En el norte de Paraguay, las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) atacaron, en las primeras horas del miércoles 2 de setiembre, una zona boscosa dentro de una estancia ubicada en el distrito de Yby Yaú, en la frontera entre los departamentos de Concepción y Amambay, desencadenando una nueva masacre en la historia del país, bajo la justificación de “contrarrestar las fuerzas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)”. La acción armada fue consecuencia de un “operativo de inteligencia de más de ocho meses”, según informaron, posteriormente, voceros de la FTC.El operativo irregular, por no llevar el equipamiento necesario para documentar y filmar el procedimiento, finalizó con el asesinato de dos niñas de 11 años. Las pequeñas fueron presentadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez y los principales medios de comunicación como “guerrilleras abatidas en un enfrentamiento cuyo resultado fue exitoso”.

Las primeras versiones intentaron ocultar el infanticidio perpetrado por el Estado, haciendo creer que se trataba de dos mujeres, una de ellas, Magna Meza, sindicada por el gobierno como una de las líderes del EPP. Más tarde, en conferencia de prensa, se indicó que las fallecidas eran “adolescentes entre 15 y 17 años”. Con el correr de las horas, se comprobó lo que, a primera vista, era innegable: se trataba de dos niñas, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, que vivían en Misiones, Argentina, y que, según sus familiares y abogados, llegaron a Paraguay para visitar a sus padres y nada tenían que ver con el conflicto interno.

Luego de presentarlas como “reclutas”, la comitiva de fiscales, policías y militares a cargo admitieron haber quemado la vestimenta camuflada -que supuestamente llevaban las niñas-, una evidencia clave para determinar los hechos, y enterrado los cuerpos dos horas después de lo sucedido, sin siquiera haber determinado sus identidades. La abogada Daisy Irala, representante legal de la familia de las fallecidas, afirmó tener información de que una de ellas fue capturada con vida fuera del campamento y que fue torturada por la FTC para recabar información antes de ser asesinada. “A las niñas las procedieron a vestir, es por eso que ellos, alegando el protocolo, queman el uniforme”, aseguró la letrada.

Después de numerosos reclamos nacionales e internacionales por el esclarecimiento de los hechos, tres días después de lo ocurrido, la jueza Lici Sánchez autorizó la exhumación de los cuerpos, pero negó la participación de familiares y abogados de la defensa para el segundo examen forense de las niñas. El sábado pasado, el médico forense Pablo Lemir no pudo continuar con el premeditado discurso oficial y confirmó que las niñas tenían 11 años cada una.

La quema de evidencias, la falta de pruebas para comprobar la absurda tesis de un enfrentamiento entre un grupo de inteligencia y dos niñas, el entierro inmediato de cuerpos y el ocultamiento de información no dejan dudas de que este acontecimiento es el despliegue sin escrúpulos de un Estado terrorista.

Lejos de la improvisación y la falta de presupuesto (de más de un millón de dólares mensuales), el accionar de las FTC demostró, una vez más, que se trata de un aparato estatal organizado para violar cualquier garantía constitucional, torturando y asesinando a niñas, niños, con cualquier tipo de excusas. En este marco, el vicario de la Diócesis de Concepción, Monseñor Pablo Cáceres, en declaraciones radiales, aseguró, días atrás, que “en el norte (de Paraguay), las FTC persiguen a los dirigentes campesinos, a los que tienen conciencia crítica, los llevan presos, los condenan a penas de 12 años, 13 años, sin que haya argumento valedero. Pero, en el norte, hay mucha gente con conciencia que entiende que la pobreza es provocada, gente que resiste y no se da por vencido, gente que se opone a un modo de vida de esclavo”.

Desde su creación en 2013, durante el gobierno del ex presidente Horacio Cartes, se registraron centenares de denuncias contra las FTC por allanamientos irregulares, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y casos de corrupción en el manejo de su presupuesto millonario.

La inconstitucional militarización de vastos territorios de Paraguay busca tener un efecto de amedrentamiento, naturalizando un despliegue armamentístico en regiones, como los departamentos de Amambay, San Pedro, Concepción y Canindeyú, que carecen de los servicios públicos más básicos: agua, salud o educación. No menos importante es el objetivo de proteger los intereses de los narcotraficantes, ganaderos y sojeros del país.

Un montaje que ya conocemos

El Estado paraguayo tiene una larga tradición criminal. Durante el periodo de la tiranía militar fascista de Alfredo Stroessner (1954-1989), al menos 20.000 personas fueron objeto de detención arbitraria, tortura, ejecución, desaparición o exilio, según datos de la Comisión de Verdad y Justicia. El dictador se fue impune, pero su aparato represivo quedó intacto. La presidencia de Mario Abdo Benítez (h), primogénito del ex secretario privado de Stroessner, es la macabra constatación de la ausencia de juicio y castigo a los represores y saqueadores, siendo el principal cimiento de la subsistencia del modelo.

El asesinato no esclarecido de más de 200 militantes del movimiento campesino, el secuestro y tortura de militantes políticos, las masacres, las detenciones arbitrarias y el apresamiento y condena de diversas formas de disidencia social y política al régimen, como los allanamientos y desalojos ilegales, y otras prácticas terroristas, son parte de la historia reciente y de la actualidad de Paraguay. En este doloroso marco es que se inscribe este innombrable crimen de Estado contra dos niñas argentinas. 

La operación mediática que acompaña al montaje es ya bien conocida por la sociedad paraguaya, como lo fue en la masacre de Curuguaty, en 2012, que desencadenó en el golpe de Estado contra el presidente de ese momento, Fernando Lugo. Ocultamiento y destrucción de pruebas, informes oficiales y autopsias contradictorias, se suceden en el caso de las niñas asesinadas como si se repitieran los pasos del manual golpista de 2012. Por estos días, en el país, se puede observar una desprolija aplicación de la estrategia de falsos positivos del Estado colombiano, donde decenas de policías, militares, fiscales y hasta periodistas paraguayos fueron entrenados en métodos “contrainsurgentes”.

La solidaridad internacional como única garantía de justicia

La indignación crece a medida que emergen nuevas verdades y numerosas organizaciones sociales, políticas y organismos de derechos humanos de Paraguay y Argentina han obligado al gobierno de Abdo Benítez a retroceder sobre sus pasos. Renuncia o destitución del presidente de la República y los ministros de Defensa e Interior, retirada de la FTC de los territorios militarizados del norte del país, esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables son las demandas de varias organizaciones paraguayas en torno a este nuevo crimen de lesa humanidad.

La correspondiente reacción conservadora no se hizo esperar, intentando justificar el fusilamiento de dos niñas con la difusión de noticias falsas y operaciones en redes sociales.

El viernes pasado, la Cancillería argentina demandó al Estado paraguayo el esclarecimiento y la identificación de responsables por la muerte de las niñas. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya se han pronunciado en términos similares.

Al cierre de esta edición, todavía no había ningún militar o funcionario imputado por la responsabilidad material o política de la masacre.

La experiencia histórica nos muestra que la solidaridad entre pueblos hermanos es clave en la lucha por la justicia y la verdad, sobre todo, para un país como Paraguay, donde no existen garantías mínimas para el respeto y cumplimento de los derechos humanos. La lucha por los seis campesinos paraguayos extraditados desde Argentina y aún en situación de presos políticos, la resonante victoria popular que liberó a las campesinas y campesinos de Curuguaty luego de cuatro años de permanecer presos injustamente, son una demostración de que la solidaridad internacional es la única garantía para desmontar y condenar el terrorismo de Estado.

Publicado en latinta