El miércoles 2 de setiembre, el gobierno de Mario Abdo Benítez anunció la realización de un “exitoso” operativo contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el departamento de Concepción, zona de histórica influencia del EPP. La acción fue llevada adelante por la Fuerza de Tareas Conjuntas, una unidad especial de las fuerzas armadas paraguayas, creada en 2013 por el ex presidente Horacio Cartes para combatir al grupo guerrillero.

Horas más tarde se anunció, además, que en el operativo militar murieron dos personas. En principio se dijo que eran dos mujeres paraguayas vinculadas al EPP, pero con el paso de las horas se supo que las asesinadas eran dos niñas argentinas. A partir de allí comenzaron las dudas y especulaciones sobre la versión oficial, principalmente en relación a la edad de las víctimas y las circunstancias en que fueron asesinadas. La imposibilidad de acceder a sus cuerpos, con la excusa de atender a protocolos sanitarios debido al coronavirus, aumentó las sospechas.

Familiares de las víctimas refutaron la versión del gobierno y dieron a conocer la identidad de las niñas: Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ambas de 11 años, cuyas partidas de nacimiento confirmaron que eran argentinas. Los familiares también dijeron que las niñas vivían en Misiones y que habían viajado a Paraguay para visitar a sus padres, miembros del EPP, pero que no pudieron regresar debido al cierre de fronteras por la pandemia.

En un intento de deslindar responsabilidades, el gobierno paraguayo respondió denunciando el uso de menores y adolescentes por parte del grupo guerrillero, lo que fue cuestionado tanto por las familias de las niñas como por diversas organizaciones sociales.

La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay denunció que el accionar de las fuerzas armadas paraguayas en este caso constituye un crimen de estado y calificó como maniobra la no entrega de los cuerpos de las niñas a sus familiares. En diálogo con Zur, Sonia Von Lepel, abogada de la organización, enfatizó la responsabilidad del estado: “nuestro eje central es que se trata de dos niñas, independientemente de que estén allí con consentimiento de sus padres. El estado no activó los mecanismos de protección, esas niñas no deberían haber estado ahí”. Von Lepel agregó que aunque hace solo dos años que el estado reconoció la presencia de niñas, niños y adolescentes en el EPP, desde la sociedad civil tienen indicios de este tipo de reclutamientos desde hace más de diez años. “Lo que hizo hasta ahora el estado es abrir una investigación penal para analizar el reclutamiento forzoso, pero hay que entender que en nuestra legislación penal no tenemos la figura de reclutamiento forzoso. Entonces hay que analizar qué otras figuras penales podrían ser: casos de trata, explotación u otras”. Pese a lo anterior, la abogada señaló que admitir el reclutamiento forzoso es un avance porque obliga al estado a tomar medidas para recuperar a los niños sanos y con vida. Sobre las niñas asesinadas, Von Lepel confirmó que la fiscalía de derechos humanos de Paraguay abrió una causa para investigar lo ocurrido, en particular la actuación de la Fuerza de Tareas Conjuntas y las circunstancias en las que las niñas murieron.

Este episodio sucedió en un contexto en el que abundan denuncias de corrupción sobre el gobierno y el estado paraguayos en general, y sobre estas fuerzas especiales en particular. Zur conversó con Florencia Aguirre, militante feminista e integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, quien además vivió varios años en Paraguay. Aguirre dijo que el país siempre fue el patio trasero para los negocios ilegales de la región y territorio de ensayo para este tipo de crímenes. “Paraguay es un narco-estado, está clarísimo eso. El ex presidente Horacio Cartes, que creó estas fuerzas, está señalado como uno de los mayores empresarios de tabaco de toda la región y con el tráfico e ingreso de trabajo ilegal a toda sudamérica. También como jefe de operaciones de lavado de dinero. En ese sentido, tenía investigaciones iniciadas por la DEA antes de ser presidente, pero no sabemos qué pasó con eso, evidentemente se arreglaron las cosas”. Sobre la Fuerza de Tareas Conjuntas, Aguirre explicó que su creación y entrenamiento fue apoyado por el Mossad a partir de vínculos de colaboradores de Cartes con el gobierno israelí. “Estas fuerzas sirvieron para militarizar todo el norte de Paraguay. En particular, los departamentos de San Pedro, Amambay y Concepción, que son zonas en disputa por ganaderos, sojeros, traficantes de rollos de madera y traficantes de todo tipo por ser frontera con Brasil.»

Instalada ahora de vuelta en Misiones, y como parte del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, Aguirre está en este momento acompañando a la familia de las niñas asesinadas. Nos explicó que son diez niños a cargo de tres mujeres y que se tuvieron que instalar en Misiones debido a las persecuciones por ser parte de la familia Villalba (Osvaldo Villalba es señalado como uno de los líderes del EPP). La casa de esta familia fue calificada como “guardería del EPP” por parte del gobierno paraguayo, lo que fue recibido como una amenaza. “Se sienten perseguidas. Fuimos a darles apoyo y contención. Conseguimos un semi apoyo provincial para la protección de la familia, aunque tampoco pasa por que se llene de policías la chacra en la que viven. Pero sí tenemos que tener en cuenta que se encuentran muy cerca de la frontera y que en esto está metido el estado paraguayo, que evidentemente nos da mucha sospecha sobre su proceder ilegal”. Aguirre entiende que no es posible confiar en las investigaciones que se hagan en Paraguay sobre el caso y que se espera que intervenga el Equipo de Antropología Forense de Argentina.

Ante estos hechos, diversas organizaciones de Paraguay y la región hicieron públicos comunicados de repudio. Con la consigna “eran niñas”, una veintena de colectivos feministas de toda América Latina denunciaron la responsabilidad del gobierno y las fuerzas armadas paraguayas en este asesinato, pero también el carácter patriarcal y racista de todos los estados. Por su parte, el Movimiento 138, un colectivo de resistencia cultural paraguayo-argentino, señaló en otra declaración las múltiples irregularidades en el proceder estatal y que el gobierno pretende distraer la atención sobre la situación sanitaria del país que, dicen, está al borde del colapso debido al coronavirus. Esto se sumó a las denuncias que organizaciones como Serpaj-Paraguay hace tiempo venían haciendo sobre la Fuerza de Tareas Conjuntas, grupo que ya tenía múltiples denuncias por abusos y violaciones a los derechos humanos. En términos más generales, Serpaj-Paraguay denuncia un contexto de creciente militarización y terrorismo estatal que criminaliza la protesta, especialmente la resistencia de las comunidades campesinas ante el avance del agronegocio.