En abril del 2022, los legisladores rionegrinos consideraron de interés público el proyecto de la empresa Fortescue para la producción de hidrógeno verde. Se declaró zona franca, libre de impuestos y restricciones a la exportación a la estación portuaria de Punta Colorada, y se entregaron 625.000 hectáreas a la firma australiana. Tierras que, según el Gobierno, son «fiscales», pero que las comunidades indígenas remarcan que están habitadas por el Pueblo Mapuche y campesinos.

El verano del 2024 nuevamente encendió las alarmas sobre la destrucción de los ecosistemas patagónicos. Mientras que en el oeste se incendian alrededor de 8.000 hectáreas en el Parque Nacional los Alerces, al este el extractivismo hidrocarburífero puso sus ojos en el Puerto de Punta Colorada (a escasos ocho kilómetros del pueblo de Playas Doradas), sobre el Golfo de San Matías, en el límite de Río Negro y Chubut. En ese territorio se busca construir uno de los puertos hidrocarburíferos más importantes de la región. Para esto un proyecto de infraestructura es central: el oleoducto Vaca Muerta sur.

Un geografía marcada por el extractivismo

Sobre el Golfo de San Matías, Playas Doradas es un pueblo de no más de 200 habitantes que cuenta con una de las playas más extensas y tranquilas de la costa Atlántica, con arenas finas y brillantes. La localidad tiene una belleza única y gran potencial turístico que es, junto con la pesca y otras actividades vinculadas al medio natural, una de las principales fuentes de trabajo de sus vecinos y vecinas.

En el año 2022 se creó en la zona el Parque Nacional Islote de Lobos, con unas 19.079 hectáreas protegidas. Es el último parque nacional creado en Argentina y tiene jurisdicción sobre el mar, dada la abundante diversidad costera y marítima.
“A la notable biodiversidad de este parque rionegrino se suman una imponente belleza escénica y un valioso registro arqueológico, dando lugar a la conservación de un área con enorme potencial científico, turístico y económico. Entre sus islotes alberga una importante diversidad de especies de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. Aquí encuentran resguardo la colonia reproductiva de pingüinos de Magallanes más septentrional del mundo y un importante apostadero reproductivo de lobo marino de un pelo, entre los mamíferos marinos”, señala la propia información del Gobierno.

En ese territorio y alrededores, colmado de diversidad biológica, se localizan o planifican una importante cantidad de proyectos extractivos e infraestructuras: una mina de hierro (Sierra Grande) actualmente en poder de la empresa estatal china MCC, el proyecto de construcción de un oleoducto de YPF que conecta Vaca Muerta con la costa Atlántica junto a una terminal portuaria y de acopio de hidrocarburos, el desarrollo de una planta de hidrógeno verde por parte de la empresa australiana Fortescue Future Industries, y hasta un aeropuerto privado propiedad del empresario inglés Joe Lewis.
Este denso entramado de actores, infraestructuras y proyectos marcan la complejidad del territorio en las inmediaciones del municipio de Sierra Grande, dentro del Departamento San Antonio, en el oriente de la provincia de Río Negro.

Una historia que se repite

El yacimiento de hierro de Sierra Grande inició su explotación a fines del gobierno militar de Ongania, en el año 1969, cuando desde el estado nacional creó Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera, una empresa estatal en Río Negro, la cual durante dos décadas se abocó a la explotación de hierro, generando un importante crecimiento poblacional en Sierra Grande que llegó a tener 20.000 habitantes.

La mina, que estuvo a cargo de la Dirección General de Fabricaciones Militares, el Banco de Río Negro y el Banco Nacional de Desarrollo, exportó desde el puerto de Punta Colorada y en su mayor esplendor llegó a tener 90 kilómetros de galerías, siendo la mina de hierro subterránea más grande de Sudamérica.

