conflictos que ganan lugar en la zona, en especial con los anuncios de la minería de litio. “Se preparan para la embestida. Hay una imposición de proyectos que representan a los intereses extranjeros. Estamos en un Estado colonial. La mirada integral de las comunidades es desestimada por los gobernantes; hace veinte años que dicen que hablan de generación de empleo, de inversiones. El discurso de la modernización es siempre el mismo”. Ontiveros es antropólogo y dirigente indígena humahuaqueño, integrante de la Asamblea de Comunidades Libres de Jujuy y cuenta sobre las presiones que siente en algunas comunidades, los pactos de silencio.

Ontiveros en Jujuy, al igual que Machado Aráoz, en Catamarca, ve las huellas del pasado en esta pancarta de futuro. “Ambas son minerías a gran escala en términos de matriz macroeconómica. Se trata de minería trasnacional: concentrada en oligopolios de la cadena de valor. Todo por pocas empresas. Somos los que ponemos la materia prima sin eslabonamiento productivo. No casualmente se instalan en los setenta. La primera ley de Martínez de Hoz es diseñada por el Banco Mundial –reflexiona Machado Aráoz y emparda la minería a cielo abierto con la supuesta minería sustentable del litio–. Las leyes de los noventa consolidan el modelo que deja de pensar en desarrollo y retrocede al siglo XIX”.

«la mirada integral de las comunidades es desestimada por los gobernantes; hace veinte años que hablan de generación de empleo, de inversiones. el discurso de la modernización es siempre el mismo”, dice gustavo ontiveros, antropólogo y dirigente indígena humahuaqueño.

 

Estrategia de los vértices

Las otras dos puntas del Triángulo del litio tienen posturas bien distintas en cuanto a la explotación pero coinciden en algo: tanto Bolivia como Chile consideran al metal un recurso estratégico y eso, explica Federico Nacif, sociólogo, investigador del Conicet especializado en el tema, hace una gran diferencia, porque Argentina, no. “Esto no es un saludo a la bandera. Significa sustraer a ese recurso de la legislación ordinaria, que rige para el resto de los minerales. En América Latina, como herencia de la colonia, rige el sistema de dominio donde los estados nacionales detentan la propiedad sobre sus recursos, y en Argentina eso se provincializó y se cede a particulares por concesión. A partir de la década del noventa, esas concesiones se convirtieron casi en propiedad privada”.

Nacif explica: Bolivia, desde 2008 con el gobierno de Evo Morales, inició un plan de industrialización del litio que supone la creación de una empresa estatal que se hace cargo de la extracción en un 100%. Luego, el procesado se puede hacer con asociación de empresas. Por su parte, Chile, a pesar de tener un modelo de impronta neoliberal, desplegado a partir del gobierno de Pinochet, cuenta con una Comisión Nacional del Litio que se instauró durante el gobierno de Michelle Bachelet, que incluyó en la discusión a los sectores campesinos comunitarios y el resultado fue una propuesta de política pública de gobernanza de los salares.

¿Hay modos entonces de pensar en salidas más convenientes en términos sociales, económicos y ambientales? Nacif, que además forma parte de Innovat, una fundación vinculada al Conicet que intenta poner en diálogo la ciencia y la tecnología con las problemáticas sociales, coincide en algo que también dice Gustavo Ontiveros y tantos otros y otras desde los territorios: que los discursos de las empresas mineras en cuanto a inversión y desarrollo de nuevos proyectos abocados a este metal son siempre iguales, que hace veinte años que las promesas son las mismas: desarrollo, trabajo, innovación, y los resultados, impalpables.

¿Por dónde ven la salida a esas encerronas? Nacif dice: “Vemos la necesidad de declarar al litio recurso estratégico exigiendo a las empresas que ya están extrayendo un nuevo contrato de concesión con el Estado, con nuevas condiciones de producción y fiscalización para integrar las diferentes dimensiones: control hídrico, fiscalización, capacitación, visión de las comunidades”.

En esa región donde el agua escasea, las comunidades señalan a estos proyectos como responsables y denuncian faltantes, una sequía que parece empeorar, y que desbarajusta ciclos vitales. Gustavo Ontiveros cita entonces algo que le escuchó decir a Elva Guzmán, del Pueblo de Atacama, habitante de Susques: “Ese auto moderno hoy es auto, mañana va a ser chatarra. El agua va a ser agua hoy y mañana y siempre”. Quizá el futuro avanza en auto eléctrico, pero no va solo y en el camino estas voces, en otro tono, con otros ritmos, desde el corazón mismo de los salares, buscan hacerse escuchar.

Publicado en revistacrisis.com.ar