La empresa cerró por decreto del presidente Carlos Menem en 1992, en el marco del desguace de las empresas públicas y pese a las grandes movilizaciones en su defensa. Ocasionó un desempleo generalizado en Sierra Grande, que en pocos años pasó a albergar menos de 6.000 habitantes.

Meses después del cierre, el gobierno de Horacio Massaccesi provincializó la empresa hasta que, en el 2006, los derechos de explotación fueron comprados por capitales chinos, por 99 años, operando la mina con 400 empleados (con salarios insuficientes y precarias condiciones, según cuentan los propios vecinos. Sin embargo, la actividad fue decayendo y, en 2017, la empresa suspendió las operaciones hasta la actualidad.

MCC Minera Sierra Grande Sociedad Anónima es la filial argentina del grupo estatal chino Metallurgical Corporation of China. En la actualidad tiene los derechos para explotar el yacimiento con reservas de hierro estimadas en 200 millones de toneladas, operar una planta de pre-concentrado de 400 Tn/h (toneladas por hora), una planta de filtrado y un puerto.

Luego de varios años de inactividad en la mina, y en el puerto de Punta Colorada, dos mega proyectos se planifican actualmente en el lugar. Por un lado, el gobierno nacional, desde el año 2021 junto a los directivos de la empresa australiana Fortescue, impulsan la construcción de un polo de producción de “hidrógeno verde”, con una capacidad productiva de 2,2 millones de toneladas anuales, para lo que se requiere una inversión inicial de 8.400 millones de dólares.

En abril del 2022, los legisladores rionegrinos consideraron de interés público el proyecto de la empresa Fortescue para la producción de hidrógeno verde. Se declaró zona franca, libre de impuestos y restricciones a la exportación a la estación portuaria de Punta Colorada, y se entregaron 625.000 hectáreas a la firma australiana. Tierras que, según el Gobierno, son «fiscales», pero que las comunidades indígenas remarcan que están habitadas por el Pueblo Mapuche y campesinos.

Por otro lado, el proyecto más discutido, sobre todo por sus posibles impactos ambientales, ha sido la construcción en Punta Colorada de un puerto de exportación petrolera con dos monoboyas para buques de gran porte ubicadas a seis kilómetros de la costa —y un sistema de tanques de almacenamiento con capacidad para acopiar siete millones de barriles— conectando Vaca Muerta con el Atlántico a través de un mega oleoducto.

Meses después de las concesiones para Fortescue, en agosto del 2022, la Legislatura derogó la Ley 3308 que prohibía la actividad hidrocarburífera en el Golfo de San Matías. De este modo, se permitirá la carga y descarga de buques que transporten petroleo y derivados, algo que dicha ley prohibía.

Las asambleas socioambientales y comunitarias de Río Negro, que conforman el colectivos Asambleas de Curru Leufu, rechazaron la modificación de la legislación. «Esta Ley nació de luchas comunitarias de la voluntad popular que rechazó en 1995 el proyecto de YPF para construir un oleoducto desde Puesto Hernández, Neuquén, hasta 15 kilómetros al sur de Las Grutas. La inmediata reacción de los habitantes fue contundente. La actividad turística y pesquera, históricas fuentes de trabajo genuino y perdurable, no podían ponerse en riesgo dentro de un ambiente valioso y sensible”, denunciaron las Asambleas del Curru Leufu.

La misma situación que se puso de manifiesto en los años 90, de intervención sobre los territorios con infraestructuras que alteran formas de uso preexistentes, resurge hoy en Playas Doradas y Punta Colorada. La historia se repite casi tres décadas después, con similares intereses empresariales y posibles riesgos ambientales.

Otra vez el extractivismo como “alternativa”

La infraestructura tiene un rol prefigurativo sobre los territorios, no sólo es condición de oportunidad para la expansión de determinado modelo productivo sino que además prefigura una determinada territorialidad, condiciona relaciones sociales, estructura relaciones de poder e impacta directamente sobre la naturaleza.

Bajo el paraguas discursivo de la restricción externa (el acceso a dólares) y la necesidad de aumentar la exportación hidrocarburífera para atraer divisas, el Estado se propuso una serie de obras de infraestructura que incrementarían el caudal de exportación.

En tal sentido, YPF puso en marcha el ambicioso proyecto «Vaca Muerta Oil Sur», con una inversión de 2.500 millones de dólares. Se construirá un oleoducto que transportará petróleo desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina. En la primera fase se conectará, con un oleoducto de 127 kilómetros, el complejo de Loma Campana en Vaca Muerta con la estación de bombeo de Allen. En la segunda fase se alcanzará los 570 kilómetros llegando hasta Punta Colorada a escasos ocho kilómetros de Playas Doradas, en el Golfo de San Matías, un ecosistema único por su biodiversidad donde habitan pingüinos, ballenas francas, lobos marinos, delfines, aves playeras y una innumerable cantidad de fauna marina.

En agosto del 2023 se realizó en Sierra Grande una audiencia pública organizada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia con el objetivo de exponer los aspectos técnicos y los estudios de impacto ambiental del oleoducto y la terminal portuaria. YPF dio detalles técnicos de las obras que se desarrollarán en lo que fue un área protegida hasta el año 2022.

En la audiencia sólo expusieron quienes apoyan el proyecto. Las disidencias se expresaron fuera del recinto. Pese al aparente consenso vecinal, vociferado en los medios rionegrinos, un proyecto de tamaña magnitud en un territorio ecológicamente diverso y cuya protección fue derogada para impulsar la actividad hidrocarburífera, no puede no encontrar objeciones.

Las mega infraestructuras sobre el Golfo de San Matías, promovidas tanto por el oficialismo como por la oposición, son apoyadas por algunos sindicatos locales y por sectores empresarios —Asociación Entidades Empresarias de Río Negro, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Exportadores—.

Sin embargo, aunque ausentes en la audiencia, no son menores las resistencias a la imposición de mega infraestructuras que podrían alterar profundamente los usos del suelo y la salud de los ecosistemas: emprendedores del turismo, pescadores artesanales, académicos, artistas y asambleas ambientalistas denuncian la falta de garantías sobre la preservación ambiental del golfo. Las comunidades mapuche-tehuelche reclaman la consulta libre e informada como lo dispone el Convenio 169 de la OIT en territorios habitados por pueblos indígenas.

A la protesta de las organizaciones rionegrinas se suma una amplia alianza conformada por cámaras turistas, organizaciones vecinales, conservacionistas y ambientalistas de Chubut, quienes a comienzos de este año presentaron una acción legal ante el Poder Judicial contra el oleoducto, exhortando al gobierno de Chubut a tomar acciones concretas al respecto.
Para este colectivo de chubutenses, el oleoducto y su terminal petrolera son “una clara amenaza al patrimonio biocultural, histórico, socio-productivo en la zona, afectando principal pero no excluyentemente a la pesca artesanal y deportiva, turismo de avistaje de fauna, deportes acuáticos y buceo, entre otros”.

Entre las organizaciones denunciantes están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés, la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas, Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.

El consenso buscado en la población rionegrina por parte del lobby extractivista se apoya en tres pilares fundamentales:

La generación de empleo, en un pueblo que aún tiene la memoria viva de la desocupación generalizada ante el cierre de la mina de hierro en la década del noventa y el éxodo de sus pobladores.
El optimismo técnico que genera la promesa de la construcción de un puerto y una mina de alta tecnología y con los mejores estándares de seguridad.
La ilusión de estar participando —de ser parte— de un proyecto de enormes dimensiones, como todos los que se prometen e impulsan en ese territorio. Desde el polo de producción de “hidrógeno verde” más importante del mundo a la mina de hierro más grande de la Argentina, con los túneles subterráneos más extensos de la región o uno de los puertos de exportación de crudo más grandes de Sudamérica.
La promesa de desarrollo vuelve a poner al extractivismo como la única alternativa posible al desamparo que el propio extractivismo provocó décadas atrás. Los bienes comunes vuelven a estar en el centro de la disputa transformando territorios megadiversos en posibles zonas de sacrificio. En las asambleas y comunidades en resistencia se siguen entretejiendo las esperanzas del cuidado de la naturaleza y las verdaderas alternativas productivas: turismo, pesca y agricultura (sobre todo ganadería).

Los derrames del paradigma del productivismo y el optimismo técnico

El optimismo técnico se sustenta en la idea de que la técnica y la tecnología son instrumentos imprescindibles para el progreso. La técnica permite dominar las hostilidades del medio natural y posibilita la apropiación de los recursos de la naturaleza y, en tal sentido, se considera que siempre es mejor aplicarla y medir sus resultados después o en todo caso mitigar posibles impactos.

Productivismo y optimismo técnico son componentes centrales de la ideología del progreso, que ha calado hondo en el sentido común, legitimando cualquier tipo de infraestructura, incluso en territorios dónde una falla técnica generaría perjuicios irreparables.

“Nos dicen que Vaca Muerta Sur será el puerto más seguro del mundo, pero si un barco choca la bolla o rompe un caño es un desastre”, reclama un vecino de Playas Doradas que vive del turismo y sabe el riesgo que implicaría un derrame de petróleo como otros que se han dado en los últimos tiempos en Argentina.

El 26 de diciembre pasado se cumplieron 16 años de uno de los desastres ambientales más cruentos que afrontó la costa Atlántica. En 2007 se produjo un derrame de petróleo en Caleta Córdova, a escasos 20 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Durante la carga del buque Presidente Arturo Illia se derramaron más de 300 metros cúbicos de combustible formando una mancha de más de cuatro kilómetros. En ese episodio una cantidad innumerable de aves, peces y moluscos fueron severamente afectados.

Como ejemplos recientes es oportuno recordar que, en dos meses, se produjeron tres derrames por fallas en monoboyas en inmediaciones de Bahía Blanca. Puerto Rosales, entre Bahía Blanca y Punta Alta, fue escenario de dos derrames consecutivos en el mes de enero con responsabilidad de la empresa Oiltanking Ebystem.

El 14 de febrero se denunció un nuevo derrame, cuando un grupo de pescadores artesanales alertó sobre una mancha oleosa en las cercanías de la Base Naval de Puerto Belgrano y en zonas adyacentes al canal principal de la ría de Bahía Blanca. La empresa Oiltanking acopia en Puerto Rosales casi la totalidad de la salida del crudo neuquino. Y el puerto planificado en Sierra Grande superaría esa capacidad de acopio con un total de 20 tanques, con una capacidad total de siete millones de barriles.

El 1 de marzo se dio otro derrame de petróleo y gas. Ocurrió en Santa Cruz, la zona afectada fue El Escorial, dentro de la Cuenca del Golfo de San Jorge, en un pozo operado por la empresa Pan American Energy. La fuga pudo ser controlada recién dos días después de su identificación y aún se desconoce el impacto ambiental en la zona. Si bien no es posible asemejar la extracción de hidrocarburos a la circulación por oleoductos y la carga de buques por monoboyas, es oportuno preguntarse, ante el avance de la extracción off shore en la costa Atlántica: ¿qué sucedería con un evento de esta naturaleza en el mar?
El optimismo técnico y tecnológico expresado repetidamente en las diferentes audiencias públicas a lo largo y ancho de la Argentina contrasta severamente con la realidad. Aquí, allá y más allá, las mega infraestructuras, al servicio de los grandes capitales y la reducción de costos, son ineficientes a la hora de prevenir los daños ambientales.

Para quienes viven, habitan y construyen un territorio como Playas Doradas, el optimismo técnico y la solvencia tecnológica no alcanzan, porque no sólo está en juego su subsistencia ante un eventual derrame, sino la preservación de un ecosistema único, que los constituye como pueblo.

Publicado en agenciatierraviva.com.ar